30 años para (casi) derrotar a la excusa del secreto bancario

La reforma, en el último minuto, les dio un plazo de seis meses para que la SAT pueda revisar las cuentas de los contribuyentes sobre los que sospecha de evasión fiscal. Se trata de un tiempo de gracia que los diputados dieron a los empresarios para acabar el año con menos fiscalización tributaria y para poder pensar en el próximo paso para protegerse.

La ley iba a ser revolucionaria en un país en el que hay grandes empresas que se resisten a pagar los impuestos que les corresponden, pero en una de las pocas enmiendas al final se le quitaron algunos colmillos a la nueva ley. Citando la Constitución, enfatizaron que no quieren que se acceda a la información financiera de los contribuyentes más de 4 años atrás. Además de que la mayoría de artículos, incluyendo ese del secreto bancario, no entran en vigencia sino hasta seis meses después de su aprobación, o sea, febrero del 2017. Así que por el momento, solo se puede conocer la información con un proceso judicial abierto.

Juan Francisco Solórzano Foppa, actual intendente de la SAT, dijo con anterioridad que es fundamental el acceso a la información bancaria para poder realizar las fiscalizaciones que están en trámite. Aunque, una vez confirmada la ley, se expresó “complacido con la aprobación de las reformas”, y prefirió a no hacer comentarios sobre la irretroactividad.

Aciertos y fallos

De acuerdo con Walter Figueroa, economista investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), si bien las reformas a la ley de la SAT tienen aciertos, como la elección del Superintendente a través del Directorio de la institución y no del Presidente de la República, “la capacidad de fiscalización de la SAT sigue obstaculizada con condiciones y procesos largos”.

Con la enmienda al artículo 75, que regula la entrada en vigencia de la ley y, que instaura que no es retroactiva, el economista Figueroa considera que se les da suficiente tiempo a los detractores para apelar en la Corte de Constitucionalidad. O también, “los que buscan proteger el secreto de bancario de la SAT, podrían buscar otras maneras, como nuevas leyes que sigan sin permitir el acceso a la fiscalización de esa información”.

Son los artículos 48 y 52 de la nueva ley, los que permiten a la SAT conocer todo lo relacionado con los movimientos financieros de los contribuyentes, e instauran el procedimiento que la institución debe seguir para solicitar la información a los bancos. Sin embargo, estos artículos no van a ser usados en su totalidad hasta dentro de dos años y medio, aproximadamente. Porque es entonces, cuando las reformas ya tendrán vigencia y ya se habrá generado información a la que la SAT podrá acceder libremente.

El secreto bancario a través de los años

La confidencialidad de la información financiera y tributaria es un derecho garantizado en la Constitución Política de Guatemala, desde 1985. En el artículo 24, se establece que está prohibido revelar el monto de impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier dato referente a las cuentas de cualquier persona.

Esta protección a la información financiera, se fortaleció en 2002 con la creación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. En ella se establece que ningún trabajador de banco podrá dar información que revele la identidad de los depositantes. Y se exceptúa de esta norma, “a la Junta Monetaria, al Banco de Guatemala y a la Superintendencia de Bancos, así como la información que se intercambie entre bancos e instituciones financieras”. Por lo que estas instituciones tienen acceso a los movimientos bancarios sin necesidad de una orden judicial.

En 2016, con las reformas para fortalecer a la SAT, se pretende que la entidad pueda solicitar la información financiera a un juez competente, cuando exista una sospecha razonable que amerite la investigación de alguna persona. El juez deberá tener una solución en menos de 3 días, que se puede apelar de resultar negativa. Y luego la SAT debe recibir la respuesta del banco, antes de 8 días. Este procedimiento agiliza el proceso actual, ya que no se necesita tener una investigación en curso por parte de la Superintendencia de Bancos o de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para acceder a la información. Ni tampoco se necesita que la persona bajo investigación sea acusada por el MP y que un juez considere que debe seguir un proceso penal, para que la SAT pueda conocer sus movimientos bancarios.

Todo esto podrá empezar a ser así hasta febrero de 2017.

¿Qué va a pasar con mi información financiera?

A pesar de que se ha utilizado la expresión de “eliminar” el secreto bancario, lo que se permite es el acceso de una entidad a la información financiera, para una mejor fiscalización. La confidencialidad no va a desaparecer. Así como tampoco se le permite conocer esta información a cualquier persona. Todos los registros bancarios siguen protegidos, como sucede en casi todos los países industrializados del mundo y los países latinoamericanos, incluidos países similares a Guatemala, como México o Colombia.

Ahora, la espera es para conocer si el sector privado o los radicales de derecha tomarán algunas acciones legales para obstaculizar la fiscalización de la SAT. Así podrá saberse si Guatemala abandona el último lugar del planeta en cuanto a recaudación tributaria.