Recuento de un año: un volcán que no duerme, un pueblo cementerio y las viviendas dignas que aún no llegan

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La principal calle de entrada al pueblo está completamente vacía y en el suelo aún se observa ropa y zapatos de quienes vivían en este lugar que se convirtió en la zona cero tras ser enterrada por los flujos piroclásticos lanzados por el coloso de 3 mil 763 metros. Las pocas viviendas que quedaron en pie están destrozadas y en algunas todavía se puede atisbar colchones donde dormían sus propietarios.

Muchas personas murieron tratando de huir de la lluvia de rocas incandescentes de 700 grados centígrados vomitadas por el volcán que, un año después, aún retumba furioso. Otras perecieron abrasadas y asfixiadas tras refugiarse en sus hogares que se convirtieron en sus tumbas.

Ese día, el Gobierno de Guatemala falló a estas poblaciones que rodean el Volcán de Fuego al no evacuarlas a tiempo. Si lo hubiese hecho, se habrían salvado las 207 personas —entre ellas 76 menores de edad— que perecieron ese día y que ya han sido identificadas por el INACIF, la mayoría procedente de San Miguel Los Lotes. Asimismo, según señala el director del INACIF, Fanuel García, quedan otros 114 fragmentos de huesos que han sido “imposibles de identificar científicamente por estar completamente degradados”.

Hay quienes no se olvidan de las víctimas y a la entrada de San Miguel Los Lotes, en un muro que se mantiene en pie alguien dibujó un volcán del que salen flores a las que se acerca una mariposa. “Ustedes son los héroes”, se lee.

En otra pared, alguien escribió “Ayudemos a los sobrevivientes”. En medio de la desolación, se escucha el sonido de un machete cortando madera. Una niña de 12 años se afana en talar las pocas ramas que sobrevivieron a la catástrofe. A su lado, su hermano de 2 años y su madre, Juana Yolanda Rivas, de 35, vecina de esta aldea que hoy hace un año se salvó de milagro tras refugiarse con seis de sus hijos en una casa que apenas se vio afectada por los flujos del volcán que arrasaron con todo lo que se encontraban por el camino. No tuvieron la misma suerte sus padres, su marido y otro hijo de 10 años quienes fallecieron tras ser enterrados por la lava al salir a la calle.

Rivas vive con sus seis hijos en una de las casitas de madera del albergue de transición unifamiliar de la finca La Industria, en Escuintla, donde fueron trasladados 1 mil 600 sobrevivientes de la erupción.

–Yo solo recibí un mes el pago del Gobierno de Q3 mil 500 que se otorgó durante 10 meses–, denuncia, refiriéndose así a la ampliación presupuestaria de Q582.5 millones aprobados por el Congreso para atender a los damnificados.

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Ante la falta de ayuda, acude a recoger leña en la zona cero para venderla en Escuintla a Q10 y poder así “dar comida a mis hijos”. Precisamente, desde el 31 de diciembre, el gobierno de Jimmy Morales no aporta alimentación a los casi dos mil sobrevivientes que están albergados (1 mil 600 en Escuintla y 300 en el sector Santa Isabel de Alotenango).

Rivas critica:

–Nos abandonó el gobierno, porque hasta ahora no nos han dado casa y llevamos un año en un albergue donde no cabemos los siete y las camas están pegaditas.

Finalmente, lamenta que el día de la erupción nadie llegó a prevenirlos. Menciona que si CONRED hubiera llegado, las cosas fueran diferentes.

A un año de la erupción, la Fiscalía de Delitos Contra la Vida del MP aún no ha concluido la investigación de oficio ordenada por la fiscal general cuatro días después de la tragedia para establecer si se activaron los protocolos necesarios que permitieran “tomar las decisiones prudentes y oportunas”. Ya se ha interrogado a 450 sobrevivientes, también a trabajadores de la CONRED, pero el estado del caso es “en investigación”, señala a Nómada la portavoz del MP, Julia Barrera.

En junio de 2018, varios diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia presentaron una denuncia ante el MP en contra del secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, lesiones graves, lesiones gravísimas y maltrato contra personas menores de edad.

Marlin Lucila López vive junto a seis miembros de su familia en una de las casas de madera en la Finca La Industria de Escuintla tras salvarse de la erupción en San Miguel Los Lotes. Foto: Asier Vera

Los únicos habitantes de San Miguel Los Lotes

Hace un año, en el albergue de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Eufenia García se esforzaba en dar los nombres de los familiares de quienes no se tenía noticia a una voluntaria que reunía en un listado a las personas que continuaban desaparecidas. Tras rellenar dos hojas, García confesó que habían perecido bajo la masa de material hirviendo 40 de sus familiares, entre ellos, dos hijas, su madre, su nieto, sus hermanos, sobrinos y cuñados.

Hoy día, García es la única habitante en San Miguel Los Lotes, junto a su marido, su hijo y su yerno. Ha regresado a su casa, a pesar de la posibilidad de que se produzca una erupción aún mayor que la del 3 de junio de 2018, tal como augura un informe técnico elaborado por la doctora en Vulcanología Dolors Ferrés.

–Sí, tengo miedo, pero el Presidente no nos ha dado todavía casas donde vivir, porque prefirió dárselas a los habitantes de la aldea El Barrio que no perdieron nada.

Así, García se refiere a las primeras 168 de las mil viviendas que se están construyendo en la denominada comunidad La Dignidad y que Jimmy Morales otorgó el pasado 15 de mayo a familias de la aldea El Barrio que hasta ahora vivían en el albergue de la finca La Industria.

–Estoy abandonada aquí y, en cambio, mucha gente que no perdió nada, ni era de las zonas afectadas está en los albergues y recibió el bono económico de 3.500 quetzales–, lamenta.

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Cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, Nómada visitó las nuevas viviendas de la comunidad La Dignidad, así como la Finca La Industria donde se hacinan 1 mil 600 personas en condiciones inhumanas soportando un sofocante calor en diminutas casas que no cuentan con agua y en las que hay días que no disponen tampoco de energía eléctrica.

El descontento es colectivo entre las personas sobrevivientes. Cientos de casas de madera se levantan en medio de la nada junto a la carretera que se dirige a Escuintla. Como si de una pequeña ciudad se tratara, ya cuenta con una escuela, una iglesia evangélica, un comedor, tortillerías y hay incluso vendedores ambulantes de piña, elotes locos y agua.

–Acá estamos tranquilos, pero sufriendo mucho calor–, asegura Isabel Marroquín, originaria de la colonia Santa Rosa de El Rodeo, quien se encuentra bajo la sombra porque “no aguantamos” las altas temperaturas que hay dentro de la casa cubierta por un techo de láminas.

Junto a ella, se encuentra Ángela Carolina Isol, oriunda de San Miguel Los Lotes, donde perdió el día de la erupción a su esposo, sus suegros y su cuñada. Critica que el gobierno haya otorgado las primeras 168 viviendas a los vecinos de El Barrio, que resultaron mucho menos afectados que los de los Lotes:

–Ellos no perdieron nada, mientras que nosotros perdimos familiares–, señala, al tiempo que explica que en las casitas donde viven los damnificados hay días donde no hay luz, porque la energía depende de placas solares.

Las viviendas tampoco cuentan con agua, que se encuentra almacenada en unas pilas. Las duchas y los baños también están en el exterior, así como las cocinas que son de leña.

El 3 de junio, cientos de personas acudieron a San Miguel Los Lotes para recordar a las cientos de personas fallecidas y desaparecidas hace un año en la erupción del Volcán de Fuego. Foto: Asier Vera

La vida en el infierno de La Industria

–En este lugar estamos viviendo un infierno, por lo que se me está haciendo largo vivir acá porque hay demasiado calor y dormimos con las ventanas abiertas porque no se aguanta.

Así lo describe Olga Hernández, vecina de El Rodeo y que en la tragedia sufrió la pérdida de su cuñada y sobrinos. En similares términos se expresa Patricia Cobar, quien vive en la casa con su esposo y sus cuatro hijos de entre 4 y 15 años: “tengo ganas de irme, porque no se aguanta el calor aquí”. Por si fuera poco, cuando llueve, el agua se filtra en el interior de la casa, debido a la mala calidad de la madera, según coincidieron varias personas albergadas y que fue constatado por Nómada.

Pese a las diminutas dimensiones de las viviendas de la finca La Industria, en algunas viven hasta siete personas. Domingo López, de 80 años, comparte la casa con su hija, sus cuatro nietos y la esposa de uno de ellos. Originario de San Miguel Los Lotes, López muestra las manchas de sus pies que resultaron quemados por los flujos piroclásticos lo que le obligó a estar más de un mes ingresado en un hospital.

–El sentimiento que tengo es que no me han tomado en cuenta, porque no me han dado el bono de los diez meses, ni una vivienda, sino solo a mi hija, mientras que están dando nuevas casitas a quienes no vivían en la zona afectada y no a las personas de San Miguel Los Lotes–, reprueba.

Otro de los problemas que sufren quienes residen en la Finca La Industria es el acceso a la salud, teniendo en cuenta que solo hay una pequeña clínica que no funciona las 24 horas y que, según denuncia Marlin Lucila López: “dan los mismos medicamentos para cualquier enfermedad”.

–Acá ya se murió una señora vomitando sangre en la calle porque no la atendieron, ni tampoco llegaron los bomberos, pese a las insistentes llamadas.

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Magdalena Ortiz muestra el rostro y la oreja llena de heridas de su hija de tres años, quien –según relata–, ha sufrido las picaduras de las cucarachas mientras dormía.

Considera que están en el abandono, “porque hay muchas cucarachas y zancudos y no han venido a fumigar”, a pesar de que lo han solicitado en varias ocasiones.

Frente a las viviendas de madera, se levantan varias casas de colores llamativos que forman parte de la comunidad La Dignidad y que han sido donadas por el Gobierno de Guatemala para los damnificados. De momento, solo se han entregado 168 de las mil previstas, aunque los sobrevivientes de San Miguel Los Lotes ya han mostrado su oposición por su reducido tamaño, dado que, a su juicio, no habrá espacio suficiente para las familias numerosas.

–Allá arriba, aunque sea pobremente, cada quien tenía su terreno grande y los niños podían correr. En cambio, acá es como si fueran mini cárceles–, dice Lucila López, de 18 años, quien se ha visto obligada a dejar sus estudios “por falta de dinero”.

Concretamente, las viviendas cuentan con dos habitaciones pequeñas, un reducido cuarto de baño, una salita, donde se ubica la cocina y el comedor, y un pequeño jardín. “El Gobierno de la República de Guatemala le da la más cordial bienvenida a su nueva vivienda. Deseando que en su hogar sea el inicio de un nuevo ciclo de vida donde abunde paz, salud, prosperidad, armonía y felicidad. Que Dios les bendiga. Presidente Jimmy Morales”, está escrito en un cartel situado en cada una de las casas.

En una de ellas se encuentra Juan Ortiz empujando la moto que era de su hijo y que fue lo único que pudo rescatar de él, quien continúa desaparecido junto a su esposa y sus suegros.

–Eso no se olvida y saber de qué forma murieron dentro de ese gran fuego–, lamenta Ortiz, quien asegura que “día y noche estoy pensando en lo mismo”, aunque “aquí no ha venido ninguna psicóloga a atenderme después de la tragedia”.

Una mujer deja flores en una de las casas sepultadas en San Miguel Los Lotes, donde fallecieron 13 de sus familiares. Foto: Asier Vera

“Los empresarios han cerrado la puerta a los damnificados”

Otro vecino del caserío El Barrio que recibió una de las nuevas casas es Néstor Santizo, quien asegura que la vivienda supone comenzar “una nueva vida”. No obstante, reconoce que le está costando mucho encontrar un empleo, debido a que “los empresarios han cerrado las puertas a los damnificados, porque no tenían una vivienda estable y, por tanto, no contaban con una dirección”, algo que espera que cambie a partir de ahora. De momento, los nuevos habitantes de La Dignidad solo cuentan con agua y no con luz, dado que deben ponerse en contacto con la empresa eléctrica y abonar Q100 para que les instalen un contador.

Este traslado a las nuevas casas abrió la posibilidad para que lleguen a la La Industria otras cien familias de la colonia Las Palmas, de Siquinalá, que han solicitado abandonar este lugar ante el riesgo que supone para sus habitantes el descenso de lahares del volcán desde las barrancas Ceniza y Jute, lo que causa el desbordamiento del río Ceniza, situado a pocos metros de la comunidad. No es la única población que ha solicitado al gobierno una reubicación ante el temor por una nueva erupción del volcán, ya que la comunidad Don Pancho, en Escuintla, conformada por 80 familias, ya pidió hace unos meses un nuevo terreno lejos de esta amenaza.

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–Ya no queremos estar en este lugar, porque sentimos angustia y temor de que en cualquier momento suframos lo mismo que en San Miguel Los Lotes–, afirma María Gloria Hernández, vecina de este municipio, quien señala que las 500 personas que lo habitan, la mayoría de etnia cakchiquel, han llegado a estar incomunicadas durante 15 días por el descenso de lahares que han afectado a las cosechas de café. Por ello, han pedido a la CONRED que declare esta zona de alto riesgo al considerar que no es habitable, si bien la Coordinadora se ha negado, aunque mantiene en alerta esta área.

Un año después de la erupción, el vocero de la CONRED, David de León, continúa defendiendo la gestión de este organismo el día de la tragedia:

–Consideramos que en su momento se actuó como se debía de actuar siguiendo los procedimientos y los protocolos.

Ello contrasta con los testimonios recabados por Nómada entre las personas sobrevivientes como María Antonia Juárez, vecina de San Miguel Los Lotes, quien resalta que nunca les avisaron de nada y si lo hubiesen hecho, “hubiéramos salido con tiempo”.

Familiares colocaron dos carteles con los nombres de las 13 personas que fallecieron en una de las viviendas de San Miguel Los Lotes enterrada por la erupción del Volcán de Fuego. Foto: Asier Vera

“Hay 120 mil personas aún en riesgo”

En esta entrevista, el vocero de la CONRED advierte de que se mantiene la “situación de riesgo” en las comunidades situadas bajo el volcán de Fuego.

—¿Cuántas personas están en riesgo y deberían ser desalojadas?
—De acuerdo a estudios que se han hecho estamos hablando de un radio de hasta 25 kilómetros, que son alrededor de 120 mil personas las que están viviendo en una situación de exposición. En el caso del mapeo que se ha hecho por amenaza de lahares, material volcánico y flujos piroclásticos, son al menos 178 comunidades las que se encuentran en este radio. La condición de riesgo de estas personas es bastante alta.

—¿A juicio de la CONRED deberían ser reubicadas de inmediato estas personas para evitar una tragedia mayor?
—Las recomendaciones que en su momento hemos hecho a las autoridades municipales es analizar el traslado de las familias hacia otros sectores, pero es una situación bastante compleja, porque así como hay familias que quisieran ser ubicadas en otro lugar, también tenemos conocimiento de otras que consideran que han vivido 30 o 40 años en esa área y quieren permanecer allí por razones de trabajo o por las condiciones del suelo.

—¿La CONRED podría obligar a los habitantes de las comunidades en riesgo a desalojarlas para evitar otra tragedia?
—Habría que hacer cambios y lo hemos propuesto a la Ley de la CONRED para que no sea solo una entidad que recomienda y que luego sea a discreción de las autoridades atender esas recomendaciones, sino que queremos ser más coercitivos. Luego, se podría considerar también, al igual que se ha hecho en otros países, convertir determinadas áreas en parques nacionales para evitar que haya personas viviendo en sectores de alto riesgo.

Mensaje en una de las paredes que quedaron de pie en San Miguel Los Lotes. Foto: Asier Vera

Debilidades en el monitoreo del volcán

Por su parte, un informe técnico del volcán de Fuego elaborado por la doctora en Vulcanología, Dolors Ferrés, concluye que el día de la erupción “había debilidades en el monitoreo con solo cuatro personas del Insivumeh controlando los tres volcanes más activos del mundo”.

También hubo fallas en la comunicación a las poblaciones y “una situación de vulnerabilidad en las comunidades en el sentido de que desconocían el fenómeno” que se estaba produciendo. “Si la comunicación entre el Insivumeh y la CONRED hubiera sido con mensajes más claros, se hubiera podido quizá evacuar, porque se estaba a tiempo. Por ello, es urgente un protocolo más claro de comunicación, porque si ahora ocurriera otra erupción, estamos igual que hace un año y debemos tener un guion a seguir”, advierte.

En concreto, detalla que la erupción duró casi 15 horas siendo la más grande la que se produjo a las 13 horas del 3 de junio con flujos piroclásticos (mezcla de gas, ceniza y rocas) que alcanzaron una magnitud de 12 kilómetros, “uno de los más grandes que se han visto en el volcán de Fuego”.

Ello provocó que se colapsaran y desbordaran las barrancas por donde habitualmente descienden los flujos afectando directamente a San Miguel Los Lotes, donde las personas murieron por asfixia al inhalar el gas, mientras que los sobrevivientes quedaron muy quemados por las altas temperaturas de los flujos que oscilan entre los 300 y 500 grados.

Ferrés avisa de que el volcán de Fuego es “muy joven y muy revoltoso” y recuerda que ha tenido en los últimos 6 mil años al menos diez erupciones de mayor magnitud que su actividad normal, que suelen ser columnas eruptivas de hasta un kilómetro cargadas de ceniza y con 20 explosiones diarias. Solo en los últimos 500 años, ha habido 36 erupciones siendo las últimas las de 1932, 1974 y 2018. Vaticina que es “probable” que el volcán sufra próximamente una erupción similar a la de 1974, cuando los flujos alcanzaron una columna de 15 kilómetros, frente a los 12 que hubo hace un año.

Ante tal previsible escenario, la vulcanóloga considera que deberían ser desalojadas las comunidades situadas a 10 kilómetros del volcán, incluida Yepocapa y Alotenango, donde residen 70 mil personas para evitar una tragedia aún mayor que la del 3 de junio de 2018.

–Si la erupción es más pequeña que la de hace un año no amerita moverlas a todas, pero si se produce un escenario como el de 1974, sí–, señala la experta Ferrés, al tiempo que advierte de que el puente Las Lajas “va a volver a ser impactado” por los flujos piroclásticos y los lahares.

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Consultada sobre si cree que hace un año hubo errores en la gestión de la evacuación, estima que hubo varios problemas de falta de comprensión y de repetición en los siete reportes especiales que hizo el Insivumeh:

–Hubo una cierta confianza sobre lo que se estaba reportando que era lo que habitualmente se reportaba y sí hay que hacer mejoras en la información que contienen esos boletines para que sean más entendibles esos niveles de alerta y todo el sistema de protección civil conozca los protocolos a seguir en cada uno de ellos.

Ferrés indica que “el escenario mínimo para el que tenemos que prepararnos es para uno similar al del 3 de junio de 2018, pero contemplando que podemos tener un escenario peor”. El informe técnico detalla que hace un año, el Insivumeh o la CONRED no hubieran podido anticiparse a lo que iba a ocurrir teniendo en cuenta que “solo había dos estaciones sísmicas que eran analógicas. Solo la de La Reunión estaba transmitiendo en tiempo real y teníamos dos cámaras web, de las cuales solo una estaba funcionando, pero fue impactada por los flujos a media mañana”.

Ferrés constata que a media mañana del 3 de junio se estaba sin ojos en el volcán de Fuego, razón por la cual tras la tragedia se han instalado tres estaciones multiparamétricas con sensores de ultrasonido para tener información de los lahares (agua caliente con lodo y piedras, pero sin gas). Asimismo, se han instalado webcam y estaciones meteorológicas en Osuna y Sangre de Cristo, lo que permitirá tener un sistema de alerta temprana para transmitir información a las comunidades de manera rápida de cara a una posible evacuación.

Por otro lado, se han ubicado 25 radios de comunicación en las comunidades cercanas al volcán para que los líderes comunitarios estén en contacto con los técnicos de la CONRED. Finalmente, aboga por que cada año se actualice el mapa de amenaza de los lahares del volcán, así como monitorear los ríos cada medio año para “tener más claro cuáles son las áreas de peligro”.

La desolación que dejó el volcán de Fuego. Foto: Asier Vera

No ha finalizado la búsqueda de cuerpos

Pocos días después de la erupción, la CONRED suspendió la búsqueda de cuerpos, por lo que la organización Antigua al Rescate se dedicó a buscar a los desaparecidos. Su directora, Sofía Letona, señala a Nómada que el Congreso ha asignado una partida presupuestaria de Q5 millones para que la CONRED retome los trabajos de búsqueda en la zona cero de las cien personas cuyo paradero aún se desconoce. Esta labor será efectuada por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que está a la espera de que se concreten los protocolos de entrega del dinero a través de la Contraloría y el Ministerio de Finanzas.

Consultada sobre si la cifra de desaparecidos podría ascender a miles como se dijo en un principio, Letona dijo que no, porque tras la tragedia, fueron apareciendo muchas personas que en un principio estaban desaparecidas, pero que se habían auto evacuado y se habían refugiado en albergues no oficiales o en diferentes hospitales tras resultar heridas.

—¿Cómo valora que tras un año el MP no haya finalizado su investigación de la tragedia?
—Un año es mucho tiempo para encontrar a un responsable de algo tan evidente y creo también que si bien se cuenta con las pruebas necesarias para encontrar responsabilidades, nombrar solo a una persona como la responsable de todo es una carga muy grande. Hubo distintos fallos y no es solo una persona la encargada de manejar la CONRED, sino que se maneja por sedes regionales, departamentales y locales.

Es una cadena que no funcionó, pero la investigación ha sido difícil porque el MP tuvo poca colaboración, porque nadie quiere colaborar en el proceso en el que pueden salir inculpados por no haber hecho bien su trabajo.

—¿Cómo ha tratado el Gobierno de Guatemala a las víctimas?
—Ha habido un completo abandono del Gobierno con las víctimas que nunca fueron una prioridad. Hay casos de personas que no han recibido beneficios, mientras que en el rescate de los cuerpos nunca hubo apoyo estatal de ningún tipo para poder localizar a las personas desaparecidas. En el caso de San Miguel Los Lotes, cuando la gente pedía ayudas, lo que hicieron fue intimidarla para recuperar una carretera mientras los vecinos estaban con palas tratando de encontrar a sus muertos. Además, el Ministerio de Salud nunca estuvo pendiente de los afectados más allá de los tres primeros días.

—¿En qué condiciones se encuentran las personas albergadas?
—No son las ideales, porque no tienen energía eléctrica y desde el 31 de diciembre no les dieron comida. Ellos tuvieron que hacer sus propias cocinas, pero no hubo nadie que supervisara que fueran con medidas de seguridad y un par de veces agarraron fuego. Hay mucha gente que se fue de la finca de La Industria, porque las condiciones no eran ideales para la recuperación de la gente quemada. Además, el Gobierno tiene albergada a personas que no perdieron casas ni absolutamente nada y son las primeras que están recibiendo los beneficios económicos y se les está entregando viviendas. Los que perdieron sus casas no pasan de 400 personas y les han dado mil para solucionar otro tipo de problemas que hay en las comunidades.