¿Por qué luchaban los tres activistas que fueron asesinados esta semana?

Desde el 2006 Guatemala es considerada un territorio letal para los defensores de derechos humanos. A partir de ese año, según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), las agresiones, las detenciones bajo acusaciones falsas y los asesinatos de activistas, sindicalistas y periodistas se volvieron más comunes.

Esta semana la violencia contra este sector alcanzó uno de sus puntos más álgidos: Tres asesinatos de activistas se registraron en apenas siete días.

Aunque el Ministerio Público no ha concluido si sus muertes están relacionadas a su liderazgo social, las organizaciones de las que formaban parte han dado una voz de alerta sobre la vulnerabilidad de quienes defienden los derechos humanos en el país, sobre todo aquellos que lo hacen en comunidades alejadas de la capital, donde la impunidad es casi una garantía para los atacantes.

¿Quiénes murieron esta semana?

Luis Arturo Marroquín era el encargado de la coordinación regional oriental de Codeca, el movimiento campesino con mayor presencia y capacidad de movilización en el país. Fue asesinado el miércoles 9 de mayo en San Luis Jilotepeque, Jalapa. Dos hombres armados le dispararon mientras sacaba fotocopias en una librería.

–Lo que sabemos es que a él lo venían siguiendo en un carro. Tenía una actividad a la que ir, una Asamblea Municipal en El Llano. Se bajó del bus en que el iba, se cruzó la calle para entrar a una librería y ahí entraron dos hombres con el rostro cubierto y le dispararon por atrás, comenta Neftalí López, miembro de Codeca.

Luis era un líder social en Jalapa, donde Codeca ha crecido aceleradamente en los últimos años. La organización está en proceso de convertirse en un partido político: el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y esa noticia no ha sido del agrado de las estructuras de poder político que operan en la región.

–Vemos esto como una muerte política relacionada con el movimiento social en el que Codeca está formando su partido, porque ahí –en Jalapa- funcionan otras estructuras de poder político vinculadas al crimen organizado. La idea de estos grupos es tratar de disminuir o amedrentar el crecimiento de la organización, dice López.

Como dirigente, Luis hizo suyas las demandas de Codeca, que aglutinan una serie de luchas en defensa de los derechos humanos, como el acceso a la tierra, la nacionalización de la energía y la defensa del territorio.

En un comunicado Codeca responsabilizó al presidente Jimmy Morales porque, durante una manifestación de vendedores del mercado de la Terminal (orquestada desde la comuna capitalina a favor del mandatario), se manifestó contra los bloqueos que realiza la organización y la describió como un enemigo para el desarrollo del país.

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Tres días después de la muerte de Luis Arturo Martínez, José Can Xol, miembro de la junta directiva regional del Comité de Campesino del Altiplano (CCDA), fue asesinado en Choctún Basilá, municipio de Cobán, Alta Verapaz.

La comunidad de Choctún Basilá vive en la zozobra provocada por la demanda de la cooperativa Chilté sobre la tierra que ocupan sus habitantes. –Los vecinos lograron obtener la propiedad de sus terrenos por parte del Gobierno, cuando Vinicio Cerezo era presidente, pero en el 2012 la cooperativa comenzó a reclamar que las tierras les pertenecían y desde entonces comenzó el conflicto–, señala Marcelo Sabuc, integrante de CCDA.

A solicitud de los habitantes de Choctun Basilá, se conformó una mesa de diálogo dirigida por la Vicepresidencia de la República, pero hasta la fecha no hay ningún avance en la resolución de la disputa territorial. “Se ha pedido en varias ocasiones que se dé seguimiento al caso, pero lamentablemente las instituciones del Estado no han dado respuesta a nuestras solicitudes”, se queja Sabuc.

Según el Comité, el día que José Can Xol murió, hombres armados llegaron a la comunidad para amedrentar a las familias y obligarlas a que dejen sus terrenos. Se escucharon varias descargas de disparos y, tras el ataque, el cuerpo del activista fue encontrado sin vida en su sembradío.

Los vecinos de Choctun Basilá  han denunciado por diversos medios que cuando comenzó el ataque llamaron a la Policía, pero no acudió a su auxilio, argumentando falta de combustible.

Las muertes de Luis Arturo Marroquín y José Can Xol ya habían llamado la atención sobre el riesgo que corren de los activistas en Guatemala, cuando un tercer crimen vino a agudizar las preocupaciones.

Mateo Chamán, otro miembro del Comité Campesino del Altiplano, murió el 14 de mayo de 2018 en la comunidad Tres Ríos, también en Cobán. Chamán había recibido amenazas de muerte desde 2015 y  el día anterior a su fallecimiento fue reportado como desaparecido. Su cadáver apareció cerca de un río y  de acuerdo con el INACIF, la autopsia demuestra que el dirigente murió ahogado.

Tres Ríos también está en medio de un conflicto de tierras por el cual ya se han registrado muertos en el pasado. En junio del 2016 Daniel Choc Pop, líder de la comunidad, fue asesinado mientras atendía asuntos relacionados a su labor de activista. Hasta la fecha solo una persona ha sido capturada por su muerte, en calidad de autor material, pero salió de prisión tras obtener una medida sustitutiva.

Al igual que en el caso de Choctún Basilá, el CCDA reclama la falta de apoyo del Estado para resolver el conflicto: –El problema es la institucionalidad agraria, que hasta ahora solo ha permitido el despojo de las comunidades y no ha solucionado ninguna demanda. Se ha ido hasta la Presidencia y ninguna de las mesas de diálogo funciona–, se queja Sabuc.

La garantía de impunidad

Desde el 2006, la Unidad de Delitos contra Activistas del Ministerio Público tiene registrados 21 casos abiertos por el asesinato de defensores de derechos humanos, incluyendo los tres de esta semana.

La fiscal Claudia López señala que el MP enfrenta varios obstáculos para resolver los casos contra activistas: –En la mayoría de casos es posible capturar a los autores materiales, pero no a los intelectuales. Es más difícil porque para eso se necesita de la ayuda de colaboradores eficaces y en este tipo de delitos no es común que alguien quiera hablar. En ese sentido también se dificulta determinar si las agresiones se deben a las actividades que realizan las víctimas como defensores de los derechos humanos–.

Además, López apunta que la unidad solo cuenta con un agente fiscal y 4 auxiliares para cubrir todo el territorio nacional y no tiene las capacidades para poder atender la demanda de casos que llegan al despacho: –Se investiga, porque se tiene que investigar por mandato de ley, pero para poder hacer de la forma ideal todavía se debe fortalecer en muchos aspectos. Se hicieron solicitudes a la fiscal Thelma Aldana, pero no le dio tiempo en su periodo–.