La PDH pide al MP investigar trata de menores en el hogar seguro y en el anexo de la zona 15

El Ministerio Público está investigando otro caso de trata de menores en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en el Anexo de la zona 15 de Ciudad de Guatemala antes de que la Secretaría de Bienestar Social decidiera clausurarlo el 23 de abril tras la fuga de varios adolescentes varones. Concretamente, la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata de la PDH denunció al MP que el 3 de abril que presume que en ambos hogares de protección se estaba dando “reclutamiento de personas menores de edad para actividades delictivas”.

La PDH pidió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que le informara sobre las alertas Alba Keneth activadas de niñas, niños y adolescentes a cargo de la Secretaría; entre ellos 17 menores que se habían fugado en protesta por malos tratos (15 varones y 2 mujeres) desde octubre de 2016 hasta el 23 de febrero de 2018.

Al considerar que se había producido un “incremento alarmante” de las fugas, la PDH teme que puedan ser víctimas de trata de personas. En el Hogar Seguro de San José Pinula, en donde ocurrió la protesta de las adolescentes y el castigo del encierro que derivó en el incendio, hubo varias denuncias que aseguraban que las adolescentes estaban siendo víctimas de una forma de trata, el tráfico sexual.

La historia parece repetirse en otras formas de trata en el Anexo ubicado en la exclusiva zona 15.

Nómada ha tenido acceso al Informe de Visita a los Hogares para Hombres Casa Uno y Casa Dos de la zona 15, realizado en marzo por la PDH. Según este documento, “se considera que los adolescentes que son reincidentes en evasión de proceso (fuga), posiblemente puedan ser víctimas de trata de personas en su modalidad de reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados”. Además, la PDH añade que “existe la posibilidad de que estén siendo amenazados o coaccionados, para realizar esta forma de reclutamiento con los demás adolescentes”. Por este motivo, la PDH cree que los menores eran obligados a fugarse por organizaciones delictivas e insiste en que los menores que se encontraban en este Hogar en régimen de protección y acogimiento por orden judicial “no deben ser criminalizados”. Señala que la existencia o no de una red de trata “dependerá de la investigación que realice el MP”.

Uno de los niños en abril camina en el Bulevar Vista Hermosa.

Tras abrir un expediente, la PDH lo envió al MP para que investigue los hechos, al tiempo que lo remitió a la PGN para las acciones que “estime pertinentes”. Eso era cuando la PGN era dirigida por Anabella Morfín; desde el viernes pasado, el presidente Jimmy Morales nombró a Jorge Luis Donado Vivar, un abogado que defendió a la familia Mendoza, acusada de narcotráfico, y que proviene del círculo de asesores militares del expresidente Otto Pérez Molina y del general Ricardo Bustamante.

En su denuncia, la PDH de Jordán Rodas cita el caso de algunos adolescentes que han llegado a fugarse hasta en 12 ocasiones acompañados de otros menores. Mientras algunos regresaron de nuevo al hogar en busca de alimentación y cobijo, otros nunca más volvieron; lo que a su juicio apunta a la posible “vinculación” de algunos menores y funcionarios con alguna red dedicada a trata.

Se trata de la segunda denuncia que la PDH interpone ante el MP sobre un posible caso de trata en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, después de que el 17 de noviembre de 2016 también lo hiciera, cuatro meses antes de la tragedia del Hogar Seguro. Entonces el MP era dirigido por Thelma Aldana; desde el jueves pasado es dirigido por Consuelo Porras.

En 2016, la PDH amplió la denuncia para advertir de la posibilidad de que hubiera trata para la explotación sexual en el Hogar Seguro de San José Pinula, donde el 8 de marzo de 2017 fallecieron en un incendio 41 niñas y otras 15 resultaron con heridas graves.

¿Por qué se fugan? Comida, shampú, jabón y maltratos

Los adolescentes no se fugan de los hogares porque sí, sino por protestas por maltratos, posibles redes de trata y porque tienen unas reivindicaciones “legítimas y comprensibles”, tal como detalla la subprocuradora Maselli: “shampú; jabón; ropa limpia; lavadora; un cambio de la dieta en sus alimentos porque a veces la comida llega en mal estado; actividades recreativas, juegos de mesa; una estufa para cocinar, más lockers, más útiles escolares y camas nuevas”.

Es decir, algunos elementos para una vida digna.

Todos estos elementos son una bomba de tiempo que podría provocar una nueva tragedia. Antes de renunciar, el subsecretario de Bienestar, Ariel Polanco, dijo en el Congreso: “ni yo ni nadie” puede garantizar que vuelva a suceder una tragedia como la del 8 de marzo de 2017.

World Vision, una entidad que se dedica a la atención a la niñez, advierte que se está “cayendo en la misma forma de atención” que desencadenaron los hechos del 8 de marzo, dado que los menores continúan hacinados en los hogares. En similares términos se expresa CONACMI (Organización para la Prevención de la Niñez Violentada en sus Derechos): “no se aprende de las lecciones que vamos teniendo. El sistema ya no funciona, ya no da para más”.

El propio Procurador de la Niñez y Adolescencia, Harold Flores, ligado a proceso por el 8 de marzo, reconoció que “lamentablemente, las cosas no han cambiado y no se le ha dado la importancia necesaria a la niñez guatemalteca que necesita más apoyo y mejor protección, no solo por los entes estatales, sino por las mismas familias”.

La institucionalización de menores no frena y registra un promedio de 20 ingresos mensuales en hogares, si bien en febrero se elevó a 36 y en marzo a 45. Actualmente, según datos de la PDH, 4.200 menores residen en hogares bajo un sistema de protección, “la gran mayoría en centros privados”, mientras que únicamente hay en todo el país 27 familias sustitutas acreditadas para hacerse cargo temporalmente de estos niños, niñas y adolescentes y evitar así que sean institucionalizados.

Para evitar la sobrepoblación de estos centros, la SBS ya ha contactado con la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED) para que le ceda residencias que cumplan con los estándares y cuenten con el visto bueno del Consejo Nacional de Adopciones. Asimismo, la Secretaría ha contactado con Unicef y Refugio de la Niñez para que contraten 14 personas, entre psicólogos y pedagogos, con el fin de que puedan incorporarse a los hogares de protección como “apoyo a cualquier situación de crisis”.

Pese a las necesidades de la Secretaría de Bienestar, el Director Financiero de este departamento, José Eduardo Mendoza, admitió en el Congreso que el pasado año, la ejecución presupuestaria fue del 86 por ciento, por lo que se transfirieron 52 millones de quetzales a otros organismos del Gobierno. “Básicamente, fue porque al momento que sucedió la tragedia del 8 de marzo, nos transfirieron por orden judicial 58 millones de quetzales, pero llegó primero la plata antes de que hubiéramos levantado los eventos en el Portal Guatecompras”, justificó.

PDH considera que el MP (de Thelma Aldana y Mayra Véliz) invisibilizó las denuncias de trata en el Hogar Seguro

La directora de la Defensoría de la PDH, Ana Lucía Peláez, critica que pese a haber solicitado hasta en dos ocasiones una reunión con la ahora exfiscal general del MP, Thelma Aldana, para conocer los resultados de la primera investigación de 2016, “lamentablemente, hasta la fecha no hemos tenido una respuesta”. “No sabemos nada de nuestra denuncia”; el MP está “invisibilizando la posibilidad” de que se esté dando trata de menores de edad en los hogares de protección. La PDH acudió de nuevo al MP, pero lamenta que en esta ocasión no sea la Fiscalía Contra la Trata sino la de Delitos Administrativos la que esté investigando la última denuncia sobre la posible existencia de una red de trata en los ya clausurados Hogar Seguro y Anexo.

La funcionaria de la PDH critica que el MP “está conociendo únicamente las denuncias por maltrato por parte de los monitores, pero no la posible trata que se está dando en estos hogares”. “Ni conocemos los resultados de la primera denuncia, ni la Fiscalía Contra la Trata está investigando la segunda denuncia”, lamenta Ana Lucía Peláez, quien espera que la nueva fiscal general, María Consuelo Porras, sí los convoque a una reunión para explicarles los avances y que también “reactive” la investigación de ambas denuncias, ya que pese a que “no podemos decir que se esté dando la trata de menores, sí que podemos ver que se puede estar dando la captación de adolescentes para reclutarlos en actividades delictivas”.

Además, la PDH cuestiona que las investigaciones sobre el Hogar Seguro Virgen de la Asunción estén divididas en tres fiscalías, sin coordinación.

Mientras, el exrelator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Otto Marroquín, recuerda que presentó una denuncia ante el MP por “omisión” después de que comprobara en el 2016 en una visita al Hogar Seguro que cuatro menores estaban embarazadas y que, sin embargo, el director de este centro de protección no había interpuesto las respectivas denuncias ante la Fiscalía para que se dedujeran las responsabilidades penales.

La Procuradora Adjunta de la PDH, Claudia Maselli, confirmó en la Comisión del Menor y la Familia del Congreso que todas estas fugas frecuentes presentan los mismos parámetros de las fugas que se dieron en el Hogar Seguro, en el sentido de que hay “indicios de delito de trata”. Asimismo, añadió que también se han presentado denuncias por “maltrato” en contra de algunos monitores, así como por “algunas cuestiones disciplinarias”, como “poner a los niños a lavar la ropa a horas de la noche o de la madrugada, lo que contraviene cualquier estándar de disciplina”.

Así, un año y dos meses después de la tragedia en la que murieron 41 niñas, la situación en los hogares de la Secretaría continúa siendo “un caos” para la PDH, según denuncia el Defensor de la Niñez y Adolescencia, Óscar Rodríguez.

La PGN denuncia las fugas se cuadruplican, Secretaría de Bienestar reconoce situación de crisis

La coordinadora de Procesos de Medidas de Protección Judicial de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Lucrecia Prera, denunció también las fugas el 25 de marzo. En ella, se pone del conocimiento del Juzgado las “múltiples evasiones” (fugas) de menores de los hogares de protección. Concretamente, detalla que entre marzo y diciembre de 2017, se activaron 40 Alertas Alba Keneth, mientras que entre enero y abril de este año se contabilizaron 56; el cuádruple.

La PGN denuncia que los motivos de las fugas tienen relación con maltratos por parte de monitores o de los compañeros, a quienes los monitores les ordenan que los lastimen.

La PGN da un ejemplo del caos que se vive en la Secretaría de Bienestar: días después del incendio en el Hogar Seguro, el 12 de marzo de 2017, se activaron dos Alertas Alba-Keneth de “fuga” de dos niñas que habían fallecido en la tragedia. Estas alertas no se desactivaron sino hasta el 30 de marzo y el 19 de abril. Cabe recordar que tras el suceso, se desconocía qué niñas habían sido víctimas, dado que ni siquiera había un listado de los menores que residían por orden judicial en este centro.

La Secretaria de Bienestar Social, Ana Patricia Contreras, reconoció en una citación en el Congreso que los nueve hogares de protección están en una “situación de crisis” por el tema de la infraestructura, razón por la cual dijo que “se han hecho las gestiones necesarias para ir buscando residencias que respondan a las necesidades, porque no tenemos suficientes que se adapten a este modelo”. Mientras, en lo que va de año, la Secretaría de Bienestar ya ha interpuesto seis denuncias ante el MP contra monitores a los que los adolescentes acusan de malos tratos. Asimismo, la jefa de la Unidad Operativa de Alba Keneth, Suilma Cano, ha presentado siete denuncias por maltrato contra los menores.

“Nosotros ya nos pusimos de acuerdo y no vamos a dejar que nos sigan pegando y tratando mal; fue por eso que destruimos todo y nos salimos a la calle”, aseguró uno de los niños que se fugó el 10 de abril en el Anexo de la zona 15. “Ya no queremos que nos sigan tratando de esa forma. Los monitores nos pegan y nos tiran debajo de la cama”, añadió otro de los adolescentes.

Uno de los mayores problemas que sufren estos hogares –como antes de la tragedia del 8 de marzo de 2017–, según denuncia la Procuradora Adjunta de la PDH, es el “hacinamiento y la mezcla de perfiles” entre los menores, a lo que hay que sumar que los educadores “no tienen sensibilidad, ni capacidad técnica” para acompañar a los niños, niñas y adolescentes en su proceso de protección, teniendo en cuenta que la mayoría son abrigados por “la violencia y vulnerabilidad que sufren en sus familias y comunidades”.

La bomba de tiempo continúa en los hogares seguros de Guatemala.