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Ley de amnistía pondría en desacato al Estado en sentencia de la CorteIDH

Familiares de Marco Antonio Molina Theissen advirtieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que está en fase de aprobación en el Congreso de la República y las implicaciones negativas que supone para las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala.

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Declaración de Ana Lucrecia Molina Theissen en la audiencia de seguimiento en San José, Costa Rica.

Foto: Guatevision

La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció recientemente en San José, Costa Rica, las deudas en el cumplimiento de la sentencia dictada en el caso Molina Theissen contra Guatemala. En 2004, el alto tribunal emitió una condena por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Guatemala contra el niño Marco Antonio y su familia.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) representa a más de 13 mil víctimas en más de 220 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre estos, se encuentra el paradigmático caso de Marco Molina Theissen de Guatemala.

En octubre de 1981, Marco Antonio fue secuestrado y desaparecido por hombres armados. Tenía 14 años y estaba cursando tercero básico cuando ya no lo volvieron a ver. Sucedió luego de que su hermana, Emma Guadalupe, escapara del cuartel donde permanecía detenida de manera ilegal.

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El secuestro del joven fue considerado, por su familia y el Ministerio Público, como una venganza militar por la huida de su hermana Emma.

En la audiencia para seguimiento de la sentencia de la CorteIDH, el CEJIL se pronunció en contra de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, las cuales están previstas a discusión en el Congreso.

Abogados de dicho dentro, destacaron que su aprobación implicaría desobediencia a las sentencias de la Corte Interamericana dictadas sobre numerosos casos de víctimas de violaciones a derechos humanos cometidos en el conflicto armado interno.

 

Luego de 36 años, la familia de Marco Antonio continúa sin saber su paradero. El CEJIL explicó que el Estado sigue sin desarrollar y ejecutar un plan de búsqueda para encontrar y entregar los restos del joven a su familia.

Destacaron además que órganos clave, como el Ministerio de Defensa, se han negado a proporcionar información de suma importancia para la investigación.

—No podemos seguir con esto. Yo quiero saber de mi hijo, dónde está, dónde lo enterraron. Es imposible poder olvidar. Nos rompieron la vida, eso fue lo que hicieron—, dijo Emma Theissen, quien ha dedicado toda su vida a la búsqueda de su hijo.

La iniciativa para reformar la Ley de Reconciliación Nacional atenta contra el dolor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado y contra el avance en los procesos de reparación digna en casos emblemáticos. Además, promueve una amnistía total a los criminales de guerra y pone en peligro la fuerte lucha que han encabezado los familiares de Marco Antonio y la batalla de todas las otras víctimas que exigen justicia.

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De aprobarse esta ley se tendrían que detener las investigaciones y poner fin a todos los procesos penales por crímenes cometidos por militares y exguerrilleros contra la sociedad civil durante el conflicto armado.

CEJIL hizo un llamado al Congreso de la República a que actúe en paralelo a las obligaciones que ha asumido luego de la firma de los acuerdos, que garantizan la justicia y la reparación de graves violaciones a los derechos humanos, y se abstengan de adoptar la iniciativa.

También esperan que la Corte IDH emita una urgente resolución que indique que la iniciativa para reformar la Ley de Reconciliación Nacional contradice sus obligaciones internacionales que surgen de los tratados de paz y de acuerdos establecidos con el país.

La propuesta

La iniciativa de ley 5377 fue impulsada por el diputado Luis Fernando Linares Beltranena —PAN— y plantea reformas a la Ley de Reconciliación Nacional incluida en los Acuerdos de Paz de 1996. Ya fue aprobada en segundo debate y los jefes de bloque insisten en incluirla en la agenda legislativa para continuar con su aprobación.

El proyecto de ley ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado y ha recibido rechazo internacional de Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos y de organizaciones civiles internacionales.

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La propuesta plantea establecer una amnistía total. Eso significa que, de aprobarse la ley, se tendrían que desestimar las denuncias, detener las investigaciones y poner fin a todos los procesos penales por crímenes cometidos por militares y exguerrilleros contra civiles durante el conflicto armado.

En la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de Derechos Humanos, hay 4 mil casos a fuerzas de seguridad del Estado —principalmente del ejército— y 87 casos de la guerrilla.

Paola Lorenzana
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Estudio antropología en la UVG. Me entusiasma la bioarqueología y la arqueología forense. Cuentista y deportista en mi tiempo libre; feminista de tiempo completo. La inquietud y el optimismo me trajeron a Nómada.


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COMENTARIOS

RESPUESTAS

    Rathor /

    13/03/2019 6:37 PM

    En el MP la fiscalia que investiga militares cuenta con infraestructura logistica y de personal completa, vehiculos, tecnología, dineros, y más de 12 fiscales de izquierda con secretarios...en la fiscalia que investiga exguerrilleros no tienen ni escritorios, ni vehiculos, ni personal de apoyo y apenas hay 4 fiscales y ohh...!!! Casualidad son de izquierda todos....será esto justicia justa...

    ¡Ay no!

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    ¡Nítido!

    Roberto Ximenej /

    13/03/2019 8:21 AM

    Ya salió la sentencia del CEJIL, ORDENANDO al congreso el deter la aprobación de esta reforma. Ahora solo falta ver cómo el clan y familia Arzú pagará sus deudas a los milicos y como afianzará sus lealtades.

    (Por razones ignoradas, se me canceló el correo ximenej50@itelgua.com)

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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