Salud: Sí, hay malas condiciones en centros para atender adicciones pero no nos corresponde cambiarlas

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Nómada publicó recientemente un reportaje que documenta los abusos y las condiciones en los centros de rehabilitación para las personas que sufren de una adicción en Guatemala. La comida podrida, condiciones antihigiénicas e inhumanas y el castigo físico son algunos de los abusos que sufren los pacientes en estos establecimientos.

Los centros funcionan como centros de salud privados pero dependen de la autorización del Ministerio de Salud y el cumplimiento de normas mínimas para su funcionamiento.

Antes de publicar la investigación, se solicitó una entrevista al viceministro del MSPAS, José Roberto Molina Barrera, para saber cómo respondía ante los hallazgos que fueron documentados en los Centros de Atención Integral para Personas con Problemas de Adicciones (CAIPA) y la falta de supervisión.

El viceministro ya tenía conocimiento de las condiciones en esos centros, los que describe como “deplorables”; sin embargo, no considera que es responsabilidad ni de él ni del MSPAS cambiarlas.

Al viceministro le faltó sensibilización en el tema. No supo con qué palabra describir a las personas en dichos centros, a pesar de ser un establecimientos de salud; también dijo que los mismos pacientes son los responsables por la falta de higiene en los centros.

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—A través de testimonios de personas que han estado en estos centros, y luego de visitar algunos lugares, documentamos que las condiciones en los CAIPA son muy…
—¡Deplorables! Sí. Partamos de una cosa: no dependen del Ministerio de Salud. ¿Qué hace el Ministerio con ellos? Autorizarlos, osea, la licencia sanitaria, dar supervisión y monitoreo, y dejar recomendaciones para la mejora de los hallazgos a través del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud.

Uno de los problemas más frecuentes que se encuentran durante las supervisiones es la falta de higiene. Obviamente, esto va de la mano por el tipo de pacientes que se… (el viceministro hace una pausa) es que la palabra de pacientes, como que… de población atendida.

—¿Y cuál sería la palabra adecuada? Algunos usan pacientes, otros internos, internados. Parece ser común que sea un tema invisibilizado si ni siquiera existe una palabra para definir de qué tipo de personas estamos hablando.
—Es que si digo “adictos” va a resultar algo así como presidiarios (se ríe) entonces hay que buscar otra palabreja (sic). No se me viene. No son ni clientes…

[“Usuarios”, le propone con discreción la encargada de comunicación social que acompaña al viceministro]

—Usuarios podría ser.

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La adicción es una enfermedad crónica, donde la sustancia entra al cerebro y genera cambios. Por ende, las personas que sufren de una adicción son pacientes al igual que cualquiera que sufre de una enfermedad, aclara Ximena Soto, psiquiatra y experta en el tema de adicciones, que fue consultada para el reportaje Así funciona el negocio de los centros de rehabilitación evangélicos en Ciudad de Guatemala. La médica agrega que en muchos casos se relaciona con otros problemas de salud, por ejemplo trastornos mentales como la depresión, y hasta se puede considerar el uso continuado de una sustancia como un suicidio lento.

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El viceministro Molina continúa. No está de acuerdo que las adicciones y la carencia de un tratamiento adecuado es un tema invisibilizado en Guatemala. Como la responsabilidad de estos pacientes no es del Ministerio, según él, considera que es la sociedad la que no pone suficiente atención al fenómeno.

—Yo no lo veo como invisibilizado. Yo lo veo con poca atención de parte de la sociedad. Es cierto hay oenegés que se dedican a esto, pero también llevan otros fines. Yo pensaría que hasta en estos años que ya la Organización Mundial de Salud lo está tratando de visibilizar porque las consecuencias sobre la salud son bastante fuertes. Entonces, se comienza a trabajar, ya en serio pues, ya tomamos esto como cuestión de Estado y tiene una secretaría encargada de coordinar las acciones para combatir las adicciones.

Un paciente casi pierde por completo la sensación en sus manos después de ser amarrado durante horas.

Se refiere a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), una dependencia de la Vicepresidencia que lleva dos años trabajando en una nueva política nacional para la prevención y el tratamiento de las adiciones junto al Ministerio de Salud.

El viceministro Bonilla explica que el objetivo sería conocer el fenómeno a fondo, documentar y hacer registros; y, tener lugares en específico para el tratamiento de adicciones. Existe un único centro público que ofrece tratamiento para pacientes con adicciones en Guatemala, es manejado por la SECCATID y es ambulatorio.

El día de esta entrevista, el viceministro Molina estuvo acompañado por el médico Gustavo Batres, otro representante del Ministerio de Salud, quien por momentos parece contradecir al funcionario:

—Muchos hospitales tienen sus psiquiatras y sus clínicas de psiquiatría. Lógicamente, estos pacientes se atienden en esas clínicas. La situación es que es más el volumen de consultas que quienes puedan darse esos tratamientos. Si llegas con esta enfermedad adictiva mental, en la parte aguda te dan tratamiento, pero recordate que eso es el principio. Son tratamientos a largo plazo, en los cuales definitivamente muchos de esa gente se va y se retira. ¿Por qué? Porque necesita un tratamiento especializado que salga de su mismo grupo en el cual se encuentra, porque si no vuelve a caer. Si esa misma persona no va a querer salir, va a ser muy difícil.

El viceministro vuelve a tomar la palabra y continúa:

—Es que si los centros, sean de apoyo, sean de alojamiento, sean de hospitalización, es cuestión de la propia persona tomar la decisión si sale o no sale. Puedes estar cinco años en un grupo de Alcohólicos Anónimos, y después vas a caer. De verdad. ¡Eso es pura decisión ya!

Para la psiquiatra Soto lo afirmado por el viceministro no es correcto. Es mucho más complejo. Hay que identificar qué llevó a un paciente para que consumiera y entenderlo como la enfermedad lo afecta.

—En una adicción llega un momento en el que tu cerebro ya no piensa más que en consumo. Después ya no se consume por placer, sino se llega a consumir para no sentirse mal. El cerebro comienza a necesitar de la sustancia para poder funcionar—, explica Soto.

La profesional resalta que la metodología de “castigar para curar” a personas con adicciones que se ve en los centros de rehabilitación, igual que la falta de regulación y protocolos adecuados de parte de las autoridades, provienen de este mismo desconocimiento sobre el tema.

Lo que normalmente se recomienda para este grupo de pacientes —dice Soto— es internamiento con atención de un equipo de profesionales de salud multidisciplinario.

La recomendación de la psiquiatra le parece utópica al viceministro, hasta risible:

—El ministerio debe en el futuro contar con centros, pero no para alojamiento (dice riéndose) sino solo para tratamiento. Por supuesto, habría que buscar en algún momento, que si se necesita alojamiento, pues deberíamos contar con uno o dos. Pero vamos más a la prevención.

—¿Estos serían ambulatorios? Aunque las recomendaciones son de centros residenciales?
—Ambulatorios. Comenzamos con eso. Ya con el tiempo podremos ampliar esta cartera de servicios.

—¿Y este futuro está cerca?
—Yo quisiera la semana entrante, pero eso lleva un proceso. Primero tenemos que definir el problema, hacer la estrategia, y luego cómo se va a implementar. Con dejar las bases y que a fin de año ya tengamos por lo menos una unidad. Estaríamos ya con el primer paso.

—¿Habrá centros nuevos este año?
—No—, y vuelve a reírse.

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Se le vuelven a mostrar al viceministro los hallazgos del trabajo periodístico acerca de los centros de rehabilitación, donde Nómada pudo documentar no solo las condiciones en las que viven los pacientes internados, también casos de menores en centros para adultos, hacinamiento, falta de higiene y castigos físicos. También se recolectó testimonios de violaciones, comida podrida, etcétera.

Pero el viceministro alude a la falta de denuncias y repite que son problemas que no le corresponde al Ministerio.

—¡Ojo! Me hablabas de los problemas de violaciones. No hay denuncias. O por lo menos al ministerio no han llegado denuncias. Aparte es una cosa que hay que judicializar. Entonces la denuncia debería existir, y es el Ministerio Público el que debería de dar seguimiento a esas cuestiones. La denuncia la pone el afectado. No te estoy diciendo que no ocurren problemas, ¿sí? Pero que nosotros tengamos conocimiento y que nos competa, no.

El médico Batres vuelve a intervenir:

—Por ley, la denuncia la debe declarar el primer funcionario que se da cuenta de dicha acción. El que no la denuncia, entra en omisión de denuncia. Sea cualquiera.

En los informes de los supervisores del DRACES aparecen varios comentarios de menores en los centros, pero no existe documentación de que los centros hayan sido denunciados o que hayan rescatado a los menores.

Médico Luis Rosales, de DRACES.

Hay también registros de tratamiento con alcohol, una práctica utilizada en varios centros para controlar el síndrome de abstinencia o para prolongar la estadía y así el ingreso económico del centro. En el informe de supervisión al centro “Regalito de Dios” ubicado en la zona 12 de la capital, el supervisor aprueba supervisión bajo la palabra que se detenga este tratamiento. Eso a pesar de que el facilitador del DRACES,  Luis Armando Rosales, fue claro en decir que ellos no se meten en el tratamiento médico que se aplica en cada centro. Igual que el viceministro.

—Así es. Puedo autorizar un hospital, como DRACES, pero no me puedo meter al tratamiento. No puedo decir a un pediatra, en la sección de cirugía, o a los ginecólogos qué tienen que hacer. Lo que sí debe condenarse es si los médicos no asisten. Se supone que tienen un médico, que es el último responsable.

En papel los centros se registran con un médico de referencia para obtener la autorización, pero la mayoría no cumple con el requerimiento de realizar una evaluación médica a cada paciente nuevo, según un estudio realizado en los centros de rehabilitación en 2013 por un representante del DRACES y un consultor.

Aparte de este estudio, no existen datos sobre los centros de rehabilitación autorizados por el Ministerio de Salud. Ni el DRACES ni el propio Ministerio los piden, simplemente porque no está legislado.

El equipo del DRACES que es responsable de supervisar que los centros cumplen con las normas mínimas, cuenta solamente con once personas. Once personas para 65 centros de rehabilitación y otros 18 mil establecimientos de salud a nivel nacional.

—Con una capacidad tan limitada de personal para realizar las supervisiones, pareciera que esto permite que los centros puedan seguir funcionando de forma impune, como negocio y bajo engaños. El encargado de uno de los centros reconoció que ellos no curan la adicción, solo trabajan en bajar los síntomas. Por eso, dijo él, es un buen negocio, porque saben que van a regresar.
—Es que esto es un negocio. Si cobran o no cobran es cosa de cada chunche (sic) de estos. De alguna manera tienen que subsistir, y el ministerio no subsidia a ninguno de ellos. Si viene el médico Batres y pone un centro de rehabilitación, tiene que cobrar. ¿Sí? Ahora depende de cada persona, si es honesta o deshonesta. ¿Quien tiene que sancionarlos? No es DRACES, ni el Ministerio. Lo tiene que hacer un ente de afuera.

Sin datos es imposible tener un estimado de cuántas personas sufren de una adicción en el país y entender si este fenómeno de salUd pública va en aumento. El viceministro tampoco se atreve a adivinar, pero Argumenta que en muchos casos las adicciones comienzan temprano por la publicidad, por ejemplo respecto a los cigarros.

—Enfoquémonos en los casos de los pacientes más afectados, donde la adicción ya no le permite ser funcional. Por ejemplo, pacientes que llevan meses sustituyendo la comida por el alcohol.
—El médico Batres, toma whiskey. ¿Se toma una botella? No, ni la media botella. Toma tres tragos y ya tranquilo. Pero él sabe qué whiskey compra. Ya tiene sus marcas preferidas aunque le pasas un montón de publicidad. A cambio si se lo pasas a un patojo, obviamente, él tiene una gama de oferta de qué va a beber y qué va a fumar.

Por supuesto, el médico Batres no es adicto. Que te tomes un trago o dos o te fumes un cigarrillo no te hace adicto. Pero el consumo consecuente, sí. El fenómeno de la adicción a las drogas, ojalá solo fuera el tabaco y alcohol, pero es enorme y tenemos que entrarle. También hay que ver las drogas de mayor calibre. Hacen mucho daño al individuo, sino al país. Ha hecho ingobernable partes del país. Tenemos que entrarle a estos cuestiones.

—Pero todavía está pendiente. Si  alguien llega con una persona que tiene una adicción, aquí al Hospital Roosevelt, no hay quien pueda decir que necesita tal cosa.
—Es que ningún hospital te va a aceptar un alcohólico para que le quites la goma. Que hay un departamento de salud mental que lo puede seguir después, eso sí. Pero algo como tal, dedicado específicamente para adicciones de drogas, no es una oferta que esté fija, sino depende de los médicos de parte dirigencial.

—Usted dice que antes de terminar el año se dejará una base para, ojalá, mejorar las cosas. Sin embargo, sorprende que estos centros sigan gozando de un sello de autorización del Ministerio de Salud.
—Para funcionamiento, sí.

—Sean como sean las condiciones adentro. ¿Esto no deja mal al ministerio?
—Tal vez más que todo caemos aquí en la parte del monitoreo. Vuelvo a insistir, ni DRACES ni el ministerio pueden influir en los tratamientos.

—Pero sí en las condiciones.
–Eso sí.

La encargada de comunicación social repite que el ministerio no puede actuar sin una denuncia. Eso a pesar de que se trate de un grupo altamente estigmatizado. También a pesar de tener conocimiento de las condiciones en los centros a través de su propia dependencia, DRACES, el estudio de 2013 y los casos documentados por Nómada.