No es ninguna sorpresa que un porcentaje considerable de la sociedad guatemalteca pueda tener actitudes de rechazo y desconocimiento ante las demandas de mujeres y personas de la diversidad sexual y de género, por que se les reconozcan sus derechos.
Para muchos, ha sido únicamente en los últimos años que han sido expuestos a nuevas expresiones e identidades a las que no estaban previamente expuestos. Y en los últimos años, el cambio social a nivel mundial ha sido acelerado: en poco tiempo, más y más personas hemos perdido el temor a expresarnos y vivir nuestra sexualidad e identidades sin sentir la necesidad de escondernos.
En Guatemala, el avance ha sido más lento. Pero algunas personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) hemos empezado a crear espacios seguros para nuestro desarrollo personal y profesional, puntos de encuentro y convivencia, y existe un creciente grado de conciencia sobre la necesidad de respetar e incluir a quien pueda aparentar ser distinto.
Dicho esto, debemos entender por qué para una amplia mayoría de la población sigue siendo un reto reconocer, respetar y valorar a quienes son parte de la diversidad sexual y de género. No se cuenta con acceso a educación sobre éstos temas –el Estado ha incumplido esa obligación durante décadas–, y en nuestras familias y círculos sociales se prefiere el silencio a las conversaciones, a veces incómodas, que se requieren para entender realmente nuestros cuerpos e identidades.
Esto resulta en que un número importante de personas reaccione con ansiedad o temor ante un fenómeno que les es eminentemente nuevo. O que partir del desconocimiento y la ignorancia puedan, desde su visión personal, creer que están actuando bien al apoyar una propuesta de ley como la iniciativa 5272: «Para la protección de la vida y la familia».
Cortar el debate por decreto
El problema es que las buenas intenciones o el desconocimiento de una mayoría considerable de la población no justifica que un número muy pequeño de políticos y líderes sociales legisle en contra de libertades y derechos fundamentales.
La ley propone aumentar penas de cárcel a mujeres que aborten –incluso involuntariamente–, y restringe enormemente la discusión pública sobre asuntos vinculados a salud sexual y reproductiva, y sobre diversidad sexual y de género. En otra palabras, se restringe la libertad de expresión de personas individuales, y la libertad de asociación, al posiblemente permitir que se persiga a instituciones que hoy en día trabajan por informar y promover el diálogo sobre éstos temas.
Y si bien existen diferencias serias en la visión que sostienen distintos grupos de la población sobre este tema, lo que más se necesita es un proceso de diálogo y debate nacional para entenderlas y asegurar que no se pierda la convivencia pacífica y en democracia.
Ese debate no puede ocurrir cuando el Congreso quiere, por decreto, desaparecer la existencia de las personas LGBTIQ.
¿Por qué ahora?
La iniciativa fue presentada inicialmente en 2017 por los diputados Aníbal Rojas (Visión con Valores) y Christian Boussinot, hoy preso por un caso de plazas fantasma. Y otras voces cuestionadas como la de Fernando Linares Beltranena (PAN) y Estuardo Galdámez (FCN) se han sumado a promover esta iniciativa en momentos claves para la discusión política.
En septiembre del año pasado, pasó primera y segunda lectura justo en medio de una época en la que el gobierno central y el legislativo se enfrentaban a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Y esta semana se puso en agenda, en medio de acusaciones contra el oficialismo y sus bancadas allegadas por estar ligadas al narcotráfico.
Es así que además de estar utilizando las convicciones honestas de las y los guatemaltecos para promover más división, también están distrayendo a la opinión pública de sus fechorías. Si esto no es suficiente para ver que nos quieren tomar el pelo y hacer de la elección una nueva farsa, no estamos poniendo suficiente atención.
Luis Paraiso /
TÍTULO I LA PERSONA HUMANA, FINES Y DEBERES DEL ESTADO CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Así inventó Money la ideología de género: el bebé que fue su cobaya humana y que acabó suicidándose
El inventor de la ideología de género fue John Money, un psicólogo y sexólogo que no se oponía a la pedofilia y que apoyaba todo tipo de prácticas sexuales aberrantes. Y pasó de la teoría de género que promulgaba a la práctica gracias a dos hermanos Bruce y Brian Reimer, con los que experimentó para probar su “reasignación sexual” e intentar demostrar que la identidad de una persona no está fundada en los datos biológicos del nacimiento, sino en las influencias culturales y el ambiente en el que crece. Una vez adultos, ambos se suicidaron tras haber pasado múltiples sufrimientos.
Primer paso: castrar al niño
El 3 de julio de 1967 Bruce fue castrado por el Dr. Howard Jones, un colaborador de Money que seguidamente lo abandonó para emprender una profesión más remunerativa: abrió en Virginia la primera clínica para la fecundación in vitro. El relato es mucho más horrible y dramático De este modo, Bruce se convirtió en Brenda.
Una horrible historia verdadera sobre la cual se apoyan los diversos comités y asociaciones de la teoría del género. Les invito a que investiguen antes de opinar.
EDUCACIÓN “Artículo 73.- Libertad de educación y asistencia económica estatal.” “La enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios, sin discriminación alguna. El Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza religiosa sin discriminación alguna.”
“Artículo 36.- Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derechos a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos.” Esto no dice nada sobre un estado LAICO.
Usted no puede justificar su opinión sobre la iniciativa de ley 5272 con el argumento que los legisladores son o pueden ser delincuentes o que están en procesos judiciales y que poco le importa tener la misma conducta de estas personas para llegar a sus fines.
También se podría que usted reclama un tratamiento igualitario por la razón de que usted es chino, blanco, negro o heterosexual y no como ser humano de este razonamiento se declina el carácter individual de su posición. Lo que en una constitución política no tiene lugar pues se busca el bien de todos los ciudadanos.