Llevamos un poco más de dos años conociendo pruebas evidentes y contundentes que demuestran la manera en que el Estado de Guatemala ha sido cooptado por estructuras criminales que se valen del poder formal para echar andar negocios espurios.
Tranzas que tienen como objetivo hacerse con el dinero público, ya sea por la desviación de fondos, la realización de contrataciones anómalas a empresas que aseguran las adjudicaciones a través de coimas y sobornos, la simulación de construcción de obras públicas o la elaboración de algunas, pero mal hechas. Estamos mal y nos abundan las pruebas para asegurarlo.
Es cierto que se esperaba la reacción de grupos que abiertamente se han declarado a favor del sistema de corrupción e impunidad, y que han activado una serie de voces en varios medios de comunicación y redes sociales para imponer ideas fáciles y faltas de contenido como la cuestión de la “justicia selectiva”, la “ideologización de la investigación penal” o la “defensa de la institucionalidad”, para consolidar un frente contrario al esfuerzo de erradicar la impunidad.
Estos grupos, que se han valido del sistema político y electoral para alcanzar puestos de poder y desde ahí tejer las redes de corrupción que han construido este país, son los más feroces defensores del estado actual de las cosas. La cima (y probablemente la sima de esta casta) se encuentra representada, ahora y finalmente, por Álvaro Arzú.
Por ello lo emblemática que resulta la escena del alcalde irrumpiendo en la conferencia de prensa cuando la Fiscal General y el Comisionado de la CICIG daban detalles de la manera oscura y perversa en que se han manejado los fondos de la Municipalidad de Guatemala. Bravío, prepotente y violento, Arzú ha ofrecido, incluso, la utilización de las armas y la guerra para defender el orden actual de las cosas.
Así en las últimas semanas hemos sido testigos de varios actos simbólicos que nos evidencian el rumbo que pueden tomar las cosas. Frente al discurso más reaccionario, el más conservador, el que representa el mayor peligro para la existencia de esta sociedad, y que se vale de miedos infundados, la mentira y la desinformación, nuevas voces se han levantado.
Estas bocas se han valido de los espacios que ha permitido el propio sistema para colarse y reiterar que el Estado debe funcionar para el bien común, para crear las condiciones mínimas que garantizan iguales oportunidades de desarrollo para toda la población y para hacer válida y concreta la justicia social.
Sin embargo, este país cuenta con una experiencia de resistencia y lucha permanente porque, en realidad, el Estado de Guatemala ha funcionado poco desde su fundación, principalmente para las mujeres, para los pueblos indígenas, para las familias campesinas, para los trabajadores, para la niñez y la juventud que vive en situación de pobreza y pobreza extrema…
O, más bien, la institucionalidad ha funcionado para los pocos que acumulan la riqueza y el poder político a expensas de la pobreza de la mayoría de la gente y la precariedad de los servicios públicos. De ahí que nuevamente se alcen voces que han estado en permanente resistencia pero que han sido criminalizadas o ignoradas.
Ahora, frente a la propuesta de una refundación del Estado, de una nueva forma de representación política, del reconocimiento pleno de la diversidad y de la posibilidad de reinventarnos ese tipo de relaciones a las que denominamos como “poder”, a estas voces en resistencia se les vuelve a tachar de radicales y cae sobre ellas una exigencia de moderación.
Pero sucede que quienes se han sentido amenazados y heridos porque el sistema que los beneficia se les muere, han reactivado todos los recursos que tienen a su alcance, no para conservar las cosas tal como están, sino para regresarnos varias décadas atrás. Acá la apuesta es por la defensa del futuro y la resistencia a la vuelta al pasado cuando no existía, ni siquiera en apariencia, la democracia.
Por ello la importancia de una concertación entre las nuevas voces y las que acumulan experiencia en la resistencia y lucha social, pero no en el marco de un conservadurismo que se esconde bajo el disfraz de la moderación y que únicamente permitirá la reconfiguración de las redes criminales y la permanencia de los mismos en el poder. En este lugar de silencio y división el diálogo y la posibilidad de generar criterios comunes es apostar por una postura de emancipación y radicalidad. Quizá esa sea la vía y de una vez por todas logremos construir un país.
Alaide González /
De acuerdo.