En las últimas semanas me he topado con datos e investigaciones que me reviven cierta sensación de desolación, pues me parece que la historia no ha cambiado tanto desde que Eduardo Galeano la escribió, hace más de 40 años.
Que Latinoamérica y en general los continentes que han sido objeto de los procesos colonizadores, haya sufrido el expolio continuado durante varios siglos, es algo ya conocido y difundido. La reivindicación de detener este expolio ha sido el driver fundamental de muchas movilizaciones sociales de las últimas décadas, expresadas en campañas específicas desde las organizaciones de la sociedad civil, en procesos más amplios de transformación cultural (cambiar las narrativas y los discursos sociales, las relaciones Norte-Sur), e incluso en cambios políticos en determinados países.
Sin embargo, el expolio continúa. En Barcelona se presentó un informe realizado por la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) sobre el caso Yanacocha, una empresa minera que se dedica a la extracción de oro y plata en Perú. El fenómeno de las mineras es probablemente uno de los más representativos del expolio, por tratarse de una explotación de recursos naturales no renovables, por estar casi en su mayoría gestionados por inversiones y empresas extranjeras, por suponer históricamente una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas de gestionar sus recursos naturales, y por que las cuantiosas ganancias pocas veces repercuten en beneficios para las comunidades.
El caso Yanacocha confirma todo esto, y lo suscribe con un dato contundente y objetivo más allá de cualquier valoración ideológica: desde 1993 hasta 2013, se estima que la empresa ha eludido el equivalente a US$ 186millardos. Es decir, a través de prácticas contables como inflar de manera ficticia los costes de producción y reportar pérdidas (paradójicamente en una época de gran crecimiento del precio del oro), la empresa ha dejado de pagar impuestos que irían dirigidos a sostener el gasto público de la región (Cajamarca) y del Perú en general. Resulta acaso, que el expolio es menos descarado y busca formas más sofisticadas para pasar desapercibido.
República Dominicana, con un modelo de desarrollo diferente (basado sobre todo en la industria hotelera), pero siempre contando con una gran mayoría de capital extranjero, presenta otro caso interesante. Es uno de los países con peores indicadores de desarrollo humano, pero una tasa de crecimiento de las más altas de la región. Las grandes empresas tienen una baja presión fiscal (13% y múltiples exenciones para reducirla aún más) y lejos de buscar una manera más justa de contribuir, intentan mantener sus privilegios a toda costa. Si el sector empresarial contribuyera de una forma más justa, podría incrementarse hasta en un 41% la recaudación fiscal, y generar más capacidad en el estado para responder a los retos de desarrollo humano que enfrentan sus habitantes.
Pero frente al imaginario instalado de que el expolio es algo que los intereses y empresas foráneos acometen contra América Latina, hace una semana encontré un dato sorprendente: en 2006-2007 los residentes latinocaribeños acumulaban un total de US$52.6 millardos en las cuentas del banco HSBC (en Suiza, un paraíso fiscal). Esta suma es una ínfima muestra sacada de un banco, en un año específico, pero equivale al 26% del total de la inversión pública en salud del conjunto de la región.
Haciendo estimaciones, se calcula que si el dinero que los latinoamericanos esconden en paraísos fiscales pagara todos los impuestos que le corresponden, los estados de la región tendrían dinero suficiente para poder sacar a 32 millones de personas de la pobreza (todas las personas que viven en pobreza en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú juntos).
La relación directa que hay entre el pago de impuestos (justos, progresivos y sin privilegios) y la capacidad de los estados para dedicar más fondos a políticas de redistribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades es algo a lo que se ha de prestar más atención. En la mayoría de casos, no se trata de crear nuevos impuestos, sino de robustecer los sistemas de control y auditoría para que se pague lo que ya está marcado. Según una estimación reciente de Fernando Spross, si la evasión fiscal (IVA y ISR) se redujera en un 2%, Guatemala podría ingresar entre Q2 y Q2.5 millardos más a las arcas del Estado.
Es cierto que hay una parte importante del Sistema fiscal/financiero internacional que nos determina y que aún requiere complejos ajustes en términos de transparencia en los flujos de capitales. Pero cada gobierno tiene total potestad de gravar de forma más justa, de perseguir con más o menos ganas a los (grandes) evasores, y en fortalecer las leyes para evitar resquicios por donde se puedan eludir impuestos. Quizá para que la nuestra deje de ser una historia de expolio y vergüenza, basta con que empecemos a cobrar (y a pagar) impuestos de una forma más responsable y justa.
Acertado análisis del problema generalizado de la evasión de impuestos en América Latina. Yo vivo en Canadá y aquí la mayoría paga sus impuestos. El estado es implacable en el area de la recaudación e incluso los ciudadanos particulares pueden demandar a los grandes evasores. En nuestros países el estado ha sido co-optado por el gran capital. La clase política sirve no a los electores sino a grupos de intereses particulares, incluyendo ahora a la relativamente nueva industria del narcotráfico. No será hasta que las masas se cansen del estatus quo que se operarán cambios reales. Como decía mi secuestrado y desaparecido padre: "El valiente vive hasta que el cobarde quiere".