Luchas por el derecho a decidir en América Latina y El Caribe

Las luchas por el derecho a decidir en América Latina y El Caribe no son nuevas, sino que se han dado durante todo el siglo XX y XXI, y de manera particular colectivas de México, Chiapas y Centroamérica, han insistido en la necesidad de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Chiapas fue uno de los primeros estados de México en donde las mujeres organizadas solicitaron al congreso del estado la legalización del aborto, que en un primer momento se logró para luego dar marcha atrás a esta reivindicación.

La interrupción voluntaria del embarazo es una práctica que se da de manera frecuente en la vida de las mujeres y personas gestantes de América Latina y El Caribe. En los últimos años, el total de embarazos que terminan en abortos se ha elevado en la región. Mariana Assis, abogada feminista brasileña, afirma que algo que debemos notar en el sub-registro de datos de abortos inducidos, es la diferencia que existe entre aborto legal y aborto clandestino”.

Mariana Assis, Doctora por la New School de Nueva York, afirma que “el aborto es algo que han experimentado muchas mujeres diversas: casadas, pero también solteras, jóvenes y adultas, ricas y pobres, con mucha educación y con poca formación, indígenas, afrodescendientes, mestizas y blancas, con hijos y sin hijos, urbanas o rurales, de distintas lenguas”, heterosexuales, lesbianas, personas no binarias, hombres trans, etc. No obstante, en términos legales el aborto sigue siendo restringido y hasta penalizado en la mayoría de los países de la región.

En algunos de los países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, prohíben el aborto totalmente (sin excepción legal explicita), y en ningún país de América Latina y El Caribe el aborto está completamente legalizado. Esto además de hacer que los abortos clandestinos sean inseguros, criminaliza a mujeres y a feministas, pero ¿por qué son perseguidas y castigadas las mujeres y no los varones que tuvieron parte en la concepción? ¿Por qué se castiga a las feministas y no se castiga con efectividad a los violadores, responsables de que muchas niñas y adolescentes quieran abortar?

Foto por Gabriela Sanabria en las Marchas por la despenalización del aborto, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 28 de septiembre 2020.

Desigualdades en el acceso al aborto seguro

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura no es vivido de la misma manera por todas las mujeres. Las niñas y adolescentes, mujeres pobres, indígenas, negras, prietas, transmasculinidades no binarias, etc., han tenido mayores dificultades para poder interrumpir sus embarazos en condiciones óptimas.

A pesar de lo común que es la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, existe aún una criminalización de quienes la realizan, y es por eso que, ayer lunes 28 de septiembre de 2020, en toda América Latina y El Caribe, se convocaron marchas a favor del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, derecho que reivindica que parir debe ser algo deseado, y no una obligatoriedad.

La violencia contra las mujeres, así como los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, han sido discutidos en los Encuentros Feministas Latinoamericanos desde 1980. Según explica Mariana Assis, “en el V Encuentro Feminista Latinoamericano que se realizó en Argentina en 1990, se estableció el 28 de septiembre como el día del derecho al aborto para las mujeres de América Latina y El Caribe”.

Lemas, pancartas y reivindicaciones feministas

Algunos de los lemas y pancartas que se ven desde hace años en las marchas y movilizaciones feministas son: “las mujeres deciden, la sociedad respeta, la Iglesia no interviene y el estado garantiza”; “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”; “mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía” y “hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, entre muchos otros.

Todas estas reivindicaciones plantean asuntos de salud pública y de derechos que se restringen particularmente a mujeres indígenas, campesinas, negras, transmasculinidades trans, personas no binarias, pobres y trabajadoras, a quienes afecta más la penalización del aborto, las restricciones religiosas y sociales.

Foto por Gabriela Sanabria en las Marchas por la despenalización del aborto, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 28 de septiembre 2020.

Redes de cuidado feminista

Ante la situación de penalización, criminalización y persecución de esta práctica, en muchas partes de América Latina y El Caribe, las líneas telefónicas feministas para hacerse un aborto con pastillas (como el misoprostol), y las redes de acompañamiento y de cuidados en la interrupción del embarazo se han popularizado. Para Mariana Assis, especialista en temas por el derecho a decidir, “en muchos países de la región, el trabajo de acción directa que las feministas han realizado se conoce como una despenalización social del aborto, porque la sociedad ya lo admite y lo legitima, aunque las leyes continúen restringiéndolo”.

La idea de “aborto voluntario, libre y gratuito” constituye una propuesta para garantizar y cambiar el mapa de muerte de la región, por el de una cartografía de abortos seguros. Aún hace falta mucho camino por recorrer para erradicar la criminalización que persigue y, en ocasiones, sentencia a mujeres y personas gestantes, no tanto a las mujeres blancas y ricas, sino a las mujeres pobres que sufren la carga del sexismo y la misoginia mezclada con violencia racista y anti-negra. El camino ha sido largo, pero hoy la exigencia de garantizar el aborto seguro, gratuito y libre no tiene vuelta atrás.