¿La seguridad privada nos protege o nos ataca?

Al advertir su error y ante la presencia de las fuerzas de seguridad, el guardia se atrincheró dentro de la farmacia y disparó contra los agentes. Finalmente, se entregó a las autoridades.

La muerte de Eluvia Samayoa se suma a una larga lista de víctimas de hechos violentos perpetrados por guardias de seguridad privada. Casos como este reviven una profunda preocupación: el extenso y desconocido mundo de la seguridad privada en Guatemala. ¿Qué sabemos acerca de ella? ¿Cuál es su naturaleza y cuáles las causas de su proliferación? ¿Contribuye a la protección de las personas?

Diversidad de servicios

La seguridad privada es un negocio que tiene múltiples capas: en la superficie se encuentra el guardia parado delante de una puerta con una escopeta en las manos. Este servicio es el más difundido y con el que se tiene que convivir día a día. La mayoría de personas contratadas no tienen experiencia en manejo de armas, se encuentran en una situación laboral precaria y probablemente están tan atemorizados que accionan su arma ante el menor asomo de peligro, real o ilusorio.

La mayor parte del debate público sobre la regulación y control de la seguridad privada se ha centrado en este nivel, ignorando que existen otras capas que se hunden en aguas profundas y que, en la mayoría de los casos, bordean la ilegalidad y el mundo del crimen.

En esos niveles la seguridad privada se diversifica y ofrece servicios que van desde la generación de información de inteligencia, control e investigación de personas, operativos encubiertos para la protección y recuperación de bienes y personas, hasta llegar a facilitación y cobertura de acciones criminales tales como el sicariato, lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas o robo. Basta con examinar las páginas amarillas para descubrir la diversidad de etiquetas con que se reviste la parte visible de estos servicios: seguridad industrial, ejecutiva, electrónica, VIP.

Mientras tanto, los otros servicios, los no visibles, se contratan a través de redes y contactos personales en donde se garantiza la impunidad de las acciones y sus efectos. El siguiente ejemplo grafica esta situación. Un persona recibe una llamada en donde se le extorsiona. A través de amistades contacta a un capitán del ejército que le ofrece resolver el problema luego de pactar el precio del servicio. Luego de recibir una serie de instrucciones (cambiar rutas de trasporte y rutinas) se le pide al extorsionado esperar a que los extorsionadores vuelvan a contactarlo. Cuando lo hacen, el ex capitán del ejército llama al cliente a su empresa de seguridad en donde se le indica que acepte hacer la entrega del dinero.

El extorsionado llega a la cita con los delincuentes al parque Concordia de la zona 1. En una bolsa lleva el supuesto pago el cual entrega a la persona que se le acerca, un joven de alrededor de 22 años. Repentinamente aparece, en plena vía pública y a la luz del día, un picop  blanco de donde bajan dos personas vestidas de particular que, en una acción rápida y sin titubeos, golpean al joven con las armas y lo introducen al vehículo.

De inmediato, otro picop, esta vez negro, recoge al cliente y lo lleva a su casa. Horas mas tarde, el ex capitán cita al cliente a una subestación de la Policía Nacional Civil ubicada en el Bulevar Vista Hermosa, zona 15. En su interior, se encuentran el ex capitán, los hombres armados (esta vez con uniforme de la institución policial) y el joven, amarrado y golpeado.

Luego de confesar que la extorsión había sido planificada por personas cercanas al extorsionado, el ex capitán le ofrece al cliente varias opciones: entregarlo a la Policía, liberarlo, liberarlo luego de una golpiza o resolver el problema del todo. Al momento de hacer la entrevista al extorsionado, surgió la pregunta de por cuál de las opciones optó. No hubo respuesta ni más preguntas al respecto.

Son diversos los casos en donde las acciones criminales están vinculadas personas ligadas a compañías de seguridad.La regulación es aún blanda respecto de la responsabilidad penal de los propietarios de las empresas en las que se contrata a personas vinculadas a hechos criminales.

Sus orígenes

A pesar de que basta con levantar la mirada para encontrar un guardia privado y que la oferta de empresas y servicios de seguridad es inmensa, es poco lo que sabemos sobre este fenómeno. Los registros oficiales son vagos respecto del número de empresas, guardias y actividades que realizan. Se desconoce su estructura interna y quienes son las personas detrás de este negocio. No obstante, la ausencia de datos sobre un fenómeno que tiene tanta visibilidad en el país no es casual.

La situación actual de la seguridad privada está directamente vinculada con sus orígenes. Las primeras empresas fueron registradas en la Policía Nacional a principios de los años sesenta. Estaban constituidas por policías en activo que ofrecían sus servicios a comercios, familias y bancos a cambio de un pago en dinero.

En ese momento, la Policía Nacional formaba parte de un extenso programa de asistencia técnica y financiera de Estados Unidos orientado a la modernización de la institución policial.  Se creó entonces una entidad encargada del registro y control de los servicios privados de seguridad.

Paradójicamente, esta entidad también proveía de servicios de protección privada: agentes de la policía eran asignados a puestos específicos a cambio del pago de sus salarios y otros gastos. El pago se hacía directamente al Director de la Policía a través de un contrato.

En muchos casos, las empresas de seguridad también solicitaban agentes de la Policía Nacional para brindar sus servicios. Esta actividad aumentó progresivamente en la medida en que la institución policial se fue concentrando más en el apoyo a las actividades contrainsurgentes dirigidas por el  ejército que a cumplir con su rol tradicional.

Ocurrió entonces un proceso de desplazamiento de funciones: la Policía se concentró en tareas de control político, represión y operativos de apoyo a la contrainsurgencia mientras que las funciones tradicionales de protección y vigilancia fueron desplazadas hacia el servicio privado, ya sea a través de empresas de seguridad, o bien, a través de los mismos servicios privados brindados por la propia Policía Nacional.

En 1955 fue creado el Servicio Espacial de Vigilancia dentro de la Policía Nacional. Esta unidad concentró a los agentes que eran destinados a la vigilancia de bancos y empresas que, a pedido de sus propietarios y tras el pago de los salarios de los agentes, se dedicaban con exclusividad a la vigilancia de tales instalaciones.

Durante las siguientes dos décadas, el número de agentes solicitados aumentó al punto que la policía no podía cubrir tal demanda. Este aumento fue proporcional al aumento de empresas de seguridad privada durante dicho período.

Este tipo de servicios de seguridad privada ofrecidos por el Estado (por contradictoria que parezca la formulación) fueron también ofrecidos por otras fuerzas de seguridad, por ejemplo, el Ejército a través de la Policía Militar Ambulante.

Paralelamente, muchos asesores internacionales que trabajaron dentro del programa de seguridad pública de Estados Unidos, crearon empresas de seguridad. La misma situación ocurrió en los años ochenta cuando fueron los israelitas quienes vendieron armas y capacitación al Ejército de Guatemala.

Presencia extranjera

Desde 1974, Israel se convirtió, además de otros países como Bélgica, Portugal, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, en uno de los principales proveedores de armas y entrenamiento militar al ejército de Guatemala luego de que la ayuda militar de Estados Unidos fue paulatinamente reducida.

Además del equipo militar vendido al gobierno de Guatemala que incluyó aviones, fusiles de asalto(entre ellos el conocido Galil), las primeras computadoras del ejército y equipo de comunicación, se calcula que en 1983 aproximadamente 300 militares israelíes trabajaron como asesores del ejército de Guatemala. Muchos eran contratistas privados, algunos de ellos continuaron brindando sus servicios a través de empresas de seguridad privada en el país.

La seguridad privada nació y se consolidó dentro de la misma institucionalidad del Estado. De esa cuenta, hasta antes de la firma de la paz, se puede identificar un grupo constante y cerrado de aproximadamente 30 empresas que tuvieron el control del mercado y, sobre todo, de las prerrogativas que brindaban las instituciones del Estado.

Esta situación cambió luego de que grandes cantidades de policías y militares fueron desmovilizados como parte de las reformas contenidas en los Acuerdos de Paz. Para muchos de ellos, la seguridad privada hizo posible continuar sus operaciones y redes durante la posguerra. El grupo original de empresas de seguridad evitó perder el control del mercado y de la institucionalidad pública.

Fue en ese contexto en donde proliferó la “empresa fantasma”, es decir, empresas ilegales o informales que, en la mayoría de los casos, funcionan bajo la protección pagada de otras empresas.

Visto así, el mundo de la seguridad privada en Guatemala es más que guardias asoleándose frente a la puerta de un negocio. Las empresas de seguridad ofrecen una oportunidad para entender la compleja bisagra que mueve la puerta que divide lo formal de lo informal, lo legal de lo ilegal.

Ante esta realidad, tanto la definición legal de seguridad privada como los servicios que la ley persigue regular no abarcan el amplio espectro de actividades que las empresas llevan a cabo. Ya sea a través de un servicio masivo de guardias sin entrenamiento y mal pagados o bien a través de un servicio de protección mafiosa, una empresa de seguridad privada es actualmente un negocio rentable. No es casualidad que grandes empresarios de este sector participen activamente en la política nacional.

La pregunta entonces no debe ser si la seguridad privada contribuye o no a la protección de las personas y sus bienes. Es seguro que quien paga por estos servicios está convencido de ello. La pregunta es ¿a qué costo?: la vida de otras personas, la perpetuación de la solución “paralela” o mafiosa, la precariedad laboral, la profundización del miedo y el ejercicio de la violencia, la tolerancia a la indiferencia e ineficiencia del Estado y la complicidad individual con el engaño de que la seguridad privada nos protege si pagamos su precio. El costo social lo pagamos todos.