¿”Perfeccionar” la dictadura?

1) El fantasma de la abstención

No hubo ninguna sorpresa en las elecciones municipales del cinco de noviembre. Igual que en la elección presidencial del año pasado, las Juntas Receptoras de Votos lucieron vacías por el efecto de la abstención masiva, aunque el Consejo Supremo Electoral se esmeró en decretar otro nivel récord de participación, manipulando a su antojo la cifra del padrón de votantes.

El comandante Daniel Ortega en su balance de la jornada admitió que la abstención es, por ahora, el principal contrincante electoral del partido de Gobierno y la mayor amenaza a su legitimidad. Ortega asoció mentirosamente la abstención con un supuesto plan de “confrontación”, mientras los ciudadanos recurrieron a esta forma de protesta pacífica para expresar su profundo malestar, reclamando un cambio en el sistema electoral. Pero la abstención, igual que el 40% de ciudadanos sin partido que registran las encuestas, no constituye una fuerza política activa ni tiene vida 24 horas después del día de la votación. Solamente representa una muestra del enorme potencial de cambio que existe en el país, cuando logremos un sistema que de verdad garantice elecciones libres y competencia política.

En las elecciones del pasado 5 de noviembre,, el FSLN solo tuvo competencia en 19 de los 153 municipios.

2) La amenaza de la violencia política

La violencia política poselectoral que ha cobrado siete víctimas mortales, es el resultado de la intolerancia oficial ante la resistencia que, a pesar de todo, prevalece en más de 20 de los 153 municipios del país. Desde las elecciones municipales de 2008, cuando se implantó con represión y fraude, el sistema de control territorial en los municipios ha sido diseñado para gobernar sin la existencia de una oposición beligerante, anulando además la autonomía municipal. En consecuencia, cualquier dinámica de competencia política, aunque esta sea limitada, genera como respuesta la violencia oficial como mecanismo de control social. En 2008, la violencia paramilitar y policial se centró en las principales ciudades del Pacífico: Managua, León, y Masaya, donde la oposición fue despojada de sus principales triunfos electorales. Desde 2011 y 2012, la competencia política, ahora más reducida y dispersa, se ubica en los municipios del Caribe, Norte y Centro del país, los mismos en los que otra vez ha estallado la violencia política.

No se trata, por lo tanto, de incidentes de violencia aislados como alegó con irresponsable frivolidad el informe de la misión de la OEA, sino de un problema estructural del régimen autoritario que deber ser erradicado, para permitir elecciones competitivas en las que se ponga en juego el poder, sin la amenaza del chantaje y la violencia

3) El matón versus la fuerza moral de los Obispos

El ataque virulento del presidente Ortega contra las voces más conspicuas de la Conferencia Episcopal, revela la bancarrota moral de un régimen que ha fracasado en su ambición de cooptar y someter a la Iglesia Católica. Entonces, el gobernante-matón recurre a su último recurso: el bullying, para intentar dividir a los obispos entre “los bravucones” que representan la voz de la iglesia, y los clones de su “Prócer”, el  Cardenal Obando y Bravo, que hablan por el régimen.

Ortega no ignora que en mayo 2014 la Conferencia Episcopal en pleno le presentó el documento “En busca de nuevos horizontes”, la radiografía más completa de su sistema autoritario, con propuestas de diálogo y reformas, que nunca se atrevió a responder, como le recordaron los Obispos en la víspera de la elección municipal. Con su posición de fuerza, intenta ahora doblegar a los Obispos a sus términos políticos.

La Conferencia Episcopal, en cambio, no es un ente político, pero su ejemplo de independencia ante el poder, y la integridad de sus reflexiones religiosas, pastorales y sociales, tiene consecuencias políticas ineludibles. Y al personificar el ataque en el obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, Ortega únicamente ha confirmado la estatura moral y el liderazgo nacional del obispo Báez.

4) El pasaporte de la OEA y el 2021

Como estaba pactado entre la OEA y el Gobierno, el informe de la misión de “acompañantes” evadió los asuntos fundamentales del control partidario que ejerce el FSLN sobre el sistema electoral, pero sugiere un amplio menú de recomendaciones técnicas para mejorarlo. La OEA se ha ganado su pasaporte para permanecer en Nicaragua hasta 2021, sellando el “borrón y cuenta nueva” de la deriva autoritaria de Ortega en 2016, cuando liquidó de un tajo a la oposición. Con una competencia política limitada y una oposición domesticada, Ortega también ha aceptado “perfeccionar” el actual modelo dictatorial, aunque ha advertido a los donantes que alisten las chequeras pues demandará mucha plata para financiar al Consejo Supremo Electoral.

Así empieza a delinearse un cruce de caminos hacia las elecciones presidenciales de  2021. El de la dictadura maquillada que promueve Ortega para entronizar una dinastía, ofrece a las élites económicas el incentivo de la estabilidad autoritaria que cobija las ventajas del corporativismo. Pero, a la larga, conduce a inestabilidad y crisis, derivadas de la insostenibilidad de un régimen, cuyos pilares estratégicos radican en la corrupción, represión y centralización burocrática.

El camino alternativo nace de la premisa de que el país no necesita “perfeccionar” el sistema Familia-Estado Partido, sino desmontarlo, para promover una profunda reforma democrática. Y eso sólo será posible como resultado de un movimiento nacional de presión política y social para restablecer el derecho a elecciones libres y competitivas, aun a costa de la tensión e inestabilidad que provocará la intolerancia y la represión del régimen a corto plazo. Es un camino más largo y azaroso, pero es el único que conduce a una estabilidad duradera.