Uno de los casos emblemáticos de la deficiente gestión ambiental guatemalteca lo tenemos en la formulación, análisis y aprobación de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), los cuales –en teoría–operativizan el principio de prevención en el país, uno de los principios rectores del Derecho Ambiental Internacional. Sin embargo, los EIA en Guatemala parecen ser una mera formalidad, carente de cualquier rigor científico.
Enfoquémonos en aquellos proyectos, obras, industrias y actividades catalogadas como de alto impacto ambiental (categorías A y B1). Una de las mayores debilidades del sistema nacional de gestión ambiental radica en que son las empresas, y no el Estado de Guatemala, las responsables de realizar los EIA, lo cual representa un claro conflicto de interés.
No hay que olvidar que la tutela del medio ambiente es responsabilidad de la administración pública, no del sector privado. Sin embargo, al permitir que las empresas desarrollen sus propios Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, la administración pública transfiere buena parte de esa responsabilidad al sector privado, de forma discrecional.
Esto puede ser un problema si la empresa que busca desarrollar un proyecto no es social y ambientalmente responsable. Por ejemplo, podría excluir información “sensible” del EIA o priorizar solo medidas de mitigación que les signifiquen un bajo costo económico, aunque no sean las más adecuadas para el proyecto en cuestión.
En vista de lo anterior, resulta pertinente recordar dos artículos de la Constitución Política de la República: el artículo 1, en donde se preceptúa que “el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común”; y el artículo 44, “el interés social prevalece sobre el interés particular”. Asimismo, el artículo 29 bis de la Ley del Organismo Ejecutivo reconoce “el derecho humano un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. En este sentido, es importante tener claro que los objetivos de una empresa no necesariamente se corresponden con el bien común, el interés social o la protección del medio ambiente.
Para la formulación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, las compañías generalmente contratan los servicios de firmas consultoras, las cuales son expertas en desarrollar estudios siguiendo los términos de referencia que les proporciona el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Sin embargo, que un EIA cumpla con los términos de referencia del MARN no significa que el estudio sea de calidad científica, lo cual es un problema serio. Cuando evaluamos posibles impactos ambientales, la calidad científica del estudio es un factor fundamental.
Para ilustrar este punto, enfoquémonos en uno de los componentes del EIA: el componente biótico. Generalmente, por falta de rigor científico la información disponible no permite identificar y predecir, con profundidad de análisis, los efectos sobre el ambiente que ejercerá un proyecto, obra, industria o actividad que se ha considerado como de alto impacto ambiental.
Lo anterior obedece a que generalmente, la información presentada no es de utilidad para caracterizar los ecosistemas a intervenir, identificar posibles impactos a la diversidad biológica y establecer, con base en datos científicos, medidas de mitigación efectivas basadas en las conclusiones del estudio. A pesar de esta enorme debilidad, en la mayoría de casos el componente biótico de los EIA cumple con los términos de referencia dictados por el MARN, y este parece ser el principal criterio que ha utilizado el Ministerio para aprobar los estudios.
La conclusión lógica que se deriva de todo esto es que los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, a pesar de ser una parte medular del sistema de administración ambiental del país, sólo sirven para cumplir con un trámite administrativo. Esto pareciera no importar mucho, dado los enormes problemas que tenemos como sociedad. Sin embargo, las implicaciones de una gestión ambiental deficiente son bastante serias: contaminación de cuerpos de agua, destrucción de bosques y otros ecosistemas, pérdida de recursos genéticos, conflictividad social, uso excesivo de agroquímicos y un largo etcétera.
Por todo lo anterior, es fundamental realizar una reingeniería de la gestión ambiental en Guatemala. Es necesario que se aumente significativamente el presupuesto de las instituciones responsables de la protección del medio ambiente y la diversidad biológica, de manera que sean estas mismas instituciones, a través de personal especializado, quienes realicen los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, al menos para aquellos proyectos catalogados como de alto impacto.
Asimismo, es necesario que en éstas instituciones se establezcan direcciones de investigación, las cuales puedan generar y/o sistematizar información científica que permita construir líneas bases de biodiversidad para los ecosistemas del país, algo que no existe en la actualidad y que limita enormemente la correcta determinación y evaluación de impactos ambientales.
Finalmente, es necesario que se analicen críticamente los términos de referencia de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental en Guatemala, con la finalidad de dotarlos de un carácter eminentemente científico. Las futuras generaciones, quienes tienen el mismo derecho que nosotros a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, seguramente nos lo agradecerán.
Joanna Alexandria Kelly /
2 años después y seguimos con el mismo problema
Estimado Rony, este va hacer un cuento de nunca acabar, dado que el MARN es sin duda el ministerio que posee el peor presupuesto, lo que trae como consecuencia que la mayoría de su personal no tenga la capacitación adecuada. Los parámetros son muy discrecionales, lo que hace que las medidas de mitigacion, prevención y reparación sean aquellas que más se adapten a los intereses del oferente, del consultor y revisor.
Esto me lleva a concluir este comentario en que los cambios deben ser inmediatos, así como decir que si seguimos buscando culpable en lugar de facilitadores de cambio estamos perdidos, la obligación de cuidar el medio ambiente no es exclusivo del estado si no también de la empresa privada, así como de los ciudadanos en general.
Rony Trujillo /
La responsabilidad moral es de todos, de acuerdo con eso. Sin embargo, la tutela jurídica del medio ambiente es una responsabilidad de la administración pública. En este sentido, debemos de exigir un modelo de gestión ambiental que sea funcional, centrado en proteger los derechos humanos y en garantizar la integridad ecológica del territorio.
Un cordial saludo Mario!
Levent Asanoski /
Estimado Rony, desafortunadamente discrepo contigo.
"Una de las mayores debilidades del sistema nacional de gestión ambiental radica en que son las empresas, y no el Estado de Guatemala, las responsables de realizar los EIA, lo cual representa un claro conflicto de interés."
1) Los instrumentos ambientales eminentemente DEBEN ser de carácter privado: ¿Por qué? Porque el empresario DEBE asegurarse la sostenibilidad de su empresa y por lo tanto, del proyecto ambiental. Esto requiere que coexista en armonía de su entorno (natural/social/humano/económico) y de la legalidad vigente.
2) Los instrumentos ambientales, son una obligación moral, además de técnica de cualquier emprendimiento. Sin que tenga que haber estado de por medio. El buen empresario, debería hacer el estudio porque ayuda a su propia empresarialidad; ayuda a determinar en qué forma puede aprovechar mejor sus recursos y darle mayor tiempo de vida a su proyecto. ¿Si no, de qué vamos los empresarios?
3) Si bien es cierto que hay gente inescrupulosa, esto es otra historia. No hay que confundir el cebo con la manteca.
En tu artículo mencionas: "Para la formulación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, las compañías generalmente contratan los servicios de firmas consultoras, las cuales son expertas en desarrollar estudios siguiendo los términos de referencia que les proporciona el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Sin embargo, que un EIA cumpla con los términos de referencia del MARN no significa que el estudio sea de calidad científica, lo cual es un problema serio."
1) Cuando se coherce a las empresas a realizar los estudios, y se hace con términos de referencia que son inadecuados para una operación, evidentemente la empresa buscará "salir del clavo", porque muchas veces en los instrumentos de las categorías que mencionas, se carece de criterios adecuados. Es mas, el hecho de categorizar la actividad empresarial en sí mismo es una falacia. No se puede.
2) Ahí si estoy de acuerdo contigo, no se garantiza la certeza científica. Pues es que es obvio, muchos consultores son no científicos, y más aún también lo son en el MARN. Claro está entonces, que los términos de referencia simplemente son, malos también. Y si, esto SI es una debilidad del sistema. Los términos de referencia deberían ser REFERENCIA para orientar al consultor/ingeniero/especialista ambiental a realizar el instrumento dentro del marco científico/legal adecuado.
"Es necesario que se aumente significativamente el presupuesto de las instituciones responsables de la protección del medio ambiente y la diversidad biológica, de manera que sean estas mismas instituciones, a través de personal especializado, quienes realicen los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, al menos para aquellos proyectos catalogados como de alto impacto."
Es aquí donde más discrepo contigo. Yo, como ciudadano, que pago mis impuestos lo más puntual que puedo. No puedo entender por qué tengo yo que pagar para darle viabilidad a la empresarialidad de alguien más, porque ésto es lo que estás planteando.
Rony Trujillo /
Gracias por tomarte el tiempo de leer y expresar tus comentarios Levent; precisamente, el propósito de la nota es que se empiece a discutir seriamente el tema de los EIA en Guatemala, ya que actualmente, el modelo de gestión ambiental del país es deficiente.
En mi opinión, una propuesta que se debe discutir es que para proyectos o concesiones que el Estado (a través de la Constitución) ha declarado de interés nacional (minería, petróleo, energía, etc.) sea el propio Estado quien realice la evaluación de impactos ambientales (ya sea a través de instituciones fortalecidas, la universidad estatal o contratando consultorías externas), lo que implica muestreos sistemáticos y un esfuerzo considerable, tanto espacial como temporal. En este sentido, la propuesta es que sea el propio Estado quien determine la viabilidad social y ambiental de un proyecto, lo cual no sólo beneficiaría al entorno natural, sino que también daría de mayor certeza jurídica a las inversiones.
No se trata de "pagar para darle viabilidad a la empresarialidad de alguien más", como lo ponés. Se trata de que el Estado garantice de manera efectiva el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, ya que la tutela del medio ambiente es responsabilidad de la administración pública y no del sector privado.
Asimismo, considero necesaria una reestructuración total del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para que puedan responder a su mandato constitucional y a los diferentes convenios de los que Guatemala es parte. Buena parte de esta reestructuración pasa por dotar de un carácter científico a estas instituciones, a través de la creación de direcciones de investigación con personal científico especializado.
Por otro lado, no dudo que en Guatemala existan empresarios que se preocupan por la conservación de la naturaleza, que comprenden que la creciente degradación ambiental inexorablemente va a afectar el giro de sus negocios. Sin embargo, esto no es una justificación para mantener el modelo de gestión ambiental actual, ya que simplemente no es funcional. Los EIA deben de ser eminentemente científicos, cosa que no sucede en la actualidad.
Muchas veces, los consultores con un solo día de muestreo ya quieren derivar conclusiones sobre el "bajo impacto ambiental" de los proyectos, cuando los muestreos para proyectos de alto impacto deberían de realizarse con una temporalidad de por lo menos un año, para que podamos contar con una línea de base confiable sobre la cual monitorear el desempeño ambiental del proyecto durante su etapa de ejecución, así como para proponer las medidas de mitigación más efectivas en el caso concreto.
En fin, mucha tela que cortar en este tema.
Saludos,
Mercedes Barrios /
Importante artículo, que describe una trágica realidad de la gestión ambiental y las carencias del país derivadas del escaso valor que como sociedad se le da a los ecosistemas y, reflejada en la insignificante inversión en investigación. Me permito felicitar al autor y a Nómada.