La postura de Alejandro Ceballos, de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex), no era aislada. En las entrevistas a funcionarios y empresarios que realizó Nómada para dos notas sobre el caso, el argumento era el mismo: Guatemala sí cumple con hacer valer las leyes laborales y no hace falta más que un par de reformas para solucionar una problemática que no es de fondo, sino de forma.
La posición de Estados Unidas y de varios sindicatos nacionales es distinta: para poder competir globalmente y crecer, las empresas que listan violan de manera recurrida el Código de Trabajo y el Penal, y el Estado tiene responsabilidad directa en ello.
La respuesta oficial y de los grandes empresarios tuvo un objetivo opuesto. Plantearon reformas regresivas al Código de Trabajo para evitar que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, tuviera capacidad de sanción. La medida obliga a pasar por un Organismo Judicial al borde de la impunidad total, como lo caracterizó en 2011 la Conferencia Internacional del Trabajo.
Las reformas fueron frenadas en el Congreso pero la demanda de Estados Unidos, hecha en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y dicho país (Cafta-DR, en inglés), continuó su marcha.
El conflicto lleva más de tres años y desde que fue anunciado a fines de septiembre de este año comenzó un toma y dame entre Estados Unidos y Guatemala, representada por el abogado pro-empresarial Mario Fuentes Destarac.
Guatemala dio el primer golpe. En una carta de inicios de octubre argumentó que la posición norteamericana era “extremadamente amplia y vaga” (párrafo 3) , un simple “parafraseo” (párrafo 59) y que no especificaba en ningún momento dos puntos esenciales: qué derechos laborales se violaron y cómo eso afecta el comercio entre las partes.
Por estas razones, Guatemala afirma haber sufrido perjuicio en su capacidad de defenderse y pidió al Panel Arbitral (presidido por un canadiense, y encargado literalmente de arbitrar la disputa comercial) emitir un dictamen en el que afirmara que la controversia no estaba planteada correctamente.
Estados Unidos respondió a los cinco días con una solicitud corta pidiendo al Panel denegar la petición de Guatemala. Y seis días después el país contestó a la misiva afirmando que los estadounidenses aceptaban implícitamente haber formulado incorrectamente la controversia.
Entonces Estados Unidos dio su más reciente (y contundente) golpe: un documento detallando los nombres de las compañías y las violaciones (más de 400 registradas) a los derechos laborales de cientos de trabajadores, y cómo las violaciones afectan las relaciones comerciales.
Algunas se dedican a la infraestructura naval en los puertos, a la industria textil, a la producción agroexportadora de café, caucho y palma africana, y hubo espacio para una acerera multilatina (Argentino-mexicana).
Las empresas no son marginales sino que juegan un papel fundamental en el comercio que se da desde 2005 dentro del tratado comercial. Solamente en 2012 el 20% del comercio guatemalteco se realizó en el puerto Quetzal, donde están ubicadas las tres navales que aparecen en la demanda. En textiles es lo mismo: entre 2007 y 2013 el 94% de las exportaciones de ropa de Guatemala fue hacia Estados Unidos. Varias de las maquilas distribuyen a tiendas de consumo general como JC Penney, Kohl y Wall Mart.
En los mismos años las exportaciones de café hacia ese país fueron del 34% y las de aceite de palma, dominado según el informe por “un número pequeño de empresas” en expansión y beneficiados con la Ley de Maquilas, fue del 29%. Y con el caucho, la señalada es una de las principales empresas exportadores del país.
La semana pasada Estados Unidos permitió que Guatemala tuviera más tiempo para responder al golpe. En enero debe hacerlo. Mientras tanto, implícitamente (página 63 del Alegato Inicial) el país del norte hizo ver que guarda más información para futuros informes.
Por el momento, estas son las empresas señaladas.
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Misma situación, el estado ha cumplido con su deber y la demanda no prosperará. Hay violaciones en todo el mundo incluyendo EEUU también y como no afecta el comercio además de la acción que la ley permite al estado se ejecuta no tiene validez una demanda contra el mismo. Pero perder nuestro derecho de defensa, jamás. Aunque los apátridas y los zurdos se molesten.
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