La historia de una piñata salarial

Ésta es la historia de los trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones, los responsables de administrar el espectro radioeléctrico frente a los intereses de los gigantes de la telefonía, la televisión y la radio. Es una dependencia tan fundamental que incluso pueden salvar a un presidente en aprietos (como casi sucedió con Otto Pérez Molina unos días antes de parar en la cárcel en 2015).

Desde que esta pequeña oficina estatal, la SIT, fue creada en 1996, nadie se molestó en crear un reglamento interno ni en adscribirla a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec). Bajo el argumento de que se necesitaba contar con personal altamente calificado, durante 20 años se le permitió operar fuera de la Ley de Servicio Civil y, a falta de una normativa, cada superintendente decidía a quién contratar y cuánto pagarle. Un día, la bomba de tiempo explotó.

El entonces Superintendente en tiempos del Partido Patriota era Eddy Padilla Aroch, ingeniero civil especializado en temas ambientales. Fue uno de los primeros funcionarios del PP en ser señalados por posible corrupción. En 2012 fue citado al Congreso para explicar la compra de un software para bloquear teléfonos por Q11 millones a una empresa que no tenía experiencia en el ramo. Dio marcha atrás solo cuando la Contraloría alertó sobre la lesividad del contrato. Su último gran señalamiento fue el haber apurado la licitación de la banda 4G, apetecida por las telefónicas, que al final se quedó en un impasse en el gobierno de trancisión.

A Eddy Padilla, como a sus antecesores, el limbo del régimen laboral de la SIT le permitía contratar como le diera la gana. La Ley de Servicio Civil establece que cada institución puede contratar hasta 10 personas bajo el régimen de servicio exento. Es decir, no tienen que pasar por concursos de oposición, ni cumplir con requisitos académicos. De esas 10 plazas son de las que se suelen valer los ministros para contratar a su personal de confianza como asesores. La SIT tiene actualmente a 62 personas bajo esa modalidad, seis veces lo que dice la ley. Seis.

El régimen de servicio exento también les permite asignar salarios altos. Por ejemplo, la escala de salarios dejada por el expresidente Alejandro Maldonado establece que el salario para alguien contratado como Profesional I debería ser de Q3 mil, mientras que en la SIT una persona en el mismo puesto gana Q15 mil. Y lo mismo pasa con todos los puestos.

Un trabajador consultado, que pidió el anonimato, asegura que el interés en no normalizar su situación radicaba en que las autoridades de la SIT habían estado cobrado comisiones a cambio de las plazas. Al momento no existe una denuncia formal contra los exjefes.

Las diferencias salariales son tan grades que el Superintendente gana casi Q41 mil mensuales, más que su jefe, el ministro de Comunicaciones, que gana Q35 mil. Su salario incluso duplica los Q19 mil que gana el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

– El proceso es largo pero hemos avanzado. Hay que ordenar todo. Tiene que crear una estructura presupuestaria. Crear plazas dónde se detallen los requisitos para optar al cargo y cuáles serán sus obligaciones, establecer salarios. Y dentro de eso habrá que hacer ajustes, explica Rafael Ramírez, director de la Onsec.

– Nosotros no habíamos actuado porque año con año pasaba lo mismo. En enero no salía el pago pero el superintendente pedía a Finanzas una prórroga y luego en febrero nos pagaban ya los dos meses atrasados, dice Jorge Aroche, trabajador de la SIT contratado como Profesional I.

Y sí, durante los últimos cuatro años, el entonces superintendente, Eddy Padilla, pedía una excepción al Ministerio de Finanzas en lo que hacía los trámites con Onsec. Se tardó cuatro años sólo en aprobar el reglamento. Y nunca lo aprobó.

El Ministerio de Finanzas, a través de su vocero, informó que el pago lo detuvieron en enero porque no se había hecho la adscripción y tampoco se estaba cumpliendo con el acuerdo gubernativo.

Una de las últimas cosas que hizo Alejandro Maldonado en la Presidencia fue firmar el acuerdo gubernativo 301-2015. Con él asignaba una nueva escala salarial para trabajadores públicos, estableciendo que el pago debía hacerse a través del sistema Guatenómina y para ello todas las instituciones públicas debían estar adscritas a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC). Dicha oficina es la que vela por la aplicación de la Ley de Servicio Civil.

Y mientras tanto los trabajadores

Son esos ajustes los que, encima del atraso en los pagos, han provocado el malestar en los empleados.

– Acá todos los días vienen cobradores a buscarnos. Un mes se pasa pero ya dos, cinco, son otra cosa. Y pese a todo seguimos trabajando, todo esto es una ilegalidad porque nos van a cambiar los términos bajo los que fuimos contratados, es más un tema de falta de voluntad política y de interés por despedirnos, dice el trabajador Jorge Aroche.

Los trabajadores de la SIT están en proceso de conformar un sindicato ante lo que consideran una violación de sus derechos laborales.

Rafael Rodríguez, uno de los técnicos de la ONSEC a cargo del proceso, dice que esta situación es inevitable.

– Lamentablemente es un punto al que teníamos que llegar y que demuestra porqué es tan necesario reformar la Ley de Servicio Civil; no podemos seguir teniendo esa disparidad en salarios dentro del mismo gobierno. Lógicamente el que gana más no va a querer que le restemos, pero tampoco hay fondos para aumentarles a todos.

Tras la crisis institucional que vivió el país el año pasado se demandó reformar tres leyes claves para luchar contra la corrupción: la Ley Electoral, la de Contrataciones y la de Servicio Civil. De las tres sólo la última no ha sido aprobada. Ni siquiera ha sido conocida oficialmente por los diputados.

El nuevo superintendente, José Raúl Solares Chiu, no respondió a los cuestionamientos de Nómada. Entre ellos estaba la pregunta a por qué el día de su nombramiento todavía era contratista del Estado. El 22 de abril de 2016 todavía era representante de la empresa Acceso Digital.