Vamos a revisar el concepto de democracia

La democracia garantiza convivencia y al mismo tiempo, cuando se basa en la representatividad, previene las exclusiones y que las diferencias sociales se conviertan en causa de privilegios, de jerarquizar a las personas y de la opacidad en el gasto de los recursos públicos.

En nuestro país la democracia se encuentra en peligro y aunque la vuelta a una dictadura es poco probable, nos hallamos ante la posibilidad de hacer más precario al sistema. Es importante recordar que por primera vez el estudio de Cultura Política de la Democracia, publicado este año, da cuenta que menos del 50 por ciento de la población en Guatemala confía en la democracia. Este indicador se constituye no solo en una alerta sobre cómo valoramos la institucionalidad democrática, sino que también en un reflejo de las frustraciones de la gente porque en el estado actual de la sociedad no encuentra respuestas a sus problemas.

Además, quienes ostentan el poder tradicional no reparan en su esfuerzo por restringir los mecanismos para que las personas participen en política. Ejemplo de ello es la iniciativa 5257 que intenta modificar la normativa sobre las organizaciones no gubernamentales para restringir el esfuerzo de la ciudadanía por continuar y profundizar la lucha a favor de la transparencia y en contra de la impunidad. De aprobarse esta propuesta, el Gobierno tendría mayores posibilidades de intervenir las organizaciones detractoras de sus decisiones y haría más difícil la organización social.

Pero esta situación no es nueva. Los esfuerzos por hacer del poder un ejercicio ajeno a la vida cotidiana de las personas es parte de nuestra historia democrática, nefasta herencia del pasado colonial y autoritario militar, cuando participar era prohibido o mal visto. Nos enseñaron que para evitar el conflicto era mejor no hablar de política, concretándose así una cultura de silencio y de apatía sobre las grandes decisiones que afectan nuestras vidas.

Además, los políticos tradicionales nos han obligado a tomar el rumbo equivocado para que construyamos y valoremos una democracia a medias, la que reduce la participación ciudadana al voto cada cuatro años y la que le apuesta a delegar el poder. Este modelo impide que la gente y sus necesidades estén representadas por quienes ocupan los puestos de decisión política. Así se libran de consultarnos y de rendirnos cuentas sobre sus acciones.

“Democracia delegativa”, le denominó el politólogo argentino Guillermo O’Donnell. Este tipo de democracia se basa en la realización de elecciones periódicas y legítimas (o más o menos legítimas) a través de las cuales la ciudadanía le otorga el poder a los políticos para que ellos lo ejerzan de manera arbitraria y discrecional.

En esta democracia el control ciudadano no es una posibilidad o no es necesario porque la gente no vota por propuestas electorales sino por personalidades salvadoras destinadas a resolver los conflictos según su criterio y conveniencia. No es una democracia representativa y, por lo tanto, no se requiere de la participación de la ciudadanía. De la gente se exige únicamente el respeto a la autoridad y la certeza de que a través del voto le otorgó a otro el privilegio de mandar.

De ahí el anhelo tan propio de nuestro país por construir un líder salvador, una personalidad férrea capaz de imponer el orden y alentar a las personas a ser sumisas frente a sus gobernantes. El argumento de “si no le gusta, participe” es, en realidad, la condena a resignarse. Cualquier organización social crítica, defensora de los derechos humanos, es criminalizada y perseguida tanto por la institucionalidad del Estado como por el imaginario colectivo profundamente conservador. A las organizaciones sociales se les señala de disientes, inconformes y de poner en apuros al poder establecido como si tales cosas fueran negativas.

Entonces los políticos se regodean porque ganan la partida. Se profundiza el discurso que supone a los partidos como las únicas organizaciones disponibles para ejercer la política y, ante el rechazo de la gente por integrarse a uno, la mayoría de las personas queda fuera del juego.

Y luego las instituciones no trabajan para la gente, no resuelven los problemas que ponen en peligro la existencia humana, no brindan respuesta a las problemáticas y no cumplen su función de mediar y dar respuesta a los conflictos. ¿De dónde se originan las problemáticas sociales? Pues buena parte de esta precariedad del sistema democrático y de la delegación del poder.

De ahí que casi el 60% de la población en Guatemala viva en pobreza y al menos el 23% en extrema pobreza, concentrándose los mayores índices entre los pueblos indígenas; o que alrededor de tres millones de guatemaltecos hayan decidido abandonar el país y migrar a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades de vida; o que la conflictividad agraria vaya en aumento y que se reporten asesinatos de líderes campesinos; o que las políticas públicas no tengan el enfoque de las mujeres…

En Guatemala la apertura democrática inició en 1985. En términos de los procesos sociales, el sistema es joven, pero con la edad suficiente para develar sus rasgos constitutivos. Tres décadas después adquiere mayor fuerza el discurso que rechaza la incidencia política por parte de las organizaciones sociales y, con ello, la participación ciudadana. Pareciera que estamos a tiempo de repensar y replantear la democracia que construimos. Es la disyuntiva entre la representatividad o el autoritarismo solapado.