Sofía Ramírez tiene 40 años, un nombre ficticio por la inseguridad de su caso, y vive a tan solo 50 kilómetros de la capital, en una aldea de Nueva Santa Rosa, el mismo municipio donde un hombre la agredió el 12 de marzo, hace tres meses. Ella bailaba en una boda sin saber que su ex, quien 16 años atrás le daba patadas en el vientre, estaba también en la fiesta.
Se acercó, la tiró al suelo e intentó ahorcarla en frente de todos. El papá de Sofía intervino y ella huyó, humillada. La mañana siguiente, el lunes 13, descubrió que tenía un moretón en el rostro y decidió presentar la denuncia en la estación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Nueva Santa Rosa.
Llegó con un bebé en los brazos, y los policías tomaron su denuncia. Pero le dijeron que debía ir al juzgado de paz para que le otorgaran medidas de seguridad. Ellos no podían hacer nada más. Al día siguiente acudió al juzgado municipal, pero nadie la atendió. Finalmente, el miércoles encontró al juez, que le dijo que lo vivido era ‘muy natural’, pero como ella lo pidió, ordenó que la protegieran. Esto sucedió tres días después de la agresión.
Ni los agentes de policía ni el personal del juzgado tomaron fotografías de su cara golpeada; tampoco le dijeron que debía acudir al Ministerio Público de la cabecera en Cuilapa para que las fotos tuvieran valor en el proceso judicial. Ella misma se las tomó, pero esas, según ellos, ‘no valen’.
El juzgado ordenó una ‘junta conciliatoria’ –como si pudiera conciliarse que deje de intentar asesinarla– para el viernes 17 de marzo, pero el agresor no se presentó y, después de eso, no fijó una nueva reunión. Sofía regresó días después a preguntar cómo iba su caso, pero la respuesta de la secretaria la desalentó. Le dijo que trataría de apoyarla, pero que si el juez se enteraba, la regañaría.
Desigualdades territoriales y necesidad de desplazarse
La atención a las víctimas de violencia contra la mujer en Guatemala es variable. Es la ubicación geográfica y los recursos económicos los que definen si tienen acceso, o no, a los diferentes servicios. Los Modelos de Atención Integral (MAI) funcionan en 14 de las 17 delegaciones del Ministerio Público que cuentan con fiscalías de la mujer en los 22 departamentos del país. Sólo hay tres en el departamento de Guatemala: en la Ciudad, en Mixco y en Villa Nueva. 11 departamentos no tienen fiscalía.
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Los MAI procuran atender las 24 horas y los 365 días del año con fiscales especializados, psicólogos y médicos. El servicio es clave ya que la mayoría de las urgencias (o los ataques de hombres a mujeres) ocurren después de la seis de la tarde, cuando regresan de trabajar.
En los 11 departamentos que no cuentan con fiscalías especializadas, los delitos de violencia contra la mujer son conocidos por jueces comunes, poco sensibilizados con la problemática. Es decir, probablemente machistas, que ven la violencia contra las mujeres como algo cultural. Y únicamente en ocho departamentos cuentan con el servicio de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y sus familiares.
Santa Rosa, en donde vive Sofía, es uno de los departamentos que carece de todo. Allá no hay ni fiscalía de la mujer, ni MAI en el MP de Cuilapa, ni juzgado de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ni Asistencia Legal Gratuita. Nada. Retalhuleu, Totonicapán, Suchitepéquez, Zacapa, El Progreso y Sacatepéquez comparten la misma suerte. La mitad del país.
Sólo nueve departamentos disponen de los servicios de las instituciones para impartir una justicia con enfoque de género: Guatemala, Chiquimula, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Izabal, Escuintla, Petén y Quiché, pero todas concentradas en las cabeceras.
Cuando Sofía entendió que el juzgado de paz de Nueva Santa Rosa no daría seguimiento a su caso, se sintió abandonada y atemorizada. “Creí que me cerraban las puertas de una vez”. Su agresor no la había olvidado, la amenazaba con matarla para "no tener más problemas".
Fue su hermana, sobreviviente de violencia doméstica, quien le dijo que presentara otra denuncia en el MP de Cuilapa o que acudiera al Grupo Guatemalteco de Mujeres en la ciudad capital. Sofía vaciló.
– Pensé ir a Cuilapa, pero esa misma tarde (del viernes 17), fui hasta la capital para que me orientaran.
– ¿Por qué elegiste ir hasta la Ciudad de Guatemala?
– Allá escuchan más. Aquí me sentía muy sola. Pedí permiso en mi trabajo y tomé la camioneta.
– ¿Tuviste que presentar otra denuncia en la capital?
– Sí, y en el MP de Guatemala me tomaron fotos y me vio un médico. Después, enviaron mi denuncia al MP de Cuilapa porque me queda más cerca. Estoy a la espera de que me citen.
La aldea donde vive Sofía es de difícil acceso. La carretera, entre bananeros e izotes, está llena de baches. Hasta la capital son 60 kilómetros; en camioneta son dos horas y media sin tráfico.
Hasta ahora no ha vuelto a ver a su exconviviente y las medidas de seguridad siguen vigentes, pero el temor se mantiene. Trata de no caminar sola por la calle y teme que su expareja se acerque a su hija de 17 años. Sigue cuidando al bebé con quien fue a denunciar, y ya no habla de la agresión, como su papá se lo recomendó.
Las autoridades de todos los municipios que sean sedes de la PNC, del MP o cualquier juzgado deben recibir la denuncia y dar seguimiento, pero no lo hacen.
El juzgado de paz de Nueva Santa Rosa, por ejemplo, se ubica en la avenida principal del municipio. Respecto a su función, conoce los hechos delictivos de menor gravedad ocurridos en su territorio. Ante una denuncia de violencia contra la mujer, el protocolo ordena tomar la denuncia, medidas de seguridad y referir el caso a un ente competente. Pero esto no sucedió con Sofía.
Desde enero hasta el 11 de abril de 2017, el juez de paz de Nueva Santa Rosa recibió diez denuncias de violencia contra la mujer. La secretaria del juzgado asegura que todas fueron transmitidas al MP de Cuilapa dentro del plazo de una semana. Pero no es cierto. Ahí está el caso de Sofía no. Ella se pregunta por qué. Teme que así como el juez, todos crean que agredir a la pareja ‘sea muy natural’. De hecho, Sofía compartió su historia con la condición de que no se le identificara. Teme que su expareja se enoje, la busque y la agreda, otra vez.
Marlon.Suarez /
MIremos la otra cara de la moneda.
Esta es la historia de Axel, él vivía con su esposa y su hija de año y medio, una pareja común y corriente, con problemas como toda pareja, alguno que otro insulto que SIEMPRE existe en las parejas, aunque sea subliminal pero los hay, pero nunca con agresiones físicas y escándalos. De pronto, de la noche a la mañana la esposa de Axel le llamó por celular y le dice que ya no se sentía cómoda con él y que se había dado cuenta que después de 3 años nunca lo había amado, por supuesto que durante esos 3 años Axel ya había hecho la casa para él, su esposa y su hija. Ante tal fiasco y tomada de pelo, Axel decide separarse. A los dos meses a Axel le lleva una patrulla una medida de seguridad a favor de la esposa en donde se le prohíbe acercarse a ella y a su hija. Al investigar dicha denuncia resulta que un juez así como el de Sofia con el simple cuento de la esposa de Axel que había sido victima de agresión y maltrato de parte del esposo y que incluso la niña también, el juez ni lerdo ni perezoso dicta las medidas cautelares. Axel tuvo que alejarse de su hija de apenas año y medio, pasan los meses e incluso años y de pronto se entera que su ahora exesposa tiene otra niña, producto de una relación posterior a la de él, lo curioso es que fue casi al año después de haberse separado (juzgue usted). Las medidas de seguridad siguieron cada seis meses y Axel no pudo ver a su hija durante 7 años.
Todo por una mentira de la esposa, de haberse inventado que había sido agredida. La verdad la esposa de Axel había tenido una calentura con otro hombre que conoció en el trabajo y por tal motivo dejo a Axel, al tiempo ese hombre la abandonó con el daño a un hogar y a la hija de Axel, ya que a esa niña le negaron el derecho de convivir con su padre.
Axel hoy en día perdió toda comunicación con su hija, la logró ver a los 8 años pero la niña lo veía como un desconocido.
Con esta experiencia de la vida real, quiero mostrar la otra cara de la moneda, como las mujeres por reacciones hepáticas, resentimiento, odio, amargura, etc. utilizan la ley del femicidio para hacerle daño a un padre, pero a la vez le hacen un daño irreversible a niños que no tienen la culpa.
Axel vs. Sofia /
Y por cada caso de "Axel" cuantos casos de "sofias" hay en Guatemala?
Por ahi es que va el espiritu de la ley del femicidio, no crees? Y cuando esta ley no existia, como estaban las cifras?
Pero estoy de acuerdo, abuso contra hombres existe. Especialmente en casos donde hay codependencia y trastornos de personalidad, los cuales no discriminan con genero. Ademas, en un pais tan traumado con Guate, abundan...
Marlon.Suarez /
Y por cada caso de "Axel" cuantos casos de "sofias" hay en Guatemala?
Una persona que laboró en estos casos me comentó: "El 90% de las solicitudes de medidas de seguridad son reacciones hepáticas de las convivientes".
La ley del femicidio vela por el interés de un genero, y la constitución indica que se debe de velar por hombre y mujer, ni más ni menos por uno de ellos. Las leyes existen pero no se aplican, la agresión de un hombre hacia una mujer debería de penarse igual como cuando una mujer agrede a un hombre, la agresión es la misma, la pena debería de ser igual, pero la ley del femicidio castiga al hombre y la mujer? que haga lo que se le de la gana? La ley del femicidio es cuestionable bajo todos los aspectos.
Edwin Chávez /
Lamentable, el Organismo Judicial y el MP no han depurado a su personal, muchos de sus trabajadores no están sensibilizados en materia de derechos humanos y genero. Muchos jueces aún tienen una mentalidad de carácter inquisitivo y machista, el OJ debe realizar una depuración de jueces, renovarlos por gente joven especializada y responsable. Implementar una unidad que evalué el desempeño de los jueces, etc. Hay muchas cosas por hacer, y la puerta para todos estos cambios en el OJ es la reforma constitucional al sector justicia.