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Regreso a hacer periodismo en Nicaragua

Hace casi once meses, en los primeros días de 2019, me vi obligado a salir al exilio con mi esposa para proteger mi integridad física y mi libertad, ante las amenazas y la persecución del régimen Ortega-Murillo, después de la ocupación policial ilegal de la redacción de Confidencial y el encarcelamiento de mis colegas periodistas de 100 % Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.

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Esta es una opinión

Foto: Confidencia.ni

Me refugié en Costa Rica para poder seguir haciendo periodismo, gracias a la extraordinaria solidaridad de Teletica, Canal 7, y el equipo de Telenoticias que dirige Ignacio Santos. Otros colegas de nuestra redacción también tuvieron que salir al exilio, mientras la mayoría de los reporteros y editores de Confidencial y Esta Semana se han mantenido trabajando en Nicaragua a pesar del asedio oficial, y con el apoyo de una red de medios de comunicación independientes, hemos logrado en estos meses vencer la censura televisiva.

Hoy regreso a mi patria junto con un grupo de exiliados nicaragüenses, cada uno de nosotros asumiendo su propia responsabilidad, ante la falta de garantías en el país para ejercer nuestros derechos constitucionales.

La situación de inseguridad y el irrespeto a los derechos humanos no ha cambiado y en muchos aspectos más bien ha empeorado, como resultado de la imposición de un estado de excepción de facto que ha conculcado los derechos constitucionales. Sin embargo, esa política impuesta en septiembre del año pasado está fracasando, porque no ha logrado someter la resistencia cívica de los ciudadanos, el reclamo de justicia de las madres de las víctimas, las demandas de libertad y democracia de los estudiantes, los presos políticos y sus familiares, los excarcelados, los sacerdotes perseguidos, y los periodistas independientes que, pese a todas las agresiones, han mantenido viva la llama de la libertad de prensa.

Cada minuto que hacemos periodismo apegados a la verdad, cada acto en el que los ciudadanos ejercen su derecho a la libertad de expresión a contrapelo de la intimidación oficial, se fortalece el campo de la libertad y se debilita el poder autoritario de la dictadura. Pero esto no representa una garantía para propiciar el retorno seguro de decenas de miles de exiliados que desean regresar a su patria.

Solamente en Costa Rica hay 80 000 compatriotas solicitantes de refugio, la mayoría de los cuales atraviesan por una situación económico-social precaria, y no pueden volver a su patria hasta que se creen condiciones para su seguridad, como resultado de un auténtico cambio democrático.

Para iniciar ese proceso, los nicaragüenses y la comunidad internacional solidaria con Nicaragua, debemos seguir demandando:

1 El retorno al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y Amnistía Internacional.

2 El desarme y desmantelamiento de los grupos parapoliciales, que fue recomendado por la CIDH en mayo del año pasado, y aceptado por el Gobierno en los acuerdos del primer diálogo nacional.

3 El restablecimiento pleno de las libertades democráticas, en cumplimiento de los acuerdos que suscribió el Gobierno con la Alianza Cívica el 28 de marzo de este año, teniendo como testigos a la Secretaría General de la OEA y al Nuncio Apostólico en representación del Vaticano.

4 La suspensión del estado de sitio de facto, para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos constitucionales, sin ser objeto de amenazas, persecución, o represalias de parte del Estado.

Agradezco al pueblo y al Gobierno de Costa Rica que encabeza el presidente Carlos Alvarado, cuya tradición democrática ha acogido a decenas de miles de nicaragüenses que huyen de la persecución, y le instamos a agilizar los procesos migratorios para que los refugiados puedan ejercer sus derechos y sostenerse económicamente con dignidad. De igual manera, convocamos a la comunidad internacional a respaldar las gestiones del Gobierno costarricense para financiar los programas de apoyo que con urgencia necesitan los refugiados nicaragüenses.

Regreso a mi patria, para continuar demandando la suspensión de la confiscación de facto contra Confidencial y 100% Noticias, que desde el 14 y el 21 de diciembre, respectivamente, se mantienen ocupados por efectivos armados de la Policía Nacional.

Hemos agotado todos los recursos legales ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, sin obtener ninguna respuesta. El 19 de febrero de este año, el jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, en un informe presentado ante la Corte Suprema de Justicia admitió que el asalto y la ocupación de Confidencial carece de justificación legal. El primer comisionado Díaz afirma que la Policía asaltó Confidencial atendiendo una solicitud del Ministerio de Gobernación, para tomar posesión de los activos y bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), que fue despojada de su personería jurídica el 12 de diciembre de 2018.

Pero, en realidad, lo que hizo fue allanar las instalaciones de tres empresas –Invermedia, productora de Confidencial; Promedia, productora de Esta Semana; y la consultora Cabal– que no forman parte de la oenegé Cinco, ni son propiedad de esta, sino que están inscritas en el Registro Mercantil. Los equipos de trabajo de estas empresas,  sus documentos legales y los bienes de sus trabajadores, han sido ilegalmente ocupados, y además, la Policía ha usurpado un inmueble que tampoco pertenece a la oenegé Cinco.

Lo que demuestra esta confesión del director de la Policía, es que el Estado ejecutó un asalto contra la libertad de prensa, con el propósito de cerrar por la fuerza un medio de comunicación, incurriendo en una confiscación de facto, sin ningún sustento de legalidad. Porque, además, no existe ninguna relación económica, legal o institucional, y menos aún de propiedad, entre la organización no gubernamental Cinco y las empresas Promedia, Invermedia y Cabal.

En consecuencia, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debió haber fallado los Recursos de Amparo que se presentaron el 17 de diciembre del año pasado, ordenando a la Policía la suspensión del acto de ocupación y la devolución de todos los bienes secuestrados, para que los afectados puedan recurrir en sus demandas de indemnización. Nada de eso ha ocurrido, aunque en una comunicación a la CIDH en respuesta a nuestra denuncia, el Gobierno alega que los recursos en encuentran en “estudio” para su resolución.

A pesar de la ocupación de nuestra redacción y las agresiones en contra de nuestros periodistas, hemos mantenido inalterable nuestro compromiso con el ejercicio del periodismo para fiscalizar el poder, investigar la corrupción, y promover el debate público, que seguiremos practicando en Nicaragua.

Regreso a mi patria con emoción para abrazar y besar a mi madre Violeta Barrios de Chamorro, en su lecho de enferma. Durante estos 19 meses de dolor y esperanza de la Rebelión de Abril, en los momentos más duros de la represión, siempre he tenido presente el ejemplo de su integridad y los valores que representa, hermanados al legado democrático y el sacrificio de mi padre Pedro Joaquín Chamorro, ellos son la reserva moral que alienta mi convicción de que “Nicaragua volverá a ser República”.

Carlos Chamorro
/

Nicaraguense. Periodista. Director de Confidencial.


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