¿Saben qué saldría incluso más barato y satisfactorio que el Uber para moverse dentro de la ciudad de Guatemala? Un sistema de transporte público eficiente. Pero sucede que tal cosa no forma parte de la memoria (porque nunca lo hemos tenido) ni de la imaginación colectiva. Por eso el tema no aparece dentro de nuestras discusiones cotidianas y el anhelo de un vehículo propio y por cada individuo se ha convertido ya en un valor generalizado, aceptado y promovido en nuestra sociedad.
La cantidad y calidad de los servicios que ofrece la administración de una ciudad a las personas que habitan en ella dicen mucho del valor que les reconoce. No se trata únicamente del ornato, que suele ser uno de los aspectos más importantes, pero al mismo tiempo superficiales. Lo fundamental es el alcance y la calidad de los servicios que brindan las instituciones del Estado para garantizar a la población la posibilidad de llevar una vida digna.
Los servicios públicos existen para que todas las personas, sin importar su condición económica, tengan acceso a los satisfactores de sus necesidades. Éstos deben desarrollarse con calidades mínimas, que no es lo mismo que la precariedad. Pero en Guatemala asumimos que lo público es una especie de condena para quienes viven en pobreza. El acceso a lo privado da estatus y se nos presenta ya no como una incongruencia sino como la afirmación y la ostentación del privilegio, de la tenencia del dinero.
Lo público tiene como objetivo garantizar a todas las personas lo mínimo (pero suficiente) para alcanzar su desarrollo y bienestar personal. No es ni siquiera una propuesta socialista, sino un principio liberal para crear las condiciones para la convivencia entre los individuos. El mismo punto de partida para cuestiones concretas y fundamentales que hacen menos difícil nuestra existencia: agua potable, energía eléctrica, salud, educación, espacios de ocio y esparcimiento y sí, también, el transporte.
Una realidad concreta es la necesidad que tenemos de movilizarnos de un punto a otro de la ciudad. Debemos salir de nuestras casas por el trabajo, por los estudios, porque queremos adquirir algo, porque necesitamos resolver algún asunto o solo porque sí, pues nuestra naturaleza nos impide vivir encerrados. La calle es un espacio de convivencia en donde se construyen relaciones, ciudadanía y organización. Pero por la falta de un servicio público eficiente que nos permita movilizarnos, el acceso a lo público también es un privilegio.
El transporte en la Ciudad de Guatemala debe ser lo más parecido a un infierno. Yo lo viví y a la primera oportunidad que tuve huí del mismo y, entonces, me convertí en parte del problema, un vehículo más que alimenta el tránsito. Durante más de veinte años debí tomar los ruleteros, las camionetas azules, los buses rojos y las peligrosas 203 para ir al colegio y luego al trabajo y a la universidad.
Yo lidié con las aglomeraciones, la falta de unidades, la violencia de los pilotos y ayudantes en contra de los usuarios, los cobros arbitrarios cuando me agarraba la noche y el cambio abrupto de la velocidad de la camioneta según el estado de ánimo y los intereses de pasaje del conductor. Experimenté el terror que genera un grupo de hombres armados arrebatando las pertenencias de la gente. También conozco el miedo que provoca el fusil que portan los guardias privados que colocaron algunas empresas de buses como paliativo ante la inseguridad.
El Transmetro fue un ligero alivio, pero luego se convirtió en un tormento ante la alta demanda y las pocas unidades que no se dan a basto. Provocan congoja las enormes filas en Centra Sur por las mañanas o las de cualquier estación sobre la Séptima Avenida de la zona 9 al final de la tarde. Da rabia pensar que la actual administración de la Municipalidad ha sido la misma prácticamente desde la apertura democrática y apenas ha sido capaz de implementar 6 líneas de este sistema de transporte.
La sensación de cambio que provocó el Transurbano también duró poco. La posibilidad del orden y la seguridad en este sistema se desvaneció ante la corrupción, la falta de regulación por parte de las autoridades y los intereses de los empresarios por obtener la mayor ganancia a expensas de la calidad del servicio. Hay pocas unidades y los usuarios ya están resignados a que el precio del pasaje varíe sin ninguna razón.
Según reportes de prensa, durante los últimos diez años el Estado ha otorgado más de dos mil 500 millones de quetzales por subsidio a los empresarios del transporte público de la ciudad de Guatemala, pero el fracaso de la fórmula ya está demostrado. No debiéramos permitir que el dinero público vaya a parar a bolsillos privados a expensas del tiempo y de la seguridad de la gente.
Mejor imaginémonos un transporte público que sea eficiente, seguro y que funcione más allá de las nueve de la noche. Tal vez así dejemos de discutir si el taxi o el Uber es mejor. Esos servicios, al alcance únicamente de quienes pueden pagar más de 25 quetzales por trayecto, deberían de ser la alternativa para cuando necesitemos o queramos comodidad o seguridad extra y una movilización más veloz. Quizá ahora podamos dialogar sobre la apremiante necesidad de fortalecer lo público para hacer de esta ciudad un espacio digno para vivir.
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