Guatemala es el país del continente con menos confianza en la democracia. Según el último estudio de la Universidad de Vanderbilt sobre cultura política democrática, sólo el 48.4 por ciento de la gente prefiere este sistema político basado en la alternancia del poder y en las elecciones libres y legítimas. El dato se torna preocupante al constatar lo poco que se ha realizado para revertir esto y llegar mejor preparados a las elecciones generales del próximo año.
Tres son los países del continente donde la minoría de las personas confían en la democracia. Arriba de Guatemala se encuentran México (49.4%) y Paraguay (48.6%). El resto de los países, con todo y sus matices, están mejor. Uruguay con el 82.4 por ciento de confianza, Canadá con el 79.2 por ciento y Argentina con el 77.2 por ciento se encuentran en la cumbre de la cultura política democrática.
Los datos también señalan que actualmente nos encontramos en el nivel más bajo de apoyo a la democracia desde que se realiza el estudio. En 2004, cuando se reportó nuestra peor nota, la confianza era de apenas un 52.7 por ciento. Los mejores resultados fueron en 2006 con el 70.9 por ciento y en 2014 con 62.9 por ciento. Pero ahora, quienes le apostamos a este sistema político porque su concreción y vigencia permite, entre otras cosas, prevenir el autoritarismo y reconocer la diversidad, somos minoría.
El valor tan bajo que se le otorga al sistema político democrático tiene causas estructurales y económicas. La calidad de vida de la mayoría de las personas, marcada por la pobreza, la falta de acceso a los servicios públicos (que, además, se encuentran en muy mala calidad) y los altos niveles de corrupción, moldea las ideas y los intereses de las personas que desean vivir una realidad distinta a la precariedad que construye y reproduce el sistema.
El estudio de la Universidad de Vanderbilt demuestra lo lógico. Mientras menos satisfactores sociales obtienen las personas del sistema, menos será su apoyo al mismo. Los más pobres son quienes menos confían en la democracia. De este grupo, sólo el 43 por ciento apoya este sistema político. Y aunque en el segmento más rico se concentra la mayoría de los aliados, el porcentaje de 56.9 por ciento todavía es bajo.
Estamos muy cerca de optar por mecanismos autoritarios para el manejo del poder y resolver las problemáticas sociales. El peligro radica, y así lo demostró la historia, que en regímenes no democráticos lo que se impone es cualquier cosa menos la razón. Entonces tiene vigencia la total y absoluta arbitrariedad, con menos espacio para el análisis y la crítica, la protesta y la oposición. El poder se ejerce de manera absoluta y totalitaria por el Estado que, además, es formalmente excluyente, y el control abarca no solamente a los cuerpos de las personas sino sus pensamientos.
Ahora, a 33 años de la apertura democrática, todavía se investiga y juzgan los crímenes cometidos por las dictaduras militares. Muchas de las estructuras criminales y de corrupción que se develan y se desarticulan, fueron instaladas durante el período del autoritarismo desde el poder del Estado. Pero el discurso sobre las supuestas bondades del orden social que garantizan las dictaduras pareciera que toma fuerza y, así las cosas, el pasado nos alcanza, primero como un sistema de pensamiento y luego como una realidad posible.
Varios son los valores antidemocráticos que se reproducen con insistencia, permean la conciencia de las personas y alientan la crisis del sistema, ya sea para una vuelta total al pasado o para mantener prácticas autoritarias bajo una falsa democracia. Ahí tenemos, por ejemplo, el anhelo del caudillo, del “hombre con carácter”, del “que tiene bien puestos los pantalones” o el argumento sobre la necesidad de “recuperar Guatemala” frente a los esfuerzos que se realizan desde el MP y la CICIG para depurar la institucionalidad y así garantizar su buen funcionamiento.
Ahora bien, frente a esta realidad se mantiene la interrogante sobre la ruta a seguir para remediar el problema. Es indudable que el sistema necesita fortalecerse, tanto en los mecanismos y espacios de diálogo y consulta con la ciudadanía, en depurar y mejorar las instituciones, como en las posibilidades para superar la pobreza, la desigualdad y la marginalidad.
Pero nos enfrentamos con otra problemática que devela una de las contradicciones de la democracia en crisis: Los partidos políticos, tal como se encuentran ahora, son consecuencia y causa de la fragilidad de nuestro sistema. Las organizaciones partidarias son la única vía de acceso para el poder formal del Estado y son ellos, desde el Congreso y el Ejecutivo, quienes tienen mayores posibilidades de trazar el rumbo de la institucionalidad.
Si la confianza en la democracia se encuentra en números rojos, la que tienen los partidos políticos ya no es visible. Según el estudio de Vanderbilt, sólo el 14.6 por ciento de las personas confían en los partidos políticos y apenas el 5.9 por ciento simpatiza con alguno.
El embrollo, a menos de un año de las elecciones, no es menor. La realidad por la que atravesamos hoy es crucial para el futuro democrático del país. No se duda sobre la necesidad de una mayor participación ciudadana para la vigilancia sobre las acciones y efectividad de las instituciones. Pero es crucial definir los mecanismos y las reglas que permitan acceder al poder formal del Estado porque es ahí en donde se define la mayor parte del rumbo. O nos ponemos creativos o volvemos al pasado, y eso no lo podemos permitir.
Ernesto Sitamul /
Preocupante panorama. Y más todavía, cuando son los jóvenes, los que no solo no participan en la política, tampoco vivieron el conflicto armado, y tienen inclinaciones hacia regímenes dictatoriales. Es alarmante también la "despolitización" que ha experimentado la sociedad guatemalteca, con lo cual sirve en "bandeja de plata" a los intereses espurios de esa clase política desgastada, que, además, tiene el monopolio del poder, pues así está concebido el sistema democrático en la Ley Electoral.