Y perdona nuestras ofensas: La historia de las 3 primeras denuncias por abuso sexual contra sacerdotes guatemaltecos.

El último acto del Procurador

Julio Arango decidió que su último acto como Procurador de los Derechos Humanos sería publicar un caso que tuvo cuatro meses guardado. Pasado el mediodía del jueves 22 de agosto de 2002, envió un fax a las principales salas de redacción y convocó a una última conferencia de prensa. 

¿El motivo? Una sanción moral contra los sacerdotes Hugo Portillo, por obligar a un seminarista a masturbarlo; Luis Oliva, por acosar sexualmente a un joven sacristán; y César Coroy, por aprovecharse del sacramento de la confesión para abusar de dos niñas de 7 y 9 años.

El entonces procurador, además de solicitar justicia pronta para las víctimas, pidió que se investigara a “los seminarios que parecen ser los centros donde se corrompe a jóvenes, y a quienes desde los confesionarios prostituyen a las niñas”. 

En un país de tradición católica era la primera denuncia pública por pederastía que manchaba la puerta de la iglesia. Arango soltó la noticia y aquella misma noche entregó el cargo. 

A la mañana siguiente su sucesor, Sergio Morales, aseguró que sólo contaba con una fotocopia de la sanción moral y que desconocía dónde estaba el expediente con los testimonios de las víctimas y los demás detalles de la investigación. 

Hasta hoy nadie lo sabe. En la Procuraduría de Derechos Humanos no hay audios, videos, fotocopias ni fotografías sobre aquella denuncia. Todo desapareció y hasta su muerte en 2009, en un accidente automovilístico, Arango nunca más volvió a hablar del caso.

El único registro disponible es lo que publicaron medios de Inglaterra, España y Uruguay, y los diarios locales Siglo XXI y elPeriódico.

Reportaje de Paola Hurtado, publicado en elPeriódico.

En una aldea de San Pedro Ayampuc

La aldea El Carrizal está ubicada en el municipio de San Pedro Ayampuc, a 22 kilómetros del Palacio Arzobispal en la ciudad de Guatemala. Fue allí donde, en la Semana Santa del 2002, el padre César Coroy abusó de dos hermanas, de 7 y 9 años.

En la tradición católica, durante la época de cuaresma y Semana Santa, los párrocos suelen organizar jornadas de confesiones porque es un tiempo propicio para buscar el perdón de los pecados. Según la denuncia presentada en el Ministerio Público, la madre de las niñas decidió llevarlas para que cumplieran con el sacramento. 

A falta de un confesionario, Coroy atendía en soledad en uno de los cuartos de la casa parroquial. La primera niña salió llorando. La madre pensó que era una reacción emocional hasta que su otra hija salió corriendo para decirle que el padre Coroy había abusado de ella.

La resolución de la PDH era clara, según lo citan los diarios. Las niñas presentaban rasgaduras en el himen y lesiones en los labios vaginales. La madre interpuso la denuncia ese mismo mes de marzo de 2002 pero no fue hasta septiembre, un mes después que la PDH hiciera público el caso, que se ordenó el arresto del sacerdote por el delito de “abusos deshonestos”.

Las víctimas tienen hoy 25 y 27 años. Si bien fueron localizadas para este reportaje, decidieron no hablar por razones de seguridad. Algunas personas de la comunidad sí lo hicieron pero siempre con una preocupación: -no quiero que la gente sepa acá que yo hablé-, dice una señora a la que llamaremos Gloria.

El Carrizal es una aldea marcada por las pobreza, la sequía, la resistencia al proyecto minero de La Puya y la devoción católica. La estación de buses está frente a la iglesia de La Inmaculada Concepción de María, que sirve de parroquia para una decena de comunidades. No hay una sola iglesia evangélica en el lugar.

“No se imagina todo lo que sufrió ella (la madre de las víctimas) por lo que les hizo el padre y por todo lo que le costó poner la denuncia. Se burlaban de ella, que tan mentirosa, decían. Qué cómo un sacerdote va a hacer eso y disculpe, pero como digo yo, ¿acaso están castrados pues?. Cuando uno veía todo lo que sufría se daba cuenta que era por algo”, comenta Gloria.

La madre y las niñas casi fueron aisladas por la comunidad pero ella insistió en la denuncia, recuerda la vecina de El Carrizal: “mire hasta dinero le vino a ofrecer un obispo, que para ayudarla con las niñas y para que no denunciara, y cuando me contó le dije que cómo no aceptó. Que lo hubiera agarrado y que después igual los denunciara. Pero ella no quiso. Dijo que si lo iba a hacer, lo iba a hacer bien”. 

El actual párroco de la localidad es el padre Sóstenes Tuctuc. Tras esperarlo media hora para que terminara sus oraciones matutinas afirmó que no hablaría porque eso -el abuso sexual- fue hace mucho tiempo y él no sabe nada. 

Iglesia adscrita a la parroquia de la Inmaculada Concepción de María, donde ocurrió el abuso de las menores. Foto: Carlos Sebastián.

Desde el palacio arzobispal

Solo a partir de los registros en diarios es posible reconstruir la historia. Según publicó la BBC, Arango recibió la primera denuncia en noviembre de 2001 y promovió una investigación desde la PDH porque los casos no avanzaban en el Ministerio Público. 

Los resultados de aquella investigación, según habría declarado el mismo Arango, estaban listos desde abril de 2002 pero decidió guardarlos "para no causar problemas religiosos por la visita al país del Papa Juan Pablo II”. 

El Pontífice visitó Guatemala por tercera y última vez a finales de julio de 2002 para canonizar al primer santo centroamericano, el Santo Hermano Pedro de San José de Betancur. Aquel viaje tenía un objetivo mayor. Era parte de un esfuerzo del Vaticano por fortalecer la imagen de la Iglesia, que atravesaba la mayor crisis en su historia reciente. 

Desde el año 2000 diversas investigaciones evidenciaron cientos de casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes y encubiertos por los altos jerarcas de la iglesia. Por esa razón, sólo en 2002, más de una veintena de obispos de Estados Unidos, Irlanda, Austria y México tuvieron que renunciar a sus cargos.

En Guatemala, el obispo primado era Rodolfo Quezada Toruño, un sacerdote de carrera que fue mediador en los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las guerrillas, y que representaba al sector más conservador de la iglesia.

Cuando era obispo de Zacapa su diócesis fue la única que no participó en la preparación del informe sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado; y como obispo metropolitano llamó a los centros educativos a boicotear la Ley de Planificación Familiar. Llamaba “porquerías” a los anticonceptivos y al finalizar una homilía dominical mostró ante las cámaras una bala aduciendo que era tan letal como un preservativo.

El 23 de agosto de 2002, un día después de las acusación contra los tres sacerdotes, Quezada Toruño respondió a los periodistas: 

“Acabo de recibir la resolución, no la he leído, pero yo había advertido al Procurador que, como premisa, después de lo sucedido en Estados Unidos, habría una serie de denuncias en las que puede caber muy fácilmente la calumnia o la venganza”.

Según citaron los medios, Quezada Toruño ya tenía conocimiento de las acusaciones desde antes que se hiciera pública la denuncia. Además el obispo primado habría enviado una carta al PDH asegurando que los sacerdotes Hugo Portillo y Luis Oliva eran “personas de buenas costumbres” y que a Coroy Tala le retiraron la licencia por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico.

Dos días después de la acusación, el 24 de agosto de 2002, el arzobispado emitió un comunicado oficial: “Siguiendo las normas prescritas por el derecho canónico, el señor arzobispo integrará una comisión de sacerdotes, religiosos y laicos para que investigue lo denunciado”. 

Quezada Toruño prometió que los resultados serían publicados “con toda objetividad y sin ocultar la verdad”.

Un año después del caso, Quezada Toruño fue nombrado cardenal, el título honorífico más alto que puede conceder el Papa. Hasta su muerte en 2012, nunca se hicieron públicos los resultados de aquellas supuestas investigaciones. 

Reportaje publicado en elPeriódico que recoge las declaraciones de Quezada Toruño.

El exmagistrado de la CC que defendió al humilde sacerdote

El caso en contra de César Coroy Tala es del que más información se dispone porque es el único de los tres acusados que fue llevado a juicio. Su caso fue asignado a la Fiscalía de la Mujer.

Alexander Colop, actual jefe de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, fue quien estuvo a cargo del caso hace 17 años; entonces recién iniciaba su carrera dentro del Ministerio Público. Recuerda pocos detalles del caso pero explica que:

“El mayor reto fue lograr que ellas creyeran en la justicia. Yo soy católico y fue impactante ver cómo, además del daño físico, el abuso dañó su capacidad de creer en los demás. Era difícil convencerlas de continuar con la denuncia porque la estrategia de la defensa fue alargar el proceso casi dos años, para que ellas desistieran.

A pesar que El Carrizal está a solo 22 kilómetros de la ciudad, hacer esa ruta sin vehículo propio significa entre 3 y 4 horas de viaje. Ocho horas de camino ida y vuelta para que, según Colop, les avisaran que la audiencia había sido suspendida por algún inconveniente de la defensa.

César Coroy, un humilde sacerdote que ni siquiera tenía el cargo de párroco en aquella aldea, no necesitó de un defensor público. Su defensa estuvo a cargo de Héctor Trujillo, quien entonces ya era representante del Colegio de Abogados ante el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. 

En los años siguientes Trujillo se convirtió en uno de los abogados más importantes del país. Fue dos veces magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y fue secretario general de la Federación Guatemalteca de Fútbol hasta que en 2017 se convirtió en la primera persona encontrada culpable dentro del escándalo internacional conocido como FIFAGate.

¿Cómo aquel abogado llegó a defender al sacerdote? ¿Quién pagó sus honorarios? Trujillo aceptó una breve entrevista para este reportaje dejando en claro que sólo podría hablar hasta dónde el secreto profesional y su memoria se lo permitieran. Trujillo niega que la Iglesia Católica haya pagado por sus servicios y señala:

“Un párroco de la iglesia a la que yo asistía (no recuerda el nombre) me pidió favor que ayudara a su amigo, César Coroy. Yo no le cobré y él sólo pagó algunos gastos por trámites. Él tenía problemas serios, no estaba bien de la cabeza. Un día llegó con el pelo largo y al otro día se rapó a los lados y sólo se dejó un peinado tipo mohicano. Pobres sus papás porque eran gente muy humilde”, dijo.

Héctor Trujillo cuando era magistrado suplente de la CC. Foto: Soy502

Aunque Trujillo no lo confirma, el fiscal Colop señala que la defensa usó dos argumentos para evitar el juicio. Primero, que por tratarse de un sacerdote, el caso debería ser juzgado bajo el Derecho Canónico por un Tribunal Eclesiástico. La segunda, que César Coroy estaba incapacitado metalmente para afrontar el juicio.

La primera fue fácilmente rebatida. La segunda ameritó un peritaje psicológico. Si en algo coinciden las vecinas de las víctimas, el abogado defensor y el fiscal acusador, es en la sonrisa del sacerdote abusador. Una sonrisa cínica, burlona, sarcástica.

La bella indiferencia de la Iglesia Católica

El peritaje psicológico determinó que Coroy Tala padecía un trastorno llamado “Bella Indiferencia”. Aunque era consciente de sus actos y de la gravedad de estos, no mostraba ninguna preocupación por lo que hizo. No fue considerado prueba suficiente para suspender el juicio pero sí para una reducción de pena.

Coroy Tala fue condenado en 2006 y salió en libertad en 2008. Durante ese tiempo la Iglesia Católica no volvió a pronunciarse, ni siquiera para reconocer la culpa y pedir perdón a las víctimas. Tampoco se supo nada de la comisión que monseñor Quezada Toruño prometió crear.

“Yo tenía una reunión en el Arzobispado el mismo día en que la familia llegó a poner la denuncia por primera vez. No me concierne, me enteré por casualidad. No sé los detalles del caso. Lo que sí me consta es que el Cardenal (Quezada Toruño) si creó la comisión”, comenta monseñor Gonzalo de Villa, consultado para este reportaje cuando no había asumido el cargo de arzobispo metropolitano.

Una persona más asegura que la comisión sí existió. “Yo fui parte de esa comisión pero sólo nos convocaron dos veces y nunca se llegó a otro acuerdo. Estaba yo, un sacerdote y otro abogado que no recuerdo”. asegura Héctor Trujillo. 

El abogado que defendía al padre en tribunales también estaba a cargo de esa investigación interna que, según sus palabras, no fue otra cosa más que dos reuniones. Trujillo agrega que si algo había quedado claro era que, pese a que Coroy Tala era muy inteligente, había sido una irresponsabilidad del seminario ordenarlo como sacerdote.

Coroy Tala nunca recuperó su licencia sacerdotal pero al salir de prisión regresó al seminario en el que se formó. Hoy en día está encargado de los jardines de la Fraternidad Misionera de María, una institución que forma sacerdotes y recibe jóvenes desde los 13 años de edad. 

Para monseñor Gonzalo de Villa, el regreso del sacerdote abusador a la vida del seminario es sólo responsabilidad de la Fraternidad Misionera de María. En cambio otro obispo, monseñor Álvaro Ramazzini, es más contundente:

“Yo no lo reintegraría primero porque fue encontrado culpable y segundo por precaución, por prudencia, no lo enviaría a trabajar a un seminario”.

Pueden ir en paz

Luis Fernando Oliva Ponce, el sacerdote acusado de acosar sexualmente a un sacristán, pasó de ser párroco de la iglesia San Ignacio de Loyola, ubicada en la zona 10 de la ciudad capital a estar a cargo de una pequeña iglesia a medio terminar, la parroquia San Juan Pablo II, en la zona 3 de Villa Nueva. 

Los feligreses de la localidad lo describen como a cualquier otro padre. Como alguien “muy buena gente y muy amable”. Tras no encontrarlo en su oficina este periodista llamó al teléfono de la parroquia. 

Una persona que no quiso identificarse contestó la llamada. Al saber que estaba buscando la versión del padre sobre el caso de abuso sexual, contesto: “Miré ese caso ya no tiene sentido andarlo desempolvando. El padre presentó todas sus pruebas ante el Ministerio Público y logró demostrar que solo se trató de una acusación sin fundamento. Eso ya fue hace mucho tiempo, él no va a hablar”.

Oliva Ponce, celebrando misa en la parroquia San Juan Pablo II

En 2002 el padre Hugo Armando Portillo Oliva era coordinador en Quetzaltenango de la pastoral de la Fraternidad Misionera de María, un puesto de bastante influencia sobre quienes aspiran a entrar al seminario para convertirse en sacerdotes. Portillo Oliva fue acusado de obligar a un seminarista a masturbarlo. 

Según recoge uno de los diarios de la época, el cura se excusó asegurando: “Yo ayudaba al muchacho con zapatos, jabón y medicinas porque es epiléptico. Pero un día me pidió Q5 mil para poner un negocio y yo me negué. Quizás por eso me acusó”. 

Dieciocho años después Portillo Oliva se encuentra a cargo de la parroquia Santa María del Tepeyac, en la colonia Guajitos, en la zona 21 de la ciudad. El padre no aceptó salir de su casa parroquial y solamente aceptó hablar a través de llamada. Asegura que fue víctima de una extorsión que tuvo que gastar de su bolsa más de Q300 mil para pagar su defensa a cargo del bufete Díaz Durán, uno de los más prestigiosos del país, y que fue llevado a juicio y encontrado inocente.

De eso no hay pruebas. En el Organismo Judicial no hay un solo registro que demuestre que el padre al menos fue ligado a proceso. Él ofreció entregar los documentos que respaldaban su inocencia pero nunca los envió. Mientras tanto Portillo Oliva como Oliva Ponce, siguen oficiando misa y dirigiendo su comunidad de feligreses. 

Tanto monseñor Gonzalo de Villa como monseñor Álvaro Ramazzini, explican que si ambos padres no fueron condenados por la justicia y no hay otras denuncias, tanto Portillo como Oliva pueden continuar en el ejercicio sacerdotal.

Hasta el momento en el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado no hay información sobre dichas investigaciones y el padre Eder Escobar, a cargo de la Fraternidad Misionera de María que ordenó a los tres sacerdotes acusados, no respondió a la solicitud de entrevista tras un año de insistencia.

La legislación guatemalteca también fue un obstáculo para las víctimas porque hasta 2009, con las reformas a la Ley contra la Violencia Sexual y la Trata de Personas, los abusos sexuales no podían ser investigados de oficio por el Ministerio Público y las víctimas estaban obligadas a superar todo tipo de presiones e interponer una denuncia formal.

Incluso si ahora las dos personas que denunciaron ante la PDH a los padres Portillo Oliva y Oliva Ponce quisieran retomar su caso y llevarlo a tribunales, sólo tienen una año para hacerlo puesto que en el país el delito de abuso prescribe a los 20 años.

En otros países, como Colombia, la legislación permite obligar a la Iglesia Católica a hacer públicos los documentos relacionados con el abuso por parte de sacerdotes y eso ha permitido identificar a posibles víctimas y darles el acompañamiento para que puedan buscar justicia. En Guatemala, ese acceso no es posible. Solo la Iglesia Católica sabe qué tanto hizo o no para investigar aquellas primeras tres denuncias públicas contra sacerdotes y solo ellos saben cuántos más han sido denunciados en los últimos veinte años.