Guatemala fue el primer país en pedir la legalización de las drogas

En 2012, el ahora encarcelado ex-presidente Otto Pérez Molina declaró que estaba dispuesto a buscar nuevos enfoques para la política de combate al narcotráfico porque el marco tradicional –la guerra contra las drogas–, había fracasado. Su argumento se basaba esencialmente en una constatación personal de que el narcotráfico en el 2012 era mucho más poderoso que a inicios de los años noventa del siglo pasado, y que las fuerzas de seguridad diseñadas para combatirlo poco podían contener su crecimiento. Y con cierta amargura, indicaba que la guerra contra las drogas sólo producía muertos en nuestros países y no en los países que promovían dicha guerra. Léase Estados Unidos.

La declaración de Otto Pérez provocó una serie de visitas del gobierno estadounidense de altísimo nivel, para expresar “preocupación” por ese tipo de discurso. Mientras en la transmisión de mando de enero de 2012 ningún funcionario estadounidense de rango político importante había estado presente, entre marzo y mayo del mismo año decidieron hacer “visitas de cortesía” el subsecretario de Estado para lucha contra el narcotráfico William Brownsfield, la Secretaria de Seguridad Interna Janet Reno y, finalmente, el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden (quien decidió reunirse con los presidentes de Centro América en Honduras). Otto Pérez buscó solidaridad regional frente a las presiones norteamericanas, y tuvo una convocatoria débil entre sus pares.

¿Por qué el tema de la guerra contra las drogas generaba tanta preocupación en Washington? ¿Y por qué el llamado a revisar dicho enfoque de combate al narcotráfico resultaba preocupante, incluso si lo decía un presidente conservador?

El origen espurio de una política errada

Para comprender la respuesta a esas preguntas hace falta analizar el origen del paradigma de la “guerra contra las drogas”. El presidente Nixon (otro presidente que fue obligado a renunciar por acusaciones de haber violado la ley) en los años 70 andaba buscando un concepto que le permitiera justificar una política de encarcelamiento masivo de jóvenes afroamericanos y latinos (y algunos blancos hippies) que él miraba como una amenaza al statu quo y la grandeza de Estados Unidos. El mensaje encapsulado en la frase “guerra contra las drogas” era moralmente poderoso y políticamente difícil de objetar.

La guerra contra las drogas sin duda ha sido un éxito en razón de ese objetivo que se planteó Richard Nixon. El aumento de la población estadounidense privada de libertad desde entonces hasta la fecha ha sido exponencial, y la mayor parte de esos privados de libertad son producto de la penalización del consumo y la distribución de estupefacientes. Asimismo, los jóvenes afrodescendientes y latinos representan de lejos la mayor cantidad de la población presa por delitos vinculados a la narcoactividad, y el control policial sobre ellos es una fuente constante de abusos y violencia que ha sido cuestionada en los últimos años por movimientos ciudadanos como “Black Lives Matter”.

Pero si la guerra contra las drogas en Estados Unidos tiene una cara fuertemente vinculada con la penalización y el encarcelamiento masivo de jóvenes afroamericanos y latinos, fuera de Estados Unidos tiene su rostro más sangriento. Ajenos a la demanda de organizaciones ciudadanas por un enfoque preventivo basado en la salud y la reducción de daños, las agencias de seguridad y combate al narcotráfico de Estados Unidos han centrado su atención en la destrucción de las grandes redes criminales que trasladan reactivos, precursores y sustancias sicotrópicas ya procesadas, desde América Latina y Asia hacia los mercados de consumo en Europa y Norte América.

En América Latina, la cooperación para el combate violento a las redes criminales se equiparó en importancia política con la cooperación para combatir el terrorismo en otros continentes. Y poco a poco la lógica de guerra fue copando la toma de decisiones, cerrando todo espacio para el debate racional de una política pública que se convirtió esencialmente en una política de seguridad, debido a su enfoque desmedido y sobredimensionado en la penalización y en el uso de la violencia de Estado como respuesta a un problema de salud pública.

Del dogma a la razón: rearmando un rompecabezas

La guerra es la negación de la racionalidad. Y al igual que los fundamentalismos religiosos, la guerra necesita dogmas para que lo irracional se vuelva moralmente aceptable: morir a cambio de una causa justa y verdadera, que no amerita debate ni dudas.

La guerra contra las drogas se cubrió de ese aire fundamentalista dogmático. Salvar a la juventud de las drogas implicaba aceptar todo sacrificio. Y la única manera de salvar a los jóvenes era poniendo en la cárcel y eliminando físicamente a aquellos que promueven la corrupción moral de las nuevas generaciones. Salvar a los jóvenes justificaba todo y no permitía tener dudas ni debates. Porque no podía haber causa más justa y verdadera, ni motivación más pura y noble.

En nombre de la salvación de la juventud se ha encarcelado masivamente y eliminado físicamente a cientos de miles de personas. Sólo que los jóvenes hoy siguen sufriendo la supuesta corrupción que la guerra contra las drogas prometió acabar hace casi 50 años atrás. ¿Cuál ha sido la respuesta dogmática ante el invariable nivel de consumo de drogas por parte de algunos jóvenes? Muy simple: encarcelar más y derramar más sangre. Más guerra contra las drogas, más privados de libertad, más combate a la escoria del narcotráfico.

Las utopías autosacrificiales son así. La búsqueda de la utopía implica la expiación de algún tipo de falta o de elemento corruptor, y dicha expiación implica el más alto sacrificio posible: la vida humana. Stalin bañó en sangre el nacimiento de la Unión Soviética para poder salvar el sueño socialista bolchevique de aquellos que amenazaban a la joven nación. La Iglesia Católica mató a miles de personas a través de la Inquisición a fin de poder salvar el alma humana de la corrupción del demonio y sus engaños. Y todos los genocidios que conocemos en la historia (el guatemalteco, lamentablemente incluido) han buscado salvar algo puro de algo impuro, y para ello no han dudado en derramar toda la sangre humana necesaria que permita que “lo bueno” prevalezca sobre “lo malo”.

Pero tarde o temprano nos damos cuenta que lo malo no son los seres humanos, sino el pensamiento dogmático irracional que deshumaniza la convivencia social. El enemigo no es el otro. El enemigo somos nosotros y nuestro celo fundamentalista y fanático dispuesto a destruir vidas humanas en nombre de algo que se considera virtuoso, inmaculadamente bueno y justo.

Si la guerra fue la forma de la lucha contra las drogas, el fundamentalismo se convirtió en su discurso. Y de pronto una política pública cualquiera, que debía ser sujeto de debate público como la política educativa o la política fiscal, se convirtió en algo intocable y sagrado que no debía ser debatido ni evaluado, sino sólo ejecutado con fe y celo fanático.

Sacar a la política de drogas de ese marco fundamentalista ha sido y continuará siendo la gran batalla ideológica para devolver dicha política al ámbito racional donde nunca debió haber sido sacada. Y devolverla al ámbito racional, a un enfoque de política basado en la razón, significa evaluar sus resultados, analizar la efectividad de estrategias y, sobre todo, abandonar el enfoque de “guerra contra las drogas” que nubla todo posible diálogo racional.

No se trata de una batalla entre enfoques duros o blandos frente a los riesgos de salud que implica el consumo y particularmente el abuso de sustancias sicotrópicas. Enfatizar un enfoque racional frente a la política de drogas no es una forma “blanda” de enfrentar el problema del abuso de sustancias. Pero sí hay que tener claro que para impedir que se dé ese abuso, no hace falta criminalizar a los jóvenes y a las comunidades pobres urbanas y rurales. Por el contrario, hay que incentivar un enfoque de salud y de manejo de riesgos que brinde servicios de orientación, tratamiento y rehabilitación para aquellos que abusan de dichas sustancias, promoviendo además políticas de desarrollo que brinden oportunidades de crecimiento personal y laboral a la juventud.

Hacer mejor lo que hemos hecho hasta ahora

La realidad es que tenemos años de estar luchando contra sustancias que causan daños a la salud de los seres humanos. El alcohol y el tabaco son sin duda ejemplo de esa respuesta social. Y aunque aceptamos que el abuso del alcohol y el tabaco es altamente dañino para la salud de los que abusan de esas sustancias (y además genera riesgos para la sociedad, que afectan incluso a los que no abusan del alcohol y el tabaco), no prohibimos ni su compra, ni su venta, ni su consumo.

Supuestamente la diferencia con el alcohol y el tabaco es que la prohibición existe para los casos de sustancias altamente adictivas. Pero eso no es cierto para todas las sustancias sicotrópicas hoy prohibidas, e incluso las investigaciones científicas sobre sustancias que se supone son altamente adictivas aún no se ponen de acuerdo sobre si lo que produce la adicción es la sustancia o una predisposición de conducta del mismo ser humano.

El enfoque dogmático, además, ha impedido hacer algo que hemos hecho con el tabaco y el alcohol: investigar el impacto de las sustancias sicotrópicas en el metabolismo humano. Esto, a su vez, ha provocado restricciones en la investigación médica y farmacológica, limitando el potencial para el tratamiento de pacientes que pueden beneficiarse de las propiedades curativas y terapéuticas de dichas sustancias.

La prohibición nos provoca una sensación falsa de seguridad y protección frente al abuso de sustancias sicotrópicas, pero en la práctica más bien nos genera mayor inseguridad y mayores riesgos. En cambio, el enfoque más racional frente al alcohol y el tabaco nos permite como sociedad entender mejor porqué, cuándo y cómo debemos regular el consumo de dichas sustancias que pueden dañar seriamente la salud de las personas.

Aprender lo que hemos aprendido de la regulación del alcohol y el tabaco es un punto de partida. Pero el hecho de que dichas políticas de regulación tengan fallas y provoquen aún muchos riesgos para la sociedad, significa que existe un terreno amplio para definir y ejecutar estrategias más efectivas para el control racional de las sustancias sicotrópicas.

El futuro

¿Cuál debe ser el futuro de la política pública frente al consumo de sustancias sicotrópicas? ¿Hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos institucionales, privados y comunitarios para poder dar una respuesta más efectiva en el manejo de riesgos y en la protección de la salud de las personas?

En primer lugar, debemos construir marcos de regulación del consumo de drogas que permitan acabar con la criminalización del consumo y abuso de sustancias. Quien consume y abusa de sustancias debe ser tratado como una persona que tiene un problema de salud, no como un criminal. Y los recursos fiscales que hoy dedicamos a la penalización y el encarcelamiento, los debemos redirigir hacia la salud pública, con un enfoque preventivo, terapéutico y de reducción de daños.

En segundo lugar, debemos hacer que el consumo de sustancias financie las intervenciones de salud pública que son necesarias para prevenir el abuso y para atender a los que abusan de sustancias. Un impuesto a dicho consumo es claramente justificable y puede generar recursos frescos que apoyen el raquítico presupuesto para la salud pública en nuestro país.

En tercer lugar, tenemos que mejorar sustancialmente nuestras capacidades institucionales y técnicas para lidiar con la prevención del abuso de sustancias, y con el tratamiento de aquellos que abusan. Guatemala tiene uno de los sistemas de salud más deficientes del continente americano, que aún no logra eliminar las muertes por enfermedades prevenibles o la mortalidad por emergencias médicas. Y décadas de prohibicionismo han dejado secuelas en la poca cantidad de personal profesional calificado para llevar a cabo tareas preventivas y terapéuticas.

En cuarto lugar, debemos refocalizar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, de la persecución penal y de las instancias judiciales para que la penalización se concentre en redes criminales dedicadas a crímenes transnacionales –como el tráfico humano, la explotación sexual, la esclavitud económica moderna, el contrabando y el lavado de dinero derivado de actividades ilícitas como la evasión tributaria.

Y en quinto lugar, debemos promover políticas de desarrollo para la juventud, que les permitan aprovechar sus capacidades y talentos, así como construir proyectos de vida positivos, a partir de una inserción educativa y laboral en la sociedad y sus comunidades. Adicionalmente, las políticas de desarrollo deben enfocarse en territorios específicos donde existen mayores necesidades y mayores riesgos, a fin de que las comunidades urbanas y rurales donde ha crecido la economía ilegal, tengan oportunidades colectivas para insertarse en la economía legal.

La regulación del cannabis: un paso en la dirección correcta

Por iniciativa del diputado Álvaro Velásquez, el Congreso ha iniciado el debate de una legislación que pretende regular el consumo medicinal y recreativo del cannabis. Se trata de una iniciativa audaz en medio de un clima conservador (de derecha y de izquierda) que no se siente a gusto con abrir el debate de la política de drogas de cara al siglo XXI.

En las semanas siguientes tendremos la responsabilidad como sociedad de aportar ideas para dicha iniciativa, de tal manera que lo que finalmente acuerde el Congreso permita sentar las bases de una política pública basada en la evidencia, y evaluable por sus resultados. Guatemala no es una sociedad poco sofisticada en sus marcos institucionales públicos y eso hace que cualquier propuesta de regulación sea evaluada con audacia y con realismo al mismo tiempo.

Pero lo que no debemos dudar como sociedad es que la política frente al consumo de cannabis debe ser debatible, evaluable, y capaz de rendir cuentas a nivel público. Sólo así alejaremos la utopía deshumanizada de la guerra contra las drogas y su enfoque fundamentalista.

Copérnico, Giordano Bruno y Galileo lucharon hace 500 años porque la humanidad pudiera conocer el universo desde una perspectiva científica. Y para ello se enfrentaron al pensamiento religioso dogmático de la época. Giordano Bruno dio su vida por atreverse a enfrentar dicho pensamiento dogmático. E igualmente en los siglos posteriores logramos bajar al Estado de su pedestal y colocarlo al alcance de los ciudadanos, con la confianza de que la soberanía no es un don divino dado a una élite autoproclamada, sino que la soberanía proviene del pueblo y el Estado debe regirse por la razón y el respeto a los derechos humanos.

Ya es hora de bajar de su pedestal a la política de drogas, superando dogmas autoimpuestos y construyendo políticas públicas centradas en la salud de las personas, y en el desarrollo de los jóvenes y sus comunidades urbanas y rurales. Una política que rinda cuentas y base sus decisiones en evidencia y conocimiento. Pero, sobre todo, una política que le dé esperanza a los que no la tienen, en vez de criminalizarlos y destruirles su proyecto de vida.

No más dogmas. No más sangre. No más guerra. Sí a la razón, a la vida y a la esperanza.