López Matom, al igual que Clemente Vásquez Mateo, Pedro Chávez Brito, Miguel Matom Rodríguez y Jacinto de Paz, no logró observar si la justicia guatemalteca tomaría nuevamente por válidas y suficientes sus palabras para reconocer el crimen atroz que se cometió contra su familia, su comunidad y sus pertenencias.
Ellos cinco, que integraban la lista de 150 testigos que declararían frente al tribunal que procesa de nuevo a Efraín Ríos Montt y a Mauricio Rodríguez Sánchez por el delito de genocidio, murieron víctimas de un Estado que los marcó para siempre al descargar sobre sus cuerpos, corazones y mentes los crímenes más graves contra los derechos humanos.
Ellos querían hacer palabra su experiencia, querían hacer voz su dolor, querían justicia.
Era el tiempo de la dictadura. De la imposición de la violencia, del temor y del terror. Fue cuando el Ejército actuó al compás de un plan estructurado que pretendía eliminar a toda la población de las comunidades ixiles porque la consideraban enemiga y peligrosa. Fue cuando Ríos Montt manifestó que no iban a asesinar, pero sí matar. Humillar, someter, destruir, aplastar desde el Estado: El tiempo en que la violencia requirió de la impunidad y ésta se construyó fuerte y vigorosa, perdurable hasta nuestros días.
La vida de cinco testigos se desvaneció, pero permanece. Y a veces se nos hace eterna y aún más fuerte, esa institucionalidad basada en la impunidad. Durante más de tres décadas se le negó al pueblo ixil el derecho a la justicia. Los sobrevivientes debieron insistir, mantenerse fuertes y colarse por las grietas abiertas dentro del propio sistema para hacer su voz a veces un poco más perceptible, a veces mucho más fuerte hasta convertirse en grito de reivindicación.
Luego, cuando en mayo de 2013 se emitió una sentencia que reconocía como válidos los testimonios de los sobrevivientes, las evidencias que quedaron grabadas en los huesos de las víctimas y las conclusiones científicas de los peritos, el sistema de impunidad se reactivó para echar por la borda el esfuerzo e imponer el manto del silencio. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad anuló el juicio y sus resultados. Las heridas quedaron nuevamente abiertas y expuestas frente a una sociedad empecinada en no escuchar, en no saber, en ignorar y en darle vuelta a la página.
Ahora se desarrolla el segundo juicio por genocidio. A Ríos Montt se le considera un anciano senil incapaz de dar cuenta por sus actos al frente del Estado y del Ejército durante los años más cruentos de la represión militar en este país. Su avanzada edad y el deterioro de su salud le impediría cumplir una condena en prisión y, en todo caso, bastaría que la justicia reconozca de nuevo las palabras de los testigos para avanzar en el camino de la verdad.
En 2013, cuando se desarrolló el primer juicio por genocidio, se activó toda la maquinaria de la impunidad: Agrupaciones políticas, analistas, medios de comunicación, acciones legales y mensajes por redes sociales desmeritaron y atacaron el esfuerzo de los sobrevivientes por la recuperación de la verdad. Intentaron callar a las víctimas e imponer falsas ideas como que la lucha a favor de la justicia era una suerte de venganza, de polarización ideológica o de desestabilización de la paz social.
Así, quienes se benefician de la violencia, de la corrupción, del sometimiento y del silencio, están asustados y reconfiguran sus estructuras para mantener al país en el mismo camino por el que lo han llevado durante toda su historia. Ahora, luego de mantener el control sobre los principales puestos de poder político, quieren recuperar los espacios perdidos en la jefatura de la fiscalía y en las cortes. Sueñan con un fiscal general a la medida de sus intereses, con una CICIG debilitada y con un Procurador de los Derechos Humanos que no diga nada, y a eso dedican todas sus energías.
Se organizaron para tirar el juicio por genocidio y hoy lo hacen para terminar con los esfuerzos a favor de la lucha contra la corrupción y la depuración de la institucionalidad pública. Pero la resistencia de sobrevivientes, testigos, organizaciones y movimientos sociales, estudiantes, profesionales, campesinos, trabajadores, fiscales y funcionarios probos evidencian que el sistema de impunidad puede resquebrajarse. La idea, la propuesta, es criticarlo, debilitarlo y negarlo hasta botarlo por completo. #YoNoSoyImpunidad
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