La iniciativa económica que unió a la derecha y a la izquierda

A partir de seis ejes se cambiaría el futuro del país. Los ejes irían encaminados a reducir la pobreza y la exclusión social, a mejorar la calidad de vida, a tener más y mejores empleos formales, un Estado en el que se cumplan las leyes y se invierta en los ciudadanos, y fuertes sumas de inversión privada que ayuden a aumentar la riqueza.

Solamente se necesitarían once años. No era necesario más tiempo. Todo era cuestión de voluntad. Para el bicentenario de la independencia centroamericana (1821-2021), Guatemala se encontraría en otro nivel. La Guatemala del futuro del Plan Visión de País, presentado en el 2010 por el think tank empresarial Fundesa y firmado por todos los líderes políticos. Las opiniones que habían circulado sobre un nuevo y joven empresariado, más comprometido con la sociedad, con capacidad dirigente y espíritu democrático, parecían tener un sustento.

Algo, sin embargo, se salió de este guión.

El Ministerio de Economía de Otto Pérez Molina, cedido a una parte del sector privado organizado, presentó al Congreso en febrero del 2013 el Paquete de Leyes de Inversión y Empleo. Era la propuesta del Estado de Guatemala, anunciaron en discursos oficiales, para cumplir con sus compromisos comerciales con el mundo y eliminar los beneficios fiscales a las exportaciones.

Consta de alrededor de diez iniciativas y reformas de ley que buscan, según documentos del Ministerio de Economía, «crear las condiciones para incentivar las inversiones, incrementar el empleo y mejorar la competitividad para promover el desarrollo de las zonas desfavorecidas del país».

Javier Zepeda, el director de la Cámara de Industria (CIG), dice que sin la ley sería imposible competir con nuestros vecinos. «En toda la región se han creado leyes similares». El ministro Sergio de la Torre agregó que no es sólo la inversión y la competencia lo que se busca; el principal objetivo es «erradicar el hambre, la pobreza y mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos».

Un objetivo que bien podría unir a la izquierda y a la derecha en Guatemala. Y parece que lo ha hecho, pero en contra del método propuesto por la iniciativa. La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), a través de su titular, Jorge Briz –uno de los estandartes de la derecha dura del país–, afirmó que tal como está planteada la ley sólo beneficia a un sector reducido.

Tal vez la iniciativa regresó al Plan Visión de País a un guión anterior.

La iniciativa 4644 da incentivos fiscales para atraer a inversionistas. En la propuesta original quedan totalmente exentos de pagar el Impuesto de Solidaridad, el IVA de importaciones y derechos arancelarios en muchas de sus importaciones, el IVA doméstico en buena parte de sus compras, del Impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados, y al menos el 50% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por períodos de hasta 35 años. 35 años que, por la tradición desde 1989 y 2004, podrían ser prorrogables.

En realidad, tal vez no hubo tal diferencia de guión.

La SAT se opone (dictamen 023-2014) porque sostiene que muchas de las empresas amparadas por la ley de maquila y la de zonas francas buscarían migrar al nuevo régimen. El impacto fiscal para el Estado de esa migración está proyectado en Q1 mil 200 millones. A esto la SAT le suma los contribuyentes que no están acobijados por esas leyes pero que podrían calificar para ser amparados por la iniciativa 4644. De las 380 empresas elegibles se podría llegar a perder Q3 mil millones, un poco menos del 10% de la recaudación total y un 1.5% de todo el PIB.

«Resulta incoherente que un Estado que no tiene suficientes ingresos proponga un paquete que busca reducir aún más la base tributaria», afirma el economista Jorge Santos, del Centro de Investigaciones en Derechos Humanos.

El gobierno podría verse tentado a aumentar otros impuestos, como el IVA para consumidor y el de importación, que afectan directamente a los pequeños comerciantes y a los importadores afiliados a la Cámara que preside Briz.

La Cámara de Comercio resumió su postura en los mupis que han tapizado buena parte de la ciudad: “Sin privilegios, creamos desarrollo”.

¿Los incentivos equivocados?

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), menciona que una reciente encuesta del Banco Mundial, realizada a empresarios, buscaba entender cuáles eran las prioridades que veían en un país al momento de considerar su inversión en él. En primer lugar aparecía el acceso a consumidores, con un 77% de importancia. Después se ubicaba un ambiente político y social estable, facilidad para hacer negocios, bajos niveles de corrupción, mano de obra calificada, infraestructura y servicios básicos, y otros.

Según expertos consultados, ni el Paquete ni las acciones del gobierno del Partido Patriota buscan sanear estos problemas. El énfasis, más bien, es en dos incentivos principales: una mano de obra barata y no organizada, y la exención de impuestos, aranceles y otros gravámenes.

¿Qué lugar ocupan estos factores en las prioridades de los empresarios encuestados por el Banco Mundial? La mano de obra está en el octavo lugar y los impuestos nacionales y locales en el onceavo y diecisieteavo, respectivamente. Son importantes, claro, pero no parecen ser prioritarios. ¿Quiénes entonces se benefician del Paquete?

En el programa radial A primera Hora, de Emisoras Unidas, realizado el 10 de junio, el ex ministro de Finanzas del gobierno de Álvaro Colom, Édgar Balsells, intentó zanjar: «Lo único que estas iniciativas buscan es el beneficio de los mismos sectores, el de los oligopolios industriales».

Balsells se refiere a los grandes agremiados de la Asociación de Expotadores de Guatemala (Agexport), a la Asociación de Zonas Francas, y la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex). Ellos y los grandes azucareros y cerveceros de la Cámara de Industria (CIG).

Según las últimas enmiendas presentadas en el Congreso, para poder estar amparado en la Ley de Promoción de Inversión y Empleo es necesario tener la capacidad de crear al menos 80 trabajos formales y permanentes, y poseer activos fijos que superen los US$ 500 mil (Q. 4 millones).

Según datos de la SAT, fuera de las empresas amparadas en la Ley de Maquilas y Zonas Francas, solamente 380 empresas podrían beneficiarse. Son 380 de 200 mil empresas inscritas a nivel nacional. Una ley que beneficiaría entonces a un reducido 0.19% del empresariado. Un 0.19% que tal vez no necesita de incentivos fiscales para sobrevivir o crecer.

Consultado sobre el beneplácito de la iniciativa de ley por sus agremiados, Zepeda afirmó: «Como Cámara de Industria diría que en términos generales estamos bastante conformes con la ley. Incluso diría que algunos sectores del CACIF también lo están». Sólo algunos. La conservadora Cámara de Comercio ha roto filas y se ha aliado con instituciones progresistas, como el ICEFI.

Empleos nuevos en el pasado, ¿empleos nuevos en el futuro?

Cuando se aprobó la ley de maquila en 1989, sirvió para atraer capital coreano y guatemalteco para surtir al mercado estadounidense, preocupado por su dependencia de China y porque Corea del Sur había llenado sus cuotas comerciales de producción de textiles. Dio beneficios fiscales al sector para que pudiera ser más competitivo, se desarrollara y Guatemala fuera un importante productor de textiles en el mundo.

El plan original de beneficios durante 15 años para que la industria pudiera consolidarse varió. En 2004, en tiempos del gobierno empresarial de Óscar Berger, los beneficios fiscales se ampliaron. Y se redujeron los requisitos para recibirlos. Ya no fue necesario exportar fuera de Centroamérica, ni ser exclusivamente una empresa que importara insumos y los convirtiera para su exportación. La minera de oro, Montana, recibió beneficios fiscales. También Pepsi, Kellog’s y otras grandes empresas.

Diez años después, en 2014, ante la necesidad de reformar las leyes de subsidios a la exportación por medio de menos impuestos, sobre esta iniciativa descansa la política económica del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

La estrella económica del gobierno

La explicación la resumió el Presidente de la República en su programa de televisión. La escena era en el interior de una gran maquila. Cadenas de procesamiento, cargadores transportando materia prima del extremo de una gran galera hacia la otra, y obreras en el sistemático trabajo de ensamblaje. En la parte más cercana del cuadro los protagonistas del programa: el Ministro de Trabajo, el de Economía y la alcaldesa de Masagua, afiliada al PP. El programa lo dirigía, como siempre, Otto Pérez Molina.

De frente con el Presidente sirvió de plataforma para hablar de las bondades del Paquete de inversión y empleo. El lema era el mismo en cada intervención: Mientras más inversión ingrese al país, más empleos se van a crear.

Carlos Contreras, titular de la cartera de Trabajo, precisó: «Lo importante es crear empleos formales, personas que si bien no van a ganar mucho, van a tener empleo permanente y seguridad social».

El discurso es trillado, realmente. Las inversiones productivas con beneficios fiscales no necesariamente crean más empleo. De hecho, últimamente han creado cada vez menos.

Según cifras del Ministerio de Economía, en 2005, el año en que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el tipo de inversión amparado en el régimen de maquila creó un poco más de 21 mil empleos. Desde entonces la tendencia a la baja se ha pronunciado. Para el año pasado apenas logró crear 7 mil.

Cervecerías y azucareros entran en escena

La aprobación de la ley parecía poder aprobarse en las semanas del descanso del Congreso, pero su discusión se trabó. Y ahora ha tomado otras dimensiones. Esto es posible observarlo no sólo con los rumores que circulan en los pasillos del Legislativo, sino también en los cambios que ha sufrido la 4644 en sus artículos 4, 5 y 6, que básicamente se refieren a qué empresas pueden ingresar y qué empresas se quedarían fuera de la ley.

En la primera versión presentada por el ministro de la Torre, quedaba claro que solamente los maquileros podían ingresar al nuevo régimen, quedando excluidas la mayoría de actividades económicas. Esto se mantuvo con el dictamen favorable que recibió la iniciativa en la Comisión de Economía, dirigida en su mayoría por diputados provenientes del sector empresarial: Emmanuel Seidner, Pedro Muadi y Jesús Ralda Sarg, del PP y CREO.

Fue en el momento de las enmiendas que surgieron más actores poderosos.

En las primeras enmiendas presentadas se registran leves pero significativos cambios. En el artículo 4 se suprime por completo el literal l), que prohibía la participación de las actividades que fabrican o comercian alcohol o sus productos. Es decir, ya pueden ser beneficiarios.

Según el diputado Amílcar Pop, esto se debe a las presiones que realiza la multinacional AmBev, productora de la cerveza Brahva. La Cervecería Centroamericana ya se encuentra amparada bajo la ley de maquila, por lo que podría fácilmente migrar.

Y en la mismas enmiendas propuestas en marzo, se hizo una pequeña supresión que benefició a una parte de los azucareros, que representan el 32% de las exportaciones nacionales. Los derivados y subproductos de la caña de azúcar, como el ron, fueron eliminados de la lista de actividades económicas excluidas. O incluidos entre las potenciales.

¿Podrán estas dos industrias, de la cerveza y el ron, poderosas y simpáticas entre el público y los políticos guatemaltecos, cambiar el rumbo del debate y unir a la derecha y la izquierda a favor de la iniciativa? ¿Lo harán por un Plan de País?