La CICIG se creó, en base con los Acuerdos de Paz, para combatir los CIACS (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos). De acuerdo con el analista y ex-canciller Edgar Gutiérrez, “los Ciacs de ahora no son los de 1994 ni los de 2004 o 2007, evolucionaron a redes ilícitas económicas y políticas que capturan el estado, impidiéndole cumplir sus funciones básicas para la población.” Por lo que, a criterio de Gutiérrez y del ex-vicepresidente Eduardo Stein, ambos involucrados en la creación de la CICIG y expertos en el tema del mandato, el Comisionado no se ha extralimitado de sus funciones. “Es lo contrario. El comisionado Velásquez se extendió oportuna y pertinentemente a los temas de corrupción que son los que más daño hacen al Estado guatemalteco. Porque limitan y desvirtúan los servicios a la población”, aclara Stein.

No, no ha habido ninguna violación. Y esto se comprueba con la ausencia de declaraciones en las instancias donde se hacen las denuncias de estos casos, como la PDH o la CIDH. Julio Prado, abogado y exfiscal, dice que la CICIG no actúa sobre los sindicados directamente sino a través del MP o acompañados de PNC. “Las actuaciones las conoce un juez contralor que vela por los derechos humanos de los sindicados”, agrega Prado. A lo que el abogado constitucionalista, Alejandro Ballsels suma que las conferencias de prensa del MP y la CICIG son para informar y transparentar las investigaciones, no son sentencias.

Esta afirmación es falsa porque este es un tema del Organismo Judicial. No del MP y, menos, de la CICIG que funciona únicamente como querellante adhesivo en los casos. “Los jueces ordenan las prisiones provisionales. Las fiscalías son objetivas y piden la prisión provisional dependiendo de las circunstancias”, expone Alejandro Ballsels, ex-presidente de CEDECON y abogado constitucionalista. A lo que Eduardo Stein, ex-vicepresidente de Guatemala, agrega que “la prisión preventiva no tiene que ver con la CICIG sino con el Código Penal guatemalteco”. Tampoco hay violación de la presunción de inocencia porque la Constitución prohibe a la PNC presentar a los sindicados ante los medios. No al MP presentar sus evidencias. El exfiscal, Julio Prado, explica que “pueden defenderse ante el juez donde siguen siendo inocentes”. Sobre la compensación de la ONU a las “víctimas” de CICIG, Ballsels lo calificó de ridículo y profundizó que “el derecho de cobrar indemnización lo tienen todos quienes hayan estado presos y salgan absueltos, pero se hace al Estado no a la ONU”.

En noviembre de 2016 sí hubo un allanamiento en la Casa Presidencial, pero no participaron ni la CICIG ni la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP. En ese procedimiento participaron agentes de la Fiscalía contra el Lavado Dinero que investigaban un caso de corrupción a lo interno de la Guardia Presidencial. Y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no hay ningún indicio de participación.

El deber del PDH es defender los derechos de todas las personas de Guatemala. Con relación al comisionado Velásquez y a la CICIG, además de pronunciarse ante la prensa cuando le han cuestionado sobre el tema, solo ha presentado un amparo ante la CC en agosto del 2017. Pero durante los seis meses que lleva en el puesto, también interpuso un amicus curiae (amigo de la corte) a la cámara penal de la CSJ, en defensa del coronel Juan Chiroy. Ha hecho visitas a hospitales en todo el país, supervisado centros carcelarios y ha puesto amparos contra el Ministerio de Salud en cuanto a la no atención a pacientes. Por lo que no es correcto encerrar la labor del PDH solo al tema de Iván Velásquez y de CICIG.

La canciller Sandra Jovel no participó en ninguno de los equipos de trabajo ni de Edgar Gutiérrez, cuando fue canciller en 2004, ni de Eduardo Stein, cuando fue vicepresidente entre 2004 y 2007. “Cuando yo estuve encargado de esto. Ella era funcionaria del Minex, pero no estaba en el equipo que hizo las negociaciones”, dijo Stein al respecto. Y Gutiérrez admitió que trabajó en su cartera, pero como secretaria. Y fue asignada como personal de apoyo al equipo que llevó la agenda de des-certificación en tema de drogas con Estados Unidos.

Las dos personas que más se involucraron dentro de las negociaciones del mandato y la creación de CICIG, Eduardo Stein y Edgar Gutiérrez, rechazan esta afirmación. Ambos consideran que se está malinterpretando al comisionado Velásquez, y que es solo una apreciación de la canciller Sandra Jovel. “La fiscal ha hecho un trabajo meritorio. Lo interpreto como una forma de reconocimiento”, opina el ex-canciller Gutiérrez. Opinión que comparte Stein, “él estaba expresando una valoración positiva de lo que hasta ahora ha sido la relación suya como comisionado y de la CICIG con la Fiscal General y con el MP.”

Esta frase carece de todo rigor, además de que no es más que una opinión del embajador. La opinión de dos empresarios, es totalmente contraria a lo que esta afirmación intenta reflejar. El empresario cafetalero, Estuardo Porras Zadik, admite que se considera una persona de derecha y aun así rechaza esta afirmación: “La corrupción no es de izquierda o derecha, es de correcto o incorrecto en cualquier etnia, color o ideología. Lo que la CICIG y el MP hacen es poner en evidencia que hay una investigación contra una persona, pero no sentencian”. Otra empresaria guatemalteca, Karla Menocal de Matta, comparte opinión con Zadik y considera que de haber estigmatización, proviene de la población y no de los investigadores.

Economistas del ICEFI consideran que no es verdad esta afirmación, pero no saben si existen estudios que la respalden. Explican que hay informes que demuestran que la corrupción disminuye la inversión extranjera, además de otros factores que podrían afectar la bolsa. “La economía está creciendo menos como resultado de un modelo económico dependiente del exterior, y de una coyuntura económica externa poco dinámica”, dice Jonathan Menkos, director ICEFI. Las declaraciones del viceministro Roldán carecen de seriedad y de hechos que las respalden.

Hay al menos dos casos bajo investigación del MP y la CICIG en los que está involucrado él y/o su familia. Uno es el caso de financiamiento ilícito en el partido FCN, del cual Jimmy Morales es secretario general. Y el otro es el de botín Registro de la Propiedad, en el que acusan a su hijo y a su hermano, de fraude y lavado de dinero. En el último año ha tenido dos intentos de expulsar al comisionado contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, con argumentos pobres que no han sido aceptados por la ONU. Y ha pactado con los diputados para proteger su inmunidad, por lo que no ha podido ser investigado con propiedad.