Covid-19: El drama del sector informal cuando quedarse en casa no es una opción

A partir del 21 de marzo el horario de todos los mercados cantonales se redujo a 8 horas diarias. De 4 de la mañana a 12 del mediodía. Desde entonces Manuela Tumux se levanta a las 3 de la mañana para preparar la venta del día y madruga para vender atol en el mercado de Villa Lobos I, en Villa Nueva.

La última vez que Guatemala contó a los trabajadores del sector informal (en 2018), resultó que el 69.5% de la Población Económicamente Activa trabajaba en ese rubro. Según estos datos, 7 de cada 10 guatemaltecos dependen de su trabajo para conseguir ingresos para vivir.

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Los empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de 6 personas, los trabajadores por cuenta propia o los que se dedican al servicio doméstico pertenecen a ese grupo poblacional, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos.

Manuela tiene 27 años pero aparenta algunos años más. Se hace un moño para evitar que algún cabello se cuele entre su venta y le haga pasar un mal rato ante sus clientes; y un delantal para administrar el dinero que entra y sale. Es madre de 4 hijos y junto a su esposo forma parte de esas cifras.

Son las 7:30 A.M. Desde hace una hora, Manuela y Enrique (su hijo de 8 años) están sentados en la entrada del mercado. Llevan una carreta con recipientes de atol recién preparado. Solo han vendido Q10. El nuevo virus que ronda el país ha golpeado la salud de miles de personas en todo el mundo y también las finanzas de Manuela y su familia.

“Mi negocio no es igual que antes, me bajó mucho la venta. La gente no está trabajando como antes y ahora, si mucho, vendo Q40, antes eran unos Q100. Eso, menos lo que gasto me deja Q20 de ganancia”, cuenta mientras ofrece su mercancía a las personas que pasan por su puesto. De pronto interrumpe su relato cuando alguien se acerca a comprar. Ahora tiene Q16 en la bolsa.

Manuela recoge su venta a las 10 de la mañana. A esa hora, su esposo sale a la calle y prueba suerte con una venta de gelatinas. Él también es vendedor ambulante. Últimamente su ganancia ha sido de Q30 diarios.

Hace algunos días escuchó en las noticias el ofrecimiento del gobierno: ejecutar programas de apoyo a la población económicamente más vulnerable. Ni ella ni su esposo confían en esa promesa, así que seguirán con la rutina de trabajo usual.

Con cierto escepticismo asegura: “Pues de repente llega la ayuda aquí, sería bueno porque no hay dinero pero tampoco nos podemos atener. Tengo 4 hijos, tengo un bebé de 2 años, y todos tenemos que comer”.

El peligro de tener más de 60 años

A dos cuadras, en ese mismo mercado, dos hombres jóvenes ayudan a Basilio Relej, de 82 años, a bajar su carga. Dos quintales de papa, cada uno le costó Q180. Basilio se propone venderla en el transcurso de la mañana.

“Vengo de La Terminal, me tocó ir a comprar allá porque no me dejaron entrar al Cenma (la Central de Mayoreo ubicada a unas cuadras del lugar). Está abierto pero no me dejan entrar por mi edad. Son pura lata. Me tuve que ir a La Terminal en un picop”, dice.

A don Basilio le negaron la entrada a la Central de Mayoreo y viajó hasta La Terminal para comprar dos quintales de papa.

Basilio tiene 82 años y, se supone, no debería estar fuera de su casa. Es lo que advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio gobierno guatemalteco. Los adultos mayores de 60 años son población altamente vulnerable al Covid-19.

En un mensaje presidencial, Alejandro Giammattei pidió a los adultos mayores no salir de su casa, no exponerse de ninguna forma, a menos que fuera extremadamente necesario. A Basilio le causa gracia esa petición.

"El presidente lo dice porque él tiene trabajo, ¿y uno qué? ¿Qué voy a comer yo? ¿Me voy a morir de hambre?"

A su edad, dice mientras desata el nudo de sus costales y prepara su venta, no ha dejado de trabajar ni un solo día. Tiene más de 80 años pero se convence de tener la misma vigorosidad de hace 50 años. Además tres hijos suyos todavía dependen de él. “Tengo un hijo de 20 años que no habla y no escucha, está en la casa y me está esperando para comer”, cuenta.

Ni el Bono Familiar, ni el de bono de Apoyo al Comercio Popular, ni la caja de alimentos que ofrece el gobierno a las familias guatemaltecas le despiertan alguna ilusión. Después de una vida de trabajo, Basilio asegura que nada llega gratis y que aquel que no trabaja duro, no puede comer. Incluso si esto significa exponerse a una pandemia que acecha a la gente de su edad.

“Si nos llega alguna ayuda, bueno, si no, ni modo”.

La ayuda del gobierno

La opción del gobierno para apoyar la economía de las familias que dependen del comercio popular es otorgar un bono único de Q1,000. El programa será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo pero el listado de los beneficios está en manos de las 340 alcaldías del país. Serán las autoridades municipales las que decidan quién recibirá y quién no algún aporte económico.

Una vez tomen esa decisión y formulen un listado oficial, acompañado de una declaración jurada, deben enviarlo al Ministerio de Desarrollo. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto a su celular y un código para poder retirar el dinero.

Manuel Pinzón no puede dejar de trabajar porque tiene deudas y debe pagar los servicios básicos de su casa.

El nombre del programa es Apoyo al Comercio Popular y debería llegar a todos los vendedores informales. Pero, según el Ministerio de Desarrollo, está destinado a trabajadores que tributen o que figuren en los registros de cada municipalidad, es decir, no incluye a los ambulantes o aquellos que no pagan un espacio o local. Estos últimos podrán ser incluidos por decisión del alcalde. Sin embargo, la prioridad la tendrán los que estén inscritos en la municipalidad.

En uno de los locales, ubicados en el mercado municipal de Villa Lobos trabaja don Manuel Pinzón, quien cumple con las características de ese programa. El oído le falla y le cuesta comunicarse pero a sus 72 años sigue al frente de una venta de carbón. De lejos, lo acompaña su hija Reyna Pinzón. Ella es vendedora ambulante de productos lácteos.

Reyna se inclina y le pregunta al oído si esta situación le preocupa y si acaso no le da miedo contagiarse con el virus.

No tengo miedo. Yo solo quiero que todo se arregle porque cómo vamos a hacer para seguir trabajando y para comer. No quieren que esté trabajando pero yo tengo necesidad también, tengo que pagar agua, luz, de dónde sacamos eso. Me sacan del mercado y qué hago yo. Yo me siento bien para trabajar. Me gusta trabajar, me gusta ganar mis centavos, responde.

Manuel podría ser uno de los beneficiarios de la Ayuda al Comercio Popular. Sin embargo, un impedimento burocrático podría dejarlo fuera de los listados.

“Aquí ya el administrador nos habló de una ayuda a los vendedores, mi papá sí está inscrito porque tiene su local. El problema es que desde hace años no tiene DPI y es el único requisito que le piden”, explica su hija.

“Yo sí intenté quedarme en mi casa pero se me terminó el dinero”

Son las 10:00 A.M. En una de las calles del mercado La Terminal, ubicado en la zona 4 capitalina, hay una mujer que lleva varias horas parada bajo el sol. Ofrece bolsas plásticas y costales para aliviar la carga de los compradores que visitan uno de los puntos más conocidos del comercio informal en la ciudad.

Su nombre es Antonia Chumil y tiene 30 años. Según las disposiciones presidenciales, Antonia debería estar en casa. Es joven pero tiene 7 meses de embarazo y figura dentro de la población vulnerable al virus que ataca al país.

Antonia Chumil tiene 7 meses de embarazo y camina 5 km de su casa hacia el mercado La Terminal.

Además, es madre soltera y tiene una hija de 6 años. “La estoy dejando recomendada con una vecina porque mi nena no puede estar saliendo a la calle, se puede enfermar”, explica.

Por la suspensión de transporte público, Antonia se levanta temprano y camina desde su casa, ubicada en la cercanía del Puente El Incienso de la zona 3, hasta La Terminal. En 35 minutos, con mercancía en mano, recorre un poco más de 5 km. Antonia tiene 7 meses de gestación.

Sale en búsqueda de los ingresos suficientes para la comida del día. Por ahora, vende alrededor de Q30 diarios.

“Yo sí intenté quedarme en mi casa pero se me terminó el dinero y tuve que salir otra vez. Aunque quiera estar en mi casa, no se puede. Un día todavía pero ya muchos días no se puede”, asegura.

En medio de la necesidad, Antonia teme por su salud y la de sus dos hijos. Si “esa enfermedad” sigue avanzando, dice, tal vez evalúe salir a trabajar un día sí y otro no.

“Yo trabajo, mi hermana se queda en casa”

A eso de las 11 de la mañana casi todos los vendedores están a punto de retirarse de La Terminal. La hora pico de las compras ya pasó y, desde la reducción de horarios, todos cierran temprano sus locales para evitar el tráfico del mediodía.

Virginia Cochajil, de 83 años, pela uno de los mangos de su venta y lo devora. Tiene hambre, casi es la hora del almuerzo.

Virginia Cochajil tiene más de 80 años y trabaja para ella y su hermana Antonia (de 85 años).

“Pues yo voy a seguir trabajando, mientras estemos vivos tenemos que comer”, dice sobre las recomendaciones de no salir de su casa.

Al igual que todos los días, Virginia abrió su venta desde las 4:30 de la mañana. Caminó desde la 27 calle de la zona 8 hasta La Terminal de la zona 4. Está acostumbrada a caminar, dice.

Vive con su hermana Antonia, de 85 años. En las últimas semanas, Virginia se ha convertido en su protectora. Desde la alarma que encendió el coronavirus, Virginia le prohíbe salir de la casa. Desde hace semanas asumió el rol de proveedora.

“Ella venía conmigo y vendía carbón pero ahora no la dejo venir. Yo estoy trabajando por las dos. No quiero que venga ella porque ella es más grande”, justifica.

Con los Q50 diarios que Virginia logra vender con la venta de mangos pagan el alimento de las dos, los Q300 del cuarto que alquilan y solo si sobra un poco de dinero lo envían a Retalhuleu, donde viven sus hijos y nietos.

Para Virginia cerrar su local no es ninguna opción. Tampoco le tiene miedo al virus del que tanto hablan en las noticias. “Que se me acabe el pisto, eso sí me da miedo”, dice entre carcajadas.

Tampoco espera la ayuda del gobierno. “Mire, yo no sé si me toca alguna ayuda, tal vez no, tal vez hay gente con más necesidad. Si hay, bueno. Si no, pues sigue luchando uno, qué se va hacer”, responde.

Virginia no le tiene miedo a la muerte pero, en Guatemala, 7 personas de la tercera edad han muerto por efectos del Covid-19. Antes de cerrar su local, Virginia se anima a sí misma:

“Si ya sobrevivi a un terremoto y el gobierno de (Romeo) Lucas - ex presidente militar que gobernó durante una de las épocas más sangrientas de Guatemala- no me voy a morir por un virus”.

Sin esperanza ni ingresos

El día que Isabel Ixcoy escuchó la cadena presidencial en la que Alejandro Giammattei hablaba de una ayuda económica a los trabajadores inscritos en la Municipalidad entendió que no estaba en el grupo de personas que iban a recibir algún apoyo.

Isabel es madre soltera y tiene 3 hijos. El más pequeño nació hace 2 meses y lo mece sobre su espalda mientras recorre las calles de la zona 1. Con una carreta de obleas sale a la calle hasta donde el toque de queda se lo permite para vender todo lo que pueda y conseguir lo suficiente para comer.

A la hora del almuerzo, Isabel Ixcoy todavía no ha vendido una sola de sus obleas.

Pero casi no vende nada. Casi es la 1 de la tarde e Isabel no lleva ni un centavo en la bolsa. “Por Dios que no he vendido nada, es raro si vendo una o dos en el día”, dice.

Hace 8 días, Isabel y decenas de trabajadores ambulantes se reunieron frente a la Casa Presidencial, con una fotocopia de su DPI en mano, con la esperanza de ser incluidos en los listados municipales para recibir un bono mensual de Q1 mil.

“Alguien salió a atendernos, nos pasaron un listado para apuntarnos y desde entonces no hemos sabido nada. No sé si nos van a ayudar o no, yo espero que sí, tenemos que pagar la renta  y la comida, por lo menos”, asegura. 

Isabel tiene menos expectativas. 

“Pues el presidente ya dijo que a nosotros los vendedores de la calle no nos van a dar nada, él ya lo dijo”.   

Sharly Zabala es madre soltera y vendedora ambulante.

El ministro Álvaro González Ricci, titular de Finanzas Públicas, prometió que 10 programas sociales se implementarán para ayudar a distintos grupos vulnerables de la población: adultos mayores, trabajadores informales, empleados del sector privado, familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, entre otros. En tanto, el Ministerio de Desarrollo se prepara para recibir los 340 listados de las municipalidades de todo el país con los nombres de los beneficiados con el Programa de Apoyo al Comercio Popular. Según las autoridades, la ayuda será entregada a partir de mayo. 

Pero confiar en que esos programas van a llegar no es una opción para estas mujeres y hombres acostumbrados, por la experiencia vivida durante años, a confiar en una lógica de vida sencilla: El que no trabaja, no come. Para ellos, quedarse en casa  nunca ha sido una opción.