¿Liberales o conservadores? 200 años esperando la madurez democrática

Lo cierto es que el bicentenario es una etapa que nos invita a la reflexión sobre qué significó ese hecho –para bien o para mal– en la conformación de nuestras realidades actuales. Así, más allá de un civismo superficial, de un patrioterismo de foto promocional de afiche o trifoliar turístico, podremos descubrir las tareas pendientes de un país que lleva dos siglos en construcción, con frustraciones y retrocesos, con nuevos modos de abordar problemas y realidades que quizá en dos siglos no se han logrado atender. ¿Qué herencia nos dejó el proceso independentista de hace doscientos años? ¿Qué es ser independientes? ¿Lo somos? ¿Hemos construido ciudadanía, concepto tan importante en aquella época? ¿Qué rasgos deben tener la ciudadanía y la independencia en nuestros días? 

Para aportar un poco a la discusión me han parecido interesantes algunos escritos del autor salvadoreño Adolfo Bonilla Bonilla, historiador y Doctor en Filosofía Política. En sus investigaciones sobre las ideas políticas y económicas en Centroamérica, ha concluido que es errónea la tradicional división entre ‘liberales y conservadores’ que muchos hemos aprendido desde la primaria como aplicable al debate centroamericano del siglo XIX. Bonilla propone, en su lugar, clasificar las ideas políticas centroamericanas de la época independentista en el contexto del auge del pensamiento ilustrado, que localmente tuvo expresiones tanto absolutistas como constitucionales, y éstas últimas a su vez incluyeron variantes como el liberalismo protector, liberalismo desarrollista, republicanismo clásico o antiguo, mixto y republicanismo moderno representativo, así como el principio federal que se pretendió materializar en la unión centroamericana. Según dicho autor,  no puede hablarse propiamente de pensamiento conservador sino hasta después de 1838, cuando surge como alternativa al fracaso del proyecto ilustrado de unidad regional. La disputa en la época independentista no fue entre liberales y conservadores, sino entre absolutistas ilustrados, republicanos y liberales.

Estas perspectivas son de interés para esclarecer la historia de las ideas en Centroamérica, específicamente de cara al bicentenario, pero también pueden tener relevancia práctica para algunas discusiones contemporáneas. Por ejemplo, pueden iluminar las bases históricas del constitucionalismo regional y, por tanto, aportar a la interpretación de los órdenes constitucionales del presente. 

Pero también me parece de sumo interés conocer cómo y por qué surgió la clasificación errónea liberal/conservador. Según Bonilla, se remonta a la distinción entre ‘serviles’ y ‘liberales’ hecha por José Francisco Barrundia, la cual fue adoptada por varios políticos y autores y siguió en uso, optándose luego por ‘conservador’ como sinónimo de ‘servil’ en época de García Granados, Montúfar y demás ‘liberales’ posteriores. Con la división servil/liberal, Barrundia quiso adaptar a Centroamérica la clasificación de partidos aplicada a las Cortes de Cádiz. Sin embargo, no se trata de una clasificación académica sino nació con el objetivo inmediato de atacar a José Cecilio del Valle en un proceso electoral. A criterio de Bonilla, la definición de servil sólo es aplicable al puro absolutismo, mas no al absolutismo ilustrado ni al conservadurismo clásico. Por su parte, la definición de liberal no sería aplicable realmente a Barrundia (conocido como prototipo de liberal centroamericano, junto a figuras como Pedro Molina, Mariano Gálvez y Francisco Morazán), a quien Bonilla caracteriza más bien como un republicano clásico, con fuerte influencia de Rousseau y un concepto antiguo de libertad subordinada a la voluntad general. A juicio del historiador salvadoreño, la confusión de Barrundia ha dificultado comprender las diferencias entre liberalismo y republicanismo, llegando a tomarse como sinónimos. 

Acaso lo más interesante sea observar que Barrundia (y otros que adoptaron su clasificación) aplicaron la denominación ‘servil’ de manera inconsistente, errática y peyorativa, utilizándola para descalificar a cualquier oponente político, independientemente del contenido real de sus ideas y de su trayectoria. Esto inmediatamente nos hace pensar en cómo, hasta la actualidad, en Guatemala se utilizan etiquetas para descalificar y atacar de manera superficial, laxa y peyorativa, sin evaluar el contenido real de lo sostenido por el otro, o para prejuzgar dicho contenido atribuyéndolo a alguna corriente ideológica demonizada. Esto ocurre desde cualquier parte del espectro ideológico, en diversos ámbitos y niveles, y con distintos grados de malicia: desde una interacción en redes sociales con interlocutores que –quizá sin mala fe de su parte– no acostumbran profundizar, hasta ataques orquestados por grupos de interés a través de distintos medios.

Que esto ocurriera ya hace doscientos años y siga sucediendo, quizá sea más que un simple paralelismo curioso entre realidades sin verdadera conexión entre sí. Acaso revele, en cambio, una línea de continuidad en la cultura política nacional. No olvidemos, además, el efecto importantísimo que la Guerra Fría y el conflicto armado interno tuvieron en perpetuar, acentuar y profundizar la polarización, la violencia y la intolerancia en el país. 

Parte fundamental del proceso de apertura democrática que originó la Constitución actual fue buscar en Guatemala un clima de verdadero pluralismo político. La Corte de Constitucionalidad lo ha entendido como “la libre, legal y legítima coexistencia de distintas líneas de pensamiento e ideologías políticas”, la cual “se erige como pilar fundamental del sistema democrático” consagrado por la Constitución en el modelo de Estado que proyecta y en la garantía de libre formación y funcionamiento de organizaciones políticas (Expediente 1732-2014; véase también: Expediente 5352-2013). La democracia requiere esencialmente la participación ciudadana, y la Carta Democrática Interamericana establece que “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas” (Artículo 1), siendo sus elementos esenciales, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (Artículo 2) (Véase también: Corte de Constitucionalidad, Expedientes 834-2017, 4488-2015, 5251-2014). 

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su conocida obra Cómo mueren las democracias, señalan que la tolerancia mutua es (junto a la contención en el uso del poder institucional) una de las normas no escritas que resultan fundamentales para que una democracia funcione. La tolerancia mutua se refiere a la idea de que, siempre y cuando los rivales jueguen según las reglas constitucionales, aceptamos que tienen un igual derecho a existir, competir por el poder y gobernar. Implica reconocer que nuestros rivales políticos son ciudadanos decentes, patrióticos y respetuosos de la ley, que aman el país y respetan la Constitución tanto como nosotros. Que, por mucho que sus ideas nos parezcan erróneas o tontas, no las vemos como una amenaza existencial ni los tratamos como traidores o subversivos. Es la disposición colectiva a estar de acuerdo en no estar de acuerdo (agree to disagree) (Broadway Books, 2019, p. 102; traducción libre). Ninguna ley puede forzar esto, por mucho que el texto constitucional y los tratados internacionales que lo complementan expresen altos ideales y nobles aspiraciones. 

En Guatemala quizá nunca hemos alcanzado esta madurez democrática. ¿Será entonces que nuestra democracia nació muerta? La configuración formal de la democracia ha ido variando a través de los distintos órdenes constitucionales que ha tenido el país. Su efectividad real depende de múltiples factores. Entre los factores jurídico-positivos se encuentra no sólo el acceso al sufragio, sino también el diseño del sistema electoral. En lo primero, tenemos un sufragio bastante amplio y abierto; en lo segundo, hay mejoras pendientes de estudiar, sugerir o implementar. Pero también hace falta desarrollar los factores culturales y sociales que hagan viable la democracia. ¿Cómo puede haber tolerancia mutua en un estado que se señala de estar cooptado no sólo por intereses particulares sino incluso por grupos delictivos? ¿Cómo no van a ver como amenaza existencial que la ciudadanía alce su voz contra la corrupción y la cooptación? ¿Cómo evitar que el discurso anti-corrupción se instrumentalice como una herramienta más de una cultura política que durante más de doscientos años no ha sabido debatir ideas sino sólo atacar coyunturalmente al contrincante? ¿Cómo saber a qué normas constitucionales comunes atenernos, como reglas del juego democrático, si se merma la legitimidad del máximo intérprete de la Constitución?

Mientras la libre expresión de ideas se castigue con etiquetas superficiales, vacías o malintencionadas –vengan del lado que vengan– para enmascarar el interés personal o sectorial con la deslegitimación del otro sin aportar contraargumentos razonables, Guatemala seguirá siendo presa de la polarización, la violencia, la corrupción. Porque eso desincentiva y obstaculiza el debate político serio, desdibujando las verdaderas y legítimas diversidades de pensamiento y sustituyéndolas por absolutos de ‘conmigo o contra mí’ de base arbitraria y sin rigor, fáciles de explotar por el oportunismo o incluso por intereses tenebrosos. Algo que empezó hace más de doscientos años, que el siglo XX agravó a nuevos extremos, y que en pleno siglo XXI sigue siendo fuente de pesimismo para algunos. 

El bicentenario de la independencia se acerca en medio de un complejo proceso social e institucional que se inició en 2015 y que se ha continuado entre fracturas y retrocesos. ¿Qué unió el ímpetu cívico en 2015? ¿Fue algo más fundamental y más generalizado que en 1821? ¿Qué circunstancias cambiaron para alterar o frenar el rumbo de lo que pareció ser un esperanzador despertar ciudadano? Sin duda hemos escuchado distintas lecturas e interpretaciones que proponen respuestas a estas y otras interrogantes. Pero, ¿será que esas lecturas e interpretaciones de la realidad nacional post-2015 también se han vuelto credos dogmáticos que impiden extraer lecciones históricas de utilidad a futuro? ¿O serán todas valederas en distintas medidas como explicaciones de una realidad compleja?

Este texto contiene varias preguntas. No todas son retóricas. Pienso que ofrecer y debatir posibles respuestas es necesario para aprender de nuestra historia remota y reciente. Para aspirar a tener un país que celebrar.