Jimmy y su empeño por castigar al ciudadano que lo insultó en 2018

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Jimmy Morales inició un proceso contra Roberto Rímola y un tribunal resolvió que insultar al presidente no es un delito penal, el equipo de abogados de Jimmy mueve la maquinaria legal para que sea juzgado por injuria y difamación; y que sea condenado con prisión.

La mañana del 25 de abril del 2018, Jimmy Morales vivió uno de tantos momentos bochornosos.

Ese día acudió al Hotel Camino Real y participó en una actividad organizada por el CACIF. Lo acompañaba su entonces vocero, Heinz Hiemann y Aura Leticia Teleguario, exministra de Trabajo. Como ha sido usual en su gestión, Jimmy Morales no salió del lugar por la puerta delantera sino a través de una ruta de evacuación.

Mientras bajaba las gradas para abandonar el lugar, Roberto Rímola —del colectivo ciudadana La Batucada del Pueblo— lo sorprendió.

—¡Jimmy Morales, a los tribunales!, gritaba.

Morales lo saludó. Rímola lo rechazó y lo cuestionó:

—¿Me podés ver a los ojos y decir que no te has robado un centavo?
—Sí.
—Pero primero ponete los lentes de Q70,000…

El reclamo de Roberto Rímola, tenía un antecedente. En enero de 2018, una publicación de Nuestro Diario reveló que Jimmy Morales, a través de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), gastó más de Q300,000 en lentes, artículos deportivos, botellas de licor, artículos de jade, entre otros lujos.

¿Y ahora quién podrá salvarnos? pic.twitter.com/4OnaVAAsqU

— Luis Angel Sas (@luisangelsas) January 18, 2018

En cuestión de minutos, ese minuto de bochorno se había difundido en redes sociales. Hasta la fecha, Jimmy Morales no olvida esa escena y busca, a toda costa, que la persona que se atrevió a increparlo sea juzgado por dos delitos: injuria y difamación. Según el Código Penal, las penas por ambos delitos van de 2 meses a 1 año de prisión y de 2 a 5 años, respectivamente.

Esto es lo que ha sucedido hasta ahora.

El 27 de abril de 2018, Jimmy Morales, con la intervención del Ministerio Público, presentó una denuncia penal contra Roberto Emilio Rímola por ambos delitos. Morales argumentó que ese ataque y su difusión le habían provocado descrédito, menoscabo a su honor y decoro.

El Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal fue el encargado de conocer el caso. El 30 de mayo se llevó a cabo una audiencia en la que, de manera oral, el Tribunal resolvió que esos hechos no debían resolverse a través de la vía penal, sino según lo establece la Ley de emisión del pensamiento.

El juez, Gustavo Castillo, resuelve que la denuncia presentada por Jimmy Morales y el MP en contra del ciudadano Roberto Rímola debe ser resuelta conforme a la Ley de Emisión del Pensamiento. Es decir no debe sancionarse por la vía penal. @soy_502 pic.twitter.com/6ZWm5SLM2L

— Evelyn de León (@evelynndeleon) May 30, 2019

En efecto, el artículo 35 de esa ley advierte que: “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aún cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Unas páginas más adelante, el Artículo 71, aclara que cuando ocurran ataques o denuncias contra funcionarios o empleados públicos, por actos puramente oficiales y referidos al ejercicio de sus cargos, los conocerá un Tribunal de Honor. En ese caso, quienes integran dicho Tribunal determinan la veracidad de las imputaciones. Ese fallo se hace público pero no se deducen responsabilidades penales. Una vez tomada esa decisión, el caso fue trasladado al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, en donde se debía resolver.

Esa resolución no dejó contento a Jimmy Morales.

A través de sus abogados apeló ante ese Juzgado, pero lo hizo fuera del tiempo permitido. A pesar de eso, el Juzgado, a cargo del juez Carlos Rafael Toledo Cruz, lo admitió y devolvió el expediente al Tribunal Duodécimo.

Sin embargo, el Tribunal consideró que el recurso presentado por Jimmy Morales era extemporáneo, lo declaró sin lugar y el expediente volvió al Juzgado Sexto. Al recibirlo, el juez Toledo Cruz admitió que debía tramitarlo conforme la Ley de emisión pensamiento. Pero le permitió a Jimmy Morales decidir si prefería que el caso se resolviera a través de un Jurado de Imprenta o un Tribunal de Honor.

A criterio del abogado Nery Baten, defensor de Roberto Rímola, esto resulta fuera de lugar.

—El juez tiene la competencia para tramitarlo conforme a la Ley de emisión de pensamiento. La ley dice que cuando el afectado es funcionario público tiene que ser un Tribunal de honor el que debe juzgar. Él no tenía porqué preguntar al presidente qué procedimiento quería. Por eso presentamos un recurso, explicó.

El caso ha avanzando en medio de ese vaivén de recursos y apelaciones. En septiembre de este año, el Juzgado Sexto resolvió enviar el caso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que decidan quién debe conocer la denuncia y cómo debe resolverse. En ese caso, el futuro de esa denuncia quedaría en manos de los magistrados de la CSJ.

Roberto Rímola. Foto: Soy502

¿Es delito insultar a un Presidente?

Hace 13 años, tres artículos del Código Penal mencionaba el desacato contra presidentes y funcionarios como un delito que se castigaba con prisión.

En ese tiempo, cualquier persona que ofendiera la dignidad, el decoro, faltara el respeto, emitiera amenazas, injurias o calumnias a un funcionario o autoridad pública, caía en desacato y era procesado.

Esto reñía con lo que establece la Ley de emisión de pensamiento. Ese fue el argumento principal con el que, en febrero de 2006, la CC declaró inconstitucionales los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal.
En su resolución, la CC advirtió que la posibilidad de ser sancionado por emitir opiniones contra algún funcionario implicaba una autocensura y, por tanto, limitaba la expresión crítica y el escrutinio a las autoridades.

De esa forma, la CC sentó un precedente positivo para la libertad de expresión. A criterio de Jordán Rodas, se sentaría un precedente totalmente contrario si, a través de los esfuerzos legales de Jimmy Morales, Rímola fuera sometido a un proceso penal y no ante un Tribunal de Honor, como lo establece la Ley de emisión de pensamiento.

—Hay que respetar la Constitución. El artículo 35 establece la libertad de expresión y rige que no son delito las críticas a nosotros los funcionarios. No podemos estar criminalizando a ciudadanos por las críticas que hacen en nuestro ejercicio como funcionarios. Este es un desgaste innecesario al sistema de justicia. Eso hace que haya mora judicial y más que eso preocupa que se socave un derecho fundamental como la libertad de expresión. Ya los ciudadanos tendrían temor de hacer un comentario contra funcionarios. Aunque a veces sean irrespetuosos, porque hasta a mí me ha pasado, sería un legado negativo más que dejaría Jimmy Morales, opinó el procurador Jordán Rodas.

Jimmy Morales el día de la audiencia. Foto: Soy502

Jimmy Morales es defendido por un asesor de la SBS

Hasta agosto de este año, el abogado Luis Antonio Lam Padilla formaba parte del equipo de abogados de Jimmy Morales y lo asesoró el día en que el presidente tomó medidas legales contra el ciudadano que lo insultó.

Meses más tarde, Lam Padilla fue premiado con el cargo de embajador ante las Naciones Unidas.

Ahora quien lo acompaña en este pulso legal es José Carlos Méndez Cardona. El abogado que, junto a Lam Padilla, emprendió el proceso legal en abril del año pasado.

Méndez Cardona ha sido abogado de Jimmy Morales desde 2018. A inicios de 2019, fue contratado por la Secretaría de Bienestar Social para brindar asesoría y apoyo a la Dirección de Asesoría Jurídica de esa entidad durante el resto del año.

Entre las funciones que se detallan en el contrato —que asciende a Q 109,354— figura la asesoría judicial a la SBS en materia legal, en gestiones ante el MP y el Juzgado del ramo penal de la niñez y adolescencia.

La contratación de Méndez Cardona coincide en tiempo con las gestiones que Jimmy Morales realiza para lograr una sentencia contra Roberto Rímola.

Nómada consultó a Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, sobre el pago de los honorarios de Méndez Cardona. En su respuesta, Brito manifestó desconocimiento por el profesional que acompaña a Morales en ese proceso pero respondió:

—El abogado que procuraba ese caso es el licenciado Lam, y puede tener la certeza y seguridad que es patrocinado con fondos propios del presidente y en ningún momento ha significado sacar recursos del Estado para ver el litigio del mandatario. Con Lam o con cualquier otro abogado, el presidente para atender sus asuntos jurídicos, siempre hace uso de sus propios recursos.