Día 2: Los muchachos de la CIGIG contra Vielmann

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Cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aterrizó en 2007 en el país se encontró con multitud de investigaciones de la fiscalía que no caminaban o que no recaban información relevante. Muchos de esos expedientes dormían en las oficinas de la Sección de Delitos contra la Vida, que dirigía Álvaro Matus, quien terminaría siendo procesado por entorpecer el trabajo del Ministerio Público. De entre todos los casos pendientes, CICIG se interesó por varios en los que los principales sospechosos eran policías. Para entonces, ya existían evidencias de que los siete reos muertos durante la toma de Pavón, no habían fallecido en un enfrentamiento y que al menos tres de los reos fugados de El Infiernito que aparecieron muertos, podrían haber sido víctimas del mismo grupo.

CICIG encomendó el caso a la fiscal costarricense Gisele Rivera y a un grupo de policías españoles: Fernando Toledo, Luis Alberto Modrego y Rafael Guillamón, que inmediatamente se presentaron en las oficinas de Matus y se llevaron los expedientes para comenzar a trabajar. Posteriormente, asumiría la investigación el fiscal costarricense Cristian Ulate.

Fueron ellos quienes fueron construyendo el caso, y quienes casi siete años después testificaron en Madrid en el proceso abierto en España contra Carlos Vielmann.

En el segundo día del juicio contra el exministro de Gobernación, los protagonistas fueron los tres policías españoles y el fiscal Ulate.

Modrego comenzó ofreciendo al tribunal un panorama de la situación del Ministerio de Gobernación en 2004, cuando Vielmann asumió su dirección. “Había diferentes grupos dentro de la PNC dedicados al crimen organizado. Si la policía tenía la posibilidad de parar un cargamento de droga, solían quedarse con la droga y el dinero, eliminaban a quienes lo transportaban. Montaban la escena del crimen de manera que pareciera un enfrentamiento entre delincuentes. Estaba el grupo de la DINC, que era el grupo de Soto Diéguez (Víctor Hugo), también el grupo de Herrera (Luis Arturo, quien fue asesinado en el penal del Boqueron junto a los supuestos asesinos de los diputados salvadoreños) y el de Víctor Rivera. Había también grupos especializados que, por ejemplo, les proporcionaban vehículos robados a los otros grupos para organizar las escenas de los crímenes. Cuando llegaron a la PNC, Erwin Sperisen y Javier Figueroa (director y subdirector) ellos se dan cuenta de cómo funcionaba la institución y pensaron en hacer su propio grupo operativo. Contrataron a los hermanos Benítez Barrios (Danilo y José Luis), que era civiles aficionados a las armas”, relató Modrego.

Los grupos de Rivera, Soto y el conformado por Sperisen y Figueroa coincidieron en la cárcel de Pavón en el día del asalto. De acuerdo con las pesquisas de Modrego, el objetivo de ese día de estos tres grupos eran a su vez otros tres grupos: el Comité de Orden y Disciplina (COD), presidido por Luis Alfonso Zepeda, el grupo de Jorge Batres alias “El Colombiano” y el de René Barrientos. El COD era el gobierno de penal y su actividad fundamental era recaudar impuestos entres los reos. Para lograrlo, secuestraban, golpeaban, asesinaban. El Colombiano era un notorio narcotraficante y, según Modrego, procesaba cocaína en la cárcel y también la compraba a los grupos de tumbadores que existían en la PNC. Barrientos era el comerciante y banquero de Pavón. Ejercía el monopolio en la venta de agua y refrescos, organizaba fiestas, compraba y vendía viviendas en la cárcel y otorgaba préstamos a cambio de bienes.

Lo que ocurrió aquel 25 de septiembre de 2006 en el que las fuerzas de seguridad retomaron (momentáneamente) el control de la cárcel Pavón no fue un enfrentamiento con reos que se resistieron, si no el descabezamiento de estos tres grupos. Los reos Zepeda, Batres y Barrientos murieron, también algunos de sus respectivos guardaespaldas y algunos reos que no tenían nada que ver, pero que o bien fueron confundidos o estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se les aplicó el método habitual: hacer que parezca un enfrentamiento.

– Fue una ejecución chapucera, se convirtió en una especie de juego de capturar, interrogar, asesinar y llevarse todo lo que se pueda, dijo Modrego.

Los policías españoles de la CICIG, Toledo y Guillamón, centraron su relato en la muerte, por una parte, de Edwin Santacruz, (conocida como Caso Río Hondo, por el lugar en el que se encontró su cadáver en Zacapa) y, por otra, la de Juan Morales y José María Maldonado, (el llamado Caso Cuevas) ocurrida en Santa María Ixhuatán, Santa Rosa. Los tres se habían fugado del penal de El Infiernito en octubre de 2005 y fueron hallados muertos entre noviembre y diciembre de ese año.

En estas ejecuciones, según los investigadores de CICIG, no intervino el grupo de Sperisen y Figueroa, fueron obra de los hombres de los otros grupos paralelos previos dentro de la PNC, los de Soto Diéguez y Víctor Rivera. El motivo de los crímenes habría sido advertir a los reos de que carecía de sentido fugarse y dejar en evidencias a las autoridades porque se les aplicaría la pena de muerte.

El Caso Río Hondo y el Cuevas ocurrieron de manera idéntica. En ambos casos se recibió una denuncia de dónde se encontraban los fugados y posteriormente se pagó una recompensa de la quedó registro en la contabilidad de Gobernación. Se envió a agentes locales de la PNC para ubicarlos, y en el caso de Santacruz, también para la captura. Posteriormente, entran en escena Soto Diéguez y Rivera. Los reos mueren, son trasladados a otro lugar (en el Caso Cuevas en un helicóptero que había sido alquilado a nombre del Ministerio), se les coloca armas, se avisa a la subestación de policía y se les explica qué tienen que escribir en el informe policial. Posteriormente, Carlos Vielmann, como hizo tras la toma de Pavón, da un conferencia de prensa en la que repite la versión del informe policial: había ocurrido un enfrentamiento.

Los policías locales, después, contaron a la CICIG cómo había ocurrido todo en realidad. El agente que capturó al reo fugado, Santacruz, en Morales, Izabal, incluso lo grabó en video con su celular mientras lo trasladaba al cruce de Río Hondo, Zacapa, en la carretera del Atlántico, donde tenía que esperar a Soto Diéguez, quien venía de la la capital para encargarse del detenido.

En opinión de los investigadores de CICIG, ¿Sabía el exministro Carlos Vielmann todo esto?

—Evidentemente, el Ministerio tenía conocimiento. Victor Rivera era asesor directo del ministro, dijo Toledo.

—Esa es una pregunta que uno puede hacerse. ¿De quién dependían los grupos de Soto, Rivera y Sperisen? Trabajaban para el Ministerio. Victor Rivera, que era muy activo, solo tenía que rendir cuentas al Ministro, no tenía otra persona a la que subordinarse, dijo Modrego.

La respuesta más argumentada fue la del fiscal Ulate, de la CICIG.

Según el investigador, el exministro Vielmann estuvo dentro de la cárcel Pavón mientras ocurrían los hechos. No ingresó a las 9 de la mañana como él asegura, si no hacia las 7:30, cuando los hermanos Benítez Barrios aún buscaban a “El Colombiano”, que había logrado evadir la primera selección, y el resto de encapuchados aún trabajaba la escena en la casa canadiense, en cuyas proximidades, además, fue visto el ministro. No pudo ignorar lo que sucedía, según el investigador Ulate.

En los casos Río Hondo y Cuevas el fiscal costarricense mencionó dos evidencias que en su opinión vinculan al exministro. Primero, el policía que capturó al reo Santacruz vio a Soto Diéguez, una vez que el fugado ya había sido ejecutado, hablando por teléfono con alguien al que llamaba “ministro”. Segundo, Vielmann firmó la entrega de recompensas a los delatores de los fugitivos. ¿Y cómo es posible que se pagara a alguien por entregar a unos delincuentes, pero según la versión oficial, esos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento que ocurrió cuando la policía les dio el alto de manera casual?

— Carlos Vielmann tuvo conocimiento y lo permitió, concluyó el exfiscal de la CICIG Ulate.