Tambalea apoyo de Líder-PP: OPM puede ir la cárcel esta semana

El todavía presidente Otto Pérez Molina –acusado penalmente de dirigir una estructura criminal de defraudación aduanera– tiene como último cartucho para llegar al 14 de enero de 2016 el apoyo de Manuel Baldizón con su bancada de Líder en el Congreso. Así fue hace menos de dos eternos meses, el 11 de junio de 2015, cuando el presidente legislativo, Luis Rabbé (Líder), no incluyó un plazo para que una comisión de cinco diputados recomendara retirar el antejuicio. Por eso, se tomaron dos meses hasta el 13 de agosto, cuando Líder no llevó a todos sus diputados y Pérez Molina mantuvo su inmunidad.

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El jueves 27 de agosto, el mismo día que ocurría la manifestación más grande de la historia de Guatemala, el mismo Rabbé ensayaba el mismo truco, de no incluir plazo a la Comisión de 5 diputados. Pero esta vez fue diferente.

Un día después

Guatemala amaneció en silencio el viernes 28 de agosto de 2015. Un día antes, más de 100 mil personas llenaron la Plaza Central. Exigían la renuncia del presidente. Un día antes, los diputados de PP y de Líder abandonaron el pleno para no establecer el plazo de la entrega del informe que definiría el futuro del gobernante.

Eran las 11:30 de la mañana del viernes cuando ya se escuchaba que la diputada por Encuentro por Guatemala y miembro de la comisión pesquisidora de cinco diputados, Nineth Montenegro, había llegado con una maleta al Palacio Legislativo y aseguraba que no se iría de allí hasta que se reunieran para llevar a cabo su primera sesión.

Mario Linares, del PP y presidente de la comisión, había presentado una excusa. Gloria Sánchez Abascal, también del PP, no aparecía. Montenegro pidió que se reunieran en el Salón del Pueblo y en redes sociales se divulgaron los teléfonos y correos de los integrantes de la pesquisidora para que los guatemaltecos les exigieran su presencia.

A esto se sumaron dos factores. La presión de la ciudadanía en la manifestación del 27 de agosto puede estar haciendo cambiar de parecer a Manuel Baldizón (y por ende, a sus 62 diputados) y también a los diputados del PP que son fieles a Baldetti y sienten que la traicionó Pérez Molina.

Y la presión –junto estos dos detalles– funcionó.

Así, al mediodía ya se encontraban los cinco legisladores en el Congreso. Afuera, un grupo de manifestantes colocaba mantas en la entrada y exigía justicia. No eran tantos como el jueves 27 de agosto, pero las voces indignadas se escuchaban hasta el interior del salón. La sesión comenzó y Jorge Barrios Falla, diputado de Líder, leyó con voz pausada el expediente. Dio lectura a las escuchas y documentos que presentó la CICIG y MP, donde las referencias a Pérez Molina eran recurrentes.

Linares tomó la palabra. Habló despacio. Propuso una agenda que luego fue modificada para avanzar con el proceso. El único que titubeó al levantar su mano para aprobar que ese mismo día fueran escuchados los investigadores fue Sergio Celis, de Líder.

El ritmo de trabajo de la comisión, desde que se conformó, fue clave. Quizá por eso Linares intentó aprobar otra agenda. Quizá por eso Celis levantó despacio su mano. Un día antes, el diputado Amílcar Pop recordó la alianza entre ambos  partidos. “Es la transición de Gobierno”. El presidente sin inmunidad antes de las elecciones no solo dañaría al PP, el rechazo a la clase política por estos actos también podría significarle la Presidencia a Manuel Baldizón, quien antes de la crisis ya se hacía en el poder.

La contundencia de la CICIG y el MP

Las puertas del Congreso estaban cerradas. Comenzaba la lluvia. Afuera de la entrada principal del Palacio Legislativo continuaban los manifestantes. Con carteles y vuvuzelas cantaban “el pueblo unido, jamás será vencido”. Adentro, en los pasillos, no cesaba el movimiento. Activistas, personal del Legislativo e incluso miembros del Cacif (que el 21 de agosto pidió la renuncia de Pérez Molina) esperaban que la CICIG y el MP fueran escuchados.

Durante la audiencia contra Roxana Baldetti, los investigadores presentaron escuchas y documentos que mantuvieron a la exvicepresidenta ansiosa. Pero el rostro de los integrantes de la comisión no sufrió cambios cuando el fiscal del MP, Antonio Morales, dijo que volvería a sonar la voz del presidente desde las bocinas.

Las intervenciones telefónicas fueron las mismas que se escucharon durante esa audiencia. Las explicaciones también. “Sin lugar a dudas El Uno y La Dos son el presidente y la exvicepresidenta”, dijo el fiscal Morales.

En los medios de prueba presentados por la CICIG y el MP es constante la referencia al mandatario. Incluso existe una llamada al exjefe de la SAT, Carlos Muñoz, quien está en la cárcel por el caso La Línea, en la que le pide que cambie al jefe de Recursos Humanos de la institución.

Cifras, documentos, llamadas. Todo lo presentado por los investigadores era un fuerte golpe al mandatario. Los movimientos en la SAT, las referencias del Mero Mero, El Presidente, El Uno. Otto Pérez Molina también estaba acorralado.

Dos de los fundadores del partido se encuentran en una situación muy parecida. Solo que a la exvicepresidenta ya le dictaron prisión preventiva y quedó ligada a proceso. El tercer,  Alejandro Sinibaldi, sigue en silencio desde que renunció a la agrupación.

“Es evidente que el presidente integró La Línea” y otras frases similares fueron escuchadas durante la audiencia. Las dudas, conforme avanza la investigación, cada vez se disipan más. Los miembros de la comisión pidieron saber de quién era la letra en unos documentos y si podían dejar alguna copia de los medios de prueba.

Concluyó la sesión. ¿El presidente llegaría el sábado a las 10 de la mañana? Esa era la pregunta que nadie pudo responder.

La activista Sandra Muralles, en la audiencia.

La silla vacía del presidente

El sábado 29 de agosto, a las 9 de la mañana ya se escuchaba que, como muchos esperaban, el presidente no asistiría a la citación y que enviaría un informe.

“No creo que vaya a venir. No hay movilización de la SAAS y mire qué hora es. Esto, lejos de ayudarlo, lo afecta, porque es su oportunidad de defenderse”, respondió Nineth Montenegro por teléfono. Ella, como había asegurado el día anterior, durmió en el Congreso (por primera vez en sus 19 años como diputada), para presionar la reunión de esa mañana. En la noche fue acompañada por activistas e incluso por el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quien asistió para garantizar el derecho de protesta de la diputada.

A la hora de la citación, el todavía presidente no estaba en el Congreso. Sí estaba, en cambio, su abogado, César Calderón, que ha defendido a Juan de Dios Rodríguez (acusado por el caso IGSS–Pisa) y al exdictador Efraín Ríos Montt (por el caso de genocidio). También es el abogado del diputado Gudy Rivera (por manipular elección de jueces) y de otros implicados en el caso La Línea.

Calderón estaba sentado en los pasillos. Se le veía molesto. Respondía con un tono de voz fuerte a las preguntas de los medios que se acercaban. Por momentos, si la pregunta incomodaba, era agresivo.

“Cuando dice que sea oído no necesariamente tiene que estar presente. Cuando se dice que sea oído, puede ser también por escrito. Y por eso, en este caso, traigo un informe. Si la ley dijera que él tiene que estar presente, yo lo traería. Es que para unos esto es moral, para otros no. No podemos regirnos por la moral, debemos hacerlo por la ley. Él va a presentar la cara cuando tenga que presentarla”, defendió.

Calderón volvió a elevar la voz cuando fue llamado por la comisión pesquisidora. Habló del informe del presidente. Se levantó y lo entregó. Después, se retiró y dejó la silla vacía.

El secretario leyó el informe. Pero su defensa era escueta. Hacía una cronología de la investigación. Para Otto Pérez Molina es ilegal la doble persecución en su contra por el mismo hecho: se refería a que hubo dos solicitudes de antejuicio: la del diputado Amílcar Pop, de Winaq, y la presentada por la CICIG y el MP.

En el informe que el presidente presentó, dijo que la llamada entre Carlos Muñoz y él se malinterpretó. Pero la evidencia es clara: pidió que se colocara, a petición de La Línea, a una nueva persona en Recursos Humanos de la SAT.

Sin mayor defensa por parte del mandatario, la comisión decidió reunirse y dictaminar el mismo día. La decisión fue unánime.

Después de poco más de una hora, los diputados regresaron al Salón del Pueblo. La expectativa crecía. En el lugar ya se encontraban activistas, diputados, asesores y la prensa. La respuesta de la comisión era una de las más esperadas: Que se le remueva la inmunidad a Pérez Molina y que sea juzgado como un ciudadano más.

Cuando se hizo el anuncio, varias de las personas que se encontraban en el salón saltaron de sus lugares. Otros aplaudieron. En la calle, a lo lejos, se escuchó el sonido de una ametralladora.

El Día-D de Baldizón

Entre hoy y mañana, el pleno de diputados tendrá que votar sobre el retiro de la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Para lograr las dos terceras partes de los votos, 105 de 158, son indispensables los 62 votos de Líder.

Baldizón no se ha decidido públicamente a quitar la inmunidad porque teme que si se la quita a su aliado Pérez Molina, el miércoles pueda ser enviado a prisión preventiva el miércoles 2 de septiembre, pierda su calidad de presidente –asumiría el vicepresidente Alejandro Maldonado– y esto haga peligrar la realización de las elecciones el domingo 6 de septiembre.

Pero fuentes de Nómada confirman que Baldizón titubea. Pérez Molina había pedido a sus escasos diputados fieles que cabildearan por más apoyos. Está por ver si lo conseguirán.

No obstante, la presión ciudadana podría hacer mella. El futuro judicial de Pérez Molina se definirá en las próximas 48 horas.