La duda razonable que absolvió a Carlos Vielmann

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Concepción Espejel y Juan Pablo González, los dos magistrados conservadores que absolvieron a Carlos Vielmann, razonaron así: las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes ocurrieron y existen tres papeles diferentes que el exministro estuvo en posición de ejercer.

Uno: Pudo dar las órdenes.
Dos: pudo saber que los asesinatos iban a ocurrir y no impedirlos.
Tres: pudo no saber nada.

Según los dos magistrados, los dos primeros escenarios pueden ser ciertos. “La acusación (del MP, la CICIG y la fiscalía española) concluye que el acusado (Vielmann) ordenó, autorizó, permitió o manifestó aquiescencia con los asesinatos. Sin duda es una deducción compatible con los indicios con los que se cuentan”, exponen la sentencia.

Sin embargo, los magistrados Espejel y González, consideraron que tan probable son los dos primeros escenarios, como el tercero. Ante la posibilidad de que Vielmann pudo no saber, decidieron absolver. In dubia pro reo: ante la duda, se debe favorecer el reo.

En su opinión, las siete muertes ocurridas durante la toma de Pavón en 2006 y los tres asesinatos de reos fugados de El Infiernito, sucedidos un año antes, son atribuibles a grupos “incontrolados enquistados en las instituciones” del Estado. Los dos magistrados consideran que los hechos ocurrieron con un “cierto nivel de improvisación”, no formaron parte de un plan de “limpieza social” orquestado desde la cúpula del Ministerio de Gobernaciòn.

Eso explicaría por qué solo fueron asesinados tres de los 19 reos que participaron en la fuga de El Infiernito; por qué no fueron ejecutados todos los miembros del Comité de Orden y Disciplina que gobernaba Pavón, solo algunos, y por qué, en cambio, sí murieron reos que no tenían nada que ver con los líderes del penal. El móvil de los hechos ocurridos durante la toma Pavón, según los juzgadores, pudo ser económico: “apropiarse de los fondos que las víctimas pudieron tener ocultos en sus viviendas”.

“Es razonable pensar que los autores materiales de las muertes actuaran sin control de sus superiores esperando que su actuación fuera convalidada a posteriori por los máximos responsables del operativo”, concluye la sentencia.

Ante la posibilidad “razonable” que Carlos Vielmann no supiera lo que iba ocurrir y por tanto no pudiera evitar los crímenes, los dos magistrados decidieron absolver.

Los magistrados Espejel y González, que han ocupado cargos de representación de los jueces españoles a nombramiento del conservador Partido Popular, también valoraron que Vielmann fue un “reformador” de la policía, que creó la Inspectoría de la institución para controlar a los agentes, y sobre todo, que formó parte de un gobierno que promovió la llegada al país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La CICIG, artífice de este caso y tan duramente criticada por Vielmann, se convirtió así, en uno de los argumentos para la absolución del exministro.

El voto discrepante

El razonamiento de Ricardo de Prada, el juzgador progresista que no estuvo de acuerdo con sus dos compañeros, en realidad, no fue muy distinto. Él también sostuvo que las ejecuciones ocurrieron y compartió los escenarios uno y dos descritos por los otros magistrados: Vielmann pudo ser el autor intelectual de los asesinatos o pudo permitir conscientemente que ocurrieran. Su punto, sin embargo, es el siguiente: el escenario tres (que el Ministro no sabía nada) no es factible.

En su opinión, es cierto que Vielmann pudo desconocer cómo las ejecuciones iban a ocurrir, o a quién se iba a asesinar, pero no puede negar que sí conocía la existencia de estructuras como las de los comisarios Víctor Soto Diéguez o Víctor Rivera, o las del director y subdirector policiales Erwin Sperisen y Javier Figueroa. Estructuras que cometían crímenes de manera rutinaria, según concluyeron los investigadores de la CICIG. A Sperisen y Figueroa, de hecho, fue Carlos Vielmann quien los designó.

El magistrado De Prada, por tanto, introdujo una tercera posibilidad: el exministro no hizo nada para combatir a estos grupos y por tanto se colocó en posición de “ignorancia deliberada”.

Pudo desarticular los escuadrones de la muerte dentro de su Ministerio y salvar vidas, pero no lo hizo, según el magistrado, porque prefirió beneficiarse políticamente de su actuación.

“Se quiso elevar (los asesinatos) desmedidamente a la categoría de espectáculo ejemplificador en beneficio de sus intereses políticos (de Carlos Vielmann) y los del gobierno del que formaba parte (de Óscar Berger y Eduardo Stein)”, se expone en el voto razonado de la sentencia.

Para el magistrado de Prada, el tribunal debió elegir entre uno de estos tres escenarios. Tenía que elegir entre tres razones para condenarlo, pero condenarlo siempre, y si no lo hizo, fue porque los dos magistrados conservadores optaron por obviar o no dar credibilidad a una parte importantes de las pruebas presentadas por la fiscalía.

Lo que el tribunal no vio

Los magistrados Espejel y González decidieron no creer al testigo clave de la CICIG: un funcionario del Sistema Penitenciario llamado Alfredo Linares Pérez, quien presenció cómo Vielmann, de madrugada en Pavón, saludaba a los encapuchados que cometieron los crímenes, después vio al ministro dentro del penal mientras los asesinatos aún se producían, y recibió la instrucción de su superior, Mario García Frech, de que estuviese tranquilo porque las autoridades superiores estaban al tanto de todo lo que ocurría.

La mayoría del tribunal consideró que Linares no es creíble. Primero por algunas contradicciones en su testimonio. Dijo que cuando entró a la casa de El Colombiano (donde sucedieron las ejecuciones de Pavón) había presos agonizantes, pero según los informes forenses, todos los reos fallecieron de manera casi inmediata. En las audiencias del juicio español aseguró que escuchó a Vielmann decir “que se apuren los ‘riveritas’ que tiene que entrar el MP”, pero eso carece de sentido, porque el equipo del comisario venezolano Víctor Rivera, no estaba presente ese día. (En realidad, su frase literal ha ido variando según el momento. En el mismo juicio español dijo “que se apuren los muchachos, o que se apuren aquellos”, aunque esto se omite en la sentencia).

Segundo, los magistrados conservadores estimaron que el testigo Linares mostró enemistad con García Frech, y que por tanto, su declaración estaría contaminada por su afán de incriminarlo. Tercero, la mayoría del tribunal valoró la posibilidad de que Linares declaró porque CICIG le ayudó a conseguir trabajo y residencia en Canadá.

Al otro testimonio importante, el de Raúl Flores Esquivel, tampoco se le dio credibilidad. Este agente retirado de la PNC declaró que vio a Vielmann cerca de la casa de “El Colombiano”, mientras hombre encapuchados y sin insignias policiales llevaban dentro del recinto, primero a un reo grueso con las manos esposadas a la espalda (Abraham Tiniguar, “Chocobolas”) y después a uno delgado de chumpa celeste (Jorge Batres, “El Colombiano”).

El tribunal optó por considerar su declaración “sumamente insegura e imprecisa”, básicamente por su forma de expresarse y porque es el único testigo que asegura haber visto a Vielmann cerca de la casa de El Colombiano.

Los magistrados Espejel y González tampoco tuvieron en cuenta los testimonios de Felipe Camajá y Guadalupe Reyes, dos policías que capturaron a Edwin Santacruz, uno de los fugados de El Infiernito, y lo entregaron a los hombres del comisario Víctor Soto Diéguez, quienes lo mataron en el cruce de Río Hondo, Zacapa en noviembre de 2005.

La fiscalía española decidió no citarlos a declarar, si no incorporar al sumario la grabación de una declaración que ofrecieron los dos policías en el juicio que se celebró en Guatemala contra Soto Diéguez y darle calidad de “prueba documental”. La mayoría conservadora del tribunal decidió no tener en cuenta estos audios, porque consideró que los dos agentes debieron ser convocados como testigos para que la defensa de Vielmann tuviese la oportunidad de interrogarlos.

Los policías Camajá y Reyes dieron declaraciones importantes. El primero vió al comisario Víctor Soto Diéguez hablar por teléfono con alguien al que se refería como “señor ministro”, cuando estaban en Río Hondo y el reo fugado Santacruz iba a ser ejecutado. El segundo participó en una reunión en la sede del Ministerio de Gobernación en la que estaba presente Vielmann en la que se dieron instrucciones sobre la recaptura de los presos que huyeron de El Infiernito: el llamado Plan Gavilán.

Cuando terminaron, el policía Reyes comentó a un superior, el subcomisario Víctor Manuel Ruiz González, “Mincho”, que le había extrañado la participación de las altas autoridades en la reunión. Según el policía Reyes, Mincho le contestó: “le quieren mandar un mensaje a los prófugos para que miren que aunque se salgan, siempre se mueren”.

Dos criterios

De Prada, el magistrado que por votó por condenar a Vielmann, consideró que el tribunal no debió obviar una parte tan sustancial de la acusación. El testimonio del teniente coronel Linares tenía que considerarse en su conjunto, no centrarse solo en algunas inconsistencias para descalificarlo. El del policia Flores Esquivel “simplemente fue una declaración poco fluida de alguien que estaba en videoconferencia, con audición deficiente y un bajo nivel cultural”. Los de los agentes Reyes y Camajá debieron incorporarse como pruebas, valorando que son policías humildes que viven en Guatemala, no cuentan con protección y no deseaban exponerse por seguridad a testificar en el juicio.

Para el magistrado progresista de Prada, estas evidencias eran suficientes para disipar las dudas razonables que albergaban los otros dos magistrados sobre la culpabilidad de Vielmann, por lo que no considerarlas fue decisivo.

Los magistrados Espejel y González, sin embargo, consideraron que ninguno de estos testimonios eran tan importante, incluido, el de Camajá. “Victor Soto pudo simular la comunicación para dar sensación de mayor autoridad frente a sus subordinados, o caso de ser cierta la comunicación con el Ministro, Soto pudo falsear la comunicación que transmitía”, aseguran los magistrados conservadores en la sentencia.

La puerta ahora está abierta para las apelaciones. Manuel Ollé, abogado particular de dos de los reos fallecidos, ya confirmó a la reportera Ximena Villagrán, de Prensa Libre, que prepara un recurso.

Mientras esto ocurre, Carlos Vielmann, quien durante siete años no pudo salir de las fronteras españolas, ya puede volver a casa en Guatemala.

Aquí puede descargar la sentencia (y la disidencia) completas.