¿Qué hacen nuestras autoridades para frenar el delito vía internet?

El acceso a las tecnologías avanza en la región. Los actores violentos marchan a la misma velocidad, usando esas herramientas para delinquir. Sin embargo, el combate institucional parece marchar a la cola en esta maratón.

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Esta es una opinión

Foto: Pixabay

Una carrera que va perdiendo la ley

Usando la metáfora de una carrera, el acceso a las TIC* avanza a la cabeza en los países del triángulo norte. Pero lento. De forma instintiva, le sigue la violencia que parece montada sobre la ola de las TIC. Va abriendo caminos casi al mismo tiempo que ellas.

¿Qué lugar ocupan las autoridades encargadas de prevenir y combatir esas nuevas formas de manifestaciones de la violencia?

Las evidencias apuntan a una sola respuesta: van rezagadas.

Así lo ha establecido una investigación de laUniversidad Centroamericana de El Salvador (UCA). Guatemala, Honduras y El Salvador han experimentado en los últimos años manifestaciones violentas a través de herramientas y plataformas tecnológicas. Hablamos del internet, las redes sociales y el celular.

Por un lado, las pandillas las ocupan para comunicarse, reclutar nuevos elementos y hacer apología de delito. Al mismo tiempo,  cuentas anónimas de supuestos policías crean páginas o usuarios para instar a la ejecución extrajudicia. Atacan a  miembros de maras y hostigan a quien no piense en la ley del “ojo por ojo” como solución. En especial a los periodistas.

Por el otro, las redes sociales han potenciado hechos delictivos relacionados a la libertad sexual. El acoso, explotación y difusión de fotos íntimas en internet son ejemplos claros.

Ante la magnitud del problema, se espera que la búsqueda de acciones para prevenir y solucionar sean prioridad estatal. Las acciones tomadas, sin embargo, son lentas o reactivas. Hacen pensar que no es aún un tema clave en sus respectivas agendas.

Combatiendo el delito a ciegas

Un primer ejemplo de este retraso y desinterés es la falta de un registro detallado. Eso, en todas las instituciones vinculadas de los delitos en los que el internet ha sido usado como vehículo. Los cuerpos policiales sí suelen diferenciar en sus estadísticas cuando las extorsiones o el acoso se ha generado vía redes sociales, por ejemplo. Pero no ocurre lo mismo respecto a la judicialización de esos casos en los tribunales.

Muchas de las veces que los periodistas de la citada investigación requirieron datos actualizados a los entes correspondientes, la respuesta oficial recibida fue “información no existente” o “no contamos con esos datos”. Es decir, resulta difícil pensar en solucionar un problema que no se conoce a profundidad. Y las estadísticas son, en ese sentido, vitales para tal fin.

Como lo reafirma Aldo Magoga, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la falta de estadísticas provoca que exista desinformación sobre el fenómeno. La edad de la víctima, sexo, etnia y modo de delito no está documentado de forma eficiente .

“Si las instituciones no tienen almacenadas ni las edades de las víctimas (…), están muy lejos de tener la capacidad de utilizar esa información que sirva para el Estado”, razona el experto.

Países sin ley: felices los delincuentes

Un segundo ejemplo del rezago es la falta de leyes actualizadas que regulen este tipo de delitos tan específicos. En Honduras y Guatemala aún se discute un cuerpo legal especializado que contemple acciones contra la ley ejecutadas por vías cibernéticas. Aunque en ambos casos ya se cuenta con proyectos en estudio. El Salvador sí tiene una ley al respecto, aprobada en 2016.

Esta realidad se contradice con las escasas estadísticas disponibles. El crecimiento de delitos en línea es notorio de un año a otro.

Es importante mencionar que subdivisiones de las fiscalías, ministerios públicos o de la policía en cada país, sí investigan y se especializan en casos de este tipo.

Como lo señalan algunos jueces consultados por la UCA, investigar a profundidad este tipo de delitos requiere una gran inversión en peritos. Esto resulta caro pues, por lo regular, esos expertos están fuera de la región centroamericana. De ahí se extrae que mayor capacitación e inversión, son necesarias para que la institucionalidad alcance al pelotón que lidera esta carrera.

En conclusión, las autoridades encargadas de prevenir y combatir la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras marchan lentas, sin poder seguirle el ritmo a un tema que, lejos de estancarse o decrecer, los indicadores nos dicen que seguirá avanzando cada vez más rápido en la región.

En ese sentido, establecer políticas claras que den la correcta dimensión del problema y guíen, a partir del conocimiento y registro del mismo, se vuelve un tema indispensable para ganar esta carrera. Una maratón de fondo que, hoy por hoy, luce perdida.

 

 

Última de tres entregas. 

Conclusiones de una reciente investigación periodística realizada con el apoyo de UNESCO, por los periodistas Gabriela Cáceres y Gabriel Campos para la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la UCA de El Salvador.

Este trabajo se centra en cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son usadas como herramientas para ejercer o promover violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras.

 

*Tecnologías de la Información y la Comunicación

Willian Carballo
/

Coordinador de investigación de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y catedrático de la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la UCA, en El Salvador.


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