Tan solo en lo que va de 2018, ya tres instancias de la ONU nos lo han hecho saber. En febrero, el Comité de Derechos del Niño presentó su informe final tras haber examinado al país. En él patentó su preocupación por la ausencia de marcos normativos y legislativos para proteger el derecho de la niñez indígena a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
La recomendación que emitió es clara: introducir de manera expedita la obligación de todas las autoridades públicas a consultar con los pueblos indígenas, incluyendo la niñez, con el propósito de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar e implementar medidas legislativas y administrativas que les puedan afectar.
Esto lo repetirá el Comité de Derechos Humanos, el órgano de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Guatemala pasó examen el 12 y 13 de marzo y, a solicitud del Comité, debió "proporcionar información sobre los mecanismos o procesos de consulta existentes que garanticen el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas acerca de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, así como ejemplos de consultas que se hayan realizado durante el período en estudio", o sea en los últimos cinco años.
También lo recordará el Consejo de Derechos Humanos, máximo ente político de la ONU en la materia integrado por 47 Estados, en el informe final sobre la comparecencia de Guatemala ante el Examen Periódico Universal (EPU), que tuvo lugar en noviembre del año pasado.
En el documento que se aprobará, al menos tres recomendaciones hacen alusión a la necesidad de: 1) continuar con los esfuerzos para el establecimiento de consulta a las comunidades indígenas; 2) garantizar que ese instrumento cumpla las normas internacionales; y 3) asegurar la plena participación de los pueblos indígenas en las decisiones que les conciernen y que se les consulte en el contexto de planificación y ejecución de proyectos económicos de gran escala.
¿Estamos a punto de ver cómo se rompe este cántaro? Difícil pronosticarlo. Lo cierto es que el consenso y la voluntad en el país tan sólo han permitido que lleguemos a contar con un esbozo de política de Estado sobre la consulta a los pueblos indígenas: la Guía Operativa para la implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas, que fue aprobada en julio de 2017 por los presidentes de los tres poderes del Estado. En cada examen reciente ante la ONU, el Estado lo ha presentado como salvaguardia frente a las críticas y cuestionamientos.
El procedimiento ahí establecido contempla ocho fases: 1) etapa preparatoria; 2) convocatoria para genera confianza; 3) formulación del plan de consulta (Pre Consulta); 4) información de las medidas a consultar; 5) análisis de información recopilada; 6) diálogo intercultural, 7) conclusiones y acuerdo, 8) finalizando con la definición de garantías de cumplimiento a los acuerdos.
Si bien la formulación de esta guía puede considerarse un paso positivo, persisten muchas dudas sobre cómo se llevará a la práctica y sobre todo si las consultas y sus resultados serán incidentes. Por el momento, parece ser este más bien un avance a regañadientes tras la ya larga insistencia nacional e internacional para que el país reconozca a los pueblos indígenas como actores con pleno derecho a decidir sus propios destinos.
Aún no hemos llegado a donde debemos respecto a la consulta de los pueblos indígenas; pero este cántaro ya tiene una visible rajadura.
Cesar A. /
¿Cómo puede haber un Estado de Derecho en Guatemala si lo que proponen es darle privilegios a un grupo sobre otro? Simplemente porque los apologistas como su persona lo creen coherente.
Hay que fortalecer el actual para que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones, y con eso hay prosperidad. Obviamente así los 'observadores' ya no pueden vivir parasitando sus dietas y viáticos pagados con el dinero de los que realmente trabajamos.
Gabriel Guzman /
entonces es la de nunca acabar porque el supuesta estado de derecho existente es un estado privilegios, por eso es que resulta amenazante que se insista en aplicar consultas a los pueblos indígenas en aspectos en los puedan ser afectados su territorio fuentes de agua o campos de cultivo y una serie de casos que para algunos son normales que no se respeten. Talvez si no se sigue viendo como amenaza se podría avanzar y salir de ese empantanamiento que no solo causa escozor y temor sino que genera odios y esconde intereses de lucro que en el fondo son la causa de a resistencia.