Primero fueron los Archivos de la Paz. En junio de 2012, todo el personal que trabajaba en la Dirección del Archivo fue despedido. Entonces, estaba al frente de la Secretaría de la Paz (Sepaz) Antonio Arenales Forno, uno de los hombres fuertes del gobierno de Otto Pérez Molina (OPM). Arenales litigó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que declarara incompetente al Estado de Guatemala para tipificar el delito de genocidio.
Tanto OPM como Arenales negaron que los despidos tuvieran que ver con el cierre del Archivo, pero así lo fue. Un acuerdo de la Sepaz, anterior a los despidos, lo clausuraba con el argumento de que la función de investigación le competía únicamente al Ministerio Público.
Con el cierre se bloqueó el acceso directo a documentos del Estado Mayor Presidencial, de la Secretaría de Bienestar Social y del Diario Militar. Estos habían permitido investigaciones sobre los procesos de adopción durante el conflicto armado Interno o sobre los planes militares Victoria 82 y Fortaleza 87, los cuales se utilizaron como documentos de prueba en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Allí, una muestra de lo importante que era el archivo y de los procesos judiciales que podía originar.
Los recortes
La Sepaz nunca ha sido una institución de menor importancia en el entramado del Estado. Sobre todo, porque desde ella se define la política gubernamental para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
El expresidente Álvaro Colom nombró, en su momento, a Orlando Blanco al frente. Abrió el Archivo de la Paz y aumentó el presupuesto del PNR de Q100 millones a Q250 millones. Sin embargo, una investigación de elPeriódico (El resarcimiento fue un botín) reveló que el presupuesto había priorizado la publicidad y los proyectos de vivienda sobre el resarcimiento a las víctimas de la guerra.
Para finales del gobierno de Colom, el presupuesto del PNR ya se encontraba de nuevo en los Q100 millones. Con OPM los recortes se volvieron más drásticos. Para el primer año se había aprobado Q80 millones pero se recortó la mitad para enviarlos a otras dependencias, y en 2015 el presupuesto apenas llegó a los Q57 millones. Con todo y ello, a través de un acuerdo gubernativo prorrogó la vigencia de la Sepaz por diez años más.
Para este año, el PNR había solicitado Q300 millones para cumplir con sus proyectos. Sólo le fueron asignados Q25 millones. Allí empezaron las preocupaciones. El Movimiento Nacional de Víctimas Q´anil Tinamit señaló que la asignación era un mensaje de que el PNR iba a ser cerrado. Misma preocupación manifestó la organización internacional Impunity Watch por el peligro de que el Estado deje de cumplir con sus compromisos para con las víctimas del conflicto armado.
Álvaro Velásquez, diputado por Convergencia, considera que “nadie cargará con el costo político de cerrar la Sepaz, pero los números demuestran el desinterés del Estado. OPM sí tenía una agenda para desarticular cualquier espacio del que pudieran nacer acciones jurídicas contra el Estado, y ahora Jimmy Morales carece de cualquier política general en materia de reconciliación”.
Amílcar Pop, diputado por Winaq, concuerda en que “este gobierno no ha mostrado ninguna claridad en sus objetivos. Estamos heredando las prioridades del Partido Patriota que dejó una propuesta presupuestaria en detrimento de las instituciones de paz. Tenemos en graves circunstancias no sólo a la Sepaz y al PNR sino a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y todos los compromisos de cumplimiento de sentencias internacionales en Derechos Humanos”.
Atarle las manos al PNR
El viernes 1 de abril, cuando los trabajadores se presentaron, el PNR estaba cerrado. No sólo la oficina central sino también las 14 departamentales. Un grupo de policías con una lista sin sello oficial alguno, revisaba los nombres de los empleados. Sólo a 50, de una planilla de 239 personas, se les permitió el ingreso porque fueron recontratados.
Se había concretado el recorte que también buscó Alejandro Maldonado Aguirre, en diciembre pasado. En esa oportunidad, se intentó rescindir los contratos de 60 personas. El entonces director del PNR, Jorge Herrera, afirmaba que era por cuestiones presupuestarias. Sin embargo, el entonces Presidente, sin empacho, aseguró que se debía a que “eran cuotas reservadas para el partido en turno”. Las declaraciones fueran vertidas durante las ceremonias de festejo del 19 aniversario de la Firma de la Paz.
La presión y un emplazamiento por parte del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Paz impidieron los despidos en diciembre. Esta vez no corrieron con la misma suerte porque el sindicato decidió apoyar el recorte.
A finales de marzo, se creó el Grupo de Trabajadores No Sindicalizados de la Sepaz. Lo crearon al ver que ni las autoridades, ni el sindicado aclaraban cuál sería el futuro del personal al vencer los contratos. En una carta fechada el 29 de marzo, manifestaban a la actual Secretaria Ejecutiva de la Paz, Victorina Salanic, su preocupación por el silencio ante la renovación de contratos de los trabajadores. Además, señalaban que el sindicato “ha sostenido reuniones con su persona y otras personas ajenas a la institución fuera de los horarios normales de oficina, generando incertidumbre sobre si el proceso de recontratación es transparente, ético, humano y legal”.
Ese mismo 29 de marzo el sindicato desistió del emplazamiento y dejó el camino libre para los despidos. Según denunciaron los trabajadores, los únicos recontratados fueron los empleados sindicalizados.
En tres ocasiones Nómada intentó hablar con César Arrecis, secretario General del Sindicato de trabajadores de la Sepaz pero las llamadas no fueron atendidas porque “estaba ocupado”. La dirigencia sólo se ha defendido a través de un comunicado en el que asegura que las acusaciones “son producto de mentes oscuras que pretenden generar el caos institucional para esconder su negligencia, incapacidad y la corrupción”. Además, responsabiliza de la crisis a la anterior gestión de Arenales Forno y Jorge Herrera, encargados de negociar el actual presupuesto.
En la misma línea justifica los despidos la Secretaria Ejecutiva, Victorina Salanic: “con el presupuesto que nos dejó la anterior administración ya no es posible recontratar al personal, porque solo un 10% nos quedaría para resarcimiento”. Según comenta, el recorte en planilla le permitiría ahorrar Q2 millones que serían utilizados para ese fin.
Cabe aclarar que si Morales no intervino en la aprobación del actual presupuesto fue porque en noviembre decidió retirar a quienes lo representaban ante el Congreso. Ahora, en la negociación de la readecuación presupuestaria, según confirma el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Jairo Flores, nunca se contempló un aumento para la Sepaz.
Desde el 29 de marzo los trabajadores han protestado afuera del PNR que mantiene sus puertas cerradas. Fue hasta el 14 de abril que las autoridades abrieron una mesa de diálogo para discutir los despidos.
![Manifestación de personal de la Secretaría de la Paz y del Programa Nacional de Resarcimiento por los despidos.](/wp-content/uploads/2016/04/Manifestacion-de-personal-de-la-SEPAZ-y-del-PNR-por-los-despidos-5.jpg")
Manifestación de personal de la Secretaría de la Paz y del Programa Nacional de Resarcimiento por los despidos.
Inoperante, desde la cabeza
La dirección de la Sepaz y del PNR se mantiene en la incertidumbre. Victorina Salanic fue nombrada por Morales como secretaria Ejecutiva de la Paz y asumió sin dejar la plaza que ostenta en el Organismo Legislativo. Allí está contratada como auxiliar administrativa en el renglón 011.
Sólo se limitó a pedir un permiso para ausentarse sin goce de salario. Así lo hizo antes Manuel Duarte cuando intentó asumir como magistrado de la CC o Carlos Mejía que congeló su plaza durante los cuatro años que fue diputado.
Velásquez consultó a la Contraloría General de Cuentas, la cual respondió, mediante oficio OPINIÓN-DAJ-2016, que Salanic únicamente puede ausentarse dos meses y pasado ese tiempo deberá decidir por alguno de los dos cargos. Sin embargo, la CGC aclaró que su respuesta no es vinculante.
Por ahora, el impasse está en la Comisión Nacional de Resarcimiento que aún dirige Jorge Herrera. Morales nombró para sustituirlo a Ramón Conrado Aguilar Reyes pero este no ha podido asumir por ser contratista del Estado. Posee la empresa Distribuidora del Norte GUAJIRE&A. Además fue asesor en temas de recaudación financiera del IGSS durante la administración de Juan de Dios Rodríguez y candidato a diputado por FCN.
La incertidumbre
El presupuesto, los despidos, las anomalías en los nombramientos sólo terminan por aumentar las dudas sobre el futuro de la Sepaz. Los trabajadores enviaron una carta a Morales para informarle de la situación pero no recibieron respuesta. El Presidente, cuestionado por Prensa Libre durante la entrega de escritorios hechos por el Ejército en una escuela de Jalapa, se limitó a señalar “no le puedo decir qué va a seguir abierto o cerrado. Tengan paciencia, de acuerdo a las prioridades estamos encontrando las soluciones”.
Se buscó la opinión del coronel Edgar Ovalle, fundador, secretario ejecutivo y subjefe de bancada del FCN. Cuando se le cuestionó por la Sepaz respondió: “no sé de qué me está hablando”. –De la Secretaria de la Paz y del Programa Nacional de Resarcimiento-, se le volvió a insistir. “No estoy enterado de nada del Programa”. Ovalle es reconocido como el rostro de la influencia militar en el gobierno de Morales.
Lea: EEUU le quita la visa a Edgar Ovalle, diputado de FCN-Nación
Por el momento, las puertas del PNR siguen cerradas al igual que su sitio web que se encuentra inactivo desde hace un mes. Mientras tanto, los expedientes de 3 mil 336 comunidades y de cerca de 40 mil víctimas del conflicto armado interno podrían nunca alcanzar el resarcimiento si Morales decide finiquitar la tarea iniciada por Pérez Molina: cerrar la Sepaz.
![Manifestación de personal de la Secretaría de la Paz y del Programa Nacional de Resarcimiento por los despidos.](/wp-content/uploads/2016/04/Manifestacion-de-personal-de-la-SEPAZ-y-del-PNR-por-los-despidos-7.jpg")
Manifestación de personal de la Secretaría de la Paz y del Programa Nacional de Resarcimiento por los despidos.
Guillermo Maldonado C. /
Al leer este artículo viene a mi memoria el conocido aforismo: “La historia la escriben los vencedores”. Y no es para menos, el involucrar a un sindicato y a su Secretario General en el infortunio de los trabajadores, sin deslindar o acabar de entender el origen del problema, ya que por una parte se reconoce la intención de anular los alcances de los malogrados acuerdos de paz y por otra endilgarle el entuerto a los trabajadores: ¡Los dirigentes sindicales cometieron el pecado de de levantar un emplazamiento! Pero hay que investigar un poco más. El mismo sindicato negocio un convenio colectivo con el Secretario de la Paz, antes de que entrara el gobierno del partido Patriota, en el cual se les reconoció estabilidad laboral a los trabajadores. Esto es, a los trabajadores de la SEPAZ solo se les puede despedir si previamente el ente patronal demuestra una causa justa ante los juzgados de trabajo para ponerle fin a la relación de trabajo (Art. 17 del referido convenio). No obstante desde que asumió el anterior gobierno, como sucede con la mayoría de gobiernos, contrato a un bufete de abogados experimentados para destruir a través de diversas acciones legales la estabilidad de los trabajadores y, por supuesto, impugnaron aquel Convenio, lo que fue infructuoso. En el ínterin despidieron a todos los dirigentes sindicales, que fueron reinstalados y de nuevo despedidos gracias a la obra social de la corte celestial que en estas lides siempre cojea de la misma pata: ¡En contra de los principios constitucionales laborales y de los convenios de la OIT! Desde que se supo del enroque de los patrioteros lebertarios, ya existía la crónica de un cierre de la SEPAZ anunciado, con despidos masivos (y como dice la nota de marras) que fue postergado por el gobierno de Maldonado Aguirre en tanto agarraba aviada el mandato de Morales, para echarse el trompo en la uña. En aras de la verdad creo que valdría la pena una entrevista en profundidad con los directivos del sindicato. Los trabajadores despedidos, mientras tanto, tienen a su disposición el Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo que negocio el mismo sindicato, para defender su puesto de trabajo, ante los tribunales de trabajo y previsión social.
Juan Luis Barrios /
El gobierno de Colom intentó usar al PNR como su caja chica para financiar la campaña de Sandra. Con Orlando Blanco y César Dávila, los fondos para resarcir a las víctimas del conflcito armado interno agarraron camino para las movidas de "la doña". Luego, durante el gobierno de OPM con Arenales Forno en la SEPAZ y Jorge Herrera, "El Tanque", en el PNR, el objetivo fue bajarle el perfil a la institucionalidad de la paz, negando todo lo que pudiera implicar a sus amos militares en crímenes de lesa humanidad. Herrera, desempeñó a cabalidad su papel mediatizador, llevó al PNR a un ejército de "hermanos" de la iglesia de su propiedad, que fueron sus ojos y oídos, y se "durmió", con discursitos moralistas y pseudoreligiosos, durante 4 años, a los trabajadores y a las organizaciones de víctimas. Ofreció el oro y el moro, para mantener a todos contentos, hasta llevar al PNR a una situación miserable. Cumplió la misión que le encomendaron. Ahora quiere aparecer como víctima de las circunstancias y salir en caballo blanco. Privilegió las movidas chuecas con sus allegados y los arreglos debajo de la mesa con el corrupto sindicato, dirigido por un fantoche (al parecer fue rey feo de CC.PP.) llamado César Arrecis quien, a espaldas de la mayoría de miembros del sindicato, negoció con la nueva Secretaria de la Paz, Victorina Salanic, levantar el emplazamiento a cambio de plazas para él y sus allegados. Ahora ostenta la plaza de Director de Conciliación en la SEPAZ, devengando un salario tres veces mayor al que recibía en el PNR (ahora denuncia amenazas de muerte, el pobre; para no dar la cara). Mientras tanto, cerca de 200 trabajadore, en su mayoría calificados, y más 70 mil víctimas, esperan una respuesta honesta; al menos para retirarse de ese fangoso y apestoso escenario, con un finiquito en la mano y la posibilidad de retomar el compromiso que tiene el Estado de Guatemala de resarcir a las víctimas,. a 20 años de haberse firmado la Paz Firme y Duradera (eso sí a Orlando Blanco y a la bancada de la UNE les conviene, quienes tratarían de retomar el control de esas instituciones)
HOYPORHOY /
Ambas instituciones se han prestado para todo tipo de corrupción. Tanto en la contratación de personal como en las actividades a las que se dedicaban. Conocí de primera mano un proyecto en la SEPAZ cuyo objetivo era promover la figura de Sandra Torres, previo a su intento de participar como candidata presidencial. Para dicho programa se contaba con un nivel completo del edificio y se pagaban jugosos salarios. Pese a que tal vez en la teoría los objetivos de estas instituciones pudiesen parecer positivos, en la práctica sus acciones han terminado desvirtuándose a tal punto que resultan inoperantes y focos de corrupción. En un país como el nuestro, con tantas necesidades, no sería mala idea dar otro uso a esos recursos.