Cuando agresores de mujeres se vengan (con ayuda de la PGN)

1. Los juicios que los jueces no quieren

La jueza María Belén Salazar, como sus colegas del juzgado de la niñez y adolescencia de la Ciudad de Guatemala, se dice sobrecargada. No tiene tiempo para recibir periodistas una vez que su día ha empezado: corre de audiencia en audiencia sin descanso. Por eso es necesario encontrarla temprano.

Ella explica que su papel es proteger a los niños y adolescentes ante las violaciones de sus derechos, como el maltrato, abandono o negligencia. Con base de esto puede otorgar abrigos o amparos provisionales y definitivos. Debe fallar sobre todos los casos que la Procuraduría General de la Nación (PGN) le traslada después de recibir las denuncias de maltrato. La jueza relata que esos casos llegan “sin investigación previa”. Lamenta que durante la primera audiencia no cuenta con pruebas. Sólo escucha a la parte acusadora y a los niños, antes de ordenar medidas cautelares.

Esa carencia de investigación conduce a decisiones drásticas, como la que afectó a Sandra López, la primera de las dos mujeres de este reportaje. El 11 de julio de 2016 perdió la custodia de sus tres hijas de 9, 7 y 5 años. Ese día ella estuvo en el banquillo de los acusados, culpada de violentar a las niñas. El demandante era su esposo, a quien ella había denunciado dos meses atrás en el Ministerio Público por violencia psicológica.

La jueza Salazar señala un problema de protocolo:

– Se judicializan casos que no lo merecen. Necesitamos que la PGN investigue, al menos de manera superficial, antes de remitir los casos al juzgado de la niñez.

Explica que por la gravedad de la denuncia no puede descartar a primera vista que los menores no estén en peligro. Por lo tanto, debe otorgar medidas cautelares. Así, en la primera audiencia, cuando uno de los padres alega que el otro maltrata a los hijos, se los entrega al denunciante o a un familiar.

– En los casos de mujeres que pierden la custodia de sus hijos por venganza de su agresor, el problema radica en la investigación. Lo ideal sería determinar temprano que la denuncia es falsa. Nos ayudaría a no equivocarnos y no se dañaría emocionalmente a los niños con procesos desgastantes.

Desde julio de 2016, Sandra López sólo puede visitar a sus hijas dos veces al mes. Ellas permanecen en la casa de su suegra, donde también vive su marido, el hombre que ella acusó de violencia. Sandra tiene claro que haber denunciado a su expareja le significó perder la custodia de sus hijas. Algo que no pudo prever cuando presentó la denuncia.

Paola Camo, psicóloga del Centro de Apoyo Integral para Mujeres sobrevivientes de violencia (CAIMU) de Guatemala, analiza un fenómeno “más común de lo que pensamos”. Aquel de los convivientes señalados por violencia contra la mujer o intrafamiliar que denuncian a sus víctimas.

La psicóloga Camo explica que las reacciones de los hombres enjuiciados por violencia contra la mujer son diversas, pero resalta la voluntad de mantener una relación de poder. Perseguir a la madre sobre el terreno jurídico, después de violentarla, es una manera de someterla, por el miedo que le produce. De hecho, la separación física no basta para poner alto al ciclo de violencia. Aunque la víctima ya no vive con el agresor, puede permanecer bajo su control económico y emocional. Con ese propósito, los hijos se convierten en instrumento de presión. Son una herramienta de venganza, ya que representan el punto de débil de las mujeres violentadas, explica Paola Camo.

La jueza Salazar admite que ha constatado el fenómeno. Estima que un 50 por ciento de los casos de protección de la niñez no corresponden a su función. El problema radica en las relaciones de los padres. Es así que los niños se convierten en el objeto de la pelea. Entre enero de 2016 y mayo de 2017, el Organismo Judicial ingresó 19,097 casos por maltrato sobre menores de edad. 512 casos por día. La jueza lamenta que considera que los juzgados son utilizados para obtener la guarda (custodia) y frenar pensiones alimenticias. Calcula  que un 10 por ciento de los casos son iniciados por papás que se rehúsan a pagar la pensión alimenticia. Cuestionar la custodia de la madre es también deshacerse de esa carga financiera.

2. Falta de investigación, plazos y recursos

Después de la primera audiencia, en la cual se determinan las medidas cautelares, la PGN cuenta con diez días para informar sobre el caso. La jueza revela que el plazo no se respeta, y que dispone de pocos elementos en las audiencias posteriores.

Los informes que puede aportar ese ente para auxiliar la decisión de los jueces son de tres tipos, psicológico, económico-social y los colaterales, que se enfocan en los vecinos y el entorno laboral. Este último es vital para la jueza Salazar. Sin embargo, se los proporcionan hasta la tercera audiencia.  Añade que en la primera cita, los jueces cuentan sólo con la evaluación psicológica efectuada por la institución. Y, como lo expresa, “ a veces los informes no tienen nada que ver con la realidad”. Resalta que la declaración del menor es importante, pero puede ser engañosa.

En el caso de Sandra López, su esposo y su suegra manipularon a sus hijas para que declararan contra su madre. Las chantajeaban con comprarles un celular o vestidos. Su hija de 4 años dijo que una mancha mongólica sobre su espalda era un golpe. El Inacif comprobó la verdad, pero no fue suficiente. La hija más grande dijo que su mamá tenía varios novios y que la forzaba a dormir en el suelo.

Sandra López nunca recibió la visita de los trabajadores sociales de la PGN. No llegaron porque le dijeron ella vive en una zona peligrosa.

La abogada Wendy Tobar, quien ha defendido a mujeres en la misma situación que Sandra, cuestiona el papel de la PGN en los procesos de protección de la niñez. Explica que es la institución encargada de recabar información para opinar sobre el caso. No procede una investigación científica, ya que esto le corresponde al Ministerio Público.

La abogada Wendy Tobar resalta:

– La Procuraduría General de la Nación no necesariamente se ocupa de comprobar la veracidad de las acusaciones. No está de más indicar que la información puede ser escueta y parcializada.

En el caso de Sandra, un informe reveló que una de las niñas sufría de una enfermedad del estómago. Fue utilizado para deducir que Sandra no les daba  de comer.

La abogada Tobar añade:

– El proceso no es equitativo, porque la PGN se enfoca en informar sobre la mujer denunciada, pero no del denunciante ni las circunstancias que rodean la denuncia.

Una vez que el juez ordena medidas cautelares, el MP empieza a recolectar las evidencias. El examen médico forense se enfoca en los golpes y la evaluación psicológica.

Rubén Herrera, fiscal de la niñez, informa que la demora para una evaluación psicológica con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) es de seis a siete meses. La fiscalía de la niñez cuenta con 12 investigadores encargados de inquirir en las denuncias de maltrato infantil. Cada día entran de 15 a 20 casos nuevos. Rubén Herrera clama por apoyo para investigar más y mejor.

Entre enero de 2016 y mayo de 2017 los juzgados de la niñez y adolescencia del país han ordenado 2,468 abrigos provisionales. 5 diarios. La jueza Salazar admite que envían a niños con  familiares que viven bajo el mismo techo que un padre considerado no apto para cuidarlos. Esto, afirma, siempre es preferible a la institucionalización. Es decir, a enviarlos a instituciones gubernamentales como los Hogares Seguros.

De hecho, Sandra prefiere que sus hijas permanezcan con su esposo a que vayan a una casa hogar.

3. Elegir su lucha, mover cielo y tierra

Por las mismas debilidades del sistema de justicia, Belén González sólo pudo contar con ella misma para recuperar a sus hijos. Los perdió unos días después de la Navidad de 2014.  Pasó los cuatro  meses siguientes a tratar de impedir el fallo definitivo.

– Sentía que no me los iban a devolver.

Su historia se parece mucho a la de Sandra López, pero termina bien, dice Belén. Termina bien si pasamos por alto que todavía su exconviviente viene a amenazarla casi todos los días.

Belén es nicaragüense, vive en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, donde es dueña de una pequeña tienda de ropa de segunda mano. El 18 de diciembre de 2014 puso una denuncia en el MP de Guatemala contra su pareja. En sus trece años de convivencia, Belén lo denunció unas veinte veces por violencia física, antes de retractarse en cuanto él le pedía perdón y juraba no volver a golpearla. Pero esa última vez, Belén estaba embarazada y casi pierde al bebé. Del MP la mandaron al hospital San Juan de Dios. También expulsaron al conviviente de la casa. Cuando pudo regresar a su casa con sus hijos, él había recibido una orden de alejamiento.

Diez días después, el 28 de diciembre, él fue a denunciar a la PGN por maltrato infantil y abandono. Alegó que ella era alcohólica, prostituta, que se servía de su tienda de ropa como pantalla para disimular su negocio de sexo, y que mantenía a sus hijos bajo peligro.

A la primera audiencia la jueza le confió los tres hijos, de 4, 8 y 10 años entonces, a la hermana de su pareja. Belén empezó a luchar para recuperarlos.

Primero, tuvo que dejar de lado el proceso de violencia contra la mujer. No podía seguir a la vez dos casos judiciales, por falta de recursos. Dejó de acudir a las audiencias con el juez de femicidio. Cada día iba al juzgado de la niñez, que está en la zona 1, a preguntar sobre su caso. La enviaron a hacer diligencias por todos lados para recolectar documentos y sacar copias. Atravesaba la Ciudad, dando vueltas con la “fuerza del miedo”.

Gastaba alrededor de Q1,600 por mes en esos gastos. Tenía que pagar las consultas psicológicas, la escuela para padres y un abogado privado, ya que el proporcionado por la PGN no estaba disponible para las audiencias. Y mientras tanto, no vendía nada en la paca.

La jueza Salazar había resaltado que los diez días otorgados a la PGN para investigar no bastaban. De hecho, para el caso de Belén, nadie vino a indagar hasta los dos meses después de la primera audiencia. A mediados de marzo, tuvo que ir a la sede de la PGN, zona 13. Les imploró que la investigaran para agilizar el proceso.

Finalmente, a finales de marzo, tres meses después de la denuncia, los trabajadores de la PGN empezaron a visitarla, y a entrevistar a los vecinos y clientes de la tienda.

Al mismo momento, perdió  las medidas de seguridad porque no seguía con el proceso de violencia contra la mujer.

En 15 de abril, cuatro meses después, tuvo lugar la audiencia definitiva para determinar a quién de los dos padres les entregarán a los hijos. Ese día se los dieron a su pareja, el agresor, a pesar de la investigación de la PGN. Justificaron que, por ser nicaragüense, ella no tenía nada en Guatemala, y él, en cambio, tenía una casa y prometió construir un cuarto para los hijos. Ella alquilaba una pequeña casa.

Nómada intentó, por escrito y en persona, conseguir una entrevista con la PGN, pero siempre declinaron atender

Belén se asustó al saber que sus hijos iban a vivir en la casa de su exconviviente, donde vivía un hermano suyo quien estuvo preso diez años por haber violado a una niña. Ella reveló esto después del fallo y rogó a la jueza que, por favor, no enviara a sus hijos a ese lugar. La jueza la escuchó y, en la duda, mandó a los hijos a una casa hogar. Estuvieron en la Casa Shalom de San Lucas quince días, hasta el 30 de abril, fecha de la “nueva audiencia definitiva”.

Ese día 30,  la cita estaba planeada a las 10 de la mañana. Dos horas antes, Belén se encontraba en el Ministerio Público para buscar las pruebas de sus golpes. Quería demostrar que la acusación de maltrato infantil fue solamente la reacción a su exconviviente.

– Sentía que no me los iban a devolver. Él vino con su mamá, su hermana y su abogado. Yo, solita, sin abogado porque el que me asignaron no vino. No podía contratar uno privado ese día, no tenía dinero.

Finalmente, considerando los documentos que trajo Belén, la jueza le devolvió la custodia de sus hijos. Ordenó también que mantuviera con el papá una “relación de amistad”, por los hijos.

– Tiene que atenderlo bien, me dijo la jueza.

Belén sabe que tiene que ir de nuevo a denunciar las amenazas que recibe, pero está muy ocupada.

– Ayer vino a la tienda y me dijo: “Vos no sabes lo que tengo en mente”. Me asustó, pero no puedo volver al MP porque me queda muy lejos. Tengo que sacar ventas para mantener a mis nenes como se debe.