Día 8: La fiscalía acusa a Vielmann de ignorancia deliberada

Aquí, toda la cobertura de Asier Andrés para Nomada.

Fue una mañana de duras acusaciones, de afirmaciones difíciles de digerir para un hombre que se ha considerado respetable y exitoso. El exministro de Gobernación y expresidente de la Cámara de Industria, Carlos Vielmann, tuvo que escuchar que pudo salvar la vida de diez personas y no lo hizo, que una palabra suya hubiera bastado para salvarlos pero él no la pronunció, que eligió no hacerse preguntas porque conocía las respuestas, que siempre miró a otro lado porque ya sabía lo que ocurría, que huyó de Guatemala para huir de la justicia y desde entonces se ha refugiado en la “cobardía de la ignorancia” para defenderse ante el tribunal español, como sostuvo el abogado de la acusación, Manuel Ollé.

En el octavo día del juicio en su contra, Vielmann se enfrentó a dos experimentados juristas españoles que durante casi cuatro horas exhibieron una batería de argumentos legales para probar su culpabilidad en la ejecución extrajudicial de los siete reos de Pavón en 2006 y los fugados de El Infiernito un año antes. Fue la conclusión de la acusación, el alegato final del fiscal Pedro Martínez y del abogado Manuel Ollé, quien representa a las familias de dos de los fallecidos. A falta de que hoy se produzca la defensa de Vielmann, fue también la conclusión de un proceso que ha se ha prolongado a lo largo de casi siete años.

El fiscal Martínez y el abogado Ollé expusieron por última vez los fundamentos de la acusación. Hablaron de los testigos, de los policías y reos, del teniente coronel Alfredo Linares y del equipo de investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que hace una década comenzaron a construir un caso que ahora termina.

Enumeraron también las pruebas documentales que consideran más importantes. El recibo, firmado por Vielman que evidencia que el Ministerio de Gobernación pagó una recompensa de Q50 mil (US$7 mil) al confidente que informó sobre la ubicación de Edwin Santacruz, uno de los fugados de El Infiernito, quien después murió en lo que las autoridades aseguraron que fue un enfrentamiento fortuito. El informe de la Inspectoría de la PNC en el que se asegura que Vielmann estaba en el centro de mando del penal de Pavón en el día de la toma alrededor de las cuatro de la mañana, por lo que tuvo que ver al comando de encapuchados aproximarse al penal. La imagen ampliada de una fotografía del reloj del director policial, Erwin Sperissen, en la que también se ve al ministro, y en la que se evidencia que ambos estaban dentro de Pavón a las 7:15 de la mañana, mientras se cazaba y ejecutaba a los reos.

Sin embargo, gran parte de las intervenciones del fiscal Martínez y Ollé se dedicó a ofrecer al tribunal el marco jurídico que les permita justificar una condena contra Vielmann. Porque este no es un caso simple. La fiscalía pretende que los magistrados españoles considere al exministro responsable de 10 asesinatos, pese a que nadie le vio a él cometiéndolos ni dando las órdenes para que otros lo hicieran. La fiscalía quiere que la justicia española acepte que Vielmann fue el líder un escuadrón de la muerte, pero nadie afirma de manera inequívoca que él comandó una estructura criminal.

Se sucedieron las complejas interpretaciones jurídicas. Los estudiantes de derecho y jóvenes abogados interesados en derecho penal internacional que han seguido el caso, sonreían, y tomaban notas.

El fiscal Martínez expuso el principio de la “ignorancia deliberada”, un concepto desarrollado en la jurisprudencia internacional. “Quien se sitúa en la posición de ignorarlo todo, sin querer saber aquello que debería saber por su cargo, está asumiendo y aceptando las consecuencias de los actos criminales en los que participa”, explicó el fiscal.

Vielmann asegura que nunca supo nada. Desconoció la planificación de la toma de Pavón y la recaptura de los fugados. Aseguró que a los jefes policiales Victor Soto Diéguez, Víctor Rivera o Javier Figueroa, apenas los conocía y nunca se reunió con ellos. Según el fiscal Martínez, estos argumentos “no son creíbles”, por lo que pidió al tribunal que aplicase al acusado el principio de ignorancia deliberada.

El fiscal consideró que Vielmann tuvo que conocer el plan original para tomar el penal de Pavón, y por tanto tuvo que ser consciente de que lo que ocurrió aquella mañana de septiembre de 2006 se apartaba de lo previsto. Tal y como el plan establecía, la operación debía ser llevada a cabo por los guardias del Sistema Penitenciario (SP) con la presencia de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). El ministro vio que era la PNC (y no el SP) la que ejecutaba el operativo y que los guardias penitenciarios se retiraban y no hizo nada. Vio que estaban presentes personas sin vinculación con la toma, civiles entre ellos, y no hizo nada. Tuvo que notar la ausencia de la PDH, pero no hizo nada.

– El único propósito de la ignorancia de Carlos Vielmann fue facilitar la actuación de los encapuchados (Soto Diéguez, Figueroa, los hermanos Benítez Barrios, entre otros) y con ello permitir lo que iba a ocurrir (el asesinato de siete reos), dijo el fiscal Martínez.

El abogado Ollé refrendó la aplicación de este principio en el caso y sostuvo que Vielmann actuó por omisión: ignoró todos sus deberes para permitir que las ejecuciones se produjesen.

– ¿Cómo puede alegar que no sabía nada si él estuvo desde la madrugada en el puesto de mando de Pavón, y para qué era el puesto de mando si no para mandar? ¿Alguien que no tenía nada que hacer en Pavón (como Vielmann sostiene) por qué se tira todo el día en Pavón y permanece impasible hasta el final del operativo? ¿Si no tenía nada que hacer allí por qué no llegó cuando llegó el presidente Óscar Berger que llegó a las 3 de la tarde? Todos las autoridades policiales y penitenciarias que estuvieron allí ese día, eran subordinados de Vielmann y él tenía la obligación de mandar y controlar. Solo que el ministro hubiese dado la orden contraria y hoy no estaríamos en este juicio, expuso el abogado, enfático, modulando la voz para subrayar sus palabras.

El abogado Ollé también centró su informe en que los hechos que se le atribuyen a Vielmann son delitos de lesa humanidad. El Código Penal español define este tipo de delitos como “ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”. De acuerdo con la argumentación del abogado, el asesinato de los diez presos no fue un ataque generalizado pero sí sistemático, porque las muertes fueron planificadas, no ocurrieron de manera espontánea y se contó con todo el apoyo del maquinaria estatal para cometerlas y encubrirlas.

Además, según el abogado Ollé, el exterminio de presos formó parte de una política más amplia de limpieza social que disparó el número de homicidios durante el mandato de Vielmann y que ya fue denunciada por el relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, en un informe publicado un mes antes de la toma de Pavón.

La importancia de que los hechos sean considerados delitos de lesa humanidad no es menor. El Código Penal español prevé, que en este tipo de crímenes “la autoridad que no adoptara la medida a su alcance para evitar su comisión por las fuerzas sometidas a su mando, será castigado con la misma pena que sus autores”. En otras palabras, que a Carlos Vielmann debería imponérsele el mismo castigo que a esos encapuchados que él asegura que nunca vio.

* En realidad se trata del día 8 de la cobertura de Nómada y el día 10 del juicio, pues en las audiencias 8 y 9 no hubo mayores elementos noticiosos.