Multa por Q120 millones para que el país proteja a trabajadores (y sus hijos no migren)

Frente a una cortina azul con el escudo de la Presidencia de Estados Unidos, y el lema  «Protegiendo a nuestros trabajadores en casa y afuera», Michael Froman, de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), comenzó su discurso.

«Estoy aquí para anunciar que esta Administración está tomando acciones a favor de los trabajadores, tanto aquí como en el resto del mundo».

Tras esas palabras anunció que llevará al Estado de Guatemala a un Panel de Arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio. ¿El objetivo? Discutir, litigar y sancionar la impunidad laboral que prevalece en el país.

La medida se da en medio de tensiones entre Estados Unidos y Guatemala, que incluyen el discurso de regularización de la droga y las constantes críticas que ha recibido el país en materia de derechos humanos, impunidad en el sistema de justicia, y, recientemente, el de la migración de niños.

Froman se hacía acompañar por el Secretario de Trabajo, dos senadores, y el presidente del más grande sindicato norteamericano, Rich Trumka, del AFL-CIO. «Esto mandará una señal positiva al mundo, que ayudará a atraer inversión, expandir la actividad económica y promover un crecimiento inclusivo. Y demostrará a los guatemaltecos que hay oportunidades para sus hijos al quedarse y trabajar en casa, en vez de embarcarse en un viaje peligroso de migración», aclaró Froman con un tono paternalista.

La medida llevaba años esperándose. Guatemala será el primer Estado en la historia que es llevado a un Panel por Estados Unidos. Algunos acuerdos ministeriales de la cartera de Trabajo no fueron suficientes, y la principal respuesta de Guatemala, la iniciativa de ley 4703 para reformar el Código de Trabajo, no logró aprobarse en el Congreso. Ninguno de estos esfuerzos convenció a los norteamericanos.

El Panel ya está conformado: a Guatemala lo representará el abogado empresarial Mario Fuentes Destarac, quien tendrá que dar las razones por las que Guatemala no debería pagar la indemnización de hasta $15 millones (Q120 millones) que se establece en el capítulo 16 del TLC. Pero la medida tiene un complejo recorrido. En el fondo para Guatemala está la discusión de décadas sobre la institución encargada de sancionar los abusos laborales: ¿Es la Inspectoría General del Trabajo o son los Juzgados de Trabajo?

El reclamo sindical desde las dictaduras                 

Este debate sobre la Inspectoría o los Juzgados comenzó hace treinta años, durante la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-83). Cuando formó el Consejo de Estado, con representantes de todos los sectores para ganar legitimar en medio de la peor crisis institucional del país, se incluyó a Juan Francisco Alfaro Mijangos, un dirigente sindical vinculado a los sindicatos “blancos” (en oposición a los comunistas, “rojos”).

Alfaro fundó la Confederación de Unidad Sindical (CUSG), donde él era secretario general, y la inauguración se hizo en el salón principal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en ese momento intervenido por Juan Francisco Reyes López, con un discurso del entonces dictador.

18 años después, estos tres personajes volverían a encontrarse en el gobierno de Alfonso Portillo. Reyes López como Vicepresidente, Ríos Montt como presidente del Congreso, y Alfaro Mijangos como ministro de Trabajo. Según Victor Moreira, entonces de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), Alfaro tenía una amplia gama de reformas al Código de Trabajo.

Moreira pasó luego a la subsecretaría Privada de la Presidencia, como segundo de Julio Girón. Recuerda cómo todos los lunes había reunión de Estado: en un amplio salón, alrededor de una pequeña mesa, Portillo y Ríos Montt discutían los temas de la semana. A un lado estaba Moreira tomando notas. En una de esas reuniones se decidió a fines del 2001 que una de las reformas propuestas por Alfaro pasaría al Congreso.

Guido Ricci, de la Sección Laboral del Cacif, agrega que la propuesta pasó primero por la Comisión Tripartita (gobierno-patronal-trabajadores), que tras dar un provisional visto bueno, la envió al Congreso. Pero en medio Estados Unidos opinó que la ley no satisfacía sus intereses y en el descanso de Semana Santa el FRG hizo rápidas enmiendas sin consultar. «Y entonces se pasó la aplanadora del FRG sin que se pudiera discutir a fondo en el pleno», recuerda Ricci. «Fue una medida política en contra del empresariado. Tenían todo el poder y lo usaron para pasar esta ley».

El Decreto 18-2001 buscaba otorgar una fuerte capacidad de sanción a la IGT, con el fin de descongestionar los Juzgados de Trabajo al resolver los problemas previamente (y dando más oportunidades de ganar los casos a los trabajadores).

«Los problemas básicos eran dos», dice Antonio Monzón, viceministro de Trabajo portillista. «La falta de autoridad del Ministerio y la corrupción que propiciaban los patronos». Los empresarios disienten.

Eso sí, hubo un cambio con el traslado de los casos de Juzgados a la Inspectoría. Una tesis de maestría del economista guatemalteco Alberto Fuentes en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) asevera que la Inspección agilizó las sanciones a parámetros nunca antes vistos.

La agilidad de la Inspectoría duró poco. En 2004, a inicios del siguiente gobierno, el proempresarial de Óscar Berger, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una inconstitucionalidad planteada desde el 2001 y el artículo 18-2001 quedó eliminado parcialmente. Lo que siguió fue el desmantelamiento de la Inspectoría.

Los inspectores fueron reducidos a 238 y cubrieron a menos población. El presupuesto del Ministerio de Trabajo también se redujo hasta llegar a ser el más bajo de Centroamérica y el Caribe, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en el 2010.

¿Los Juzgados de Trabajo, entonces?

Para la Comisión de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo del 2011, en Guatemala se dan «retrasos excesivos de los procedimientos judiciales y una falta de independencia del Poder Judicial, lo que da lugar a una situación grave de impunidad; prácticamente total».

Para sindicalistas y laboralistas esto es el resultado de la resolución de la CC que permitió que los siguientes gobiernos desmantelaran la Inspectoría. Para el Cacif, por el otro lado, quitarle el poder sancionatorio a la Inspectoría era una cuestión de legalidad.

«Lo que se está haciendo es cumplir con el artículo 103 de la Constitución de la República», afirma con confianza Guido Ricci en su oficina. «Allí queda claro que todos los conflictos relacionados al trabajo tienen una jurisdicción privativa, es decir, tienen que ser llevados a un Juzgado de Trabajo. Nos basamos en eso y, claro, en la sentencia de la CC en el 2004. Allí no quedan dudas».

No obstante, según un informe del think-tank Asíes (centroderecha), la resolución de la CC dejó varios agujeros sin resolver. Y según los críticos de la resolución, no tomó en cuenta el artículo 415 del Código de Trabajo, donde se dice que la Inspectoría tiene potestad para promover y resolver acciones contra faltas. De eso (y los pobres resultados de los Juzgados de Trabajo) se valen sindicalistas, laboralistas y Estados Unidos para presionar al Estado de Guatemala.

Según las estadísticas más recientes (de 2011), otorgadas por el Organismo Judicial, los casos ingresados a los juzgados van en aumento y sólo hay 22 juzgados en el país (14 se encuentran en el área metropolitana). Según la OIT, un caso laboral en Guatemala tarda 19 meses en resolverse. El número de trabajadores que desiste de seguir los casos llegó para el 2011 cerca de los 2 mil; un 20 por ciento.

-Eso no está mal, debería ver el resto de juzgados, interviene Ricci.

-Comparados con Guatemala, ¿pero si se les compara con países en la región?

-Eso ya es otra cosa.

Y cuando se logra la sentencia, vienen las apelaciones (en 2013 tantas como sentencias) y hay otro dato, todavía minoritaria. Aunque todavía no superan el 10 por ciento, entre 2008 y 2010 se duplicaron los casos de desobediencia por parte de los empresarios.

Las razones de fondo (y lo políticamente viable)

Froman, el jefe de la oficina comercial de EE.UU. visitó el país en junio de este año en medio de llamada crisis migratoria. En su visita, fue al Congreso a presionar para que las reformas al Código Laboral fueran emitidas y así evitar sanciones. Las presiones a diferentes niveles hicieron que el mismo presidente Pérez Molina, de un gobierno proempresarial y reacio a negociar los casos de cualquier conflictividad, afirmara que el problema se solucionaría solamente con reformas estructurales. Pero ¿qué relación hay entre la impunidad laboral y la crisis migratoria?

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) afirma que la medida es importante para los trabajadores, sin ahondar en cómo la falta de derechos laborales incide en las motivaciones para la migración, ni tampoco si esta medida podrá afectar el comercio entre los dos países.

Para Antonio Monzón, el ex viceministro de Trabajo y ahora consultor, la razón es sencilla y tiene que ver con política interna estadounidense. «En el fondo está la protección de los puestos de trabajo en Estados Unidos. Lo que no quieren es que en Guatemala, como en cualquier otro país, se den ventajas de mercado (como menos derechos laborales, que abaratan la producción) que hagan que empresas migren hacia allá y los empleos en ese país se reduzcan».

En todo caso, a Guatemala le toca resolver el problema con cierta urgencia. Según el citado informe de Asíes, la iniciativa 4703 no llega ni siquiera a cumplir los requisitos solicitados por la USTR y la OIT. El problema, según los informes OIT, es la falta de voluntad del gobierno y la emisión de leyes que al final de cuentas no se cumplen.

El Ministerio de Trabajo, más cercano a la visión del Cacif, no está de acuerdo. «Nosotros tenemos clara la necesidad de solucionar el problema a los guatemaltecos», enfatiza con rapidez Elsa Ávalos, viceministra de Administración del Trabajo. Diez años de ambivalencia, sin embargo, se mantienen en el discurso. «Una de las prioridades es darle fortaleza a la Inspectoría, pero siempre que no se pelee con normas constituionales», repite Ávalos.