Yo sufrí de hostigamiento legalizado

Soy un pequeño empresario guatemalteco. La mayoría de la gente sabrá lo que significa esto con solo leerlo: Un montón de trámites burocráticos para acreditar todos los procesos y cumplir con todos los requerimientos legales. No se trata tanto del gasto económico y laboral que supone, sino del tiempo que conlleva cumplir cada uno de los requerimientos. A esto se suma el hostigamiento de los que se suponen nos deberían de amparar. Yo fui una de sus víctimas.

El pasado 23 de octubre organicé un taller para profesionales sobre gestión de la comunicación y el cambio. Un grupo de personas iba a ser capacitada en emprender sus propios proyectos e implementarlos a sus equipos, clientes u organizaciones. Algo que para mí era importante y también para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Fìjense, tuve la suerte de que me enviara a tres de sus trabajadores para que estuvieran presentes durante el curso. Pero no acudieron como participantes sino como policías que sospechaban de todos los asistentes.

La actividad duraba toda la tarde-noche, así que se personaron a las 14:30 horas y se estuvieron seis horas sentados, hasta que terminó. Tres funcionarios, seis horas. Yo no sé qué compañía tienen la capacidad de tener a tres personas para hacer poco más que nada, durante 360 minutos. Porque su tarea consistió en supervisar las entradas que vendimos, las cuales estaban legalizadas. Tampoco éramos el concierto de Ricky Martin, así que terminaron en poco más de 20 minutos.

Se quedaron sentados en la entrada para hacernos sentir a mí y a mi equipo como delincuentes. Ya se pueden imaginar, talvez ustedes lo hayan vivido. Todo nuestro público, veía que estaban los tres funcionarios, exigiéndonos la documentación y cumplimentando papales. Ese tipo de presión a la que estamos tan acostumbrados y que sirven para que muchos opten por caer en el soborno para conseguir sus fines.

Digo yo. No hay ninguna actividad comercial en todo el país que tenga más indicios de fraudulenta que un taller profesional de la zona 10, como para perder el esfuerzo y la inversión de toda una jornada de trabajo de tres funcionarios. Debe ser que no. Pues allí estuvieron. Rellenaron un par de formularios, con muchos tachones, y me pidieron que los fotografiase con el celular porque no me podían dar una copia. Santo Dios. No podía dar crédito. Pero para más inri, tenía que entregar una compleja en tres días. ¡Cuándo se tardan meses en dar una patente de comercio!

Si eso no es atropello, que venga la Fiscal General y me diga. Aquí tiene un indicio para empezar a investigar. Porque, sí señores, con solo un indicio de posible incitación al delito, el Ministerio Público debería actuar de oficio. Y no como dice la Vice, que deba entregar pruebas. Bastante clavo tengo yo con denunciar esto públicamente como lo hago. Así que espero que, a los que les compete, dejen de cumplirle el mandado a otros, y empiecen a hacer su trabajo.

Es inaudito que, como muestra un reciente estudio del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN), en un país donde hay más de cinco mil extorsiones anuales y que tanto los hogares como los negocios tienen que pagar a los delincuentes por el simple hecho de existir; las autoridades se dediquen a perseguir a las empresas que realizan actividades a través de trámites transparentes. Claro, seguir las tramas delincuenciales es mucho más complicado que acosar a la gente de bien para continuar exprimiéndolos.