Fueron los mismos diputados de la UNE quienes denunciaron que Sandra Torres se comunicó con miembros del partido, giró instrucciones a sus aliados y amenazó a sus enemigos. Todo esto, a pesar de estar bajo arresto domiciliar.
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Sandra Torres fue detenida en septiembre de 2019, cuando ya no gozaba de inmunidad, tras perder las elecciones presidenciales frente a Alejandro Giammattei.
La FECI la acusó de crear una estructura de financiamiento anómalo para la UNE en la campaña del 2015. El partido no registró en la contabilidad sus ingresos y gastos de campaña por un monto total de Q27 millones 689 mil.
Cuatro meses después, la jueza Eva Marina Recinos envió a Sandra Torres de vuelta a su casa. Como condición, le advirtió que no podría relacionarse con los miembros de su organización política, ni asistir a eventos de esa índole. Precisamente porque sus implicaciones en actividades ilícitas cometidas por la UNE se están investigando en un proceso judicial.
La jueza le recalcó que tiene prohibido salir del departamento de Guatemala, reunirse con otros acusados o testigos o asistir a reuniones políticas y además, la obligó a ir al MP cada semana para firmar un control biométrico.
Ahora, una serie de señalamientos y hechos la ponen en la mira de la justicia:
La clave es manipular la elección de las cortes
La excandidata recuperó su libertad en un momento clave: en medio del proceso de selección de aspirantes a magistrados de la CSJ y salas de apelaciones; en la disputa por el poder de la Junta Directiva del Congreso y en las vísperas para la elección de autoridades del TSE.
En una conferencia, unos diez diputados, encabezados por Carlos Barreda, Oscar Argueta, Mario Taracena y Karina Paz, señalaron a Sandra Torres de intentar influir en las decisiones del partido.
El objetivo, según los diputados, es manipular e influir la elección de cortes, de la mano de Gustavo Alejos, e imponer los intereses de los políticos y empresarios presos en la cárcel militar de Mariscal Zavala.
Y, según denunciaron, en esta jugada, los diputados Estuardo Vargas y Carlos López son sus aliados.
—Todos saben que el diputado es el operador de Gustavo Alejos en el Congreso, dijo Barreda.
La denuncia más concreta es que Sandra Torres influyó en un grupo de diputados de la UNE para que apoyaran la aprobación de la comisión anti-Cicig, la votación para conocer el proyecto de presupuesto 2020 y la reciente elección de la Junta Directiva del Congreso.
En septiembre de 2019, estos fueron los diputados de la UNE votaron a favor de crear una comisión anti-Cicig:
1. Estuardo Vargas
2. Carlos Enrique Maldonado
3. Juan Carlos Salanic
4. Lucrecia Samayoa
5. Luis Fernando Sanchinel
Dos meses más tarde, cuando el oficialismo intentaba aprobar el presupuesto 2020, 9 diputados de la UNE se alinearon a ese pacto. Ahí ya se evidenciaba el fraccionamiento de la bancada:
1. Estuardo Vargas
2. Carlos López Maldonado
3. Vitelio Lam
4. Fernando Sanchinel
5. Felipe Cal
6. Lucrecia Samayoa
7. Rubén Escobar
8. Juan Carlos Salanic
9. Santiago Nájera
Otros nombres aparecieron nuevamente en la votación para la elección de la Junta Directiva del Congreso. Los representantes de la UNE los calificaron como “traidores”:
1. Vitelio Lam
2. Santiago Nájera
3. Thelma Ramírez
4. Edgar Reyes Lee
5. Juan Ramón Rivas
6. Luis Fernando Sanchinelli
Los chats y la reunión secreta
El diputado Mario Taracena mostró imágenes de las conversaciones que Sandra Torres ha sostenido con miembros del partido, mientras tiene una prohibición para participar en política.
Según las conversaciones, Sandra Torres citó a los diputados a una reunión secreta en la 8 avenida, 16-55, de la zona 10 capitalina.
Esa es la ubicación de San Ignacio I y II, edificios de apartamentos donde las reuniones de los políticos podrían pasar desapercibidas. Según fuentes del partido, la excandidata sostuvo varias reuniones con pequeños grupos de diputados.
Estuardo Vargas, uno de los nombres que se repite en la lista de diputados disidentes de la UNE, convocaba a las reuniones, según fuentes que hablaron bajo el anonimato. César Fión, Lucrecia Samayoa y Lilian García también recibían mensajes de la exsecretaria. Ninguno respondió a las consultas de Nómada.
Uno de los diputados citados a las reuniones confirmó que Sandra Torres estuvo presente en algunos encuentros. Ahí ofrecieron compensaciones económicas a cambio de traicionar al diputado Orlando Blanco, de la UNE, quien se presentaba como candidato a la presidencia del Congreso, y en cambio, debían apoyar a Allan Rodríguez, de Vamos. Dos reuniones se realizaron el 13 y 23 de enero.
En otro de los chats se mencionan las negociaciones para conseguir la presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades, un puesto codiciado por figuras con aspiraciones políticas.
En las conversaciones, habla de buscar votos para los principales aspirantes a la presidencia: Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá y Jorge Orellana, conocido como “el Congo”.
“Hay que darle unos votos al Congo y otros a Ovalle, así amarramos por los dos lados”, instruyó Sandra Torres.
Esa votación se realizó el sábado 25 de enero y fue Miguel Ovalle quien obtuvo la mayoría de votos.
El MP espera denuncias y no solo palabras
A lo interno del partido, no han considerado presentar ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) —la instancia que investiga a la excandidata de la UNE— pruebas para demostrar que Sandra Torres incumplió con las órdenes de la jueza.
Uno de los diputados dijo:
—Hablamos y discutimos hasta dónde queríamos llegar con esto. Nosotros queremos que se aparte del partido, pero no vamos a poner una denuncia en el MP porque no queremos llegar a ese nivel, no queremos ser responsables de que ella pierda su libertad. Los diputados saben que esto implica que regrese al tambo.
Además, aseguró que José Carlos Fortuni, presidente del Comité de Fiscalización de Finanzas de de la UNE una denuncia ante la FECI porque ella lo amenazó vía telefónica. Por seguridad, el fiscal Juan Francisco Sandoval - jefe de la FECI - dijo no poder confirmar este dato.
Mientras tanto, el fiscal Sandoval tiene abiertas las puertas de la fiscalía para que los integrantes de la UNE se acerquen a denunciar, brindar información y proporcionar los celulares desde los cuales se sostuvieron conversaciones con la sindicada.
—Yo lo que vi es una conferencia en la que mostraron un chat. Eso no es suficiente para que nosotros solicitemos que se retire el arresto domiciliar, advirtió.
En caso de que no lo hagan, agregó, será la Fiscalía la que envíe requerimientos a los funcionarios. De ser ciertas las acusaciones de sus nuevos rivales, Sandra Torres tiene sus días contados fuera de la prisión.
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