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La Subsecretaria de Protección y Acogimiento a cargo de Carlos Gómez, es la responsable dentro de la Secretaría de Bienestar Social de la administración de los 21 residenciales en todo el país. Allí son acogidos menores de edad en condición de vulnerabilidad por maltrato, violencia sexual en su entorno familiar, trata de personas, problemas con consumo de drogas o de alcohol, callejización, amenazas o coerción de parte de estructuras criminales.
A dos de los residenciales que quedan en la Ciudad de Guatemala, estaba asignada la trabajadora social cuyos datos han sido omitidos para proteger su identidad. La trabajadora se acababa de incorporar a la SBS y sólo trabajó tres turnos antes de ser suspendida para pasar la cuarentena en casa. El último día que trabajó fue el 23 de abril.
Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social, explica que aplicaron los protocolos de prevención desde que se supo que la pareja de la trabajadora había dado positivo a la prueba de COVID-19.
Pese al riesgo que su caso significaba para los jóvenes acogidos, Gómez asegura que tuvo que insistir varias veces para que el Ministerio de Salud aceptara realizarle la prueba del COVID-19 a la trabajadora social. El pasado martes 28 de abril, Gómez fue informado verbalmente que la prueba resultó negativa, pero aún no recibe la documentación oficial.
Dos adolescentes y el problema de coordinación entre instituciones
Un caso que ejemplifica lo complicado de la situación se presentó con dos adolescentes. Ambas ingresaron cuando ya estaban vigentes las medidas de distanciamiento social pero, según explica el subsecretario Carlos Gómez: “no estuvieron en cuarentena, solo entraron con un certificado. Salud Pública nos emitió una constancia de que ninguna de las dos presentaban síntomas de COVID-19”. Eso, a pesar de que pueden pasar hasta 14 días antes que la enfermedad comience a presentar síntomas.
Una semana después de su ingreso, el domingo 26, ambas abandonaron el hogar y fueron localizadas, un día después, por agentes de la Policía Nacional Civil.
La Procuraduría General de la Nación decidió que una de ellas podía regresar con su familia, mientras que la otra, que había sido acogida por consumo de estupefacientes, tenía que regresar a Zafiro II.
-La PGN y el Ministerio de Salud aseguraban que debíamos ingresarla pero el personal tenía mucho miedo. Es entendible la situación porque no sabemos dónde estuvieron las niñas-. Gómez aclara que no ingresaron a la adolescente al hogar y que ese mismo día se habilitó un espacio en instalaciones aparte donde ella estará en cuarentena por un total de 14 días.
Luis de León Laparra, defensor de la niñez y la adolescencia, indica que los problemas de coordinación entre las instituciones impiden la protección adecuada de los niños niñas y adolescentes en medio de la pandemia.
–La SBS pide que previo al ingreso se realice la prueba para evitar posibles contagios pero la PGN refiere que ellos no son los responsables y el Ministerio de Salud, en los protocolos que está aplicando, solo hace la prueba si las personas presentan síntomas. Vemos tres posturas diferentes para el mismo tema y lo que se necesita es garantizar el derecho a la salud tanto de quien va a ingresar como de quienes ya se encuentra en la residencia, resalta de León Laparra.
Según indica el subsecretario Gómez la SBS creó una mesa interinstitucional con la PGN y Ministerio de Salud, para crear un protocolo que defina el rol de cada institución en el marco del COVID-19. Esta semana se inició un proceso en conjunto con el Ministerio de Salud para visitar a cada hogar de la SBS en el país e identificar y habilitar áreas de cuarentena para recibir menores recién acogidos por la SBS.
El dilema de recibir y proteger a los menores
La Subsecretaría de Protección y Acogimiento tiene la obligación de recibir a las y los menores de edad que la PGN les remita, y al mismo tiempo la responsabilidad de proteger a la población que ya se encuentra en los hogares.
Por el riesgo de contagio, en medio de la pandemia, por cada nuevo ingreso se tendría que tener un espacio separado para no reiniciar el periodo de cuarentena. Un punto importante, recalca el subsecretario Carlos Gómez, es que muchos adolescentes ni siquiera deberían ser remitidos a la institución.
–Hay que discutir este tema porque -estar en la calle durante el toque de queda- no debe ser una causa para institucionalizar y separar a una menor de su familia. Estamos hablando con la PGN para que no institucionalice a estos jóvenes. Es mejor que la PNC encuentren a los padres, que les llame la atención y se les explique que es su responsabilidad que sus hijos estén en su casa-, comenta.
El toque de queda fue decretado por el presidente Alejandro Giammattei el 22 de marzo, a nueve días de confirmar el primer caso de COVID-19 en Guatemala. Desde esta fecha 38 jóvenes han sido institucionalizados, 6 por haber incumplido con el toque de queda sin que exista otra causa para separar a un adolescente de su familia.
Esta postura la respalda la Procuraduría de Derechos Humanos que en un comunicado reciente instó a la PNC a que reúnan a los menores que incumplen con el toque de queda con sus familias. Además recomienda a la PGN y al Organismo Judicial no institucionalizar a la niñez y la juventud a menos que esto ponga en riesgo su vida, seguridad e integridad.
*Poco después de la publicación de esta nota la Secretaría de Bienestar Social informó que fue levantado la cuarentena preventiva en las Residencias Zafiro 1 y 2, ya que el Ministerio de Salud entregó la constancia oficial de que la prueba realizada a la trabajadora social dio negativa.
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