Las probabilidades no son mejores que cincuenta/cincuenta, hasta peores. Pero no está más allá de la posibilidad o, al menos, de la imaginación. Podrían estar emergiendo condiciones que hagan que una transición valga la pena pelear por ella y agarrarla.
La historia no se ha puesto de parte de Guatemala. Los guatemaltecos tan sólo han disfrutado de una visión escurridiza de ella, más vívida durante su década de la primavera democrática. Todos nosotros sabemos cómo terminó ese esfuerzo. El régimen de Árbenz fue brutalmente depuesto por una alianza de actores amenazados, aterrorizados y determinados, quienes no podrían soportar las reformas al que dicho régimen se comprometía. Los Estados Unidos, la oligarquía de Guatemala y el ejército unieron fuerzas para derrocar el régimen y eliminar cualquier chance de democracia durante más de cuatro décadas.
Luego, unos 21 años más tarde, los guatemaltecos firmaron un acuerdo formal de paz que movió las barreras hacia delante. Aquellos que llegaron a la mesa de negociaciones verdaderamente comprometidos con la democracia, entendían que se requerían reformas de largo alcance para que ésta tomara forma. Ellos construyeron un tratado comprehensivo, aunando la paz con la gobernanza democrática. Cada acuerdo individual contenía un elemento de democracia aspiracional: respeto para los derechos humanos, algún grado de responsabilidad, una modesta reforma social y económica, respeto para los derechos e identidad de los pueblos indígenas y la subordinación de un ejército muchas veces rebelde a la autoridad civil.
Hay algunas cosas para las cuales aquellos que estaban negociando de buena fe fueron demasiado débiles para lograr o fallaron en entender la necesidad de plasmar en los acuerdos. Ellos tuvieron que dejar del lado las reformas constitucionales que hubieran anclado los acuerdos para un después que nunca sucedió. Y ellos no lucharon lo suficiente para desarrollar instituciones políticas fuertes y transparentes. La sociedad civil puede no haber comprendido que una reforma política más profunda que era necesaria. A veces es difícil para la sociedad civil reconocer el valor de la política institucional democrática. Y aún si lo hicieran, su papel como una Asamblea de la Sociedad Civil sin palanca no les otorgaba ningún poder para insistir.
Durante las siguientes dos décadas, la promesa de la paz y la democracia se ha desviado hacia la violencia y el crimen. El Plan Colombia y el Plan Mérida forzaron a la mayor parte del crimen organizado a buscar un eslabón más débil en la región y Guatemala y Honduras fueron los ganadores del premio. Elementos de ese ejército rebelde se pusieron a la altura de las circunstancias y consolidaron sindicatos de crimen organizado formidables que capturaron vastas extensiones de país, sectores de la economía y la mayor parte de la clase política. Con pocas excepciones, la sociedad civil tenía demasiado miedo, estaba demasiado herida y polarizada por la guerra para organizar y empujar con fuerza la construcción de instituciones políticas transparentes y representativas cuya importancia han venido reconociendo cada vez más.
Miembros visionarios de la élite le hicieron un llamado a la comunidad internacional para oponerse contra el poder y la influencia arrolladora del crimen organizado. La CICIG hizo lo que pudo. Sus comisionados y contrapartes guatemaltecas excedieron las expectativas al crear enclaves de transparencia institucional, capacidad y compromiso democrático dentro del sistema judicial, exponiendo redes criminales y lanzando persecuciones contra sus arquitectos y gerentes.
La sociedad civil fue shoqueada lo suficiente para actuar hasta hace poco. El descubrimiento de La Línea y sus conexiones con la presidencia, sacó a la gente de sus escondites y a la calle. Las protestas del 2015 dieron luz a un movimiento masivo que se unió a diversos sectores de la sociedad civil, los sectores populares tradicionales y una sección más joven de empresarios educados en el extranjero, le proveyeron el soporte que necesitaba la CICIG para implementar su agenda. Justicia Ya lamentablemente quedó en pausa después de eso. Se convirtió en un movimiento en búsqueda de una causa que podría incitar un activismo renovado.
La situación política ha evolucionado de forma dramática en el último mes, cuando el prospecto de crear una transición democrática que ha eludido a los guatemaltecos desde hace tanto tiempo, finalmente se mira aproximarse cada vez más y se mira menos distante de lo que se haya visto desde que se firmó la paz.
El Comisionado Velásquez de la CICIG tiene razón al caracterizar la corrupción del sistema político como el “pecado original”. La política guatemalteca está enredada en un nudo muy apretado que él y su equipo han estado buscando aflojar pacientemente. El financiamiento ilícito que se apoya en contactos multimillonarios, una clase política corrupta y la falta de reformas al sistema de partidos políticos y electoral están intrínsecamente ligados entre sí. Deshacer ese nudo dejaría que los partidos políticos fueran libres de perseguir el trabajo representativo que requiere una política democrática.
En la medida que se afloja el nudo, las líneas de batalla que se han visto en otras partes en el contexto de transiciones democráticas, están siendo delimitadas en Guatemala. Los de la línea dura — principalmente el crimen organizado y sus aliados políticos — están librando lo que podría ser su ofensiva final. Armados con argumentos acerca de intervencionismo y soberanía, están empujando tan fuerte como pueden para proteger su régimen y sus intereses. En la manera que caracteriza a la línea dura, ellos están dispuestos a alienar a la comunidad internacional para sembrar el terror entre la población y utilizar la represión si eso es lo que se necesita para prevenir la reforma.
Justicia Ya ha vuelto a la acción. Estamos siendo testigos de una movilización de la sociedad civil que se extiende desde el interior del país hacia la capital y de regreso, cuando los estudiantes indígenas y mestizos, campesinos, trabajadores, gente de la clase media, acompañados incluso de miembros del sector privado con dinero, están dejando a un lado sus visiones políticas que han sido tan diferentes durante tanto tiempo para forjar una causa en común. Este es el levantamiento civil que galvaniza las transiciones hacia la democracia. Podría ser, o podría convertirse, en las protestas de Plaza Tahir o del embarcadero Gdansk guatemaltecas — la clase de movilización civil masiva capaz de forzar la mano de hasta el régimen más recalcitrante.
El levantamiento civil es clave porque empuja a aquellos que están en los márgenes a, primero escoger y, luego, enseñar sus cartas. Desde ahora, estamos esperando y observando a los que se identifican potencialmente con la línea suave a que se definan. Para ser precisos, estamos hablando de los actores y grupos que poseen influencia interna y que pueden generar facciones dentro del régimen que debiliten su capacidad para reprimir y resistirse. Por el momento, el ejército continúa en sus barracas y la policía en su mayor parte ha resistido la represión. ¿Será que estos grupos al final se alinean con el régimen y con muchos de sus antiguos camaradas? ¿O se separarán formando una facción reformista y ejercerán presión desde dentro para que exista algún tipo de cambio ordenado, antes que Guatemala se deteriore hasta llegar al caos político total? ¿Y qué sucede con los elementos de la élite económica — observadores que tradicionalmente ha apoyado el status quo y que permanecen temerosos de permitir un cambio que no pueden controlar? ¿Llegarán a la conclusión que el viejo orden está tambaleándose y escogerán estar del lado democrático de la historia? Es difícil de asegurarlo en el momento de escribir este artículo. Pero si un grupo clave de gente comprometida de la línea suave se une, un proceso de transición puede ser tanto más factible.
Finalmente, aun y cuando los guatemaltecos de la línea dura están clamando por menos acción de parte de la comunidad internacional y los de la línea democrática están pidiendo que haya más, la comunidad internacional está ocupando un espacio relativamente apropiado en el contexto de una posible transición democrática. Está parada un paso atrás de la intervención — más cerca de las orillas, desde donde puede alentar, ofrecer promesas de apoyo y anunciar claramente que los incentivos y las sanciones también forman parte de su caja de herramientas.
Habiendo dicho esto, tal vez pueda que haya más de lo que pueda y deba hacer desde esta misma orilla. El gobierno de los E.E.U.U. en particular debe tener cuidado para asegurarse que una política declarada de no intervención, no sea interpretada como apoyo, ni para los de la línea dura ni para el status quo corrupto. Para lograr esto, debería tratar de acercarse al surgimiento civil, poniendo énfasis en cada paso en la forma en la que la sociedad civil es un actor legítimo y clave en la transformación de un status quo político corrupto hacia la democracia. Puede colaborar con socios, organizaciones y fundaciones internacionales, que tienen tanto un panorama amplio como una vista enfocada del horizonte político y de sus actores principales, para poder romper el hielo. Nuevas alianzas que involucran a las coaliciones de la sociedad civil y que incluyen a una variedad de actores es esencial. Los grupos de los sectores privado y popular que históricamente se han guardado rencores profundos y mucha desconfianza, sino hasta odio, pueden ser alentados a forjar una causa en común.
Este podría ser el momento para Guatemala — las transiciones genuinas y duraderas se hacen localmente. Como lo dijo alguna vez Carlos Fuentes: “la democracia no es bananos, no puede ser exportada”. Pero en medio de toda la convulsión, la incertidumbre y el miedo de lo que se avecina, las condiciones democráticas también pueden estar listas para ser cosechadas en Guatemala hoy. Es necesario que los guatemaltecos marquen el paso. Al hacerlo, ellos deben contar con todo el apoyo de una comunidad internacional que reconoce que el status quo presente es peligroso e insostenible.
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