El megaproyecto que quebró una alianza entre militares y empresarios

Para poder llegar a gobernar un país es importante tener aliados fuertes. Eso pensó el Partido Patriota cuando comenzó a aglutinar fuerzas a su alrededor. Entre ellos había militares en retiro y empresarios de viejo capital, que en algunos casos encontraron confluencias en proyectos de gran envergadura.

Ese es el caso del Corredor Interoceánico, liderado por militares en retiro que navegan por primera vez en las aguas de las grandes inversiones, y empresarios relacionados a la Bolsa de Valores Nacional. El Corredor es un proyecto de casi US$20 mil millones que busca unir al Atlántico con el Pacífico, y por algunos meses esa alianza tomó fuerza.

Pero ese acuerdo, como otros en el actual gobierno, terminó abruptamente con un fraude y graves señalamientos entre las partes.

Una cadena de reacciones electorales

Guatemala ha pasado por muchos cambios en su economía en los últimos 30 años: ahora hay más actores económicos, y entre ellos hay diferencias. Esas se reflejan en las alianzas políticas en cada elección presidencial.

El gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por ejemplo, fue una reacción de un variado abanico de grupos económicos que no se vieron representados en el de Óscar Berger (2004-2007), más cercano a los grupos económicos tradicionales.

A la UNE lo apoyaron desde grandes y medianos cooperativistas, empresarios emergentes y militares lejanos a las redes de militares de inteligencia. Esta alineación política tuvo su propia reacción: para las elecciones de 2011 alrededor del PP se agruparon dos grupos fuertes de oficiales de inteligencia militar y los sectores agroindustriales y exportadores del gran empresariado.

La alianza tuvo desde un inicio roces, como la negativa que recibió la propuesta de reforma fiscal del PP, que aun hoy está siendo triturada por la Corte de Constitucionalidad. Pero encontró varios eventos que los unieron, como el rechazo al juicio por genocidio y la salida de la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz.

Algunos sectores se han mantenido fieles a la alianza. Juan Carlos Paiz (Programa Nacional de Competitividad) y Sergio de la Torre (Ministerio de Economía) continúan en el gobierno e impulsan la agenda del sector exportador: la Ley de Inversión y Empleo de incentivos fiscales, los salarios diferenciados (abajo del salario mínimo), las reformas al Código de Trabajo y la propuesta Alianza para la Prosperidad.

Pero otros se han alejado de la alianza. Ese es el caso del Corredor Interoceánico.

Apenas un matrimonio

El proyecto del Corredor Interoceánico surgió en 1999 por parte de un nutrido grupo de militares retirados en alianza con empresarios de la industria del papel (Arimany), como quedó detallado en un anterior artículo. Su comienzo fue lento y fue hasta 2008 que el trabajo con los propietarios de tierras comenzó a agilizarse, de la mano del capitán (r) Guillermo Catalán.

Primero se socializó el proyecto con los más de 3,740 propietarios, los respectivos Consejos Comunitarios de Desarrollo y las 46 municipalidades por donde pasaba el trazo inicial. El entusiasmo pronto se apoderó de las partes: es una iniciativa que plantea que los ingresos sean repartidos en programas de desarrollo gestionados por las mismas localidades.

Se formó una alianza público-municipal y se armaron las corporaciones de las mancomunidades. A fines de 2011, la empresa Odepal, que gestiona el proyecto y tiene acciones en el Corredor Interoceánico, comenzó las pláticas con inversionistas nacionales.

Guatefondo se volvió en 2011, previo a las elecciones a la Presidencia, en accionista del Corredor. Se trata de una sociedad de inversión administrada por Admira y manejada por una Junta Directiva donde predominan los empresarios Alfredo y Luis Rivera. “El proyecto nos interesó desde un principio, ¿a quién no le va a interesar?”, dijo Alfredo Rivera a Nómada.

Los Rivera tenían algunas diferencias iniciales. Buscaban que se construyera lo que llaman un gobierno corporativo, una forma de organizar una empresa en donde predomine la confianza y el intercambio de información entre los accionistas y empresa. Con eso en mente asignaron a Gustavo Steiger, parte de Guatefondo, en un puesto clave: sería Gerente Financiero de Corredor Interoceánico y controlaría la asignación de recursos del proyecto. La condición de participación de los Rivera y Steiger sería esa: sin una organización corporativa nada avanzaría.

El Corredor despegó sin dificultades mayores. Tenían el apoyo del nuevo gobierno de Otto Pérez Molina, militar retirado y cercano a José María Argueta, primer jefe de inteligencia y ahora embajador ante la Organización de Estados Americanos, pero también fundador junto a Catalán de Odepal en 1999.

Un año y medio después todo había terminado.

La millonaria estafa

“Se me acercó Julio Ligorría, antes que fuera embajador de Guatemala en Washington, y me dijo que tenía un inversionista grande que me quería presentar”, cuenta Guillermo Catalán en un hotel de la Ciudad de Guatemala. Su tono es pausado y entre su relato se entreve cierta angustia y paranoia.

Ligorría le presentó a Raúl Antonio Reyes. “Fue en una reunión en El Salvador”, recuerda Catalán. “Allí estaba Ligorría, Reyes, el banquero Samuel Quiroz y Alfredo Mena”. Mena es un cafetalero y empresario de medios comunicación y servicios financieros en El Salvador, y fundador junto con Roberto D'Abuisson del partido de derecha salvadoreña Arena; y Quiroz es un cafetalero fundador del Banco Cuscatlán y del Grupo Q Interamerican Group.

Según el relato de Catalán, el cuadro se veía legítimo. Y la presencia de personajes reconocidos le ayudó a dar el visto bueno sobre Reyes. Le creyó sobre los millones de dólares que aportaría y lo involucró en el proyecto del Corredor.

Los Rivera fueron más cautos. “Claro que nos emocionamos cuando escuchamos que podían aportar capital. Pero cuando lo conocimos ni siquiera hizo una presentación seria sobre su rol”, recuerda Luis Rivera.

Y luego vino el bochorno. En junio de 2013 fue declarado de interés nacional por Otto Pérez Molina en un evento lleno de entusiasmo y gala, y dos semanas después fue conocido que Reyes era un fraude.

En ese momento comenzaron las hipótesis conspirativas. Y Odepal cerró filas por completo.

¿Take Over o reestructuración?

“En mi vida he visto en persona a Guillermo Catalán”, contestó el abogado Carlos Rivera Gallardo al preguntarle sobre su relación con el Corredor Interoceánico. Cada una de las respuestas de Rivera Gallardo intenta ser contundente, dejando fuera cualquier duda que pueda quedar. “La única relación que tuve fue por un fidecomiso que gestioné, y que al final de cuentas ni se logró sacar”.

En la oficina que ocupa, en el piso 11 del Edificio Empresarial Las Margaritas, muestra con orgullo, pero sin perder su tono de extrema seriedad, sus títulos y las decenas de libros notariales que guarda como recuerdo. “Tengo un prestigio que me respalda. Nunca haría cosas como las que me acusa el señor Catalán”.

Se refiere a la acusación de Catalán sobre el supuesto intento de sacar a los militares del proyecto de Corredor Interoceánico, y de utilizar la información de los propietarios para entablar una relación con otra empresa, Vía Energética, que está sacando adelante el Oleoducto Interoceánico. Por eso la contundencia de Carlos Rivera.

Rivera llegó al punto de afirmar que no sabía absolutamente nada sobre Guatefondo, Admira y Portafolio de Inversiones; todas empresas en las que ocupa puestos o es asesor legal, junto con sus dos hermanos, Alfredo y Luis, y su padre, Carlos Rivera Ortiz. En una corta entrevista, sugirió mejor hablar con sus hermanos.

Catalán asegura que los argumentos de Rivera Gallardo son falsos, y que Guatefondo y los Rivera buscan, desde que se supo del fraude, desplazarlo del negocio. “En el momento en que ocurre el fraude comienza a unificarse un discurso compartido por todas estas personas: los Rivera hablan mal del proyecto con inversionistas, Gustavo Steiger hace lo mismo con su gente. Hasta Chepe Zamora de elPeriódico escribe sobre el caso. Y claro, Julio Ligorría me echa toda la culpa. Y todos me dicen lo mismo: tenés que entregar el proyecto”, relata Catalán.

Ligorría mantiene esta postura. En unas cortas declaraciones luego de presentar el proyecto Alianza para la Prosperidad a las organizaciones empresariales en CACIF y Fundesa, Ligorría se desmarcó del Corredor y mantuvo la misma postura: “Ese proyecto nunca fue serio. No saben armar una empresa para atraer a grandes inversionistas”. No mencionó nada sobre su papel en presentarle a Reyes, que ahora se encuentra en la cárcel luego de encontrarlo culpable de fraude.

Según Catalán, dos socios de Steiger, Alfredo Sobalvarro y Alfredo de la Hoz, contactaron al equipo de notarios e ingenieros del proyecto y les ofrecieron comprar la información. Y Juan José Luarca y Mario Leal Castillo, en su puesto en la Secretaría de Asuntos Específicos, se encargaban de decirle a la población que el gobierno apoyaba el proyecto.

Eso obligó a Catalán a replegarse y cerrar filas, como él mismo lo reconoce.

A los Rivera eso les pareció una actitud propia de un militar. “El proyecto se ha manejado como una batalla militar. Hay que estar separando a todos, destruyendo al enemigo, la información está compartimentada”, dijo Alfredo Rivera en la misma oficina de su hermano, en el centro gerencial Las Margaritas, en la zona 10, rodeado de una gran cantidad de estatuillas de Don Quijote de La Mancha. “Es su pasado militar lo que los obliga a pensar de esa manera. No hay seriedad”, concluye.

Mientras el Corredor Interoceánico se hundía, tomó fuerza otro proyecto rival: Oleoducto Interoceánico. El azucarero Mario Leal Castillo negó en una entrevista que hayan robado la información, luego de mencionarle el argumento de Catalán, y recordarle que el bufete Rivera & Asociados lleva el proyecto del Oleoducto, y Guatefondo, también de los Rivera, es accionista del Corredor.

La relación de Leal Castillo y los Rivera se deriva del vínculo empresarial entre el bufete Rivera & Asociados y el Grupo Cayalá/Ingenio Magdalena. El padre de los Rivera, el abogado Carlos Enrique Rivera Ortiz, presidente del bufete, es uno de los representantes legales de Bienes y Raíces de Cayalá, S.A., la empresa más importante del Grupo Cayalá y uno de sus principales clientes. El otro representante legal es Mario Leal Pivaral, padre de Leal Castillo, uno de sus principales directivos, y quien también ha presidido el Ingenio Magdalena.

“Es que no tiene ninguna lógica”, trata también de aclarar Alfredo Rivera. “Si nosotros tenemos acciones en el proyecto, ¿por qué vamos a querer que termine? Lo que nosotros queremos es que la empresa sea más seria, que tome una estructura corporativa. Sino nadie va a querer invertir”.

Y termina recalcando su interés por el proyecto, pero por una ruta distinta: “Yo no se lo puedo asegurar porque no tengo pruebas pero hay un fuerte inversionista al que le interesa el proyecto. Nosotros no vamos a salirnos de Corredor. Creemos en el proyecto. Y hemos buscado a nuevos inversionistas [...] Cualquiera puede venir y poner una oferta para comprarle la tierra a los propietarios. Y allí se acaba el problema”.

Cerrado ante lo que ve como un ataque, Catalán pasó a ofrecerle a los propietarios de las tierras acciones a cambio de sus títulos de propiedad. Guatefondo invirtió en un inicio US$5.5 millones, pero con los nuevos accionistas ha pasado a ser, según Catalán, socios minoritarios del proyecto: 4.5% de las acciones. “La gente es fiel al proyecto por su contenido social. Eso no se lograría con una estructura corporativa, como quisieran los Rivera”, concluye Catalán.

Al final de la entrevista con los dos hermanos Rivera enseñan un memo en el que se anuncia la primera asamblea de Corredor Interoceánico desde el 2012, planificada para el 9 de abril de este año.

Allí se definirá el siguiente capítulo de esta historia.