Por qué apresan a líderes indígenas

¿Cuántos indígenas han sido judicializados en los últimos años? ¿Qué argumento usó el gobierno para llevar a prisión a Agustín Wachapá?

Cotidianidad Opinión P369
Esta es una opinión

Agustín Wachapá, tras ser liberado. Foto: Mongabay

Cuando las protestas de líderes de comunidades incomodan al poder establecido, muchas veces los primeros terminan encarcelados. Esto se replica en toda Latinoamérica, en donde se criminaliza constantemente el actuar de las personas que se oponen a ciertas prácticas que ponen en peligro su subsistencia. Esta historia se repite con Agustín Wachapá, líder shuar en Ecuador, tal y como lo cuenta el artículo publicado por nuestro aliado Mongabay Latam, escrito por Daniela Aguilar, el 5 de mayo.

Cuatro meses y cuatro días. Ese es el tiempo que estuvo preso el líder shuar Agustín Wachapá, acusado por incitación a la discordia, hasta que un juez ordenó su excarcelación. El pasado 25 de abril, y luego de varios recursos legales presentados por su defensa, Wachapá salió en libertad tras pagar una fianza de 6000 dólares que dictaminó un juzgado de Gualaquiza en la provincia de Morona Santiago.  Se le ha prohibido salir de Ecuador y debe presentarse ante una autoridad judicial en forma periódica. El monto de la fianza fue conseguido gracias a la realización de una colecta pública.

Lo primero que dijo al dejar la cárcel de máxima seguridad de Latacunga fue que continuará su lucha en defensa del territorio de la nacionalidad Shuar. Ratificó que la resistencia que ha liderado busca preservar los bosques e intenta evitar que la explotación minera y petrolera los contaminen. Una lucha que ha tenido consecuencias tanto para Wachapá como para otros dirigentes. Según el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Jorge Herrera, existen 100 indígenas enjuiciados debido a sus posiciones contrarias al gobierno, de los cuales 40 ya tienen sentencia. La activista Karla Kalapaqui, autora del libro Criminalización de la protesta social en Ecuador, recoge que entre 2007 a 2016 se ha criminalizado a un total de 850 personas.

Agustín Wachapá abrazando a uno de sus hijos tras ser liberado. Foto: Confeniae

La cárcel fue un duro golpe para la vida de Wachapá. “Esa prisión era un hielo. Y para nosotros los amazónicos, no acostumbrados a ese clima, es más duro”, relató con tranquilidad en una rueda de prensa convocada por las organizaciones indígenas en Puyo, provincia de Pastaza, tras salir del centro penitenciario. La comida fue otro problema. “Quienes me conocen saben que soy más grueso. Y ahora hasta las camisas me quedan grandes”. Todo lo asume como una consecuencia de años de haberse opuesto a la política extractivista de un gobierno que comenzó su gestión en 2007 declarándose ambientalista y verde, y que promovió a nivel mundial una campaña para conservar el Parque Nacional Yasuní y no dar paso a la explotación de petróleo en sus entrañas. Diez años después, ese mismo gobierno ha concesionado a empresas chinas la explotación minera a cielo abierto en la provincia en donde nació Wachapá, Morona Santiago, y comenzó la explotación petrolera del Yasuní, dejando atrás aquellas intenciones de preservar íntegro uno de los escasos pulmones del planeta.

“A seguir la lucha”, anunció Wachapá, quien cuando fue detenido era el presidente de la más importante organización shuar del Ecuador,  a la que pertenecen 120 000 miembros repartidos en varias provincias de la Amazonía: la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH).

Violencia en Morona

San Carlos-Panantza —en la provincia amazónica de Morona Santiago— y Mirador —en la vecina provincia de Zamora Chinchipe— son dos de los proyectos mineros más ambiciosos del gobierno y los únicos previstos para que se desarrollen a cielo abierto. Ambos están concesionados a las compañías chinas y filiales Explorcobres S.A. (EXSA) y Ecuacorriente S.A. (ECSA) respectivamente.

A diferencia de Mirador, que lleva algo de ventaja en su ejecución y que provocó a lo largo de 2015 el desalojo de varias familias colonas e indígenas bajo la figura de servidumbre minera, San Carlos-Panantza no había podido despegar por la oposición de pobladores de la zona, que hace una década expulsaron a la minera y levantaron la comunidad shuar de Nankints sobre lo que fue el campamento. Se trata de un área de 41 769 hectáreas concesionada a EXSA por una vigencia de 25 años que la dirigencia indígena reivindica como parte de la jurisdicción Shuar-Arautam, pero que la empresa china ha ido comprando, en partes, a colonos que las negociaron con otros colonos y que a su vez, las recibieron del antiguo Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). Esto según explicación del propio presidente Rafael Correa. El desalojo de Nankints a favor de la minera se convirtió en la punta del ovillo del conflicto Gobierno-Shuar en Morona.

Desalojo a comunidad shuar de Nankints, en la provincia amazónica de Morona Santiago. Foto de Raúl Ankuash

El regreso de la empresa china alteró la convivencia normal en este sector. Después del desalojo de Nankints, que movilizó a cientos de policías y militares para hacer frente a 32 personas que conformaban la comunidad, no pararon las quejas de los desplazados ni las denuncias de violencia y hostigamiento por parte de la fuerza pública que se asentó en la zona. En diciembre la situación se agravó. Los enfrentamientos recrudecieron y cobraron la vida del policía José Mejía en un incidente que hasta el momento no se ha esclarecido. Solo se sabe que el policía cayó con un tiro de fusil. El gobierno responsabilizó a los shuar y los acusó de haber formado una fuerza paramilitar.

A este ambiente se incluyó luego una declaratoria de Estado de Excepción. El gobierno movilizó fuerzas armadas y buscaba responsables de la violencia. El 17 de diciembre, tres días después del asesinato de Mejía, fueron detenidos cinco líderes de la parroquia Santiago de Panantza, la más próxima a lo que era la comunidad de Nankints, bajo la acusación de tentativa de asesinato. Poco después cayó preso Agustín Wachapá en un allanamiento a la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar en Sucúa, a 100 kilómetros del sitio donde se desataron los hechos de violencia.

Fueron las redes sociales las que embarcaron a Agustín Wachapá en este problema. En su página de Facebook publicó mensajes contundentes contra el régimen y otros dirigidos a los miembros de la nacionalidad Shuar llamando a la resistencia. En el último post que lanzó el 18 de diciembre y que desencadenó su posterior detención bajo la acusación de instigación a la violencia, Wachapá pedía la salida inmediata de los militares del territorio shuar y desconocía a Rafael Correa.

El post en Facebook por el que Agustín Wachapá fue acusado por incitación a la discordia. Imagen: captura de pantalla.

Cae preso

Agustín Wachapá de 46 años, se encontraba junto a su esposa e hijo bebé cuando fue detenido en un operativo policial el 21 de diciembre pasado. Fue una noche de terror, según contó entre lágrimas a Mongabay Latam su esposa, Tania Shiki. Dijo que fue esposada y su pequeño lanzado a un colchón que había en el suelo. “Los policías no le enseñaron ningún papel, solo se burlaban de mi marido, eso no es justo. No dijeron nada, solo le botaron al piso, lo pisoteaban”, relató. El hermano mayor de Wachapá, Gabriel Unup (quien lleva distinto apellido por un error del Registro Civil), denunció: “Él estuvo aquí en Sucúa, nada tuvo que ver con la insurrección minera. (Lo de Nankints) es prácticamente negocio que hizo Correa y de gana vinieron a detener al señor presidente (de la FICSH) diciendo que ha instigado al pueblo”. Rosa Wachapá, la madre de ambos, de 80 años, lamentó su suerte en su idioma natal, el único que habla. “Ella vive sola, mi hermano detenido es el que ha estado siempre con ella, le ha traído siempre la comida, en los casos en que ha estado enferma, él ha sido quien la ha atendido”, explicó Unup.

Al igual que los comuneros arrestados en Santiago de Panatza, Wachapá fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Latacuanga, ubicada a 300 kilómetros de Sucúa, lugar donde vivía desde hace tres años para cumplir con sus compromisos como presidente de la FICSH. Lo hacía junto a su esposa e hijo menor en un sencillo cuarto ubicado en la parte posterior de las instalaciones de la Federación Shuar. Su único mobiliario consistía en un colchón dispuesto en el piso, una mesita, un par de sillas plásticas, una cocineta y unas ollas vetustas que utilizaba su mujer de 20 años para preparar los alimentos. Wachapá es oriundo de la comunidad shuar de Piankas, cantón Méndez, provincia de Morona Santiago.

Los comuneros que fueron apresados poco antes de Wachapá salieron en libertad en enero por falta de pruebas. Solo él quedó preso. No se trataba de un preso común en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. “Era uno de los líderes más visibles de la resistencia contra las empresas mineras que operan en el país y por eso el carcelero Rafael Correa lo mandó a una cárcel de máxima seguridad”, opinó la exasambleísta del movimiento Pachakutik por la provincia de Morona Santiago, Diana Atamaint.

¿Una cárcel que ablanda?

Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), como todos los presos de la fría cárcel de Latacunga, tuvo la misma rutina diaria durante los últimos cuatro meses: levantarse a las seis de la mañana, con temperaturas de hasta cinco grados, salir de su celda, hacer fila, decir presente al escuchar su nombre y deambular todo el día por los espacios permitidos dentro de esta cárcel de máxima seguridad, hasta que el reloj marque las cinco de la tarde y todos los presos vuelvan a estar tras las rejas. No todos los que están tras estas rejas están condenados o declarados culpables por sentencia de un juez. Uno de ellos era Wachapá.

“El hecho de que Wachapá haya sido trasladado desde Macas, donde también existe una prisión, hasta la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, sin tener sentencia ejecutoriada en contra no es normal, más tratándose de un delito menor”, expresó Jéssica Jaramillo, abogada especializada en Derechos Humanos. Para la jurista, si el líder indígena es declarado en última instancia inocente, tendría derecho de plantear una reparación a su favor y en contra del Estado por haber permanecido preso sin condena en firme.

Agustín Wachapá (al centro) en conferencia de prensa tras salir en libertad. Foto de Conaie

El viceministro del Ministerio del Interior, Diego Fuentes, justificó a través de Twitter la detención de Wachapá por “llamar públicamente a la agresión a la fuerza pública y al enfrentamiento ciudadano”. El abogado defensor del detenido, Julio César Sarango, dice que todo se trata de un amedrentamiento para intentar callarlo y “ablandarlo”, término utilizado como sinónimo de escarmiento. Por eso, dice Sarango, el trato en la cárcel contra Wachapá vulneraba sus derechos humanos. “Ni siquiera dejaban que lo visite su familia, no permitían que yo le pase unos libros para que lea en su reclusión”.

Jorge Herrera contó a Mongabay Latam las dificultades que se le presentaron para visitar a Wachapá: “Hasta logré entrar a la cárcel de Latacunga, pero una vez adentro no se me permitía verlo, sin ninguna explicación. Tres veces fui a intentar verlo, nunca lo conseguí”.

El 26 de enero de 2017, la radio Arutam, que se transmite desde Macas (Morona Santiago) y es controlada por la FICSH, emitió un mensaje de su ahora expresidente, grabado en la prisión de Latacunga: “Hoy más que nunca quiero recalcar y denunciar ante diferentes instancias nacionales e internacionales la violación de los derechos consagrados en la Constitución. Mientras el pueblo defiende los recursos naturales de nuestro suelo, cuando los intereses de los gobiernos de turno han sido saquear la riqueza del pueblo ecuatoriano. El pulmón de la Amazonía existe, y nuestra Amazonía no debe ser vendido, debe ser defendido”. Al siguiente día, la Policía allanó las oficinas de la radio Arutam y la emisora  salió del aire.

Un líder tajante

El nombre de Wachapá consiguió notoriedad a nivel internacional desde que el gobierno lo acusó y apresó. El 27 de marzo de 2017, The New York Times publicó un artículo que menciona su caso y la tensión reinante en la zona del oriente ecuatoriano por el conflicto minero. En abril, una delegación de indígenas viajó hasta Ginebra, Suiza, y denunció en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo que consideran una persecución y criminalización contra dirigentes indígenas, incluido Agustín Wachapá.

El mismo Wachapá es investigado desde agosto de 2015 por el delito de paralización de servicios públicos, que se habría dado ese mes durante un paro nacional convocado por la organización indígena. Aunque ese tema no lo llevó a prisión, tuvo que acudir a declarar ante la Fiscalía como uno de los procesados.

Desde que asumió la presidencia de la FICSH, en 2014, Wachapá fue directo en contra de la explotación minera y petrolera sin previa consulta con los pueblos afectados, tal como está considerado en la Constitución. Participó activamente en el paro nacional de agosto de 2015 que tuvo un fuerte impacto en las provincias de la Amazonía, en donde se cerraron varias carreteras.

Aun así, quienes lo conocen lo consideran un hombre de diálogo. Wachapá comenzó muy joven como dirigente. Eso lo recuerda el periodista Wilson Cabrera, quien trabaja en el oficio más de 20 años en Macas. “Él viene de una típica familia shuar, con todas las limitaciones que eso implica. Es gente que se ha esforzado por superarse y lo ha conseguido”. El área donde influyó la familia Wachapá es Santiago de Méndez, donde algunos de sus miembros comenzaron a tener relevancia pública a nivel local. Wachapá llegó a ser funcionario del municipio del cantón Morona. De esa forma, dice Cabrera a Mongabay Latam, “los miembros del mundo shuar pasaron de ser únicamente referentes de una organización a tener representación política”. De la posición opositora que expresa Wachapá al gobierno, el periodista observa que el líder shuar solo sigue los lineamientos que dictan las bases de la nacionalidad. “La nacionalidad como tal rechaza al gobierno porque el presidente Correa ha tenido una actitud displicente y eso no había ocurrido antes”, analiza.

Pepe Acacho, actual legislador por el movimiento Pachakutik, conoce a Wachapá desde hace 15 años, cuando realizaba sus primeras acciones en las bases de la organización shuar. Acacho ha sido enjuiciado por acusación del gobierno por terrorismo debido a hechos violentos ocurridos durante la protesta por la aprobación de la ley del Agua, en 2009, en los que murió el profesor indígena Bosco Wisuma. Por este caso, Acacho tiene una sentencia en contra de 12 años de cárcel que todavía no se ejecuta. Este Asambleísta amazónico recuerda el oficio en el que Agustín Wachapá se ha desempeñado la mayor parte de su vida: la atención en salud. El caso de Wachapá y 41 shuar más fue inédito en Ecuador. Por primera vez, el Ministerio de Salud decidió avalar las prácticas ancestrales de curación pero las unió con las prácticas modernas de la medicina. Para poner en práctica esa conjunción de conocimientos, capacitó a los miembros de la nacionalidad Shuar, a quienes les otorgó el título de auxiliares de enfermería. Uno de ellos era Wachapá.

Severino Sharupi, director de territorios de la CONAIE, cree que Wachapá es un líder que supo representar la voz de la nacionalidad Shuar en defensa de su territorio y la oposición a las mineras. Una lucha en la que no ha estado solo. Otro dirigente shuar, José Tendetza, también se destacó por su activismo contra la minería a gran escala en su localidad, la parroquia Tundayme del cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe, donde se desarrolla el proyecto Mirador. Tendetza desapareció el 29 de noviembre de 2014. Su cuerpo apareció flotando en el río Zamora días después con signos de violencia.

Wachapá  sin el poder de la FICSH

Agustín Wachapá ya no volverá a la oficina de la presidencia de la FICSH  porque ya no es más su titular. Desde el 30 de marzo, en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial de Ecuador, tomó posesión como presidente el joven abogado shuar Elvis Nantip, de 30 años.

Nantip ofreció resolver los conflictos con el gobierno y conseguir la libertad de Wachapá. Este último tema lo trató con el presidente electo, Lenin Moreno, el pasado 12 de abril cuando visitó la región. El 19 de abril, un día antes de la audiencia que trataría la libertad del dirigente apresado, Nantip envió una carta a Carlos Andrade, asesor político del Ministerio Coordinador de Gestión de la Política, solicitándole que “se digne autorizar por medio de quien corresponda la medida cautelar a favor del señor Wachapá Atsasu Jimpikit Agustín”.

Sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar en Sucúa (Morona Santiago). Foto de Lalo Calle.

Al siguiente día, la Corte de Gualaquiza autorizó las medidas cautelares a favor de Wachapá, hecho que Nantip consideró un triunfo propio. Jorge Herrera cree que el gobierno colocó en la presidencia de la FICSH a Elvis Nantip, dejando fuera a Wachapá antes de tiempo y estando en la cárcel. Pero todo apunta a que el periodo de Wachapá ya había concluido, pues fue electo para un periodo tres años. “Coincidió que él estaba preso”, explicó Acacho.

“Hasta por un asunto de respeto se debió esperar a que Agustín recupere su libertad para hacer un cambio de la directiva, pero ni eso. Ahora la FICSH sigue las directrices del gobierno, eso está claro, pero nosotros seguiremos nuestra lucha”, dijo Herrera.

Elvis Nantip, sucesor de Wachapá, respondió a la pregunta de que si ahora, con él a la cabeza, la FICSH estaría entregada al partido oficialista. Lo hizo durante una entrevista con el canal local Macas News, y lo negó. “Se cree que Elvis puso la FICSH en bandeja de plata a Alianza País. Y se dice eso porque pienso diferente. Son palabras que quieren distorsionar la verdad, que quieren hacer creer falacias. No tengo compromiso político con nadie”.

Diálogo con el nuevo gobierno

Wachapá dice que si el próximo gobierno quiere dar señales diferentes respecto del actual, lo primero que debe hacer es indultar a los dirigentes indígenas sentenciados por declararse en resistencia. Sería un gesto que ellos tomarían como un paso al diálogo en donde volverían a plantear su posición crítica al extractivismo, añade Wachapá, quien tiene esperanzas de que Moreno —candidato oficialista  que asumirá el mando el 24 de mayo y exvicepresidente durante los primeros años del gobierno de Rafael Correa— pueda entender su lógica conservacionista. “La conservación puede promover el turismo, puede generar fuentes de ingresos”, explicó en la rueda de prensa que dio tras su liberación, en la que aprovechó para agradecer a su familia y a su dios Arautam.

Agustín Wachapá (tercero desde la derecha) luego de su liberación. Foto de Confeniae

Elvis Nantip piensa de otra manera. Lo ha dicho en la entrevista en Macas News en estos términos: “Yo no puedo como presidente decir sí al petróleo o no al petróleo. La gente tiene que informarse sobre las ventajas y desventajas de la minería y el petróleo. Elvis no puede tomar la decisión. Una Asamblea, con gente informada podrá tomar la mejor decisión. Pero si existe una explotación reduciendo el impacto de contaminación ambiental y que la población shuar sea parte del aprovechamiento de las utilidades por la explotación de esos recursos, se lo puede hacer”.

Agustín Wachapá reconoce la legitimidad de la presidencia de Elvis Nantip, su sucesor, y le agradece su ayuda otorgada para el proceso de su liberación condicionada. “La cárcel es dura, no se lo deseo a nadie. Pero tampoco huyo ni huiré. Me han puesto una prohibición de salida del país, como si yo tuviera casa en Miami, en Bélgica. Que no se preocupen, no me iré a ningún lado. Yo siempre estaré en mi casa, en mi tierra, en donde debo estar”.

Mongabay
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COMENTARIOS

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    Oscar Gonzalez /

    07/06/2017 4:33 PM

    Todos son unos terroristas que se escudan en la protección del medio ambiente. No saben dialogar, todo lo resuelven con medidas de hecho

    ¡Ay no!

    2

    ¡Nítido!



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