El empresario se mecía en la silla y frotaba una mano contra su jeans azul. Con la otra sostenía el micrófono con el que interrumpía a su contraparte. A veces ni siquiera terminaba las frases, las decía sin que se pudieran oír, o balbuceaba. Escuchaba atentamente, eso sí. Pero no estaba de acuerdo. Y además estaba molesto. Muy molesto. Eso permitió el desliz:
«Obviamente se violan los derechos laborales», dijo Alejandro Ceballos, directivo de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), cuando finalmente fue su turno de hablar en la edición del 19 de septiembre del programa Diálogo Libre. «Se violan todos los días en Guatemala (…) Por eso la respuesta es ir al Panel. Vámonos al Panel, se acabó el problema y seguimos trabajando. Porque ya ni trabajar nos dejan. Sólo quitan tiempo. Igual, van a venir más procesos». (Ver minuto 20.00-21.00 y 27.00-28.10)
Ceballos se refería al Panel Arbitral, un tipo de juicio que Estados Unidos empezará en contra del Estado de Guatemala, por el que amenaza con una multa de Q120 millones como medida de presión para reducir la impunidad laboral. Es decir, EE.UU. cree que así el Estado de Guatemala castigará a los empresarios que violen los derechos de los trabajadores.
El Panel comenzó con ocho casos, de los cuales dos se le imputan a Vestex, la agrupación de empresas maquileras de ropa. El mismo Ceballos aceptó, en medio de su arranque de enojo y transparencia, que su empresa ha sido llevada por la Inspección de Trabajo 150 veces y a las cortes laborales otras 20, y que varios de los juicios han concluido en sentencias condenatorias.*
Desde que Estados Unidos empezó a amenazar con llevar a Guatemala a juicio por este tema, el Estado y el sector privado han presentado propuestas para acallar a sus críticos. Las medidas también buscan responder las simultáneas presiones de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), que en octubre debe decidir si continúa con una queja que pospuso el año pasado.
Las respuestas del sector privado y el gobierno del PP parecen estar en otra autopista. Lo que se lee en los acuerdos gubernativos, se escucha en las entrevistas y pláticas de pasillo es que nada va a cambiar. Se aprobarán reformas esta semana, pero para asegurar que todo se mantenga igual, como con la petición de la Organización Mundial de Comercio para que Guatemala deje de subsidiar exportaciones.
El agujero en la justicia
Las cortes son apuntadas como responsables. «Mostramos nuestra preocupación por el alto nivel de incumplimiento de las sentencias judiciales en materia laboral», dijo la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT en Guatemala en septiembre de 2013. En palabras simples: Guatemala no penaliza a las empresas que incumplen la ley laboral.
Entre sus respuestas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo el Plan de Fiscalización a los juzgados y salas de trabajo. La medida buscaba presionar para que los jueces y magistrados hicieran que sus sentencias se cumplieran y, en caso contrario, persiguieran penalmente a las empresas que caían en desobediencia.
El encargado de llevar los asuntos internacionales en la Corte es el magistrado Mynor Franco. «Los resultados son satisfactorios. No ha habido ningún señalamiento en contra de jueces. Eso ocurría en años anteriores, ya no ahora», afirma, con su tono afable y grandilocuente, luego de una reunión en el Palacio de la Justicia.
«Además, el cuello de botella de los juzgados fue eliminado. Desde que creamos el Centro de Justicia Laboral las cosas son más ágiles», termina Franco refiriéndose al lujoso edificio patrocinado en buena parte por el gobierno de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Franco continúa: Los juzgados de trabajo son los mejores de Centroamérica, los casos se resuelven en “cuatro o cinco meses”, y la impunidad está cerca de solucionarse.
Parece que habla de otro país.
- «¿No ha habido entonces ninguna sanción en contra de jueces?», se le cuestiona.
- «Claro que han habido, hemos perseguido con fuerza a los jueces desobedientes», dice Franco, contradiciendo lo dicho minutos antes. «Sólo en el Consejo [de la Carrera Judicial] hemos expulsado a 22 jueces en cinco años».
El Secretario del Consejo confirma que ha habido destituciones, pero precisa que son 19, y de ellos sólo 2 son del ramo laboral. Un viejo estudio de la OIT complementa: del 2005 al 2010 ingresaron más de 339 casos en contra de jueces laborales y sólo 5 jueces fueron sancionados. Ninguno fue expulsado.
El lunes siguiente Franco dejará el Organismo Judicial luego de diez años, cinco de ellos en la CSJ. Fue uno de los ocho magistrados titulares que buscaron la reelección y fracasaron. El problema será de la siguiente Corte, electa por el PP y Líder.
El tiro de gracia al Código de Trabajo
El Ejecutivo también ha respondido a las críticas. El Plan de Seguimiento entre Estados Unidos y Guatemala proponía ejercer presión a las empresas exportadoras que violaban derechos laborales. Con esto los sindicatos estadounidenses quieren evitar que se cierren empresas en su país a cambio de venir a países que pueden pagar menores sueldos porque no se respetan los derechos de los trabajadores. Entonces, el Ministerio de Economía sacó el Acuerdo 253-2013, reformando el Reglamento de la Ley de Maquilas con el artículo 23bis: a las empresas que violaran esos derechos se les quitaría de la lista de empresas calificadas para recibir beneficios fiscales.
Pero en la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo, que está en agenda legislativa y a punto de ser aprobada, se plantea lo opuesto. La iniciativa busca reemplazar la Ley de Maquilas para cumplir con las presiones de la Organización Mundial de Comercio. Dice que quitará privilegios fiscales a las empresas que no cumplan con los derechos laborales, pero « siempre que no estén sujetas a otra sanción en esta u otras leyes». Es decir, si son sancionadas por un Juzgado o por la Inspectoría General de Trabajo, eso no implicará sacarlos de la lista de beneficiados con privilegios fiscales. Lo opuesto que propone el anterior Acuerdo, y lo contrario a lo que se firmó con Estados Unidos.
![Carlos Contreras, ministro, durante la conversación con Nómada. Foto: Ministerio de Trabajo](/wp-content/uploads/2014/10/MinistroConteras1.jpg")
Carlos Contreras, ministro, durante la conversación con Nómada. Foto: Ministerio de Trabajo.
Para el Ministro de Trabajo, Carlos Contreras, con emitir acuerdos basta. El seguimiento es un problema que no le atañe: «Jamás suscribimos que la satisfacción [de Estados Unidos] sería consecuencia de los resultados que esos acuerdos iban a generar. Eso es otra cosa».
La iniciativa de ley de Inclusión Laboral busca que los trabajadores en una jornada parcial tengan salarios por hora y no según el salario mínimo. La iniciativa busca que los trabajadores puedan participar en el seguro social aunque no estén a tiempo completo (con un salario por tiempo parcial), que ha sido aplaudido por muchos.
- «No menos de 700 mil trabajadores guatemaltecos trabajan a tiempo parcial sin ninguna protección laboral. Es un mercado que no podés ignorar», afirma Contreras.
- «Eso es ilegal».
- «Pero es real. ¿Y entonces qué? ¿Los dejás en la ilegalidad?».
- «No, pero el punto es que se vuelve legal un hecho que era ilegal antes. Eso es regresivo».
- «Aaaahh... Y entonces lo que habría que hacer es meter a los 700 mil a que trabajen ocho horas. ¿Y si no quieren?», dice Contreras.
El argumento empresarial y gubernamental es que si se trae a la legalidad a los 700 mil trabajadores que reciben ahora un pago por menos de una jornada completa, eso les dará más fuerza frente a sus patronos y ante los tribunales.
El argumento de la ONU es que el Estado garantice que si un trabajador labora menos de ocho horas, la empresa le pague por esas horas con un salario digno. Teme también que la propuesta pueda hacer que las empresas paguen tiempo parcial aunque las personas puedan trabajar todo el día.
Todo esto mismo ocurre con la iniciativa de reformas al Código de Trabajo, solicitada por el Departamento de Estado norteamericano. Las posturas de académicos y de las centrales sindicales coinciden en que no cumple con lo solicitado (como muestra este reportaje), sino que hace todo lo contrario.
Según un abogado laboralista, se están aprovechando de la coyuntura para hacer reformas que mutilen el Código de Trabajo. «La mayor utilidad del Código es que permite legitimar una denuncia, te da la base jurídica para decir que un hecho es ilegal y que viola derechos fundamentales. Te permite señalar al sector empresarial como uno que produce riqueza de forma ilegal. Ese es el valor y vigencia del Código. Y eso es lo que quieren quitar», afirma Alejandro Argueta, principal asesor de los sidicatos que se oponen a la ley y asesor del Estado en la implementación del Tratado de Libre Comercio.
***
Recuperado de su sobresalto luego de una pausa en el programa, Alejandro Ceballos, de Vestex, tuvo la oportunidad de abrir el siguiente segmento. Su discurso era distinto. «El sector privado no tiene nada que ver en el asunto de la violación a los derechos laborales», concluyó Ceballos con calma. Eso parecen respaldar las leyes que están en agenda para ser aprobadas en el Congreso esta semana.
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Guillermo Maldonado C. /
La importancia de que se sancione a las personas que infringen normas prohibitivas o programáticas que contempla el Código de Trabajo, no es para resolver ocho de los casos denunciados en el marco del capitulo dieciséis del DR-CAFTA. A los investigadores estadunidenses se les podrían documentar miles de infracciones que ocurren a diario. El origen del entuerto radica en que ciertos gobiernos han debilitado ex profeso las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social –unos más que otros— para que no se proteja la situación de desventaja en que se encuentran los trabajadores en materia de negociación y la hora de hacer valer sus derechos, condiciones de trabajo o créditos laborales. Objetivamente el asunto es más del interés de los trabajadores en general que del gobierno estadounidense. Para entender el problema debe investigarse qué es el dumping social o laboral; por qué surgen las cláusulas sociales dentro de los tratados internacionales; y entender que la impunidad no es sólo un problema de empresas exportadoras, sino una cultura general que se refleja en el drama cotidiano de la anomia que reina en las instituciones privadas y publicas del país. De ahí la defensa sistémica de funcionarios y empresarios a ese status quo de irrespeto de los derechos individuales, económicos, sociales y culturales de la mayoría de los guatemaltecos. Si existen 700 mil trabajadores o más que no cuenten con una protección efectiva no es por falta de leyes. Decir que van a incluir a los trabajadores dentro de la formalidad con las leyes que está promoviendo el actual Ministro de Trabajo es un embuste, ya que lo que en el fondo conllevan sus proyectos de ley es pagarle menos a los trabajadores y que la labor de Inspección de Trabajo sea aniquilada en un proceso judicial dispendioso en donde siembre habrá de prevalecer “que poderoso Caballero es don dinero, que a todas horas supo quebrantar los fueros de la justicia”. Si en el futuro inmediato se cumpliera la responsabilidad de que habla el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución de la República no estuvieran pregonando su desdén por las consecuencias que se derivan del panel arbitral del DR-CAFTA. No en balde para ello las élites tienen sus postuladoras e insisten en mantener a su servicio el favor de las Cortes.
EE.UU. pide poder para trabajadores, Guatemala responde con lo opuesto | tengoderechogt /
[…] 19 […]
Alejandro Ceballos /
Ese dato no es mío. Ésta en el mismo reporte del Miscig que provoco el diferendo. Ahí lo puede corroborar.
Alejandro Ceballos /
Lástima que como siempre solo toman la parte que les interesa de lo que se dijo. Si he ido 170 veces a la inspección y 20 a juicio no es porque yo haya violado la ley. Es porque hay desacuerdo. En ese caso un juez ha decidido y de las 170 veces ganamos el argumento en 150 porque eran calculo de prestaciones. Las otras 20 incluían robo de empleados, o la continuación del desacuerdo por el valor de las prestaciones. En ese caso ganamos 19 y perdimos una. No por violar la ley sino por que mi abogada se cambio de oficina y nunca recibí la notificación. Al no presentarme fui declarado en rebeldía y culpable. Se me embargaron las cuentas y tuve que pagar de inmediato.
Mi molestia en ese foro al igual que al leer esto es que no significa que porque haya una diferencia yo sea un violador de la ley. Soy una persona responsable pero que también exigente que no se violen mis derechos.
Jamás despedí a ningún empleado que me demandara ante la inspección de trabajo. Reinstale cuando mis subalternos cometieron una falta. Eso llevo a mis empleados a ir sin miedo a solicitar lo que les parecía justo sin tener miedo a represalias. En los casos donde no me pareció y despedí por violaciones a la conducta o por ineficiencia, siempre pague lo correspondiente. Personalmente atendí los 170 casos y me siento orgulloso de hacer que se respete y respetar la ley.
Es por eso que sin tapujos y confiado que lo que demanda Estados Unidos no es lo correcto, insisto en que vayamos al panel. En el caso de las dos maquilas que son objeto de este diferendo el gobierno siguió todos los pasos que la ley demanda. Por eso confío en que se va a ganar el panel.
Lo que no estoy de acuerdo es en que yo pierda mi derecho a una justa defensa solo porque un grupo de sindicalistas ha documentado 8 casos de una manera tendenciosa y sesgada.
Esto genero que para no ir al panel Estados Unidos demando 14 puntos que incluyen entre ellos el devolver a la IGT la capacidad sancionatoria.
Y ese punto ya ha sido vencido en juicio en la CC. No se puede devolver la capacidad sancionatoria. Tampoco CAFTA pedía cambio de leyes.
La lista de 14 puntos aceptada por el gobierno nunca debió serlo y fue un retroceso en los derechos de los patronos. Eso nunca se acordó en el CAFTA.
Por eso, ante las calumnias e insultos del Lic. Argueta (persona que respeto por su capacidad intelectual pero de la cual disiento por su retorica conflictiva) me retiré molesto ese día. Mas aún cuando fue tan irrespetuoso con el otro interlocutor y cuando mostrando un papel aseguraba que la impunidad era una norma.
Yo respeto y respeté a mis empleados, no puedo aceptar esos insultos.
Saludos