El pacto de corruptos quiere ganar la partida

La develación de los más graves casos de corrupción a partir de 2015, gracias al efectivo trabajo de la CICIG y del MP, asustaron hasta el terror a quienes ocupan los principales puestos de poder político y económico. Ellos, que han amasado fortunas al desviar fondos públicos y convertir las necesidades del Estado en negocios propios, se dieron cuenta que existía la posibilidad real de contemplar el derrumbe del sistema que les permite desangrar a la sociedad guatemalteca para satisfacer sus necesidades mezquinas.

Se valen de la sustracción del erario, del cobro de comisiones para la concreción de contratos con entidades privadas y del pago sobrevalorado de obras inexistentes o de otras mal hechas para hacer más abultados sus bolsillos. Los datos del caso Odebrecth en Guatemala es la última muestra de lo grotesco que resultan. Según el MP y la CICIG, Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones cuando se concretó el préstamo y el acuerdo con la empresa brasileña, obtuvo como comisión el 7.5% de los US$300 millones del contrato; parte de los US$19 millones que recibió  lo compartió, entre otros, con el excandidato presidencial Manuel Baldizón.

Dinero mal habido requiere, para su justificación y existencia, una institucionalidad anómala y permisiva. Además, el discurso que justifica sus acciones lo difunden a través de una agenda mediática favorable en los canales de televisión abierta y en otros medios de comunicación privados. A ello se suman analistas, columnistas y activistas de redes sociales que se han encargado de demeritar las investigaciones penales por casos de corrupción y desvirtuar la atención.

Arrasan con cualquier atisbo de cambio y de saneamiento del sistema y para ello, lo más importante es la cooptación de la institucionalidad relacionada con la justicia. Acordaron y concretaron una Corte Suprema de Justicia integrada por 13 magistrados que les asegurara fallos a la medida; entorpecieron la gestión de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público y se aseguraron de dejarla fuera de una posible reelección.

En Jimmy Morales encontraron un digno operador y representante y lograron que este, atormentado por la persecución contra su hermano y su hijo, intentara expulsar del país al comisionado de la CICIG Iván Velásquez, al declararlo non grato. Consiguieron que el directorio de la SAT destituyera a Francisco Solórzano Foppa, el mejor superintendente que ha tenido este país, el que alcanzó la meta de recaudación y el que se atrevió a tocar al gran empresariado evasor. Y con la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso pretenden alcanzar los votos suficientes para destituir a Jordán Rodas como procurador de los Derechos Humanos y, en un mismo paquete, terminar con el acuerdo que permite la existencia de la CICIG.

Pero ahora van por lo más importante y lo decisivo de 2018: La elección del nuevo Fiscal General. Saben que el actual sistema de corrupción y de impunidad se sostendrá sólo si logran colocar a uno de los suyos al frente de la institución encargada de la investigación penal. La contraofensiva que emprendieron luego de recibir una serie de golpes tendrá uno de sus momentos culmen cuando Jimmy Morales nombre a uno de los seis candidatos que le proponga la comisión postuladora.

Morales es un caso perdido y uno de los principales operadores del pacto de corrupción. No puede esperarse otra cosa del mandatario más que elija al fiscal de la impunidad. Por ello, lo más importante no está en quién nombre para sustituir a Thelma Aldana, sino más bien en la elaboración de la lista oficial de candidatos que está a cargo del presidente de la CSJ, del Colegio de Abogados y del del Tribunal de Honor de esa misma institución; y de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país que integran la comisión de postulación.

El pacto de corruptos va ganando la partida y de eso no hay duda. Sin embargo, la posibilidad de avanzar hacia un Estado más democrático y un sistema menos injusto y corrupto todavía es una realidad. Le tocará a la academia, a las comunidades universitarias y principalmente a los estudiantes ser vigilantes con la decisión de los decanos de Derecho. En sus manos está el rumbo que tome este país.