Con el intento de aprobar una amnistía por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército, se fortalece un discurso que exalta la violencia en detrimento de la dignidad de las personas.
En Guatemala el conflicto armado interno dejó heridas profundas. El Estado, a través del Ejército y de sus grupos paramilitares, ocasionó dolor y muerte entre la población civil, cuando la reconoció como su enemigo interno. Esta lógica de terror y destrucción tuvo como objetivo evitar la participación ciudadana y mantener y fortalecer un sistema de despojo y exclusión, que condena a la mayoría de las personas a la pobreza.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico que se instaló como producto de los Acuerdos de Paz, registró 250 mil muertos, 50 mil personas desaparecidas y más de un millón de desplazadas. El 97% de los crímenes fue cometido por el Ejército y los grupos paramilitares.
Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se trazó la ruta de la reparación de la violencia y también de las causas estructurales del enfrentamiento en Guatemala. Una agenda que la élite política y económica, para el resguardo de sí misma y de los militares, se encargó de entrampar. Entonces las víctimas y sus familiares, tal como sucedió durante el conflicto, fueron ignoradas y humilladas por el sistema de justicia y por el discurso oficial. A pesar de la existencia de las fosas clandestinas, de los testimonios de las y los sobrevivientes de la tortura y de la violencia sexual, y de quienes todavía no encuentran el cuerpo de sus familiares desaparecidos, las investigaciones para dar con los responsables y procesarlos no avanzaron.
La propuesta del borrón y cuenta nueva se instaló en el imaginario colectivo. Así, el anhelo de justicia empezó a concebirse como una demostración de resentimiento y la búsqueda de la verdad se constituyó en una expresión de la resistencia frente a un sistema que se empeñó en imponer el silencio. Pero con impunidad no se puede construir la paz.
Gracias al trabajo arduo de las víctimas y de cambios importantes en el Ministerio Público, las investigaciones por los crímenes del pasado avanzaron y Guatemala demostró que la justicia era una posibilidad al alcance de la mano. Las pruebas materiales y las voces de testigos y peritos fueron llevadas ante los tribunales y la verdad sobre el pasado se reconoció.
Se comprobó que en julio de 1982 el Ejército e integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil masacraron a 256 indígenas en el poblado Plan de Sánchez, en Baja Verapaz. El Estado los mató como castigo y advertencia ante una supuesta colaboración de la comunidad con la guerrilla. Pero los muertos eran campesinos no beligerantes.
Las 14 mujeres de Sepur Zarco, víctimas de violencia sexual, también alcanzaron justicia. El tribunal a cargo del caso encontró válidas las pruebas, peritajes y testimonios que responsabilizan a los militares de haber sometido a este grupo de mujeres a esclavitud sexual y doméstica. Utilizaron sus cuerpos durante años y les dejaron heridas que solo el reconocimiento de la verdad podrá ayudarles a sanar.
La familia Molina Theissen también nos dio una lección de dignidad. Su persistencia permitió procesar y juzgar a un grupo de militares responsables del secuestro y desaparición del niño Marco Antonio, de 14 años. En octubre de 1981, miembros del Ejército se lo llevaron como castigo y represalia en contra de su hermana Emma Guadalupe, quien había escapado días antes de un centro militar en donde fue torturada y violada.
Fue por la resistencia ixil que supimos que el Ejército cometió el delito de genocidio. Durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, en los primeros años de la década de 1980, se perpetraron los hechos más atroces en contra de este pueblo maya. El Estado consideró que todos los ixiles, incluidos los bebés y ancianos, eran guerrilleros y, por lo tanto, merecedores de su desaparición. Las víctimas debieron rendir su testimonio dos veces y en sendas ocasiones su verdad fue comprobada: En Guatemala hubo genocidio.
Sentencias emblemáticas que nos demuestran las consecuencias del ejercicio extremo de la violencia por parte de quienes tienen el control del Estado y del Ejército. No fueron monstruos los que perpetraron estos crímenes horrendos, sino personas comunes y corrientes cuyos valores les permitieron cometer los actos más crueles en contra del cuerpo de sus víctimas. Por eso es necesario conocer el pasado y aplicar la justicia, porque la posibilidad de repetir estos hechos es latente.
Pero en la actual coyuntura de reconstrucción del viejo orden social, en donde se conjuga la ostentación de la desigualdad, la corrupción y la impunidad, el avance en materia de justicia por los hechos del pasado se encuentra en peligro. En el Congreso se plantea una reforma a Ley de Reconciliación Nacional para aplicar una amnistía a delitos graves, como la tortura, la desaparición, la violencia y esclavitud sexual y el genocidio.
Es probable que estas reformas se declaren inconstitucionales porque los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados. Sin embargo, el daño social ya está hecho y la situación puede agravarse. Lo que hacen los diputados que impulsan esta iniciativa colocarnos a las puertas del pasado y fortalecer un discurso que defiende la utilización de la violencia y la destrucción total de las personas por lo que piensan o hacen. Es, en concreto, una forma de deshumanización.
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