Gracias CSJ por robustecer el monstruo de la impunidad

El pacto de corruptos requiere de operadores en los principales puestos de poder para perdurar. Precisa de representatividad en los cuerpos colegiados que toman las decisiones por mayoría. Por ello, tomó la delantera a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y eligió a Conrado Arnulfo Reyes Sagastume como magistrado suplente en la Corte de Constitucionalidad.

El cinismo que caracteriza a los sectores que impiden el avance de la justicia en el país se convierte en discurso de Estado a través de las peores decisiones de los funcionarios y, en este caso, de los magistrados de la CSJ. Solo María Eugenia Morales, Silvia Verónica García y Delia Dávila votaron en contra de este nombramiento; su postura es el único resquicio para la dignidad en esta coyuntura.

Reyes Sagastume ocupará el puesto que quedara vacante luego de que la exmagistrada Consuelo Porras fuera nombrada fiscal general por el presidente Jimmy Morales. Ahora, ocho magistrados de la CSJ se amparan en la posición más formalista del derecho para justificar este nombramiento: que Reyes Sagastume nunca fue condenado en juicio por los señalamientos presentados en su contra y, por lo tanto, no existe impedimento alguno para desempeñar un cargo público. La legalidad se impone y destruye la legitimidad.

En 2010, Conrado Reyes fue electo fiscal general como consecuencia de una de las decisiones más desacertadas del presidente Álvaro Colom. La CICIG presentó argumentos que vinculaban al entonces nuevo jefe del Ministerio Público con estructuras criminales y organizaciones de la sociedad civil denunciaron vicios en el trabajo de la comisión de postulación que lo incluyó en la nómina de seis candidatos que llegó a manos del presidente. Entonces la CC emitió una resolución que obligó el fin de su corto mandato.

Ocho años después, los actuales magistrados de la CSJ, electos en su mayoría gracias a las tranzas fraguadas entre las extintas organizaciones partidarias y/o estructuras criminales como Partido Patriota y Líder, nombran a Conrado Reyes para ocupar un puesto desde el cual tendrá el poder de incidir en las decisiones de la institución que debe garantizar el respeto y cumplimiento de la Constitución.

Ahí estará Conrado Reyes, señalado por la CICIG como un peligro para la justicia en Guatemala, como magistrado de la CC cuando deba decidir sobre asuntos de inconstitucionalidad en contra de la CSJ, Congreso, presidente y vicepresidente. Otra vez, la vuelta al pasado y la posibilidad de contar con jueces y magistrados que procuran impunidad se concreta.

Desde 2015, cuando se develó la existencia de La Línea y poco a poco se hizo evidente el monstruo que representa el sistema de corrupción e impunidad en Guatemala, solo ha quedado espacio para dos bandos. Frente a los esfuerzos del Ministerio Público y la CICIG, la sociedad civil y algunos funcionarios y diputados por depurar al sistema y garantizar la correcta ejecución de los fondos públicos, otro grupo –vinculado con los sectores más tradicionales y conservadores del país que han amasado sus fortunas a través del delito y el crimen–, se ha robustecido para entrampar la lucha contra la impunidad.

El pacto de corruptos necesita recuperar todos los espacios perdidos, tanto los concretos desde los cuales se toman decisiones políticas, administrativas y judiciales, como los simbólicos, aquellos en donde se disputa el poder sobre las mentes y las percepciones de las personas y en donde colocan discursos que culpan a la lucha contra la corrupción y la impunidad por el estancamiento económico o difunden mensajes sobre una supuesta persecución penal selectiva. El sistema de justicia tiene ambas características y por ello su cooptación es crucial para mantener la impunidad.

Por eso nombran a Conrado Reyes como magistrado de la CC, un abogado que se ha manifestado en redes sociales y medios de comunicación en contra de la CICIG y de las dos últimas administraciones del Ministerio Público. Necesitan ajustar el balance de fuerzas en una corte que en los últimos años, y gracias al criterio razonable y digno de tres magistrados, han sostenido la endeble institucionalidad del país con varias resoluciones, como la que impidió la expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y el retiro del embajador sueco Anders Kompass.

Pero también van por el desgaste de los jueces probos, quienes con toda valentía se han enfrentado a la maraña de las instituciones del Estado diseñadas para procurar la impunidad. Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, por ejemplo, han sido objeto de campañas de desprestigio, represalias y acciones que buscan retrasar los procesos que tienen a su cargo para después responsabilizarlos y acusarlos de arbitrariedad.

En Guatemala nos mantenemos en la encrucijada desde 2015 y nos jugamos el futuro. El Gobierno, una buena parte del Congreso y las Cortes están cooptadas y al servicio de la impunidad. La fuerza del monstruo que vive a expensas de la institucionalidad del Estado parece crecer y a punto de tragarnos otra vez. Toca fortalecer la resistencia, la organización, la propuesta y la incidencia para que esto sea, por fin, un país.

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