La historia de Jaguar: bufetes, mafias y OPM (3/4)

Ernesto Córdova siguió segundos después: “Ala mire usted, y Gustavo (Martínez, yerno y secretario general de Pérez Molina) por qué no nos hace el favor de decirle a Mauricio (López Bonilla, entonces ministro de Gobernación) de que no dejen entrar al cónsul (chino)”. La dirección de Migración es parte del Ministerio de Gobernación.

López Bonilla, en una entrevista con Nómada, negó cualquier vinculación y dijo estar preparando una demanda en contra de César Medina (ahora en prisión por sobornos) por usar su nombre para impresionar a Córdova.

En todo caso, el Ministerio Público (MP) y la CICIG acusaron al gerente Ernesto Córdova por el pago de manera triangulada de Q1.9 millones ($250 mil) a un viceministro, un operador, y al yerno y secretario del Presidente para expulsar a los trabajadores chinos del país. Todo bajo el conocimiento de Otto Pérez Molina, según consta en un documento clasificado de la CICIG al que tuvo acceso Nómada.

Estos sobornos son uno de los capítulos de la serie de Nómada sobre la disputa entre socios anglosajones (ingleses-estadounidenses) y socios chinos para hacerse con la planta de carbón más grande de Centroamérica, que abastecerá al 15% del mercado nacional. El carbón está prácticamente prohibido en economías limpias por su capacidad de contaminación.

Las solicitudes del gerente Córdova tuvieron efecto. El cónsul chino en Costa Rica, la representación más cercana a Guatemala, no logró el objetivo de su visita. Su intento de liberar a decenas de trabajadores y técnicos chinos (los “chinos malos”) de la constructora China Machine New Energy Corporation (CMNC), que estaban recluidos en un albergue en zona 5, fracasó.

Para que esto fuera así, se desató una lucha entre los bufetes de cada una de las empresas, que incluyó un montaje para relacionar el caso Siekavizza con los chinos. Cuando el problema se puso muy tenso, cada bufete hizo lo que podía para salvar a sus defendidos. Para ese momento parecían menos un bufete prestigioso y más parte de una estructura que actúa a la sombra del Estado.

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El negocio opaco de la energía

Esta disputa de titanes comenzó así. En noviembre de 2007 la Comisión Nacional de Energía Eléctrica sacó una licitación (126-2007) para construir una planta de energía a partir de carbón y producir 300 MW.

La única oferente fue Jaguar Energy Guatemala LLC, creada meses antes en Delaware, Estados Unidos, considerado por muchos un paraíso fiscal. Los problemas vinieron desde un inicio: al momento de ofertar, Jaguar Energy tenía un capital inicial de $100 mil, y la CNEE pedía que como mínimo tuviera una base de $100 millones. El proyecto costaría $728 millones. Jaguar dijo que no había problema, pues tenía un “socio estratégico”: la inglesa Ashmore Energy International Ltd. (AEI).

Pero el dinero para la construcción tardó en llegar. Según una investigación, Jaguar Energy falló en 2008 en lograr un crédito de US$445 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La crisis financiera de entonces y las restricciones para producir energía a base de carbón (súper contaminante) fueron las principales razones para negarlo.

Mientras esto sucedía, Jaguar Energy firmó un contrato con la constructora China Machine New Energy Corporation (CMNC) para la construcción de la carbonera. Y un año después, a fines de 2009, en vista que el financiamiento del BID no había sido otorgado, la misma constructora china otorgó un préstamo de $200 millones a Jaguar Energy.

El contrato, al que Nómada tuvo acceso, registra un aspecto importante: la garantía del préstamo eran todos los bienes de la planta, incluyendo las acciones. Esto era fundamental. Es decir, los socios chinos prestaron dinero a los socios anglosajones y a cambio pidieron como garantía la propiedad de la planta y la empresa.

Al siguiente año, en febrero de 2010 Jaguar logró $350 millones de los $750 millones necesarios para construirla: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio $70 millones y Banca de Inversión Bancolombia Corporación Financiera S.A. (BI Bancolombia) aportó $280. Según abogados de la constructora china, los pagos nunca llegaron a tiempo y el financiamiento fue siempre oscuro. Los abogados de los socios anglosajones de Jaguar no quisieron dar entrevista para este reportaje.

En vista de eso, ese noviembre de 2013 –a medio período del gobierno de Pérez Molina– la constructora china CMNC decidió ejecutar la cláusula de garantía del préstamo, y se instituyó como propietaria de todos los activos del proyecto Jaguar. Los anglosajones AEI y Jaguar Energy se sorprendieron pero no había nada, legalmente, que pudiera hacer. El contrato lo permitía. Pero dos semanas después, Jaguar Energy respondió cancelando el contrato de construcción y tomando posesión física de la planta.

Cada empresa tiene su versión. Según una entrevista escrita realizada con José Antonio Montes, gerente de asuntos corporativos de Jaguar, la constructora china CMNC debía entregar terminada la planta en junio de 2013. Y falló. Por eso cancelaron el contrato y demandaron internacionalmente a los chinos por $300 millones por “sobrecostos, daños contractuales, anticipos pagados a CMNC, deudas que CMNC tenía con los proveedores y que Jaguar asumió, así como daños y perjuicios”, según escribió Montes.

La versión de los de la constructora china, dada por documentos oficiales y entrevistas de varios de sus abogados con Nómada, tiene más detalles. La constructora CMNC afirma que las labores de la planta comenzaron hasta el 29 de marzo de 2010, y que a ellos (los constructores) se les dejó ingresar tres meses después. Durante el 2010, según la constructora china, la AEI (subsidiaria de Jaguar) pasó por problemas financieros, varias reestructuraciones donde vendió y perdió activos, y cambió varias veces de directivos.

A esa inestabilidad y falta de garantía, continúa la versión de los socios chinos, se sumó la dificultad de Jaguar para pagar a tiempo. Eso causó las demoras. Por eso demandaron a Jaguar Energy por $1,500 millones. Eso es mucho dinero: más de lo que el Estado invierte en cuidar el Lago de Atitlán. Jaguar Energy prefirió no opinar sobre la versión de la constructora china en la entrevista con Nómada.

La planta de Jaguar Energy. Foto: Soy502

Las primeras medidas de Jaguar Energy

Jaguar Energy tenía una estrategia de respuesta a los chinos de la constructora. No dejarían que se quedaran con su planta. Los chinos podían ahora ser dueños de la planta al exigir la garantía de préstamos, pero no tenían posesión física de la carbonera. Ese era territorio de Jaguar Energy.

El siguiente paso era hacer una constancia que los socios anglosajones de Jaguar eran los verdaderos dueños, aunque eso incumpliera el contrato de préstamos que había firmado Jaguar Energy con los chinos. Un día antes que Jaguar Energy expulsara a los trabajadores chinos de la planta, el abogado Marcelo Charnaud y el contador Raúl Toc firmaron un acta ante la SAT que certificaba que Jaguar Energy era propietaria de la planta de carbón. El acta estaba acompañada por un lista de más de 60 componentes (entre piezas y maquinaria) de la planta, valuados en casi Q1.4 mil millones.

El tercer paso fue buscar respaldo financiero para garantizar esa propiedad y los pagos que adeudaban. Crearon un fideicomiso con la financiera del Banco G&T, el tercero más grande del sistema de bancos guatemaltecos. El contrato del fideicomiso pasó los bienes de la planta carbonera a la financiera de G&T. Como segundo beneficiario estaba la multinacional inglesa AEI (socio estatégico de Jaguar Energy). Lo realizó sin consultar a la constructora china CMNC, a la que ubicó como tercer interesado.

Ese fidecomiso fue inscrito frente al Registro de la Propiedad, en ese momento a cargo de Anabella de León, ubicada allí por Otto Pérez Molina en 2013. La solicitud de inscripción fue realizada por el abogado Jorge Asencio Aguirre. Tanto Asencio Aguirre como Marcelo Charnaud Bran (que firmó el acta en la SAT a favor de Jaguar Energy) actuaban como mandatarios de Jaguar Energy.

Ambos son parte del bufete Asencio, Andrade, Flores & Asociados. Jorge Asencio Aguirre, una de las cabezas más visibles del bufete, se negó a dar una entrevista para este reportaje. Su bufete lleva otro caso polémico: defiende a la minera KCA, responsable del proyecto de oro a 10 kilómetros de la capital, en La Puya, que amenaza la sostenibilidad ambiental y social de la zona. Este sería uno de varios grandes bufetes que participaron en la estructura de favores de Jaguar.

Una guerra de abogados (que incluye un exfiscal y un exjuez constitucional)

Cuando las multinacionales pasan a operar a otros países, generalmente contratan a los grandes bufetes locales: tienen conocimiento de las leyes del país, experiencia en otros casos, y contactos clave para momentos de crisis. Eso mismo hicieron tanto la constructura china CMNC como la inglesa-norteamericana Jaguar Energy. Y cuando llegó la crisis, a fines de 2013, con el rompimiento, sus abogados comenzaron a actuar.

Además del bufete del abogado Jorge Asencio, que certificó a Jaguar Energy como dueño de la maquinaria china y lo garantizó con un fidecomiso, otros abogados reconocidos aparecen en las escuchas de la CICIG. Ellos coordinaron los sobornos y las acciones contra ‘los chinos malos’ con el yerno del presidente y Ernesto Córdova, ex gerente de Jaguar y ahora prófugo, la salida de los chinos del país.

Pero no eran los únicos abogados. Las estructuras llegaban a abogados más poderosos. Los nombres sonaron mucho hace diez años: el abogado José Luis Florido, ex Fiscal General y el abogado José Quezada, magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Ambos escogidos en los tiempos de Óscar Berger (2004-2007).

Una de las transcripciones del expediente del MP y la CICIG, involucra a Florido y a Quezada en una reunión con OPM.

Tanto en las escuchas de 26 de junio y del 11 de septiembre de 2014, se menciona que la estructura de favores discutía sus estrategias y luego se reunía con Florido y Quezada para llevarlas a cabo. Según queda registrado en las llamadas, ambos ex funcionarios de la justicia guatemalteca tenían total conocimiento de lo que ocurría y participaron en reuniones con el entonces presidente. Ni Florido, Quezada, o los actuales mandatarios legales de Jaguar Energy, quisieron entrevistarse para este reportaje. Florido salió de la jefatura del Ministerio Público a petición del expresidente Álvaro Colom y de la CICIG, y tanto Florido como Quezada son experimentados abogados corporativos. Quezada es el abogado de Repsa para el caso del ecocidio en Petén –ahora en pausa porque un juez de amparos anuló la suspensión de la empresa–.

Pero los abogados de la constructora china no se quedaban atrás. Según una conversación entre el yerno de Pérez Molina, Gustavo Martínez, y el operador César Medina, “el abogado de los chinos, Sosa”, se estaba “meneando para bloquearlos” y sentían que “estaba corriendo mucha plata” para algunos funcionarios del gobierno. La razón, según Martínez, era que CMNC había ofrecido al abogado Sosa ser accionista de hasta el 25% de la planta Jaguar, en caso se lograra recuperar. Por eso, “Sosa está gastando lo que sea”.

Es decir, el secretario Martínez –que recibió sobornos por parte de Jaguar– sentía que el abogado de la constructora china estaba sobornando a otras personas.

Otra transcripción del MP-CICIG, en el que el yerno del expresidente acusa a sus rivales.

Se trata de Rodolfo Sosa de León, abogado del bufete A.D. Sosa & Soto, especializado en asesorar a empresas mineras y petroleras multinacionales. Sosa se negó a dar una entrevista para este reportaje.

Ambos bufetes son los que firmaron las demandas, exhibiciones personales, fideicomisos y otras actas, además de cabildear con políticos a cambio de sobornos y favores, para validar la posición de la empresa que representaban.

Estas estructuras de abogados, demandas, fideicomisos y sobornos pasaron fueron legitimadas por todo el sistema estatal de energía eléctrica. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica fue cuestionada sobre la validez de un contrato de energía firmado gracias a sobornos. ¿Pensaron alguna vez en dar por terminado el contrato? Su respuesta fue cortante: No. La oficina legal encargada de velar por los intereses del Estado, la Procuraduría General de la Nación, tampoco actuó de oficio contra este caso.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) continúan investigando para demostrar en tribunales los sobornos al yerno del expresidente Pérez Molina, un exministro de Energía y un intermediario. Otro exministro, de Gobernación, y el mismo expresidente aparecen en las escuchas, y las investigaciones podrían llegar hasta ellos.

En la parte energética y legal sobre la concesión y la propiedad de la contaminante y lucrativa carbonera, podría quedar impune y en empate. No se pudo resolver en Guatemala y un tribunal en Singapur tendrá en diciembre de 2015, dentro de un mes, la respuesta final al conflicto entre los exsocios anglosajones de Jaguar Energy y la constructora china CMNC.