Nos faltan Cristina y 14 mil mujeres más

La desaparición de Cristina Siekavizza puso al país frente a varias realidades. Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, resume una de ellas: “En esta sociedad tan conservadora, derribó el mito de que la violencia contra la mujer era un problema exclusivo de los pobres”. Es de toda la sociedad.

Desde el primer día, cuando la hipótesis era que se trataba de un secuestro, la familia y los amigos empezaron a movilizarse. Luego, con la fuga de quien era su esposo, Roberto Barreda de León, el caso no salió de la atención de los medios. Nadie hubiera creído que la madre del fugado, Ofelia de León, la primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia, estaba involucrada en un caso de violencia de género.

El caso se ha convertido en paradigmático porque si bien la familia de Cristina, clasemediera, se movió para movilizar a la opinión pública y recibió mucha atención mediática, también se enfrenta a una de las familias más poderosas en el sistema de justicia cooptado de Guatemala. Roberto Barreda de León, el principal sospechoso del asesinato, es hijo de dos jueces, incluida una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Roberto Barreda y Beatriz de León, en una audiencia en 2015.

Y varias estructuras paralelas parecen estar involucradas en lograr que el cuerpo de Cristina no haya aparecido hasta ahora. Estructuras que pueden haber infiltrado gente en las oficinas encargadas de encontrar a Siekavizza: la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

Estructuras mafiosas más poderosas

Fue una llamada urgente la que entró a la Fiscalía Especial para el caso Siekavizza en el Ministerio Público a inicios de septiembre de 2014, más de tres años después de la desaparición y asesinato de Cristina. La llamada era de uno de los detectives de la Policía Nacional Civil asignados a la Fiscalía Especial. La información era sorprendente porque permitía atar cabos, y establecer otros inimaginables hasta entonces.

En una colonia de Palín, a 30 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se había encontrado un carro vinculado al caso Siekavizza. Era el mismo modelo, tenía las mismas placas y el mismo color que el vehículo que se sospecha que el 3 de agosto de 2011 ayudó a escapar a México a Roberto Barreda, el acusado del asesinato y la desaparición de la mamá de sus hijos.

El carro estaba parqueado frente a la residencia de más de una decena de trabajadores y técnicos chinos de la gigantesca planta de carbón Jaguar Energy, que se disputan dos grupos de exsocios, unos chinos y otros anglosajones (estadounidenses y británicos) al extremo de expulsar trabajadores del país o sobornar al entonces secretario general y yerno del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Y fue en la casa de esos trabajadores chinos en donde apareció el vehículo.

Cuando llegaron el fiscal y dos investigadores del Ministerio Público y la Policía, vieron que en efecto había una camioneta Hyundai Terracán GL, modelo 2005, con número de placa 830CBZ. El carro era idéntico al que buscaba la Fiscalía desde mayo de 2012 (aunque ninguna orden de captura se había girado). El automóvil era importante porque pertenecía a Carlos Azurdia Larios, que según las investigaciones del MP era un vendedor de carros y “coyote”, que ayudó al supuesto asesino de Cristina Siekavizza, Roberto Barreda, a escapar del país.

La última noticia que se tuvo de Azurdia Larios fue en 2012: llamó a su esposa, Mónica Solórzano de León, y le dijo que tenía Q80 mil en efectivo, que estaba nervioso, y que manejaba por la autopista privada que conecta a la Ciudad de Guatemala con el sur del país. Nunca más se supo de él (ni del carro). El reporte de robo en la policía nunca llegó al MP. Barreda huyó al caribe mexicano y estuvo prófugo hasta noviembre de 2013. Ahora espera un juicio, que su familia intenta botar.

En septiembre de 2014, los policías vieron de nuevo el Hyundai Terracán en Palín. Lo siguieron y vieron cómo entraba al condominio Las Margaritas. Llamaron a la Fiscalía del caso Siekavizza, y un auxiliar fiscal solicitó una orden de allanamiento. El viernes 12 de septiembre de 2014, la fiscalía realizó el allanamiento. Pero todo resultó ser falso. Un montaje. Según una fuente en el MP que estuvo en el allanamiento, el carro efectivamente era idéntico. Pero las placas eran falsas, y el chasis y el motor tenían datos distintos. Cuando se comunicaron a las oficinas centrales del MP, resultó que el carro que apareció en Palín había sido reportado robado en Mixco meses atrás por una vecina de Huehuetenango.

Los fiscales del MP también se sorprendieron cuando vieron a corresponsales de Nuestro Diario, de Prensa Libre, de NTV y de Albavisión en el lugar, pese a que en ningún momento alguien se comunicó con ellos. También estaba el auxiliar fiscal de Escuintla, Mariano Yaxón Popa, que tampoco fue convocado.

Allí se cerraron las hipótesis sobre la relación entre el caso Jaguar Energy y el de Siekavizza, y comenzaron las interrogantes para averiguar quién estaba detrás del montaje y si había infiltrados dentro del MP o en la PNC que sabían de ambos casos y buscaron relacionarlos.

Catorce mil mujeres desaparecidas

Pero no todos los casos han tenido familiares y amigos que han movido todo lo que han podido en los medios ni tienen estructuras paralelas (muy poderosas) como enemigas. Por ejemplo, uno similar al de Siekavizza es el de Mayra Alvarado. Tenía 22 años cuando una mañana de 2010 salió a trabajar y nunca regresó. Su hijo de 9 años quedó bajo la custodia de su padre, a quien la familia considera el principal sospechoso de la desaparición.

Mayra Alvarado desapareció en 2010. El 11 de febrero de 2015 su familia viajó a la Ciudad de Guatemala en busca de apoyo. Solos manifestaron frente al Palacio Nacional. Foto: Gabriel Woltke.

El 11 de febrero de 2015, dos meses antes de que la Plaza de la Constitución se convirtiera en el centro de las manifestaciones multitudinarias, sus familiares viajaron desde Santa Rosa para manifestar en solitario ante el Palacio Nacional en busca de apoyo para su causa. El caso aún no llega a juicio y el cuerpo de Mayra tampoco aparece.

Las cifras de Guatemala son las de un país en guerra. No sólo por los asesinatos sino por las desapariciones. Durante los 36 años de conflicto armado interno desaparecieron 45 mil personas cuando el país tenía la mitad de habitantes. De 2003 a la fecha, en 13 años, se han reportado 28 mil desaparecidos. De ellos, 14 mil 200 son mujeres.

Para intentar visualizar la magnitud de esa cifra: Todas las mujeres desaparecidas llenarían siete veces el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias o bien, agotarían la capacidad de la iglesia pentecostal Megafrater o Casa de Dios. Catorce mil mujeres es el equivalente a que un día desaparecieran todos los habitantes de Panajachel.

Estas cifras aparecen en el Informe sobre Desapariciones en Guatemala, elaborado por Karla Campos, del Grupo de Apoyo Mutuo. Es uno de los pocos trabajos que existen al respecto.

Los efectos de la impunidad del caso Siekavizza

De 2003 a 2010, los casos de desaparición eran en su mayoría de hombres pero todo cambió en 2011, el mismo año de la desaparición y muerte de Cristina Siekavizza. De su desaparición e impunidad.

Cristina Siekavizza, en una fotografía de 2011. Foto: Soy502.com

Cuando el promedio durante ocho años fue de 700 mujeres desaparecidas por año, en 2011 la cifra creció a 1,243 casos y desde allí, el alza se mantuvo durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Sólo en los cuatros años de gobierno del Partido Patriota desaparecieron 9 mil 088 mujeres. Un promedio de seis mujeres desaparecidas cada día.

En el 70% de los casos se trata de jóvenes de entre 12 y 17 años. Para el GAM esto se debe a que la mayor amenaza es la trata de personas, seguida, como en el caso de Cristina, de la violencia intrafamiliar. La segunda realidad desmitificada. La casa no es un espacio seguro para muchísimas mujeres en Guatemala.

Lo más preocupante es la poca capacidad de respuesta del Estado. En 2015 desaparecieron 2 mil 100 mujeres. Sólo 220 fueron localizadas; 6 de ellas, sin vida.

En el Estado, a nadie le importa

En la búsqueda de Cristina Siekavizza fueron encontrados dos cadáveres, uno en las orillas del río Motagua y otro entre unos cañaverales de la Costa Sur. Coincidían en edad y rasgos pero sus dentaduras no. Al día de hoy ambas mujeres siguen sin ser identificadas.

Norma Cruz considera que uno de los grandes obstáculos para buscar a Cristina Siekavizza y a cualquier desaparecido es la falta de recursos, “no sólo humanos sino técnicos. En la mayor parte de los casos, los cuerpos, si no son abandonados son enterrados y sólo se les puede localizar con cámaras térmicas o perros entrenados. Pero incluso, para buscar a Cristina, nosotros tuvimos que hacernos cargo de conseguir un perro entrenado”.

Junto con la falta de recursos, el otro gran problema es el desinterés del Estado, evidenciado por la inexistencia de un registro de personas desaparecidas. Es más, los datos obtenidos por el GAM son el resultado de varios cruces de información entre diversas instituciones. De los años que van entre la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 a 2003, no existen datos sobre desaparecidos.

Nómada buscó datos con las siguientes instituciones:

La Procuraduría General de la Nación no tiene cifras propias.

La oficina del Procurador de los Derechos Humanos no maneja esos datos.

La Secretaría contra la Trata de Personas sólo tiene datos relacionados con ese delito.

El Ministerio Público afirma necesitar 15 días para poder elaborar las estadísticas.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses pide el mismo tiempo para decir cuántas personas han sido enterradas como XX o están pendientes de identificar durante los últimos tres años.

Los datos más accesibles sobre denuncias de desaparición son los que maneja la Policía Nacional Civil, a los que, por si fuera poco, le resta importancia. La institución dice que los desaparecidos no son tantos como reflejan las denuncias porque muchos luego regresan a casa pero la familia ya no notifica.

Para Karla Campos, del GAM, esta es una respuesta cínica ya que la PNC “debería de oficio actualizar constantemente su base de datos y revisar el paradero de cada persona. De lo contrario su actitud pareciera decir que en Guatemala, cualquiera persona puede desaparecer sin que a nadie le importe”.

Otra institución de la que se esperarían acciones es la del Procurador de los Derechos Humanos. Miriam Domínguez, Defensora de la Mujer, evade responder sobre la falta de cifras y se centra en destacar que “actualmente hay una ley, pero es muy poco conocida, lo que falta es la promoción. Esto ayudará mucho para dar una respuesta más rápida y coordinada”.

Una “Alba-Keneth”, pero para mujeres

La normativa que mencionan en la PDH es el decreto 9-2016, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, llegó al Congreso en 2012 pero no fue sino hasta este año cuando que fue aprobada. Dicha ley es una especie de “Alba-Keneth”, pero de mujeres. La ley Alba-Keneth es una que alerta a todo el sistema estatal cuando hay un niño desaparecido.

“El objetivo es ayudar a la búsqueda de jóvenes que puedan ser víctimas de trata, activando las alertas de manera inmediata y creando redes que involucran a las iglesias, los cocodes, los bomberos, la policía”, comenta la diputada Sandra Morán, de Convergencia-CPO. Por ahora, dichas redes apenas están en creación bajo la dirección del Ministerio Público.

Para la diputada, muchas de las desapariciones están relacionadas con jóvenes que son llevadas a la ciudad capital para trabajar en centros de prostitución. Considera también que no todo es responsabilidad del Estado ya que “lamentablemente también estamos acostumbrados a que si a la señora se le perdió la hija, se le diga que seguro se fue con el novio o a Estados Unidos, que no se preocupe, que ya regresará”. Es por ello que la normativa resalta la importancia de que la ciudadanía se involucre en la búsqueda.

Karla Campos, del GAM, cree que si bien este es un paso importante, no es suficiente. “Ya tenemos una alerta para niños y ahora para mujeres, y qué bueno que habrá un registro de mujeres desaparecidas, pero no hay que olvidar que la mitad de los desaparecidos son hombres. El Estado debe establecer una política global de búsqueda de desaparecidos”.

Su muerte presunta y la impunidad

El Código Civil establece que luego de cinco años de desaparición la muerte de una persona es casi segura por lo que se puede solicitar a un juez que declare su “muerte presunta”. Esa misma solicitud puede hacer ahora la familia Siekavizza.

Junto con Cristina, se podría declarar ya la muerte presunta de 6 mil 168 mujeres entre 2003 y 2011. Esto ayudaría a ponerle fin, al menos, a la incertidumbre legal que deja dentro de una familia la desaparición de una persona, en asuntos de demandas penales o herencias. O estado civil del cónyuge. Sin embargo, ante la falta del cuerpo, esto sirve de poco para llenar el vacío y calmar la angustia de la familia.

Actualmente el caso Siekavizza está en manos de la Corte de Constitucionalidad. A pesar de que el juez Miguel Ángel Gálvez ya había decidido enviar el caso para que empezara un juicio, los magistrados tienen pendiente de resolver varios recursos interpuestos por la familia de Roberto Barreda, que busca salir de prisión preventiva y recuperar, sí, recuperar la custodia de los hijos, actualmente en manos de los papás de Cristina. Sin esas resoluciones no puede arrancar el debate oral y público para intentar sentenciar a prisión a Barreda de León. Norma Cruz, querellante en el caso, espera que, si la defensa no obstaculiza, el debate comience en 2017.

Familiares y amigos consideran que la presión de la opinión pública puede ser insuficiente para derrotar a una estructura enquistada en el sistema de justicia, como la de la familia Barreda de León. Y que contra un Estado que no se preocupa por encontrar a sus ciudadanas desaparecidas y una estructura de cooptación de la justicia, hace falta la intervención del ente para desarticular mafias, la CICIG.

Quizás el fin de la impunidad en el caso Siekavizza revierta el aumento de desapariciones de mujeres, que van por 14,000 (catorce mil) al 6 de julio de 2016.