De niñas embarazadas y sociedades avergonzadas

En una sociedad en donde impera la desigualdad, la exclusión, el machismo y el racismo, se ha consolidado una cultura en donde ciertas personas se encuentran prácticamente a la intemperie y son condenadas a vivir en las peores condiciones, incluso luego de haber sido víctimas de los vejámenes y agresiones más horrendos.

El caso de las niñas obligadas a ser madres como consecuencia de una violación sexual es, probablemente, el más desgarrador, el más aberrante, el más vergonzoso, el que requiere de una atención inmediata e integral.

De acuerdo con el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), durante los primeros seis meses de este año se registraron 35,823 nacimientos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. La realidad de este país se torna más nefasta aún al conocer estos datos: en el primer semestre de 2017 se contaron 1,138 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años. Los departamentos con la mayor parte de estos casos fueron Huehuetenango con 138, Guatemala con 135, Petén con 122 y Alta Verapaz con 98.

Ahí están los datos: 7 niñas de 11 años, 2 en Alta Verapaz, una en Baja Verapaz, otra en Guatemala y una más en Huehuetenango, una en Quetzaltenango y otra en San Marcos dieron a luz entre enero y junio de 2017. Ellas quedaron embarazadas el año pasado, cuando seguramente todas o la mayoría o quizá una sola apenas tenía 10 años.

Una década de existencia y cada una de ellas ya pasó por todas las situaciones de la peor manera: la menarquia, en donde la menstruación y cualquier descripción sobre el funcionamiento del cuerpo, y especialmente el de la mujer, es un tabú, un pecado hablar y aún más explorar; la experiencia sexual en la modalidad de la violencia más atroz, protagonizada y ejercida seguramente por un familiar cercano, un padre, un hermano, un primo, un tío, un abuelo, un vecino que decidió tomar por la fuerza un cuerpo que apenas tiene fuerzas para resistirse.

Y luego un embarazo, con las implicaciones tan groseras que naturalmente conlleva para una mujer adulta pero que se acentúan en el cuerpo de una persona que apenas ha llegado a la adolescencia. Entonces viene, en última instancia, el silencio. El silencio de una niña con un bebé en brazos. El silencio de la injusticia, de la impunidad, del abandono, de la condena porque para este Estado, para esta sociedad, es posible, hay razones válidas para que una niña esté embarazada y deba llevar a término su embarazo.

Esas 1,138 niñas tuvieron la mala suerte de haber nacido en Guatemala. Seres humanos que apenas están empezando la vida y que por una casualidad incierta pertenecen a una sociedad que les negó el porvenir. Para ellas el futuro no se avizora esperanzador como consecuencia de un Estado débil, de una insana educación basada en la religión, de una cultura machista que coloca en el centro los deseos de los hombres en detrimento de los cuerpos de las mujeres y, peor aún, en el de las niñas.

Además, la situación se torna aún peor cuando la normativa vigente y el sistema de justicia actual impiden la posibilidad de brindar una atención especial y otorgar medidas de reparación dignas a las niñas víctimas de violencia sexual y que han quedado embarazadas. Es aberrante que, como sociedad, obliguemos a una niña de entre 10 y 14 años a dar a luz a la fuerza, porque fue embarazada a la fuerza.

Muchas son las razones por las cuales se debe legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El caso de las niñas embarazadas víctimas de violencia sexual, ni siquiera debería ser motivo de debate. Es un acto de justicia, un acto de humanidad, un acto para procurar sanar, aunque sea un poco, el daño hecho. De lo contrario, la violencia es continuada y para toda la vida. Y entonces el agresor ya no es únicamente el hombre que viola sino la sociedad que permite y avala condenar a una niña a llevar una existencia trastocada, a la que le echamos el mundo encima y para siempre porque la obligamos a ser madre.